La Pensión de Retiro es el beneficio previsional que adquiere el personal de la Policía de Investigaciones al cumplir 20 años de servicios efectivos, según lo estipula el Artículo N° 82 del DFL.
Por otro lado, el Desahucio constituye una indemnización a la que tiene derecho el personal de planta de la Policía de Investigaciones que, cumpliendo los requisitos, se retira de la Institución con derecho a pensión.
Desahucio para Personal Ingresado antes del 23 de septiembre de 1989
Este grupo de personal se rige por el antiguo estatuto administrativo (D.F.L. 338 de 1960). Durante el servicio activo, se cotiza un 6% de la remuneración imponible. En este cómputo se incluye el tiempo institucional y se puede agregar el tiempo de Conscripción Militar.
El monto del desahucio es equivalente a un mes de sueldo imponible por cada año de servicio, con un tope de 24 mensualidades.
Desahucio para Personal Ingresado a Contar del 23 de septiembre de 1989
Este personal se rige por el artículo N° 133 del D.F.L. (INV) N° 1/80, Estatuto del personal de la PDI. La cotización corresponde a un 5% de la remuneración imponible, aplicable en servicio activo, retiro o montepío.
El personal que se haya retirado de la Institución por causal de invalidez de primera, segunda y tercera clase, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. N° 1 del DFL, también tiene consideraciones especiales.
El personal a contrata está establecido en el Art. N° 1 del DFL.
Gestión de Trámites de Retiro en la PDI
Desde el mes de Septiembre del 2020, el Departamento de Retiro de la Policía de Investigaciones de Chile es el organismo encargado de recopilar toda la documentación del funcionario policial que pasa a retiro.
Informamos que debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19, la atención de público se encuentra suspendida en forma presencial.
Irregularidades en el Pago de Pensiones por parte de Dipreca
En diciembre pasado, la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) tomó la decisión de suspender el pago de pensiones a 182 beneficiarios que figuraban con más de 100 años de edad, sin que la entidad tuviera certeza de si estas personas estaban vivas.
De este grupo, se detectó que 44 beneficiarios no registraban un RUT válido. En al menos 11 casos, se constató el fallecimiento de la persona, sin que hasta la fecha se sepa quién cobraba esa pensión.
Respecto a otras 18 personas, no ha sido posible establecer si continúan con vida, pero entre ellas hay tres que habrían superado los 110 años de edad.
El director de Dipreca confirmó a CIPER que hasta el momento no saben si siguen transfiriendo dinero a nombre de personas que podrían haber fallecido.
La Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) ha pagado durante años pensiones a jubilados de Carabineros, Gendarmería y la Policía de Investigaciones, sin tener la certeza de si estas personas estaban vivas o muertas, según reveló una investigación de CIPER, cuyos hallazgos fueron refrendados por el propio director de esta institución, Carlos Capurro.
En un esfuerzo por normalizar la situación, en diciembre último Dipreca resolvió suspender los pagos de pensiones a 182 beneficiarios que aparecían con más de cien años, de los cuales la entidad no tenía certeza de si seguían con vida.
Detalles de la Investigación y Hallazgos
Las primeras señales de alerta surgieron el 29 de diciembre de 2021, cuando la Contraloría General de la República (CGR) emitió su Informe Final 371. Este documento detalló una serie de irregularidades en 1.153 páginas, incluyendo inconsistencias contables entre los rubros de activos, pasivos y patrimonio por $115 millones.
A pesar de los compromisos suscritos, la situación no pudo ser resuelta completamente hasta la fecha. Un informe de Auditoría Interna de Dipreca, emitido el 18 de diciembre de 2024, reconoció que a esa fecha aún persistía la falta "de normas y procedimientos en el funcionamiento del proceso [de pagos de pensiones y montepíos]". Este documento también reveló asimetrías contables sin aclarar en los descuentos aplicados a los beneficiarios de pensiones y montepíos.
Medidas Tomadas y Verificación de Beneficiarios
Ante las múltiples irregularidades, las autoridades de Dipreca decidieron suspender el pago de pensiones a 182 personas mayores de cien años, al tiempo que revisaron si estaban fallecidas. Se encontró que cuatro tenían su registro de defunción en el Registro Civil, según un Informe Final de Auditoría Interna.
Otro hallazgo importante fue que los RUT de 44 de estas personas no aparecían en el Registro Civil.
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Acceso a la Información y Respuesta de Dipreca
En este contexto, se solicitó a Dipreca, a través de la Ley de Transparencia, información sobre estos hechos. Ante una respuesta negativa, el caso fue presentado al Concejo para la Transparencia (CPLT).
Los motivos expuestos por Dipreca ante el CPLT para justificar su negativa no se fundamentaron en las razones contempladas en la Ley de Transparencia para mantener bajo reserva un documento, sino en razones de índole comunicacional y de contexto político. El CPLT desestimó estos argumentos y otorgó cinco días hábiles a Dipreca para entregar la información solicitada.
Declaraciones del Director de Dipreca
Dado que la respuesta de Dipreca contradecía los informes de Contraloría y de su propia entidad a los que la investigación periodística había tenido acceso, CIPER solicitó una entrevista al director de la institución, Carlos Capurro. En ella, el funcionario admitió la veracidad de las conclusiones de los informes.
Según explicó, de las 44 personas sin RUT válidos que figuran con más de 100 años, 15 dieron pruebas de vida a solicitud de Dipreca, por lo que se les restituyó el pago de pensión. Otras 18 no pudieron ser contactadas y se desconoce aún si están vivas o muertas.
Respecto a las pensiones abonadas en las cuentas bancarias de personas fallecidas, el director Capurro reconoció a CIPER: “No sabemos si alguien las retiró o no”.
Sobre estas debilidades de control, justificó que "en Chile no hay cómo saber si alguien falleció en el extranjero” y otra persona sigue cobrando los dineros abonados en su cuenta nacional.
El director de Dipreca reconoció a CIPER que aún no han iniciado querellas para recuperar el dinero que fue mal pagado, y se encuentra evaluando dónde presentar las acciones legales, considerando la posibilidad de que los eventuales partícipes se encuentren en el extranjero.
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