Análisis Legislativo y Urgencias en Protección de Menores
La Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado se encuentra analizando un proyecto de ley que busca armonizar tres cuerpos legales fundamentales para la protección y resguardo de niños, niñas y adolescentes (NNA). Este proyecto, calificado con urgencia "suma", tiene como objetivo integrar la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez, la normativa que regula los Aportes Financieros del Estado a Colaboradores Acreditados y la ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
Durante el estudio de esta iniciativa, la comisión ha recopilado antecedentes relevantes que apuntan a un abordaje integral de la temática, enmarcado en el contexto del Presupuesto 2025. La preocupación de los integrantes de la instancia se manifestó ante las cifras presentadas por expertos en niñez y adolescencia.
Preocupación por Cifras de Explotación Sexual y Sistema de Protección
Los integrantes de la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia expresaron su profunda preocupación por las alarmantes cifras sobre la situación de la niñez y adolescencia en Chile. La senadora Carmen Gloria Aravena, presidenta de la Comisión, puso especial énfasis en la lucha contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (NNA), declarando que "se estima que 6.000 niños están involucrados en el comercio sexual en Chile. Una cifra horrorosa y que de alguna manera nos indica que no hemos hecho las cosas bien".
Este dramático dato estadístico fue complementado por Marcelo Sánchez Ahumada, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, quien señaló que "aumentó en un 100% las estadísticas de explotación sexual comercial de NNA en 3 regiones del país".
Adicionalmente, durante las sesiones se informó a los senadores sobre la falta de cifras actualizadas respecto a NNA que sufren explotación sexual comercial. También se destacó que el Consejo de Acreditación de Organismos Colaboradores no ha podido operar y que se ha observado un aumento en el número de niños que ingresan al sistema de protección, generando inquietud entre los miembros de la comisión.
La senadora Aravena manifestó su frustración ante la lentitud del proceso, señalando: "cada vez que realizamos estas comisiones sabemos que estamos haciendo lo correcto avanzando en la armonización, pero también queda la frustración (…) siempre tengo la sensación de que no llegamos a tiempo”.
Desafíos del Servicio Nacional de Protección Especializada y la Revinculación Familiar
El proyecto de ley en análisis busca modificar las leyes que regulan el sistema de protección a la niñez y adolescencia, así como enmendar el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. El objetivo es resolver los problemas detectados durante su primer año de funcionamiento.
El senador Matías Walker, integrante de la instancia, resaltó la importancia de "buscar la protección real de los derechos de los niños que han sido vulnerados, por ejemplo, a través de la revinculación familiar. Hoy hay 4 mil niños que están en una residencia y unos 9 mil en familias de acogida”.
La meta es reducir la cantidad de niños en residencias, lo cual está vinculado a la nueva ley de adopción y a la ley de presupuestos 2025. La senadora Loreto Carvajal enfatizó la necesidad de decisiones políticas rápidas, dada la magnitud del desafío: "yo sé que el presupuesto siempre es un tema, pero ahí está la decisión política. (…) hoy día la carrera contra el tiempo es de tal magnitud que nos impone tomar decisiones políticas también más rápido”.
Crisis en el Sistema de Protección: Aumento de Ingresos y Listas de Espera
Claudio Castillo, director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), alertó sobre una "crisis silenciosa" en la niñez del país. Señaló que "en el 2007 uno de cada diez niños estaba en residencias. Hoy son cuatro de cada diez".
Esta situación ha derivado en largas listas de espera. A inicios de 2023, alrededor de 30 mil niños y adolescentes esperaban ser atendidos por el Servicio Mejor Niñez, según informó la Contraloría General de la República.
Un problema crítico es el funcionamiento del Consejo de Acreditación de Organismos Colaboradores, que no ha podido operar desde junio de 2024 debido a la renuncia de tres expertos. La Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva Villalobos, calificó la situación como un "desastre", al no haber postulantes para cargos clave como psiquiatra infantojuvenil.
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Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos en el Antiguo Sename
La investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas a niñas, niños y adolescentes en recintos del Servicio Nacional de Menores (Sename) entre 1979 y 2021 podría verse afectada por un eventual cierre de la Comisión de Verdad y Niñez. Esta instancia, creada tras una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), inició sus operaciones en 2025 pero podría finalizar en abril de 2026, en el marco de recortes fiscales.
La Comisión tiene como función recibir antecedentes de quienes hayan experimentado violaciones a los derechos humanos en el Sename, incluyendo casos de abuso eclesiástico. Se estima que cerca de 689.288 personas pasaron por estos centros residenciales y/o de detención durante la existencia del Sename.
El trágico incendio en 2007 en el centro "Tiempo de Crecer" reforzó la tesis de violaciones a los derechos humanos en estos centros. La Comisión busca identificar nuevos casos de abusos para informar al presidente y facilitar reparaciones a las víctimas.
El Fallo de la CIDH y la Crisis Estructural en la Protección de Menores
La Comisión de Verdad y Niñez nace a raíz de una sentencia dictada en 2024 por la CIDH, que evidenció la muerte de diez adolescentes en el centro "Tiempo de Crecer" en 2007, y violaciones a los derechos humanos de 271 jóvenes en recintos del Sename.
El fallo internacional señaló la responsabilidad del Estado chileno por la vulneración de derechos fundamentales -como la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el acceso al agua y al saneamiento- en perjuicio de jóvenes privados de libertad. Estos espacios carecían de medidas básicas de seguridad y atención médica adecuada.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ya había investigado estos hechos, reforzando la idea de que los problemas como el hacinamiento, la precariedad de las instalaciones y la falta de acceso a servicios básicos eran comunes en los centros del Sename.
El Sename dejó de existir oficialmente en octubre de 2021, siendo reemplazado por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
Mejor Niñez: Ingresos Superan Nacimientos y Vulneraciones Graves
Claudio Castillo, director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), ha señalado que por primera vez en la historia de Chile, diariamente ingresan más NNA a los programas del servicio que los que nacen cada día. En 2024, el organismo recibió un promedio diario de 429 ingresos, mientras que se registraron 371 nacimientos por jornada.
Este fenómeno, según Castillo, "refleja un problema estructural que no habíamos dimensionado". Hasta 2023, los nacimientos superaban a los ingresos, pero la tendencia se ha invertido.
Además, más del 80% de los recién nacidos que ingresaron en 2023 y 2024 lo hicieron por abandono, negligencia, abuso o algún otro tipo de vulneración grave. Un 20% fue por cesión voluntaria para adopción y un 5% por abandono directo.
Causas de la Vulneración y la Crisis en la Primera Infancia
Francisca González, coordinadora de Estudios Infancia del Centro de Estudios Justicia & Sociedad de la UC, explica que la violencia se ha normalizado en distintos espacios de la vida cotidiana, y hoy se observan sus consecuencias con mayor crudeza. Las principales causas de derivación a cuidado alternativo incluyen la negligencia parental (41%), violencia intrafamiliar (26%), maltrato (13,5%) y vulneración sexual (8,6%).
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, señala que factores como la precariedad habitacional, la movilidad humana, la crisis postpandemia y el debilitamiento de redes de apoyo contribuyen a esta situación. El Estado tiene la responsabilidad principal de garantizar los derechos de NNA, previniendo la violencia y respondiendo adecuadamente cuando ocurre.
La incidencia del síndrome de abstinencia en recién nacidos por consumo de sustancias durante la gestación se ha triplicado, siendo un reflejo de cómo factores sociales y de salud afectan a la infancia y explican, en parte, el alza en los ingresos a programas de protección. Los ingresos de niños de 0 a 3 años han aumentado significativamente, superando con creces registros anteriores.
Castillo advierte que "la reflexión de fondo que tenemos que hacer como país tiene que ver con la detección oportuna de problemas de salud mental, consumo de drogas y violencia estructural". La académica de la UC señala que, si bien la violencia física ha disminuido, el abuso sexual y la violencia psicológica han aumentado de forma alarmante, siendo la pandemia un punto de inflexión.
La magnitud del cambio es evidente: las derivaciones mensuales de niños menores de un año a residencias se han quintuplicado desde la creación del servicio en 2021. La capacidad de cuidado alternativo está al límite, requiriendo una respuesta urgente.
Familias de Acogida: Un Pilar Fundamental para la Protección
Mejor Niñez está llevando a cabo una campaña para atraer familias de acogida, considerada clave para enfrentar la sobrecarga de las residencias, especialmente para lactantes y niños pequeños. Actualmente, el servicio cuenta con 10 mil familias activas en Chile, de las cuales mil no tienen vínculo previo con los niños que reciben.
El perfil de estas familias muestra que el 53% está encabezado por mujeres, con un promedio de edad de 49,4 años. El 25% tiene menos de 40 años, y un 40% son adultos solteros.
Castillo destaca que "son un pilar fundamental para dar contención y cuidado". González coincide en que "más allá de la capacidad del Estado se requiere del compromiso de la sociedad para que los niños encuentren espacios seguros y afectivos".
El desafío no solo recae en lo institucional, sino también en la capacidad del entorno social de responder ante la niñez más vulnerable. Se busca fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta de los servicios, consolidando un piso de protección social que garantice acceso a servicios esenciales y estabilidad financiera para las familias.
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