Las personas con discapacidad representan un sector de la población diverso que, en mayor o menor medida, requiere una protección especial en el ejercicio de sus derechos humanos y libertades básicas. Esto se debe a las necesidades específicas derivadas de su situación y a la persistencia de barreras que dificultan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones.
Marco Legal y Reconocimiento de Derechos
La Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, promulgada en 2013, reconoce a las personas con discapacidad como titulares de una serie de derechos. Los poderes públicos, por su parte, actúan como garantes del ejercicio real y efectivo de estos derechos, en consonancia con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta ley establece un régimen de infracciones y sanciones diseñado para asegurar las condiciones básicas de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal para las personas con discapacidad.
Esta normativa refunde, aclara y armoniza en un único texto, tomando como referencia la Convención Internacional, las principales leyes en materia de discapacidad:
- Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad (LISMI).
- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU).
- Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Principios y Ámbitos de Aplicación
La ley incluye definiciones fundamentales de la discapacidad, como la discriminación directa, indirecta, por asociación y acoso, y refuerza la consideración especial de la discriminación múltiple. Se rige por los principios de:
- Respeto a la dignidad.
- Vida independiente.
- Igualdad de oportunidades.
- No discriminación.
- Accesibilidad universal.
- Diseño para todas las personas.
- Diálogo civil.
- Transversalidad de las políticas.
Se reconoce expresamente que el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad se realiza conforme al principio de libertad en la toma de decisiones. Además, se protege de manera particular a las niñas, los niños y las mujeres con algún tipo de discapacidad.
Los ámbitos de aplicación de esta ley abarcan:
- Telecomunicaciones y sociedad de la información.
- Espacios públicos urbanizados.
- Infraestructuras y edificación.
- Transportes.
- Bienes y servicios a disposición del público y relaciones con las Administraciones públicas.
- Administración de justicia.
- Patrimonio cultural.
- Empleo.
Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030
La Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, aprobada el 3 de mayo de 2022, se concibe como una hoja de ruta ambiciosa y realista. Su objetivo es que el Estado español, a través de sus administraciones y poderes públicos, contribuya a hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias. En su elaboración han sido fundamentales la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
España, con esta Estrategia, sigue la línea de la Unión Europea, que ha adoptado un marco similar para el periodo 2021-2030. Ambas herramientas buscan convertir la inclusión en una política comunitaria y, al mismo tiempo, en una política de Estado.
Conforme a la Agenda 2030, esta Estrategia se aborda desde un enfoque interseccional y con perspectiva de género. Asimismo, dará respuesta a desafíos transversales como la emergencia climática y el reto demográfico, prestando especial atención a las zonas rurales y despobladas.
La Estrategia nace con el propósito de dar voz en las políticas públicas, empoderar y apoyar a las personas con discapacidad que presentan grandes necesidades de apoyo, y servir como elemento de orientación hacia sus derechos humanos para las personas con discapacidad psicosocial.
Diálogo Civil y Cooperación Territorial
La Estrategia Española sobre Discapacidad se fundamenta en el diálogo civil. Su elaboración se ha democratizado al máximo para que las personas con discapacidad y sus familias, junto con sus entidades representativas, la sientan como propia y la consideren un documento que vela por el cumplimiento de sus derechos.
Se nutre del conocimiento y la experiencia de las Comunidades Autónomas, responsables de implementar la política social en el ámbito cotidiano de las personas, y de las Entidades Locales, colaboradoras indispensables en su implementación. Conjuntamente, este instrumento busca fortalecer la cooperación territorial.
Se han establecido siete retos estratégicos, cada uno con objetivos concretos para una buena gobernanza y evaluación de la Estrategia. Esta iniciativa es un plan de acción para la discapacidad en los próximos ocho años y contará con planes operativos específicos en áreas como la accesibilidad, la cultura, la educación, la salud, y la atención a mujeres y niñas con discapacidad.
Prevención de Deficiencias y Planes Nacionales
El I Plan Nacional para Bienestar Saludable de las Personas con Discapacidad 2022-2026 (I Plan Nacional para la Prevención de las Deficiencias y de la Intensificación de las Discapacidades) fue aprobado el 29 de noviembre de 2022. Este plan se alinea con el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que establece la prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades como un derecho y un deber de la ciudadanía y la sociedad en su conjunto, y como una obligación prioritaria del Estado en salud pública y servicios sociales.
La disposición adicional sexta de la misma ley estipula que el Gobierno elaborará cuatrienalmente un plan nacional de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidades, que será presentado a las Cortes Generales y del cual se informará anualmente sobre su desarrollo.
El Gobierno de España considera que cualquier política pública de discapacidad debe vincular de manera indisoluble los conceptos de Personas y Derechos. Por ello, este Plan se integra en el marco de la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030 y responde a los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Evolución del Concepto de Accesibilidad Universal
El concepto de accesibilidad ha evolucionado significativamente. Inicialmente centrado en la eliminación de barreras arquitectónicas en entornos físicos, ha pasado a un enfoque universal, integral y transversal. Este nuevo enfoque considera un conjunto extenso y diverso de medidas que deben tenerse en cuenta en la elaboración de estrategias políticas y sociales.
Bajo esta perspectiva, un entorno es plenamente accesible cuando todos sus caminos -físicos, informativos o de comunicación- son utilizables, permitiendo que una persona con discapacidad no vea interrumpida o dificultada la realización de sus actividades de forma autónoma.
El diseño universal parte de la premisa de que la diversidad humana no puede definirse por capacidades, medidas o estándares específicos, sino que debe contemplarse de manera global, donde la diversidad sea la norma y no la excepción.
Regulación y Desarrollo de la Accesibilidad
La regulación sobre accesibilidad se encuentra principalmente en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y en sus normas de desarrollo. Estas normativas establecen las condiciones básicas de accesibilidad en diversos ámbitos:
- Telecomunicaciones y sociedad de la información.
- Espacios públicos urbanizados.
- Infraestructuras y edificación.
- Transportes.
- Bienes y servicios a disposición del público.
- Relaciones con las Administraciones públicas.
Diversos centros y entidades realizan actividades para mejorar la situación de las personas con discapacidad, como el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), el Centro de Intermediación Telefónica (CIT), el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE) y el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG).
Se han establecido convenios, como el existente entre el Ministerio de Derechos Sociales y la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), para facilitar la accesibilidad de las personas sordas mediante servicios de intérpretes de lengua de signos.
II Plan Nacional de Accesibilidad Universal 2023-2032
El II Plan Nacional de Accesibilidad Universal 2023-2032 fue aprobado el 18 de julio de 2023. Este plan se enmarca en la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030 y busca consolidar la "cultura de la accesibilidad" en la Administración General del Estado, así como en el sector público, privado, tercer sector y la ciudadanía en general.
El Plan se estructura en 6 ejes estratégicos, cada uno enfocado en un ámbito temático diferenciado, reflejando un firme compromiso institucional. Para asegurar un seguimiento sistemático y con criterios comunes, se ha implementado un sistema de recopilación de información denominado “Seguimiento ejecutivo del Plan”.
El Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social define la accesibilidad universal como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, y de la forma más autónoma y natural posible.
Normativa Clave en Materia de Accesibilidad
El desarrollo de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad en materia de accesibilidad se concreta en diversas normas que establecen condiciones básicas y niveles de igualdad de oportunidades:
- Ley 27/2007: Reconoce las lenguas de signos españolas y regula los medios de apoyo a la comunicación oral para personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, garantizando la libertad de elección en la forma de comunicación.
- Real Decreto 366/2007: Establece las condiciones de accesibilidad y no discriminación en las relaciones con la Administración General del Estado (AGE) en oficinas de atención a la ciudadanía, impresos y otros medios. La Orden PRE/446/2008 detalla sus especificaciones técnicas.
- Real Decreto 505/2007: Aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de espacios públicos urbanizados y edificaciones. Ha sido desarrollado técnicamente por la Orden VIV/561/2010.
- Real Decreto 1494/2007: Aprueba el reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. Fue modificado posteriormente por el Real Decreto 1276/2011.
Hermanos de Personas con Discapacidad Intelectual
Los hermanos de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo desempeñan roles significativos en sus vidas, actuando como referentes afectivos, cuidadores o incluso tutores. Asumen cada vez más responsabilidades, las cuales deben compatibilizar con sus propios proyectos de vida.
Un estudio publicado por la Asociación Progestión, con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, busca visibilizar la situación de estos hermanos y sus necesidades. El informe revela un estrecho vínculo entre ellos, con una gran mayoría manteniendo contacto semanal (27% diario). Los compromisos laborales son la principal causa para no dedicarles más tiempo. Destaca que un 84% asume que estará involucrado en la tutela de sus hermanos en caso de requerir una incapacitación futura.
Adicciones en Personas con Discapacidad Intelectual
El mismo estudio de la Asociación Progestión aborda la problemática de las adicciones en personas con discapacidad intelectual y los tratamientos disponibles en España. Una adicción se define como una enfermedad física y mental que provoca cambios cerebrales, generando dependencia de sustancias (alcohol, tabaco) o actividades (apuestas, uso excesivo del móvil). Este estudio es un llamado a la acción para instituciones, profesionales y familias.