La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) es un tratado internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas, fundamental en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Su propósito principal es proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Este instrumento histórico fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y se abrió a la firma el 30 de marzo de 2007, invitando a los 192 Estados Miembros a su ratificación y aplicación.
Orígenes y Desarrollo de la Convención
La necesidad de una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad no surgió de forma espontánea. Desde las iniciativas pioneras del decenio de 1980, que vio la proclamación oficial del "Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992)", se comenzó a gestar la idea de un marco legal más robusto. En 1987, una reunión mundial de expertos recomendó a la Asamblea General de la ONU la redacción de una convención internacional para erradicar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.
Un hito importante en este proceso fue la "Declaración de Beijing", elaborada en el año 2000 por los líderes de cinco organizaciones no gubernamentales internacionales destacadas en el ámbito de la discapacidad. En esta declaración, se solicitó el apoyo de los gobiernos para la creación de la convención internacional.
Estructura y Contenido de la Convención
La Convención, siguiendo la tradición del derecho civil, se estructura en un preámbulo y 50 artículos. Estos artículos abarcan una amplia gama de derechos, incluyendo:
- Derechos civiles y políticos
- Derechos sociales, económicos y culturales
Se detallan las obligaciones de los Estados Partes en relación con los derechos de las personas con discapacidad en los Artículos 4-7. Otros artículos (8-9, 19-20, 26, 29-31) se centran en la aplicación de derechos específicos, tales como:
- El derecho a vivir independientemente y a ser incluido en la comunidad.
- El derecho a la movilidad.
- Los derechos relacionados con la habilitación y rehabilitación.
- El derecho a un nivel de vida adecuado.
- El derecho a la participación en la vida política y pública, así como en la vida cultural, recreativa y deportiva, incluyendo la Cultura Sorda.
Los Artículos 40-50 regulan aspectos clave como la ratificación, la entrada en vigor y la enmienda de la Convención.
Derechos Fundamentales Garantizados
La Convención consagra el principio de igualdad y no discriminación para las personas con discapacidad. Entre los derechos fundamentales que se garantizan se encuentran:
Derecho a la Educación
Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, comprometiéndose a asegurar su plena inclusión y participación en todos los niveles educativos.
Derecho a Vivir de Forma Independiente y a ser Incluido en la Comunidad
El Convenio reconoce el derecho de las personas con discapacidad a elegir libremente dónde y con quién vivir. Por ello, los Estados tienen la obligación de proporcionar todos los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad puedan ejercer esta elección sin ser aisladas.
Derecho a la Familia y Relaciones Personales
Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a formar una familia, mantener relaciones sexuales, tener hijos y ejercer su capacidad reproductiva. Es fundamental destacar que ningún niño puede ser separado de sus padres por el hecho de que uno de ellos tenga una discapacidad, tal como se establece en el Artículo 23.
Derecho al Empleo
El Convenio garantiza el derecho de las personas con discapacidad al empleo libre y a trabajar en la ocupación que elijan. Los Estados contratantes deben adoptar medidas pertinentes y promulgar legislación para salvaguardar este derecho.
Derecho a la Participación Política y Pública
Se promueve la participación activa de las personas con discapacidad en la vida política y pública. Un ejemplo concreto es el derecho al voto, donde se estipula que los Estados deben proporcionar equipos de votación que permitan a los votantes con discapacidad ejercer su derecho de forma independiente y secreta. Países como Estados Unidos, Países Bajos, Eslovenia, Albania e India han implementado máquinas de votación electrónica, mientras que otros, como Azerbaiyán, Canadá y el Reino Unido, ofrecen papeletas en Braille o plantillas para electores con discapacidad visual. España, por su parte, permite que otra persona emita el voto en nombre de personas ciegas o con discapacidad.
01 - CAMPAÑA DERECHO AL VOTO: ACCESO AL DNI
Reservas y Declaraciones Interpretativas
Algunos Estados que han ratificado la Convención han optado por precisar su aplicación a través de declaraciones interpretativas o reservas. Según el párrafo 1 d) del Artículo 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, una "reserva" es una declaración unilateral que busca excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Hasta la fecha, países como Australia, Países Bajos, El Salvador, Malta, Mauricio y Polonia han formulado reservas a la Convención. Es importante señalar que la terminología utilizada por los Estados (reservas o declaraciones) no tiene efectos jurídicos intrínsecos; la naturaleza de la excepción se determina por su contenido. Los órganos de supervisión de tratados han expresado consistentemente la opinión de que las reservas pueden reducir el alcance de la protección que ofrecen los tratados, por lo que se ha buscado restringir su alcance y alentar su retiro.
El Protocolo Facultativo y el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (OP-CRPD) es un acuerdo complementario que permite a las partes reconocer la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para examinar denuncias presentadas por particulares. La Convención y su Protocolo Facultativo entraron en vigor el 3 de mayo de 2008.
En la primera Conferencia de los Estados Partes, se eligieron expertos independientes para conformar el Comité, el cual recibe informes periódicos de los Estados Partes sobre los avances en la implementación de la Convención. El Protocolo otorga al Comité la facultad de recibir y considerar comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de una violación de los derechos enunciados en la Convención por parte de un Estado Parte. Sin embargo, el Comité no examinará comunicaciones relativas a Estados que no sean parte en el Protocolo.
Los miembros del Comité son elegidos por un mandato de cuatro años, renovándose la mitad de sus miembros cada dos años. Todos los Estados Partes están obligados a presentar informes periódicos a la Comisión, detallando las medidas legislativas, judiciales, políticas y de otra índole adoptadas para aplicar los derechos de la Convención. El primer informe debe presentarse dos años después de la ratificación, seguido de informes cada cuatro años.
El Comité se reunió por primera vez en Ginebra del 23 al 27 de febrero de 2009. La primera Conferencia de los Estados Partes en la Convención tuvo lugar en Nueva York del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2008.
Accesibilidad: Un Pilar Fundamental de la Convención (Artículo 9)
El Artículo 9 de la Convención aborda de manera específica la accesibilidad, considerándola un requisito indispensable para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en la sociedad.
Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a:
- El entorno físico: Edificios, vías públicas, transporte y otras instalaciones (exteriores e interiores) como escuelas, viviendas, centros médicos y lugares de trabajo.
- La información y las comunicaciones: Incluyendo sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, así como servicios electrónicos y de emergencia.
- Otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Estas medidas deben incluir la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso. Además, los Estados Partes deben:
- Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre accesibilidad.
- Asegurar que las entidades privadas que ofrecen servicios abiertos al público tengan en cuenta la accesibilidad.
- Ofrecer formación a todas las personas involucradas en temas de accesibilidad.
- Proporcionar señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión en edificios e instalaciones públicas.
- Ofrecer formas de asistencia humana o animal, e intermediarios (guías, lectores, intérpretes de lengua de señas) para facilitar el acceso.
- Promover otras formas de asistencia y apoyo para asegurar el acceso a la información.
- Fomentar el acceso a nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet.
- Promover el diseño, desarrollo, producción y distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles desde etapas tempranas, para reducir costos.
El Propósito y la Definición de la Convención
El propósito fundamental de la Convención es "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente".
Se define a las personas con discapacidad como aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel crucial como asociadas estratégicas en el proceso de cambio, al recopilar información sobre presuntas violaciones de derechos y colaborar para que la discapacidad sea vista como un tema fundamental de derechos humanos.
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