El 11 de abril se cumplen dos años de la muerte de Lissette Villa en un centro del Sename, deceso que desembocó en una profunda transformación del sistema de protección de menores en Chile. Es precisamente este episodio el que impulsó a la periodista Rosario Moreno y cinco alumnos de periodismo a publicar Huellas Imborrables, texto que recoge el testimonio en primera persona de 85 niños, jueces, gendarmes, directores y funcionarios de diferentes centros del Sename a lo largo de Chile.
El caso de Lissette como punto de partida y las voces que amplían la mirada
La autora dice que la historia de Lissette fue sólo el punto de partida. “El caso me marcó, por lo que a los alumnos los mandaba a reportear el tema. Nos dimos cuenta que había mucho material. Trabajamos inspirados en el estilo de Svetlana Aleksiévich... para que el lector sacara conclusiones en 360 grados. Esto es inédito en Chile”.
- De las historias que la marcaron, resalta la de María, una adolescente de 16 años: “Ella terminó en el Sename tras reiteradas violaciones de su padre... si el Estado quiere mejorar el Sename, tiene que tomar en cuenta lo que ellos viven”.
- La jueza de Familia Mónica Jeldres recorrió Chile en 2010 para ver la realidad de los centros y escribió un informe completo, que la Corte Suprema dejó “guardado en un cajón”.
- Los gendarmes, a menudo señalados como carceleros, también cuentan su testimonio: la vida dentro de los centros es deplorable y la relación entre personal y jóvenes no sigue una lógica de cuidado maternal.
Moreno advierte que no es solo responsabilidad del Sename: “los primeros responsables son los padres... la pobreza no es excusa”. El segundo responsable es el propio Sename, con fallas sistémicas que exigen un cambio radical para evitar violaciones a los derechos humanos de niños y jóvenes en plena democracia. También señala la jornada laboral y los sueldos, donde las horas extras pueden llegar a 48 horas seguidas, como un incentivo perverso.
La autora subraya que el Sename cuida niños, pero no los forma. Las actividades muchas veces “matan tiempo” y no ayudan a la formación integral de los niños; la experiencia de Lissette revela fallas en el manejo de crisis, contención y primeros auxilios.
Casos emblemáticos y la cruda cronología de fallas
Guillermina, de 16 años, ingresó al Centro Alborada y, tras una crisis, fue hallada muerta. El protocolo internacional de manejo de menores vulnerables no se siguió: no se hospitalizó ni se realizaron chequeos completos tras la llegada a medio vestir. La defensa de la menor no prosperó en la querella por cuasi delito de homicidio, y la muerte quedó registrada como un egreso más del sistema.
El caos estadístico emerge como un hilo conductor: no hay cifras claras sobre el total de menores fallecidos bajo tutela del Estado. Un informe del Ministerio de Justicia estima 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016, mientras Unicef señala discrepancias en 2010. BBC Mundo aporta una cifra mayor y desconcierta sobre la confiabilidad de los datos oficiales. Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, denuncia la falta de claridad de la información y la incapacidad del Estado para cumplir compromisos internacionales.
El caso de Lissette dio rostro a un fenómeno mayor: hay más de 8.000 niños separados de sus familias en centros del Sename. Las autopsias revelan una diversidad de causas: ahogamiento, golpes en la cabeza, homicidios y suicidios. La historia de Lissette mostró además fallas en la contención de crisis y en la vigilancia de sustancias medicadas, con testimonios de profesionales que señalan sobremedicación y manejo inadecuado de fármacos.
La realidad no se limita al caso aislado: un informe de PDI (2017-2018) denuncia violaciones sistemáticas de derechos en el 100% de los centros gestionados directamente por el Sename, con 2.071 casos documentados de vulneraciones graves, incluyendo 310 abusos sexuales. El informe destapa fallas en la capacitación, supervisión y protocolo, así como una vigilancia policial que no siempre coordina con Fiscalía y Ministerio Público.
Sobre el egreso, la reinserción y la calidad de vida de los adolescentes
Una crítica central es que, al egresar, muchos jóvenes quedan a la deriva sin apoyo adecuado: “el egreso es un salto al vacío sin paracaídas”. Catalina Farías, una mujer que salió de residencias y hoy sirve de ejemplo de superación, describe un sistema que no garantiza acompañamiento posegreso y que, a menudo, deja a los jóvenes sin herramientas para estudiar o trabajar de forma estable.
La Red Egresa reúne a jóvenes ex Sename que ofrecen charlas, brindan orientación sobre la PSU, ayudan con la postulación universitaria y funcionan como puente entre egresados y empresas u organizaciones civiles. Su testimonio ilustra que la clave está en el acompañamiento permanente y la formación continua, no solo en proporcionar “casas bonitas”.
El nuevo servicio Mejor Niñez, reemplazo del Sename, apunta a residencias familiares y a una atención más personalizada, intentando reducir la cifra de menores en centros masivos. Sin embargo, CIPER y otros análisis señalan que persisten deficiencias: personal sobrecargado, maltrato y casos de abuso sexual continuos, con denuncias que muestran que la capacitación de funcionarios es crucial para prevenir nuevas vulneraciones.
Defensa de derechos, desafíos legales y rutas de acción
Una línea común en las voces consultadas es la necesidad de una defensa jurídica adecuada para los niños y adolescentes bajo tutela: “un derecho a una defensa eficaz y a que todos los actores hagan su trabajo”. Se enfatiza que hay grandes diferencias entre los menores infractores y los protegidos por la jurisdicción de familia, con la necesidad de fortalecer la institucionalidad y la defensa de los derechos de NNA.
Las cifras de abusos y las denuncias durante estallidos sociales muestran una relación estrecha entre el sistema y las protestas públicas. En ese contexto, surgen iniciativas para mejorar la capacitación y la asistencia técnica a equipos, la reducción de cupos por residencia, y la creación de unidades especializadas para salud mental infantojuvenil. El objetivo a mediano plazo es avanzar hacia un sistema que priorice la reintegración familiar y la protección integral de los derechos de los niños.
Testimonios de Catalina y las transformaciones personales
La historia de Catalina Farías destaca la importancia de un acompañamiento sostenido, la educación y el apoyo comunitario. A través de redes de ayuda y experiencias personales, Catalina ha logrado convertir el sufrimiento en acción: estudia Trabajo Social, participa en la campaña de Hour de Conversar y colabora con Red Egresa para acompañar a otros jóvenes que salen de residencias.
“Mi sueño es estudiar, terminar mi cuarto medio, ojalá estudiar derecho o trabajo social. Si alguna vez llega un político frente a mí, le preguntaré por qué a las mamás pobres les quitan los hijos por ser pobres. El Estado debe proveer para que esas madres trabajen desde casa o con apoyos: no puede dejar a los niños a la deriva al cumplir 18 años”.