El sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en Chile ha sido durante décadas objeto de debate público debido a su impacto en las pensiones de los trabajadores. Este modelo de capitalización individual, instaurado en 1981, busca que los aportes mensuales de los trabajadores sean invertidos en el mercado de capitales para generar rentabilidad y financiar una pensión en la etapa de jubilación. Sin embargo, en la práctica, este esquema presenta deficiencias que afectan directamente la calidad de vida de los pensionados.
Vulnerabilidad a la Volatilidad del Mercado Financiero
Uno de los pilares fundamentales del sistema es la inversión en mercados financieros, lo que implica una exposición inherente a la volatilidad y los ciclos económicos. Aunque esta estrategia puede generar altos rendimientos en periodos de bonanza, también enfrenta caídas significativas durante crisis económicas, afectando el saldo acumulado en las cuentas individuales. Desde una perspectiva de teoría financiera, la diversificación busca mitigar riesgos, pero no los elimina por completo, especialmente frente a choques sistémicos en el mercado de valores.
Crisis financieras globales como la del 2008 y la pandemia de COVID-19 han generado pérdidas importantes en los fondos previsionales, reduciendo los saldos acumulados y, por ende, las pensiones proyectadas. La disminución estructural de las tasas de rentabilidad en los mercados financieros internacionales, influenciada por factores como tasas de interés bajas, la desaceleración económica global y avances de la crisis climática, ha agravado esta situación. Un ejemplo reciente es el impacto de la volatilidad en los multifondos (A al E), donde los más expuestos al mercado de renta variable (A, B y C) han mostrado pérdidas significativas en momentos de crisis económica y actuales pandemias.
Este sistema no garantiza un nivel mínimo de ingresos en la jubilación, dejando a los individuos expuestos a los vaivenes del mercado nacional e internacional. La lógica de maximización de rentabilidad, que beneficia principalmente a las administradoras, no se alinea necesariamente con los objetivos de seguridad y estabilidad que requiere un sistema previsional. En un marco teórico, las pensiones deberían ser tratadas como un activo de bajo riesgo, similar a un bono gubernamental, que permita estabilidad y previsibilidad a largo plazo. La teoría financiera es clara: un sistema previsional debe priorizar la estabilidad y protección de los ahorros, no su exposición al riesgo.
Pensiones Insuficientes y su Impacto Social
Los resultados del modelo de AFP han demostrado que, para una gran parte de los jubilados, las pensiones entregadas no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. El promedio de las pensiones autofinanciadas es significativamente inferior al salario mínimo y a la línea de pobreza, especialmente en el caso de las mujeres. Un porcentaje importante de trabajadores que cotizan regularmente durante su vida laboral obtiene pensiones que representan menos del 25% de su último sueldo, lo que se conoce como bajas tasas de reemplazo.
El sistema de AFP chileno, basado en la capitalización individual y la inversión en mercados financieros, ha demostrado ser incapaz de cumplir su objetivo principal: garantizar pensiones dignas y estables para los trabajadores. Sin mecanismos efectivos de redistribución y un componente solidario que complemente el ahorro individual, el modelo chileno perpetúa desigualdades y deja a millones de jubilados con ingresos insuficientes para una vejez digna. La primera conclusión del estudio ejecutado por la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones indica que “existe un amplio consenso entre la ciudadanía respecto de que el sistema actual de pensiones no garantiza un monto suficiente para que a futuro los pensionados vivan un retiro en condiciones favorables y dignas”.
Los ejecutores del estudio “coinciden en la necesidad de gestionar más y mejores condiciones para las mujeres para suplir las lagunas previsionales que implican la maternidad y las labores de cuidadoras que en ellas culturalmente recaen”. Se propone que el objetivo de proveer pensiones es que “permitan a los jubilados mantener un nivel de vida razonable y no caer en la pobreza”.
Fallos Estructurales del Mercado Laboral
El abogado Guillermo Arthur, ex presidente de la Asociación de AFP (1999-2014) y ex ministro del Trabajo de Pinochet, se refirió en 2013 al impacto determinante del mercado laboral en el monto de las pensiones: «El monto de la pensión depende de la regularidad con la que un trabajador hizo cotizaciones. Quienes cotizaron regularmente tendrán muy buenas pensiones, no así los que no lo hicieron». Sin embargo, los problemas estructurales del mercado del trabajo, como la inestabilidad laboral, los bajos sueldos y la dificultad de inserción de las mujeres, son factores clave que impiden la acumulación de ahorros suficientes para pensiones dignas.
Estos problemas han sido silenciados por las AFP y por sus partidarios, quienes a menudo culpan a la falta de cotización individual en lugar de a las condiciones sistémicas. La alta informalidad, bajos salarios y lagunas previsionales dificultan un ahorro previsional suficiente. Esto se agrava en grupos que enfrentan brechas salariales. El sistema de AFP no cumple la función y promesa para la cual fue creada: entregar mejores pensiones que las del sistema de reparto. En efecto, ellas son bajísimas, sin cubrir las necesidades mínimas de un trabajador que jubila a la edad que le permite la ley; perjudica a las mujeres, y un sector de los trabajadores no está integrado al sistema.
Desconfianza Ciudadana y Baja Legitimidad
La profunda decepción de la ciudadanía con el sistema de AFP es notoria, dada la baja rentabilidad y las comisiones cobradas. El fracaso de las AFP para cumplir su función propia no es el único problema que enfrenta el sistema privado de pensiones. Además, tiene una débil legitimidad ante la sociedad, porque recibe una baja confianza de la ciudadanía. Peor aún, las AFP se ubican entre las instituciones que reciben la menor confianza ciudadana.
Desde que se incluyó a las AFP en la pregunta sobre la confianza en las instituciones (encuesta de 1996), éstas recibieron un moderado respaldo ciudadano (32%), muy superior al que obtuvieron los partidos (14%) y por arriba del Senado (27%) y la Cámara de Diputados (26%). Sin embargo, desde entonces, ese nivel de confianza no se consolidaría, sino que tendría importantes variaciones, cayendo al 19% en la encuesta de 2001, subiendo después al 29% en 2005, para llegar al 30% en 2008. Este último resultado se puede explicar porque ese año se aprobó una importante reforma, con la creación del Pilar Solidario.
Las personas que participaron del estudio de la Comisión de Usuarios perciben que el modelo que gestionan las administradoras de fondos de pensiones, “beneficia más a las AFP que a los propios cotizantes”. Esto se puso de manifiesto en 2016 y es una fuente de desconfianza que produce tensiones y conflictos que afectarán la estabilidad del sistema económico y político en el futuro.
Concentración de Poder y Conflicto de Intereses
Las AFP tienen un tercer problema político: administran con amplia autonomía los fondos de pensiones, que han alcanzado una gigantesca dimensión, superior al PIB. Ante esta ausencia del Estado, se ha consolidado un enorme poder económico y político en una industria altamente concentrada en solo seis AFP: Habitat, Provida, Cuprum, Capital, Planvital y Modelo. Cuatro de ellas -Provida, Cuprum, Capital y Planvital- son controladas por multinacionales extranjeras, las cuales siguen las orientaciones y prioridades de sus casas matrices, con la consiguiente tensión con los intereses nacionales.
Habitat es controlada por un grupo económico, la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), que tiene un gran poder político, especialmente a través de la participación en la construcción de obras públicas. Además, las administradoras obtienen beneficios a través de comisiones fijas y, por lo tanto, independientes de la rentabilidad obtenida, lo que se puede asociar a inversiones que no siempre prioricen los intereses de los afiliados. El poder acumulado por las AFP no puede continuar, porque afecta intereses nacionales de enorme importancia y de largo plazo.
La Inercia Institucional y las Reformas Insuficientes
A pesar de las reformas propuestas y los esfuerzos por introducir un componente de solidaridad intergeneracional (2.5% con la actual reforma) o aumentar las cotizaciones, estos ajustes no abordan el problema estructural del riesgo de mercado. A pesar de las recientes reformas, que imponen un aumento obligatorio en las cotizaciones y entregan más recursos al mismo modelo (más de un 50% adicional), el núcleo del sistema permanece intacto. Mientras las pensiones dependan principalmente de los rendimientos de los fondos invertidos, cualquier caída en los mercados financieros afectará directamente el nivel de las jubilaciones.
Senado analiza reformas al sistema de pensiones
Carlos Huneeus, en una columna sobre la reforma previsional, señala que “el Presidente se queda a mitad de camino: no enfrenta las fallas estructurales de la privatización del sistema de pensiones que impulsó su hermano”. Los cambios, sostiene, debiesen partir por reconocer que las AFP no cumplieron su promesa original: “Entregar mejores pensiones que el sistema de reparto”. Huneeus advierte que también se debe sincerar que el sistema falla por deficiencias estructurales del mercado del trabajo, como inestabilidad laboral y bajos sueldos: “Ha habido una inercia institucional de parte de los sucesivos gobiernos, el Congreso, las AFP y el sistema financiero, al no enfrentar esas fallas”.
Las AFP se defienden argumentando que han cumplido su función, porque han administrado responsablemente los fondos de los cotizantes y han tenido una alta rentabilidad. Sin embargo, estas afirmaciones aluden a una arista que no tiene que ver con el monto de las pensiones, sino al destino de las cotizaciones de los trabajadores. Las medidas anunciadas por el Presidente Piñera para perfeccionar el sistema privado de pensiones no reconocen la magnitud de sus problemas y no apuntan a romper la inercia institucional aquí reseñada. No ha sincerado el efecto concreto de las medidas, que serán de mediano y largo plazo (20 años); tampoco ha precisado los costos fiscales de las mejoras de las pensiones, que obligará al aumento del gasto fiscal. Sus propuestas son contradictorias con otras políticas del gobierno, como la reforma tributaria, que plantea bajar el impuesto a los más ricos. Ambos objetivos son incompatibles entre sí.
La Visión Ideológica y la Necesidad de un Nuevo Paradigma
El sistema privado de pensiones tiene fallas estructurales que se encuentran en el mercado del trabajo. El abogado William Thayer, ex ministro del Trabajo del gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1979), explicitó en 1980 su escepticismo respecto del nuevo sistema privado de pensiones, y esta advertencia cobra actualidad. El sistema de pensiones es una función pública, en que el Estado ha estado presente con aportes económicos desde su creación en 1980. La práctica del sistema privado de pensiones en estos 38 años ha demostrado lo inexacta que fue la afirmación que hizo el entonces ministro José Piñera cuando dijo: “El costo de la reforma para el fisco es cero” (El Mercurio, 15/11/1980).
Pese a esta creciente injerencia del Estado en el sistema privado de pensiones, las AFP mantienen el poder económico y exigen una amplia autonomía para actuar, buscando ser un Estado dentro del Estado. Una nueva política de pensiones debe alejarse de la visión ideológica que idealiza al mercado y a los empresarios, tolera altos grados de patronage y rechaza la intervención del Estado en la economía y en decisiones estratégicas del país, aunque no tiene problemas en buscar financiamiento económico para las empresas. Ello requiere otro paradigma económico al dominante, lo cual implica abandonar los componentes de neoliberalismo radical que lo caracteriza, muy distintos al neoliberalismo moderado y democrático de Margaret Thatcher.
Parafraseando a Clemenceau, el sistema privado de pensiones es demasiado importante para Chile como para seguir entregándolo al control de expertos (ingenieros y economistas) y de las AFP. Es hora que el Estado rompa con la inercia que ha dominado su larga historia, abra un debate nacional sobre la crisis del sistema de pensiones y convoque a un gran acuerdo nacional. Ese esfuerzo nacional debe superar los prejuicios ideológicos y debe imponerse a los intereses económicos, para traducirse en la construcción de instituciones públicas que aseguren que Chile tenga un sistema de pensiones de acuerdo a su nivel económico, para todos y no para una minoría.