La muerte de Lissette Villa el 11 de abril de 2016 en el CREAD Galvarino del Sename (Servicio Nacional de Menores) conmocionó a Chile y expuso una profunda crisis en el sistema de protección de la infancia. Este hecho, asumido por la directora del centro como profesional y psicóloga, se convirtió en un símbolo de las omisiones, secretos y falencias estructurales que afectaban a miles de niños y niñas bajo la tutela del Estado.
El Fallecimiento de Lissette Villa: Un Hecho Ineludible
Los Últimos Momentos en el CREAD Galvarino
El 11 de abril de 2016, cerca de las 20:20 horas, la directora del CREAD Galvarino recibió un llamado telefónico de la jefa técnica informando que Lissette se habría “descompensado”, término usado en el Sename para describir una desregulación emocional y agitación psicomotora. Previamente, cerca de las 18:30 horas, Lissette había visitado la oficina de la psicóloga para pedir "ropa de guagua", un hecho que no extrañó dado su costumbre de jugar a ser madre con muñecas.
Al regresar al centro, la imagen de ambulancias y vehículos de Bomberos y Carabineros con balizas encendidas ya anticipaba una situación tremendamente compleja. Al ingresar al CREAD, se encontró a Lissette extendida en el piso en las afueras de las oficinas de dirección, siendo reanimada por el equipo del SAPU y Bomberos. Aproximadamente a las 21:05 horas, cesaron los esfuerzos de reanimación, sumiendo en llanto a todos los presentes.
El Impacto Inmediato y la Confusión
La información inicial fue escasa y confusa, generando un estado de shock en el equipo. Esa misma noche, una nueva historia de omisiones, secretos y ocultamientos comenzó. Los medios de comunicación difundían versiones distintas y con escaso rigor, mientras sectores políticos pedían "cabezas". Al día siguiente, ya se rumoreaba que la causa de la muerte podría haber sido una sobredosis de medicamentos, en un momento donde lo único cuerdo era esperar los resultados del Servicio Médico Legal.
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La Vida de Lissette en el Sistema de Protección
Una Infancia Marcada por la Vulnerabilidad
El horror de Lissette no se limita a los minutos previos a su muerte, sino que abarca toda su corta vida. Nació el 25 de abril de 2004 y, a lo largo de sus casi 12 años, estuvo marcada por profundas heridas familiares, agravadas por omisiones y decisiones erráticas del sistema de protección social. Lissette ingresó por primera vez a una residencia a los 5 años, y desde ese momento, su proceso estuvo ligado a la institucionalidad del Sename. Ni su padre ni su madre lograron recuperar su cuidado, siendo visitada de manera intermitente, con largos periodos de ausencia.
Ante la ausencia de visitas regulares y un pronóstico desfavorable para su retorno familiar, se buscó una residencia con dinámica de "apadrinamiento". Sin embargo, la separación del CREAD Galvarino y la inclusión a su nueva residencia presentaron dificultades, provocando en la niña una doble sensación de abandono. Poco después, su nueva residencia se declaró incompetente para su cuidado, solicitando su reingreso al CREAD Galvarino, lo que se concretó el 12 de noviembre de 2013.
Desafíos y Atención Especializada
Al poco tiempo de su regreso, ingresaron al sistema residencial sus hermanos, lo que generó nuevos desafíos. Antes de reingresar al CREAD, Lissette fue llevada a una atención psiquiátrica en el Hospital San Borja Arriarán. En junio de 2014, Lissette y su hermana menor se incorporaron a otra residencia más pequeña, tras la revelación de una experiencia de vulneración que le había generado desregulación emocional y conductual, con altos niveles de agresión a terceros y a sí misma. Esta institución también se declaró incompetente para asumir su cuidado, lo que llevó a Lissette a ser dada de alta del hospital en noviembre de 2014.
En el ámbito médico, Lissette recibía atención psicológica y psiquiátrica en el Hospital San Borja Arriarán, con un tratamiento farmacológico prescrito. Dada la gran ingesta de medicamentos, en una ocasión se solicitó su reingreso al hospital para desintoxicación y un nuevo esquema medicamentoso. En octubre de 2015, su madre retomó las visitas, cuyo costo de traslado fue asumido por el CREAD.
Deficiencias Estructurales y Operativas del Sename
La Precariedad del CREAD y el Modelo Deprode
El caso de Lissette sacó a la luz la precariedad y el trabajo solitario que se realizaba en los CREAD. La dirección nacional del Sename, a través del Departamento de Protección y Restitución de Derechos (Deprode), era la instancia desde donde emanaban todas las orientaciones técnicas, protocolos e instructivos. Sin embargo, este departamento solía ser un ente cerrado e impermeable a las sugerencias de los equipos profesionales de los centros.
Alrededor de 2010, los Centros de Tránsito y Diagnóstico (CTD) fueron renombrados como Centros de Reparación Especializado de Administración Directa (CREAD). Esta modificación fue acompañada de un aumento de plazas sin la dotación de funcionarios adecuada ni un plan de capacitación coherente con el nuevo modelo "reparatorio". Esta situación generó hacinamiento, un concepto prohibido en el Sename, y una sobrecarga para los profesionales, quienes recibían a niños con trastornos complejos como autismo Asperger, dificultades motoras y enfermedades crónicas, además de las profundas vulneraciones socioemocionales.
La Insuficiencia en Capacitación y Atención Sanitaria
Las capacitaciones desarrolladas no solo no respondían al modelo instaurado, sino que además abarcaban a un reducido grupo de profesionales y eran resorte exclusivo del Deprode, dejando a gran parte del personal sin la formación necesaria. Como directora del CREAD, se solicitó en febrero de 2016 la contratación de un pediatra o al menos de horas pediátricas, sin obtener respuesta al momento del deceso de Lissette. Las diez horas semanales de psiquiatra se consiguieron tras una solicitud de 2014.
Las dos enfermeras estaban contratadas a "honorarios" (una media jornada y otra jornada completa), lo que implicaba que no se contaba con profesionales de la salud después de las 18:00 horas ni los fines de semana, y sin responsabilidad administrativa ante eventuales malas prácticas. La experiencia indicaba que, para el Deprode, bastaba con la atención psicosocial, ignorando necesidades médicas más complejas. La noche del 11 de abril de 2016, cuando Lissette tuvo su última crisis, sus cuidadoras Conne Fritz y Thiare Oyarce, sin la capacitación adecuada ni experiencia formal, realizaron una contención que le costó la vida, inmovilizándola boca abajo.
La Crisis del Sename: Investigaciones y Responsabilidades
Hallazgos de la Segunda Comisión Investigadora
La tragedia de Lissette fue el catalizador para que el debate público se centrara en la crisis del Sename. En junio de 2017, la segunda comisión investigadora del Sename de la Cámara de Diputados aprobó un informe que reveló hallazgos poco alentadores: una drástica disminución del 399% en el presupuesto destinado a capacitación y formación de funcionarios, justamente lo que les faltó a las cuidadoras de Lissette. Además, se detectó que 338 proyectos privados financiados por el Estado para el cuidado de menores no habían sido revisados por la administración central en los últimos tres años, a pesar de que en 2017 el Sename destinó 146 mil millones de pesos para 1.204 programas de atención a menores prestados por privados.
El Debate sobre Responsabilidades y Fiscalización
El foco del debate público se centró en las responsabilidades políticas de ex-ministras de Justicia y ex-directores del servicio. Sin embargo, funcionarios y colaboradores de la institución indicaron que el verdadero problema radicaba en cómo el Sename fijaba sus prioridades en el destino de sus dineros. Las capacitaciones, además de escasas, aportaban poco al trabajo real con los menores, y las fiscalizaciones eran laxas. Un funcionario del área de licitaciones explicó que los fondos destinados a los organismos colaboradores (OCAS) a menudo permanecían sin ejecutar, siendo "guardados" por si se cerraban los programas, lo que generaba un desaprovechamiento de recursos.
La jueza de familia Mónica Jeldres ya había dirigido en 2012 una comisión que alertó sobre los graves abusos en los hogares. Las inspecciones de los fiscalizadores eran someras, principalmente cuantitativas, haciendo difícil evaluar el avance real en la intervención de los niños. En el ámbito financiero, la revisión se limitaba a que las boletas "cuadraran" sin un análisis detallado, lo que, según el psicólogo Matías Marchant, ayudaba más a ocultar las falencias que a encontrarlas. La Ley 20.032 establecía mecanismos para subvencionar gastos, pero los convenios no especificaban la "glosa", permitiendo que se pagara por un número de niños teóricos aunque en la práctica se atendiera a menos. El director del Hogar Aldea Mis Amigos, Luis Ortúzar, defendió el rol de los OCAS, señalando que las subvenciones de $180 mil mensuales por niño eran insuficientes para garantizar un buen cuidado y mantener un equipo estable y competente.
Alertas Ignoradas y la Necesidad de Transformación
Informes y Denuncias Precedentes
La crisis del Sename no era reciente. Un estudio del Poder Judicial con apoyo técnico de UNICEF en 2012, "Levantamiento y unificación de información de niños en sistemas residenciales", ya había revelado desprotección, violencia física y psicológica, y abuso sexual en los sistemas de protección. UNICEF envió estos resultados en 2012 y 2013, incluso directamente al Presidente de la Corte Suprema, sin que se generara una respuesta inmediata. La Contraloría también había advertido al Ministerio de Justicia y Sename sobre falencias institucionales, de infraestructura y financieras.
Periodistas chilenos llevaban más de una década denunciando la situación crítica, con programas de investigación y diarios revelando las 1.313 muertes en la última década, así como niños y niñas violados, golpeados y abandonados. La ex-directora del CREAD Galvarino, quien testificó, intentó en vano exponer la precariedad del centro a la actual directora del Sename, y toda la documentación sobre las gestiones previas al fallecimiento de Lissette fue proporcionada a la Fiscalía.
Un Llamado a la Reforma Estructural
Frente al escándalo mediático, la Ministra de Justicia anunció la intervención de todos los centros del Sename, una medida calificada como tardía e insuficiente. Felipe Kast habló de su experiencia visitando centros y la indiferencia política, mientras Nicolás Canales de Desafío Levantemos Chile afirmó que "los niños del Sename viven un 28 de febrero todos los días, un verdadero terremoto social". Ambos hicieron un llamado a una decisión política que impulse una reforma estructural y modernice la institución, reconociendo que la crisis no comenzó con Lissette Villa ni hace 10 años, sino que es un problema arraigado tanto en el Estado como en la sociedad civil.
El 11 de abril de 2019, tres años después de la muerte de Lissette, la fiscalía presentó acusación contra cuatro funcionarios del servicio por eventuales apremios ilegítimos. Para Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, la muerte de Lissette "constató la realidad que los niños venían enfrentando desde hace a lo menos 40 años". La directora nacional del Sename, Susana Tonda, calificó ese día como "un día para reflexionar", marcando un "antes y un después" para el servicio y el país. La subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, reconoció que el hecho "hizo que se tomaran acciones mucho más concretas sobre el problema que enfrentaba la infancia vulnerada", aunque Luis Ortúzar, director de un hogar, afirmó que, un año después de la muerte de Lissette, no había visto mejoras ni en el hogar Galvarino ni en el Sename en general.