La población penal en Chile supera las 50 mil personas y la cifra sigue en aumento. De este grupo, un 43% regresará a prisión, una estadística que subraya la persistencia de la reincidencia delictual en el país. En este contexto, la relación entre el sistema penal adulto y la trayectoria de los jóvenes que han pasado por el Servicio Nacional de Menores (Sename) emerge como un factor crítico.
Estudios sobre Reincidencia Delictual en Chile
Contexto de la Investigación
A mediados de 2019, nació el proyecto CLOOB (Chile, out of the box) en el seno del Centro Interfacultades de Derecho, Economía y Negocios de la Universidad de Chile, LEXEN. El diagnóstico que convocó a sus gestores fue la búsqueda de una metodología abierta para identificar reformas que reimpulsaran el desarrollo integral de Chile. Se hizo una convocatoria y se presentaron 77 proyectos nacionales e internacionales. Uno de los estudios que integra este texto es la investigación “Reincidencia delictual en Chile: Analizando la confluencia de factores institucionales, individuales y territoriales”, realizada por el profesor Álvaro Castro del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile en coautoría con académicos de la Facultad de Ciencias Sociales.
Estudios Previos y Hallazgos
En Chile, existían solo dos estudios previos sobre reincidencia delictual, realizados por la Fundación Paz Ciudadana (2013) y por Gendarmería de Chile (2013). Los hallazgos de estos estudios dieron cuenta de que el 43,2% reincidía. El 43% de reincidencia detectado en investigaciones más recientes va de la mano con las estimaciones de los dos estudios de 2013.
Factores Influyentes en la Reincidencia
A través de variables individuales, institucionales y territoriales, se pudo confirmar que:
- Los hombres tienen mayores probabilidades de reincidencia que las mujeres.
- Mientras más joven se comienza el camino delictual, mayores probabilidades hay de reincidencia.
- Los jóvenes que han pasado por el ex Sename tienen más probabilidades de reincidencia en la comisión de delito, lo que da cuenta de la importancia de enfocarse en la infancia.
Respecto a los factores institucionales, se puso foco en la percepción de los privados de libertad sobre si se les respetaban o no sus derechos y su relación con los funcionarios. Mientras mayor lesión de derechos en el interior de la cárcel, más probabilidades de reincidencia. Además, se verificó que la mayoría de las personas salen de la cárcel y se van a poblaciones con desventajas sociales, donde el apoyo estatal no tiene la misma intensidad. Por ejemplo, en Santiago, esta población se concentra en la zona sur: San Bernardo, La Pintana, Puente Alto. Esta realidad permite proyectar políticas públicas: si se busca disminuir la reincidencia, deberían desarrollarse proyectos sociales que acojan no solamente a estas personas, sino también a los vecinos de esas comunidades para disminuir los factores de reincidencia.
La Cruda Realidad de los Ex-Sename en el Sistema Penal
Estadísticas Alarmantes
Diversas investigaciones han revelado una conexión directa y preocupante entre el paso por el Sename y la posterior reincidencia o ingreso al sistema penal adulto. Un estudio de la Fundación San Carlos de Maipo concluye que uno de cada dos reos de la población penal adulta pasó por un centro de menores durante su infancia o adolescencia. Además, más del 50% de los jóvenes egresados de algún centro por responsabilidad penal juvenil reincidirá antes de los 24 meses.
El sacerdote Nicolás Vial, presidente de la Fundación Paternitas, asegura que la cifra se puede percibir a simple vista: "No necesito tener un estudio para creer que perfectamente uno de cada dos presos pasó por Sename, y más". Estas cifras son respaldadas por el hallazgo de que el 50% de los reos pasó alguna vez por el Sename.
El "Fracaso de las Políticas Públicas"
Para Marcelo Sánchez, director de la Fundación San Carlos, esta investigación demuestra el "fracaso de las políticas públicas", ya que, en su consideración, "se supone que si estuviste en un centro de protección o al menos de rehabilitación, no deberías terminar en la cárcel". Sánchez afirma que el problema se agrava porque los jóvenes que pasan por esos centros son propensos a desarrollar conductas delictuales o conflictivas que, de no haber entrado, posiblemente no habrían desarrollado. "El Sename, sin la intervención terapéutica adecuada, lo que hace es catalizar estas conductas disruptivas. O sea, corrompe más que sana. En el mejor de los casos, no hace nada", concluye.
Casos Ilustrativos: La Historia de Luis Valencia
La historia de Luis Valencia, de 21 años, es un testimonio de estas deficiencias. Pasó dos tercios de su vida bajo los cuidados del Sename. Ingresó por protección antes de los cinco años y salió justo antes de los 18, ya no como un niño vulnerado, sino como un infractor de ley tras ser liberado de un régimen de Internación Provisoria. Después de la separación de sus padres, fue enviado a un hogar del Sename y derivado a diversas familias guardadoras, pero ninguna pudo contenerlo. Así fue como a los 9 años comenzó su precoz vida delictual robando en supermercados, y a los 12, ya recorría las calles de Santiago con pistola en mano.
A los 14 años, fue detenido tras robar un millón de pesos y fue derivado a un sistema de supervisión de régimen semicerrado. Aunque tenía una delegada que lo atendía semanalmente, Luis relata que "no pescaba; iba, respondía sus preguntas y después salía a robar igual". A los 16 años, asaltó junto a su hermano una joyería y fue descubierto, lo que le costó ser enviado a un Centro de Internación Provisoria.
El último estudio elaborado por el Sename para determinar el número de niños como Luis -que egresaron de protección para ser reingresados al sistema bajo alguna medida de justicia juvenil- data del año 2012. Este indica que de los 20.111 que ingresaron por estar vulnerados en sus derechos y que egresaron ese año, 1.600 reingresaron al sistema, pero ahora por ser infractores de ley. De ellos, el mayor porcentaje había ingresado a protección inicialmente no por haber delinquido, sino por encontrarse en situación de calle o de trabajo infantil. El 77% de ellos comenzó a desarrollar dentro del sistema conductas que antes no desplegaba.
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Deficiencias y Abusos Sistemáticos en el Sename
La realidad vivida por miles de niñas y niños en los hogares y centros del Sename ha sido calificada de brutal y sistemática, evidenciando un profundo abandono por parte del Estado.
Informe de la PDI y la Violación de Derechos
Un lapidario informe de la PDI de diciembre de 2018, que fue ocultado hasta julio de 2019, reveló que en el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, de los cuales 310 tenían connotación sexual. El informe policial, el más completo hasta la fecha al considerar 240 de los 241 centros a nivel nacional, documenta que “estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Otras cifras impactantes incluyen:
- 1.313 muertes de niñas y niños en centros del Sename entre 2005 y 2016.
- Más de 3.100 niños/as desaparecidos en Chile hasta 2018.
- En el 50% de los hogares del Sename ha habido abuso sexual.
- El 88,3% de los hogares de la entidad presentaron algún tipo de vulneración grave.
- El 42% de niños y adolescentes tiene problemas de adicción.
- El 36% no asiste a la escuela.
El desglose de las vulneraciones graves de derechos constatadas por la PDI incluye 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores. La PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido.
Falta de Protocolos y Recursos
El informe policial también detalla graves deficiencias estructurales y de procedimiento:
- El 10,3% de las residencias no maneja protocolos de suministro de medicamentos.
- El 63,2% de los centros no cuenta con un profesional -universitario o técnico- encargado de esta labor, porcentaje que aumenta al 81,6% durante la jornada nocturna.
- El 55,1% de los centros no dispone de un encargado de salud con la formación requerida y otro 15% no cuenta con la designación de un encargado en esta área.
- El 39% no mantiene los protocolos mínimos requeridos por Sename para el funcionamiento residencial.
- El 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename.
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”.
- La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: 37,3% de los residentes, y un 14,2% presenta alguna patología médica. Sin embargo, 42 centros no tienen un encargado de salud, y en 159 centros (66,3% del total) la persona encargada de la administración de fármacos es un educador de trato directo sin formación profesional ni técnica en salud.
- El 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
La PDI confirmó que, aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Además, los tribunales de familia, que deben fiscalizar los centros cada seis meses, en algunos casos solo realizaron visitas anuales.
La Problemática de la Imputabilidad y Especialización
El director Marcelo Sánchez critica que "el sistema está al debe con los niños menores de 14 años". Cerca de 5.000 menores son devueltos por los tribunales a sus familias anualmente por ser inimputables, muchos ni siquiera son pasados por tribunales. Esto se debe a que la Ley 20.084 no define sanciones ni procedimientos para los niños entre 8 y 14 años que hayan cometido ilícitos penales, siendo enviados a centros del Sename inicialmente previstos para niños con vulneración en sus derechos, sin una oferta técnica especializada como la terapia multisistémica para mayores de 14.
Alicia del Basto, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sename, señala que "un niño al que sus padres lo han abandonado convive con nombres como el 'Cisarro' y todos esos chicos que han sido de conmoción pública" en los mismos centros que los niños abusados o vulnerados, por la falta de una oferta especial para ellos.
Transición y Nuevas Esperanzas: El Servicio de Reinserción Social Juvenil
Cambios Institucionales
Desde 2021, el Sename está a cargo solo del área de justicia juvenil, atendiendo durante 2023 a 9.119 adolescentes y jóvenes que han infringido la ley en distintos programas y centros a lo largo del país, ejecutando 140 centros y proyectos. El Servicio Nacional de Menores (Sename) es un organismo gubernamental centralizado, colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con centros administrados por dicha entidad y otros por particulares.
En tanto, el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil comenzó a funcionar en enero de 2024, haciéndose cargo de las regiones del norte del país. Desde esa fecha, Sename como tal se encarga de los jóvenes de Valparaíso a Magallanes y la Antártica Chilena. En enero de 2025 se realizará el traspaso de las regiones desde el Maule al sur y luego, en 2026, las regiones Metropolitana, O´Higgins y Valparaíso, dando paso con ello al fin del Servicio Nacional de Menores tal y como se conoce.
Resultados y Desafíos Recientes
La directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), María Eugenia Fernández, destacó en su cuenta pública que las tasas de reincidencia entre 2009 y 2020 disminuyeron en 14,2 puntos porcentuales para los 12 meses y en 16,5 puntos a los 24 meses de seguimiento. Además, indicó que el 56% de los jóvenes de los centros privativos de libertad participó en al menos un taller socioeducativo impartido durante 2023. La modalidad de la sanción del Programa de Libertad Asistida Especial presenta la más baja tasa de reincidencia a los 12 y 24 meses en todos los grupos estudiados, un resultado que podría estar relacionado con su alta proporción de egresos satisfactorios: en 2009, cinco de cada 10 jóvenes reincidió 24 meses después de haber cometido algún delito, y en 2020, solo tres de 10 jóvenes reincidió.
Fernández también relevó la realización de 674 talleres socioeducativos en los centros privativos de libertad, como una forma de intervenir directamente en la reinserción de los jóvenes y aportar a su conocimiento. En ese ítem, el 56% de los jóvenes de los centros participó de dichos talleres (arte, gastronomía, creación literaria, cultura científica, cultura cívica, entre otros), y el 51% de ellos participó de uno o más cursos durante su estadía en el centro, ampliando las alternativas de intervención socioeducativa. Respecto a la ocupación y empleabilidad de los jóvenes, durante 2023 se llevaron a cabo 17 cursos en 9 regiones del país, beneficiando a 147 jóvenes en total.
El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, destacó que "los índices han mejorado significativamente" y que estas cifras podrán seguir mejorando cuando el nuevo Servicio amplíe su operación, ya que tendrá más y mejores herramientas para enfrentar los casos. Sin embargo, "El apoyo de la cárcel en los procesos de reinserción es fundamental. Y nuevamente nos lleva a replantearnos la manera en que estamos gestionando las cárceles. Necesitamos asegurar la reinserción social. Para ello se requieren funcionarios dialogantes, que se respeten los derechos fundamentales dentro de la cárcel, penales que se administran justamente, con toma de decisiones que sean fundamentadas, justificadas y sin niveles de violencia".
Hacia una Reformulación del Sistema
Recomendaciones y Visiones Críticas
Frente a la crítica situación, surge la exigencia de una profunda reformulación del sistema. Diversas denuncias contra el manejo por parte del sistema judicial señalan que, de acuerdo a las estadísticas metropolitanas de las sentencias de los jueces de familia, la mayoría de esos fallos se adoptan sin audiencia para escuchar a los niños ni a sus padres y sin abogado que los defienda. El Sename, como institución que ha sido tildada de carcelaria y represiva, marcada por la violencia, el abandono y el maltrato, "no debe por qué seguir existiendo".
Al contrario, el Estado tiene que garantizar el completo financiamiento y la creación de centros y hogares estatales, administrados por profesionales de la salud y educación, y por trabajadores, esto en coordinación con familiares de niños/as y adolescentes. Lo anterior debe ir de la mano con que el Estado se haga cargo de garantizar derechos que son negados producto de la privatización en Dictadura y el actual modelo económico. La educación, salud y vivienda, como derechos mínimos, deben ser de libre acceso para todas las personas, siendo pilares fundamentales para la vida de millones de personas que hoy son totalmente negados.
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