La niñez y adolescencia en Chile atraviesan una profunda crisis, calificada como "silenciosa" por Claudio Castillo, director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez). Esta institución, creada en 2021 para reemplazar al Sename y atender a menores vulnerados en sus derechos, ha enfrentado desde su inicio dificultades inherentes a su concepción y a la compleja realidad del país. Los problemas se manifiestan en residencias con sobrecupo, listas de espera, mezcla de niños con y sin antecedentes policiales, y cierres de centros, a lo que se suman nuevos y complejos desafíos que superan las proyecciones iniciales.
Un punto de inflexión histórico: Ingresos superan a los nacimientos
Uno de los indicadores más alarmantes de esta crisis es que, por primera vez en la historia de Chile, el número de niños, niñas y adolescentes (NNA) que ingresan diariamente a los programas del Servicio de Protección Especializada (SPE), o Mejor Niñez, supera a la cantidad de nacimientos diarios. En 2024, el organismo registró un promedio de 429 ingresos diarios, mientras que en las maternidades se contabilizaron 371 nacimientos por jornada. Esta diferencia, según cifras del servicio y del Instituto Nacional de Estadísticas a mayo de este año, marca un hito histórico en la protección de la infancia, revirtiendo la tendencia anterior donde los nacimientos eran superiores a los ingresos.
Claudio Castillo señala: "Mientras las familias son cada vez más pequeñas y nacen menos niños, vemos cómo crece la desprotección hacia la niñez. Que los ingresos superen a los nacimientos refleja un problema estructural que no habíamos dimensionado". Desde la creación del servicio, los ingresos nunca habían superado la natalidad hasta 2024, cuando las incorporaciones sumaron 156.759 frente a 135.529 recién nacidos. Esta tendencia se venía gestando en años anteriores: en 2020, los nacimientos (194.973) duplicaron los ingresos (92.635); en 2021, la brecha fue de 177.273 nacidos versus 102.583 ingresos; en 2022, de 189.310 nacidos contra 114.945 ingresos; y en 2023, la natalidad aún prevalecía (171.992 versus 131.221).
Además, los datos revelan un aumento significativo en la proporción de NNA atendidos por el servicio en comparación con la población chilena menor de 18 años que no está en el SPE. En 2020, los NNA atendidos representaban el 3,99% del total, mientras que actualmente esta cifra ha aumentado al 5,39%.
De la negligencia a la violencia: Causas de la desprotección
La realidad de Mejor Niñez trasciende la caída de la natalidad. Más del 80% de los NNA que ingresaron en 2023 y 2024 lo hicieron por abandono, negligencia, abuso o alguna otra forma de vulneración grave. Un 20% correspondió a cesión voluntaria para adopción, y un 5% a abandono directo.
Francisca González, coordinadora de Estudios Infancia del Centro de Estudios Justicia & Sociedad de la UC, afirma que este fenómeno se ha ido gestando durante años: "La violencia se normalizó en distintos espacios de la vida cotidiana y hoy estamos viendo sus consecuencias con mayor crudeza". Las principales causas de derivación a cuidado alternativo son la negligencia parental (41%), seguida de violencia intrafamiliar directa o vicaria (26%), maltrato (13,5%) y vulneración en la esfera de la sexualidad (8,6%).
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, destaca que el problema tiene dos dimensiones: un aumento real en las situaciones de violencia y contextos que afectan a NNA, y factores multidimensionales como la precariedad habitacional, la movilidad humana, la crisis postpandemia y el debilitamiento de redes de apoyo. "El Estado es el principal responsable de garantizar los derechos de NNA. Esto implica no solo prevenir la violencia, sino también responder de manera adecuada cuando esta ocurre", recuerda.
Factores sociales y de salud que impactan a la infancia
Una de las razones clave del empeoramiento de la situación es la profundización de los problemas sociales y de salud en la población. Un ejemplo claro es el aumento del síndrome de abstinencia en recién nacidos por consumo de sustancias durante la gestación, que se ha triplicado, reflejando cómo factores sociales y de salud afectan directamente a la infancia. Esto explica, en parte, el alza en los ingresos a programas de protección. Entre abril y junio de 2025, ingresaron en promedio 328 niños de 0 a 3 años al servicio, frente a los 127 del mismo período en 2022. Los picos históricos de ingresos de enero y marzo de 2025 (374 y 375 menores de 0 a 3 años, respectivamente) superaron con creces cualquier registro anterior.
Castillo enfatiza la necesidad de una reflexión profunda a nivel país: "La reflexión de fondo que tenemos que hacer como país tiene que ver con la detección oportuna de problemas de salud mental, consumo de drogas y violencia estructural". El aumento en la primera infancia es particularmente impactante, ya que estos niños requieren cuidados más especializados y continuos, y cualquier retraso puede afectar irreversiblemente su desarrollo.
Francisca González advierte que, si bien la violencia física ha disminuido por ser socialmente peor vista, el abuso sexual y la violencia psicológica han aumentado de forma alarmante. La pandemia marcó un punto de inflexión, ya que el confinamiento, la crisis económica y el encierro generaron nuevas dinámicas en los hogares. Si se comparan los primeros años del servicio, la magnitud del cambio es evidente: en 2021 había un promedio de 30 derivaciones mensuales de niños menores de un año a residencias, cifra que se quintuplicó a 150 por mes para abril de 2025. La capacidad de cuidado alternativo está al límite, requiriendo una respuesta urgente.
Hacia una sociedad que protege: Prevención, redes de apoyo y acogimiento familiar
Ante este panorama, el defensor de la Niñez subraya la urgencia de lograr que menos NNA lleguen al sistema de protección, fortaleciendo la prevención y mejorando la capacidad de respuesta de los servicios. Es fundamental consolidar un piso de protección social que garantice acceso a servicios esenciales y estabilidad financiera para las familias, así como fortalecer las políticas de cuidado infantil.
Claudio Castillo propone ir más allá del aumento de capacidad: "No solo se trata de aumentar la capacidad, sino de fortalecer una cultura de acogimiento familiar y asegurar que cada niño reciba cariño, protección y acompañamiento en su desarrollo".
Familias de acogida: Un pilar fundamental
Mejor Niñez está impulsando una campaña para atraer familias de acogida, considerada clave para enfrentar la sobrecarga de las residencias, especialmente en el caso de lactantes y niños pequeños. Actualmente, existen 10 mil familias de acogida activas en Chile, de las cuales mil no tienen vínculo sanguíneo ni relación previa con los niños que reciben. El 53% de estas familias está encabezado por mujeres con un promedio de edad de 49,4 años; un 25% son menores de 40 años; y un 40% son adultos solteros.
Castillo destaca que son "un pilar fundamental para dar contención y cuidado". González coincide: "Más allá de la capacidad del Estado se requiere del compromiso de la sociedad para que los niños encuentren espacios seguros y afectivos".
La reforma fallida: Del Sename al Mejor Niñez
Durante el gobierno de Sebastián Piñera, se anunció el "fin al Sename" con una reforma legal que prometía erradicar el abandono infantil y poner a los niños "en primera fila". Sin embargo, tres años después, la situación dista de ser la esperada. La Ley 21.302 (enero 2021) estableció al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia como sucesor legal del Sename, y la Ley 21.430 (marzo 2022) creó el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
A pesar de los marcos legales, la realidad dista de cumplirse. Se han denunciado incluso presuntos vínculos de estas instituciones con redes de explotación infantil y pedofilia. Trabajadores de Mejor Niñez en Antofagasta denunciaron la falta de integración de aspectos de educación y salud en los programas, derechos básicos que también atraviesan una crisis.
Estos problemas estructurales, que afectan mayoritariamente a la población trabajadora y pobre, evidencian un desafío para la organización social. La falta de recursos, la deficiente planificación estatal y la priorización de otros sectores se suman a una estructura de mercado y privatización heredada de la dictadura. El "Sistema Nacional de Menores" de 1979 ya promovía la creación de entidades privadas y la ayuda financiera estatal a instituciones públicas y privadas. Esta lógica neoliberal, basada en subvenciones por niño atendido, mantiene un fuerte componente privado en la administración y ejecución de programas, relegando al Estado a un rol subsidiario de supervisión.
Se propone un sistema único, con financiamiento 100% estatal, gestionado por trabajadores y usuarios, y que se deje de financiar a privados. La renacionalización de recursos naturales como el litio se plantea como una vía para cubrir las necesidades de la mayoría.
Legado de crisis y la urgencia de un cambio sistémico
Desde su creación en 1979, el Sename ha sido cuestionado por su funcionamiento y acusado de negligencias. Hashtags como #No+SENAME y #NiñosVulnerados reflejan la voluntad ciudadana por el cambio. A pesar de los discursos políticos, niños, niñas y adolescentes continúan sufriendo violaciones sistemáticas a sus derechos.
La Defensoría de la Niñez y SINTRASUB han señalado que el Estado, a través de convenios, no cumple sus obligaciones básicas de protección y cuidado, vulnerando la Convención de Derechos del Niño al estigmatizar y criminalizar a NNA, especialmente de sectores segregados y precarizados. Se cuestiona la finalidad de acuerdos de colaboración que asocian a niños y adolescentes pobres con grupos criminales, sugiriendo un objetivo político de criminalización y persecución, especialmente tras el estallido social.
Las reformas estructurales del Sename por parte del gobierno han sido escasas, con promesas de cambio de nombre más que de fondo. La crisis del Sename, visible desde hace años, se agudizó tras el asesinato de la niña Lissette en 2016, que visibilizó innumerables denuncias de violencia, abuso sexual, maltrato y muertes en centros del organismo. Cifras oficiales de 2017 reportaron 1.313 NNA fallecidos entre 2005 y 2016.
El psicoanalista Matías Marchant sostiene que no se trata solo de una crisis del Sename, sino de una crisis social y cultural sobre la representación de la niñez, que impacta la institucionalidad y sus prácticas. A esto se suma la crisis del Estado adultocéntrico, que impone una visión de vida adulta a los menores, jerarquiza las edades y legitima relaciones intergeneracionales desiguales.
Critican gestión de Mejor Niñez: El reemplazo del Sename
La perspectiva del adultocentrismo y la necesidad de participación infantil
El Estado chileno ha reproducido estereotipos al criminalizar y estigmatizar a la población infanto-juvenil de sectores populares, tildándolos de "delincuentes", "inmaduros" o "terroristas". Esta lógica adultocéntrica configura un imaginario del "adolescente problema" o "revoltoso", que justifica la asociación entre delincuencia y jóvenes de bajos recursos.
Las clases de edad y clases sociales se articulan, profundizando prácticas de domesticación y control social adulto. El Estado actúa como un padre autoritario que vigila, castiga y controla, sin dar lugar al diálogo. Mecanismos jurídicos e institucionales persiguen a jóvenes que protestan, criminalizándolos y estigmatizándolos, profundizando la violencia institucional y social, e incumpliendo su rol de garante de derechos y reconocimiento de NNA como sujetos de derecho, sociales y políticos.
Estos dispositivos de intervención estatal tienen una influencia histórica desde la dictadura. La crisis del sistema de protección social de la niñez es un reflejo de este Estado adultocéntrico, ciego, sordo y mudo ante los padecimientos de NNA. La falta de soluciones por parte de gobiernos post-dictadura evidencia la necesidad de una reforma estructural.
Hacia una nueva Constitución y la reconstrucción del lazo social
En el contexto de un proceso constituyente, se abren puertas para una reforma estructural. Se propone que la discusión sobre un nuevo sistema de protección social de la niñez y adolescencia tenga la misma importancia que temas históricos como educación, salud, trabajo, vivienda y pensiones. La ciudadanía debe priorizar las políticas de niñez, dada la aparente falta de interés de la clase política.
La salida a esta crisis es colectiva, basada en la solidaridad y la comunidad. Se debe reconstruir el lazo social, cuidando especialmente a los más vulnerables. Además, se considera relevante multiplicar las instancias de participación infantil en cabildos y asambleas, donde NNA tengan voz y voto en la construcción del país y en la definición de sus propios derechos.
Se sugiere habilitar asambleas de NNA en residencias y centros ambulatorios del Sename para que opinen sobre cómo les gustaría que fueran estos espacios, reconociendo sus miradas y experiencias.
La defensa institucional ante la muerte de una niña
Las declaraciones de la exdirectora nacional del Sename, Marcela Labraña, tras el fallecimiento de una niña de 11 años en un centro de protección, reflejan una defensa institucional. Se detallan protocolos y acciones seguidas, personal de salud presente y medicación supervisada, con el fin de resguardar la responsabilidad institucional. Se cuestiona la causalidad entre estrés postraumático y paro cardíaco, y se señala que la historia familiar y el sufrimiento de la niña, acallado por psicofármacos, fueron las causas de su muerte, velando sobre las características de su sufrimiento durante 7 años en la institución.
La banalización del mal, según el psicoanalista Christophe Dejours, anestesia la indignación ante la injusticia social, desarrollando una "tolerancia a la injusticia". Sin embargo, este proceso puede ser interrumpido asumiendo responsabilidad. Es relevante que los propios trabajadores denuncian la precariedad de las condiciones de vida de los NNA.
La situación de los NNA en la red de atención del Sename ha generado indignación ciudadana, no solo por casos como el de Lissette Villa, sino también por informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Existe una cruel paradoja: el organismo que alberga a NNA vulnerables y vela por sus derechos es cuestionado por la falta de ellos. Se habla de una población excluida, precarizada, sin atención digna en educación y salud.
La coordinación institucional y la violencia estructural
El aparato institucional debe coordinarse con objetivos comunes y acciones unificadas, desde un enfoque crítico. Se plantea la complejidad de la coordinación entre la administración municipal (escuelas en centros de resguardo), el Ministerio de Educación (normativas) y el Ministerio de Justicia (administración de centros). Los paradigmas de atención y educación en esta triada institucional son cruciales.
La violencia ejercida hacia la población infanto-juvenil está ligada a las estructuras económicas que perpetúan el poder. La violencia es estructural, y de ella surgen otras violencias, como las relaciones dispares entre NNA en situación de riesgo y la condición de "riesgoso/a". Hasta que el Estado garantice una real educación, salud y mejores condiciones de vida para toda la población, el contexto no será favorable para los niños, niñas y jóvenes del país. La exacerbada institucionalización de sus vidas se acentúa por la precaria institucionalidad.
"¡Queremos ser libres!" es el canto que reclama justicia y libertad, un manifiesto de niños, niñas y jóvenes que anuncian su deseo.