Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en Chile

El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia es un servicio público descentralizado en Chile, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Está bajo la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien garantiza el cumplimiento de las normas que rigen su labor y la de sus colaboradores acreditados.

Objeto y Enfoque del Servicio

El principal objeto del Servicio es garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes que han sido gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos. Esto implica asegurar la provisión y ejecución de programas especializados para abordar casos de mediana y alta complejidad. El Servicio debe asegurar el pleno respeto de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, reconocidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales ratificados por Chile. Actuará en concordancia con la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción, garantizando el derecho de acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes que atiende. La ley establece que el Servicio ejercerá sus funciones con un enfoque de derechos, respetando la dignidad humana de los niños, niñas o adolescentes.

Principios Rectores y Sujetos de Atención

Entre los principios rectores que guían la actuación del Servicio se encuentran el interés superior del niño, niña o adolescente, la igualdad y no discriminación arbitraria, la autonomía progresiva, la perspectiva de género, la inclusión, la protección social y la participación efectiva.

El Servicio dirige su acción a niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, también seguirán siendo sujetos de atención quienes, teniendo dieciocho años o más, se encuentren bajo cuidado alternativo y cursando estudios, hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan veinticuatro años.

Estructura y Dirección

El Servicio es dirigido por un Director o Directora Nacional, cuyo nombramiento es por cinco años y puede renovarse por una sola vez. Tanto el Director Nacional como los directores regionales, presentes en cada región del país, son nombrados mediante el Sistema de Alta Dirección Pública.

Funciones del Servicio

Las funciones del Servicio son variadas y buscan asegurar una protección integral y especializada:

• Elaborar la normativa técnica y administrativa para cada programa de protección especializada.
• Colaborar con los órganos del Estado y requerir o entregar información cuando corresponda.
• Generar procedimientos para recabar periódicamente la opinión de los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención y sus familias.
• Velar por el respeto de los derechos humanos y las disposiciones legales relacionadas con la protección especializada.
• Diseñar y desarrollar políticas, programas y actividades de capacitación periódica.
• Solicitar información a cualquier órgano del Estado para el buen cumplimiento de sus funciones.
• Ejercer acciones para la recuperación de recursos utilizados en contravención de la normativa.
• Ejercer todas las demás funciones que la ley le encomiende.

Consejo de Expertos y Priorización de Casos

El Servicio contará con un Consejo de Expertos, conformado por cinco miembros con experiencia y reconocida trayectoria en áreas ligadas a la niñez. Los integrantes duran tres años en su cargo y su nombramiento puede renovarse por una sola vez.

En cuanto a la priorización de casos, los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención del Servicio y sus familias deberán ser atendidos prioritariamente en el marco de los programas vigentes en los órganos de la Administración del Estado, mediante mecanismos que permitan hacer efectiva su priorización.

Líneas de Acción y Programas de Protección Especializada

Las líneas de acción o modalidades de atención especializada del Servicio incluyen:

• Diagnóstico clínico especializado y seguimiento de casos, y pericia.
• Intervenciones ambulatorias de reparación.
• Fortalecimiento y vinculación.
• Cuidado alternativo.
• Adopción.

Los programas de protección especializada se diseñarán en base a evidencia técnica y territorial, a evaluaciones anteriores realizadas por el Servicio o un tercero, y considerando las evaluaciones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia u otros organismos estatales competentes.

Línea de Acción de Adopción

La línea de acción de adopción abarca toda actividad destinada a procurar a un niño, niña o adolescente una familia, cualquiera sea su composición. El objetivo es que esta familia le brinde afecto y cuidados que satisfagan sus necesidades vinculares y materiales, cuando su familia de origen no pueda hacerlo, conforme a la normativa de adopción vigente.

Colaboradores Acreditados y Fiscalización

El Servicio proveerá las prestaciones, asegurando la oferta pública en todas las regiones del país, por sí o a través de terceros. Para ello, mantendrá y administrará un Registro de colaboradores acreditados, disponible en su página web y actualizado anualmente.

Sólo podrán ser colaboradores acreditados las personas jurídicas que hayan implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, así como el correcto uso de recursos públicos.

Unidad de Fiscalización y Sanciones

El Servicio contará con una unidad de fiscalización. La supervisión y fiscalización permitirá aplicar sanciones a los colaboradores acreditados en los casos calificados. En infracciones graves, el Servicio buscará que la sanción sea idónea para la protección especializada de niños, niñas y adolescentes. Se considera infracción gravísima la ocurrencia de delitos que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, o el uso incorrecto de recursos públicos, pudiendo ser sancionada con el término de la acreditación.

Personal y Derivación de Casos

El Servicio debe contar con personal capacitado e idóneo para el ejercicio de sus funciones. Los niños, niñas y adolescentes con medidas de protección serán derivados a los programas de protección especializada por los tribunales o las Oficinas Locales de la Niñez, según corresponda.

Indemnización por Daño

En caso de que niños, niñas o adolescentes resulten dañados por falta de servicio, la indemnización por daño moral será fijada por el juez. El magistrado deberá considerar la gravedad del daño y la modificación de las condiciones de existencia del afectado a consecuencia del daño producido.

Críticas y Preocupaciones Históricas en Chile (Contexto del SENAME)

La creación de este nuevo Servicio surge en un contexto de profundas críticas y graves denuncias sobre la situación de los niños bajo la tutela del Estado chileno, particularmente en el Servicio Nacional de Menores (Sename). Diversos informes han evidenciado la vulneración sistemática de derechos.

Informe de la PDI (2017-2018)

Un lapidario informe de la PDI, que investigó 240 hogares de menores en 2017 y fue entregado en diciembre de 2018, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. Se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual, en el 100% de los centros administrados por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares.

El informe policial, al que accedió CIPER, fue solicitado por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, en el marco de una investigación sobre 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016. El diputado René Saffirio, quien reveló la existencia del informe, criticó que ni la Fiscalía ni el gobierno lo hicieran público en su momento.

La PDI constató que la violación sistemática de derechos se había cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename, lo que afecta a cerca de 6.500 niños. El informe destacó la responsabilidad no solo del Sename, sino también del Poder Judicial, cuyos jueces de familia deben visitar los centros dos veces al año.

Hallazgos Específicos del Informe de la PDI:

• Vulneraciones graves: Los 2.071 casos se desglosan en 432 maltratos por adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por familiares dentro de los recintos, 123 abusos sexuales por adultos y 187 abusos sexuales entre menores.
• Centros con alta complejidad médica: Se informaron 40 menores con “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital” en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, Sename y Ministerio de Salud.
• Sub-denuncia de abusos: En al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que realmente ocurrieron. La mayoría de los directores no tenía información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves.
• Maltratos por adultos: Gran parte se produjo en Centros de Internación Provisoria (CIP) y Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), y también en los Cread (105 casos) y hogares colaboradores (137 casos).
• Abusos sexuales: En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, totalizando 310. De ellos, 123 fueron por adultos (92 en hogares colaboradores, 21 en Cread y 10 en otros centros), y 187 por otros menores (62% en residencias de organismos colaboradores para adolescentes). El informe fue categórico: "Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
• Deserciones: El 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”, cifra que sube al 76,2% si se excluyen residencias para lactantes y discapacitados.
• Incumplimiento de protocolos: El 44,5% de los centros no cumplía con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Preocupantemente, el 72,9% de los centros no tenía protocolo para conductas suicidas, y el 76,7% carecía de protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”.
• Fiscalización deficiente: Aunque el 98,3% de los centros recibía fiscalización periódica del Sename, estas supervisones eran “coordinadas de manera previa”. Dos hogares solo recibieron visitas anuales de tribunales de familia, a pesar de que la ley exige visitas semestrales.
• Salud mental y médica: El 37,3% de los residentes padece alguna enfermedad psiquiátrica. Un 14,2% presenta alguna patología médica, 13,9% una enfermedad crónica, y 0,4% está en estado terminal o riesgo vital. El 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. En 42 centros no había encargado de salud, y en 55 centros con responsable, este no tenía el perfil adecuado. El 66,3% de los centros (159) tenía a educadores sin formación de salud a cargo de administrar fármacos.
• Condiciones estructurales: El 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.

El entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber recibido el informe de la PDI, señalando que era parte de un proceso judicial del que el Ejecutivo no era parte.

Misión de Observación INDH (2017)

Entre enero y abril de 2017, un equipo de más de 60 profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizó una visita a 171 centros en todas las regiones del país. Los objetivos eran evaluar las condiciones de cumplimiento de derechos humanos, las condiciones laborales de los funcionarios e indagar sobre eventuales vulneraciones de derechos. Se entrevistó a 401 niños, niñas y adolescentes, representando una muestra significativa de la población institucionalizada.

Es relevante destacar que en Chile, de los 250 centros existentes, solo 11 (4,4%) correspondían a Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) por parte del Sename, mientras que el 95,6% restante era administrado por organizaciones colaboradoras acreditadas.

Temáticas Relevantes del Estudio del INDH:

1. Perfil de NNA: La población es fundamentalmente femenina (63,5%), con un 60% entre 8 y 13 años.
2. Perfil de trabajadores: Mayoría de mujeres (87,9%), lo que indica una feminización del personal.
3. Condiciones de vida y cuidado: Las necesidades básicas suelen estar cubiertas, pero la calidad de las instalaciones no es óptima (calefacción, recreación, espacios comunes). Un 20% de los dormitorios mezclaba edades o sexos. El 21% de los centros presentaba sobrecupo. El 1,6% de los establecimientos entregaba solo 1 o 2 comidas diarias, y el 16% de los NNA declaró pasar hambre. El 22% consideraba que el personal no siempre daba trato respetuoso y cariñoso, y el 34% reportó trato discriminatorio.
4. Vinculación con el medio: En el 4% de los centros, los NNA no estaban autorizados a hablar directamente con el juez. Solo el 32% de los NNA tuvo la posibilidad de hablar con el juez en visitas.
5. Educación: El 93% de niños y niñas asiste a la escuela, pero solo el 88% de los de 14 a 17 años lo hace. El 20% presenta retraso escolar. Solo el 78% recibe apoyo en tareas. Un 77% de los centros restringe la participación de los padres en reuniones de apoderados.
6. Familia e identidad: El 40% de los centros restringía horarios de visita familiar; el 30% no admitía más de dos visitas semanales. El 57% de los centros estaba fuera de la comuna de origen familiar. El 16% usaba el retraso en visitas como sanción, y el 13% suspendía visitas por mal comportamiento del niño.
7. Salud mental: El 69% de los NNA de 14 o más años presentaba sintomatología depresiva. El 45% de quienes tenían síntomas no había accedido a psicólogo o psiquiatra, y el 70% no estaba en tratamiento.
8. Violencia institucionalizada: 8 de cada 10 NNA declararon haber recibido algún castigo por parte del personal en los últimos 12 meses (privación de contacto familiar, sin comida, encierro, contención física). El 46% reportó maltrato psicológico, 12% agresión física leve y 6% grave (patadas, quemaduras).
9. Violencia entre pares: El 48% de los NNA reportó maltrato físico y/o psicológico reiterado. El 19% de los centros no contaba con protocolos para estas situaciones.
10. Abuso sexual: 23 casos de abuso sexual fueron reportados en los últimos 12 meses (6,4% de prevalencia). El 80% de las víctimas eran niñas. El 78% de los abusos fueron cometidos por otros menores, y un 7% por un adulto del centro. El 69% de las víctimas seguía en contacto con el presunto agresor. El 52% sufrió abusos reiteradamente, y el 66% cuando tenía menos de 14 años.

Conclusiones del INDH:

• Prohibir la relación familiar debe estar fundada en resolución judicial y el interés superior del niño.
• Establecer criterios uniformes para visitas familiares (días, horarios, frecuencia, supervisión).
• No usar la prohibición de visitas como sanción.
• Desarrollar medidas para preservar la identidad de los NNA (ej., "libro de vida").
• Atender la estabilidad emocional del personal para que puedan cumplir su función de contención.
• Promover el conocimiento de protocolos de maltrato y de la Ley N° 21.013.
• Generar condiciones que garanticen el derecho de los NNA a ser oídos y denunciar abusos sexuales, con mecanismos adecuados y personal capacitado para una escucha efectiva.

La Muerte de Lissette Villa y el Caos Estadístico

La muerte de Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y expuso la dramática situación de los niños en el Sename. Con 11 años, Lissette pasó más de la mitad de su vida en centros del Sename, debido a maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono familiar.

El caso de Lissette, quien murió por errores en la contención de una crisis, reveló la falta de protocolos y personal capacitado. Una cuidadora que presenció los hechos declaró que no tenían conocimientos en primeros auxilios. La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional" por la falta de visita de un familiar, lo que le costó el puesto.

A raíz de esta muerte, la Fiscalía inició una investigación penal liderada por el fiscal Marcos Emilfork, con un equipo especial de la PDI, para indagar sobre 1.313 muertes ocurridas en 12 años.

Confusión en las Cifras de Fallecimientos

Respecto al número de menores fallecidos bajo tutela del Estado, existía un "caos estadístico". Un informe del Ministerio de Justicia de 2016 reportó 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016, pero un reporte de Unicef indicó que el número de fallecimientos en 2010 era cinco veces mayor. La cifra oficial solo incluía a menores del área de "protección", dejando fuera a infractores de ley. Un análisis de BBC Mundo de anuarios del Sename de 2010 a 2014, sumado a la lista de Justicia, arrojó 395 fallecimientos. Expertos como el abogado Francisco Estrada señalaron que la información podía estar duplicada y no era confiable.

Causas de muerte reportadas por el Servicio Médico Legal incluyeron ahogamiento con fluidos, golpes en la cabeza, homicidios y suicidios por ahorcamiento.

Sobremedicación y Falta de Atención Psiquiátrica

El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, afirmó que la menor estaba "sobremedicada", recibiendo un fármaco (benzodiazepina) en dosis que actuaban como antipsicótico, y antidepresivos sin eficacia probada en niños, con posibles efectos adversos. La "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos era "generalizada".

La situación se agrava por la alta tasa de suicidio adolescente en Chile y la falta de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil. Hay pocos psiquiatras infantojuveniles, la mayoría en el sector privado, lo que deja a regiones sin atención especializada. La situación de Guillermina, quien se suicidó en un centro Sename en 2012, es otro ejemplo de esta carencia, ya que, a pesar de su historial de depresión y consumo de drogas, nunca fue diagnosticada con una patología psiquiátrica grave.

Propuestas de Solución

Francisco Estrada, abogado experto en infancia, planteó tres pilares para una solución definitiva:

1. Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: Necesidad de unidades polivalentes, niños medicados correctamente y personal que trabaje también con las familias.
2. Reintegración familiar como objetivo: Romper el círculo de la pobreza y el maltrato, entregando herramientas a las familias, en lugar de solo internar a los niños.
3. Defensa jurídica adecuada: Asegurar que los niños vulnerados cuenten con defensores que velen por sus derechos de manera efectiva.

El Consejo Nacional de la Infancia, creado por el gobierno de Michelle Bachelet, tenía como objetivo a mediano plazo cerrar el Sename y transitar a un nuevo servicio, con la esperanza de dejarlo "instalado" antes de 2019.

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