El sector de los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEAM) en Chile, incorrectamente denominados «hogares» o «asilos de ancianos», atraviesa múltiples crisis que afectan directamente a cerca de medio millón de personas mayores. A pesar de la inversión estatal en nuevas plazas, el trabajo es insuficiente, llegando con algún tipo de subsidio solo a un tercio de los residentes, y los recintos estatales tienen un 20% de lista de espera. Actualmente, tanto en los sectores privados como público en Chile, solo hay 24.178 plazas disponibles para atender a un total de 288.346 personas mayores que sufren de dependencia severa. Esta situación se agrava ante una población de adultos mayores que crece, con pensiones miserables y un alto costo de vida, un panorama que no se está abordando como un tema de urgencia. Ciudades como Iquique ya han visto el cierre de dos ELEAMs, exacerbando una demanda insatisfecha que, por su alto costo, solo algunos pueden cubrir.
Marco Regulatorio: Entre la Obsolescencia y Exigencias Poco Realistas
El Obsoleto Decreto 14 y la Irrupción del Decreto 20
Tras catorce años de aplicación, el Decreto 14 demuestra una obsolescencia que contradice otras normativas vigentes, creando un círculo de ineficacia y sanciones muy difíciles de cumplir por cientos de residencias que viven en la precariedad. Por ello, se considera urgente su derogación y sustitución por normativas y criterios fiscalizadores más acordes con la realidad actual, como se intentó con el Decreto 20. Propuesto por la administración anterior y promulgado por el presidente Boric, este decreto, que busca regular el funcionamiento de los ELEAM, ha sido objeto de enormes y transversales críticas.
Las medidas que plantea el Decreto 20 son consideradas por expertos como poco realistas y amenazantes para la continuidad del sector. Por ejemplo, exigir a una residencia rural con menos de diez personas mayores que invierta en un ascensor para poder seguir trabajando, o que un gran operador de beneficencia deba dejar al 25% de sus residentes sin techo para cumplir con las nuevas ratios de habitabilidad, son exigencias que impactan negativamente a los pequeños operadores y exacerban la situación de vulnerabilidad de los residentes, sus cuidadoras y sus personas cercanas relevantes. En este contexto, algunos expertos señalan que en el diseño de estas normativas se ha "olvidado la Accesibilidad Universal", un requisito primordial en infraestructura para un ELEAM según la normativa urbanística y no sanitaria.
Uno de los problemas reales es la adquisición de inmuebles con destino habitacional para destinarlos a hospedaje de adultos mayores mediante un contrato de arrendamiento. Esto genera obstáculos para acondicionar espacios y cumplir con la recepción final municipal para el destino, el sello verde de gas actualizado, el certificado eléctrico y el pago de impuestos, ya que es una actividad no exenta de IVA. La suma de estos costos incrementa significativamente los gastos de manutención e infraestructura, que finalmente se traspasan al apoderado o tutor responsable del residente.
Consecuencias y Reacciones ante las Nuevas Regulaciones
En el intertanto de la entrada en vigencia de este nuevo Decreto 20, instituciones como el Hogar de Cristo anunciaron el cierre de algunos de sus establecimientos para adultos mayores, lo que dejaría a quinientas personas sin techo. De manera similar, Conapram planea hacer lo propio con sus residencias en regiones, ya que ambas instituciones apenas sobrevivían gracias a recursos fiscales cada día más escasos.
Ante este contexto, la decisión del presidente Boric de pausar la implementación del Decreto 20 y convocar a una mesa de expertos fue un paso importante. Sin embargo, esta instancia, denominada Mesa Modificatoria del Decreto 20, resultó apresurada (duró dos semanas) y con un trabajo acotado a la modificación de solo siete artículos presentados por el Ejecutivo. Además, la mayoría de los expertos convocados provenían de fundaciones y beneficencias, lo que sobrerrepresenta a un sector que aporta solo el 30% de los establecimientos y menos del 25% de las plazas. Es muy relevante modificar el Decreto 20 antes de su entrada en vigencia, no solo para corregir los artículos desmedidos, sino para introducir una mirada desde la experiencia y, por sobre todo, incentivos. Pese a estas críticas, es destacable que, por primera vez en al menos treinta años, la autoridad se haya sentado a conversar con los operadores, escuchándolos y reuniéndolos en una misma mesa junto a representantes de la mayoría de las divisiones y ministerios que los regulan y fiscalizan: Desarrollo Social y Familia, Salud, Trabajo y Vivienda.
Desafíos en la Fiscalización y la Calidad del Cuidado
La Realidad de la Supervisión Estatal
La fiscalización actual se concentra en los ELEAM formalizados, dejando a muchas personas mayores en establecimientos sin supervisión estatal alguna, a pesar de que las autoridades conocen su existencia y ubicación. La efectividad de esta supervisión es cuestionable: el SEREMI, cuando acude, solo se rige por lo que se menciona en el decreto, sin ver nada más. Además, es una práctica común que SENAMA anuncie su llegada, permitiendo a los hogares prepararse, lo que se ha descrito como "esconder la basura debajo de la alfombra". Un problema fundamental es que los decretos se centran en la infraestructura y el funcionamiento, pero no abordan ni fiscalizan el trato que reciben los residentes.
Actualidad: Situación de las personas mayores en Chile
Maltrato, Abandono y Falta de Personal Capacitado
Algunos ELEAM han mostrado niveles de maltrato que bordean la tortura. La ausencia de exigencias para contar con profesionales y personal capacitado, con sueldos acordes y un modelo de salud enmarcado en la Atención Centrada en la Persona y con Enfoque de Derechos, permite que los directores mantengan a cuidadores que, aun sabiendo que maltratan, "no les fallan en el turno". Esto lleva a una alta rotación de profesionales o a licencias psiquiátricas debido a la imposibilidad de hacer más. Las organizaciones de adultos mayores han señalado que, desde el retorno a la democracia, las autoridades "nunca se han preocupado activamente de los adultos mayores", sintiéndose como "fantasmas olvidados".
La preocupación por el bienestar de las personas mayores se extiende a situaciones como los recientes casos de adultos mayores extraviados en la provincia de Biobío, lo que ha generado interrogantes sobre las condiciones de cuidado y la supervisión en un escenario de envejecimiento poblacional. Uno de los factores clave detrás de estos extravíos es el deterioro cognitivo, como la demencia, que afecta a más de 320 mil personas en Chile y podría duplicarse para el año 2050. Expertos enfatizan que "la demencia no se puede seguir abordando como un problema individual o familiar", dada la falta de cupos en residencias y el hecho de que muchas familias enfrentan el cuidado prácticamente solas, sin redes de apoyo suficientes. La vigilancia constante es imprescindible en los ELEAM con residentes con demencia, quienes "deambulan sin sentido".
La falta de un organismo fiscalizador claro para las residencias particulares es otra brecha, mientras que los asilos dependientes del gobierno sí cuentan con regulación directa. La diputada Flor Weisse Novoa ha expresado su preocupación por la "seguidilla de casos de adultos mayores extraviados", destacando la alta vulnerabilidad que requieren una reacción rápida y coordinada del sistema.
Irregularidades y Cuestionamientos a la Gestión de SENAMA
Desde fines de 2015, se han documentado atroces irregularidades en residencias para adultos mayores. Un caso relevante es el de la fundación Agrupación Médica y Social Chile Ayuda (AMSCA), que firmó un convenio con el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA). En ese entonces, se alertó a la Dirección Nacional de SENAMA (a cargo de Rayén Inglés) sobre serias deficiencias en la alimentación de los ancianos, algunos en evidente estado de desnutrición y sin las sondas que requerían para alimentarse. Otra denuncia, con registros fotográficos de tres ancianos residentes lesionados, llevó a una supervisión urgente que verificó, además, la ausencia de un registro fidedigno de las fichas clínicas de los residentes y de las personas fallecidas. Durante el periodo 2015-2016, de un total de 82 adultos mayores, 31 fallecieron sin un mínimo de regulación por parte del servicio público.
En el período investigado, el jefe del programa que controla los ELEAM era el actual Director del SENAMA, Rubén Valenzuela (también militante DC), y el recinto sumariado dependía directamente de su control. A pesar de la violación sistemática de los derechos de los adultos mayores -por la falta de higiene o por dejarlos bajo el cuidado de alumnos inexpertos en práctica-, el convenio firmado por un total de $517.448.676 se pagó en su totalidad. La Contraloría General de la República cuestionó el uso de $117 millones de esta cifra, con más de $14 millones detallados como “almuerzo de los funcionarios” y el arriendo de un chofer. Cabe mencionar que estos hogares reciben $450.000 por residente y pueden quedarse con el 85% de sus pensiones para el supuesto cuidado de estos pacientes, que forman parte de la generación más vulnerada por la precariedad y la desprotección social.
El Programa Más Adultos Mayores Autovalentes (MASAMAV): Un Caso de Racionalización en Riesgo
Descripción y Logros del Programa
Existe una alerta sobre el eventual cierre del Programa Más Adultos Mayores Autovalentes (MASAMAV), adscrito al Ministerio de Salud (MINSAL) y diseñado y ejecutado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Su propósito es mantener o mejorar la condición funcional de la población de 60 años o más, autovalente y en riesgo de dependencia, beneficiaria de los establecimientos de atención primaria de salud. El programa consiste en una intervención grupal de tres meses, realizada por una dupla profesional de kinesiólogos/as y terapeutas ocupacionales. Está dividida en 24 sesiones/talleres que abordan tres áreas temáticas: estimulación de autocuidado o estilos de vida saludable, estimulación de funciones motoras y prevención de caídas, y estimulación de funciones cognitivas.
Un informe de evaluación del desempeño del programa realizado por la Dipres en 2020 señaló que "el Estado debe asumir las iniciativas para responder a las necesidades cada vez más altas y exigentes para quienes envejecen, requiriendo por lo tanto una diversificación de esfuerzos para satisfacerlas". El informe destaca la coherencia de este programa con el derecho constitucional de acceso a la salud y los derechos e iniciativas que buscan ampliar e integrar a las personas mayores, promovidos por los convenios internacionales suscritos por el país. Se ha observado que en lo preventivo, el programa es muy claro en su intento de evitar el deterioro funcional, cognitivo y motor, apuntando a mantener o mejorar la condición funcional en la vida diaria. Los mayores logros del programa (2017-2019) son que más del 75% de las personas mayores que terminan los talleres mantienen o mejoran su funcionalidad, lo que en la literatura internacional es indicativo de una intervención de éxito. Además, alrededor del 90% de los que ingresan a la intervención socio-sanitaria la finalizan, lo que marca una alta adherencia al programa.
Debilidades, Amenaza de Cierre y Relevancia Futura
A pesar de sus logros, el mismo informe de la Dipres advertía una importante debilidad: "La Cobertura efectiva anual del Programa (entre 7,3 y 6,2% de beneficiados respecto de población objetivo) es muy baja". Esta baja cobertura se debe a que el programa funciona de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y no con la necesidad real. Se recomendó robustecer el programa mediante una definición explícita de los criterios para definir las comunas beneficiadas (considerando vulnerabilidad socioeconómica, familiar, biológica, ruralidad, entre otros), y estudiar la viabilidad y factibilidad de su escalamiento para abandonar la focalización y avanzar hacia la universalización.
La réplica institucional del Minsal señaló que el desarrollo del programa depende de las expansiones presupuestarias, con o sin evaluaciones positivas. Un informe de cumplimiento de compromisos adquiridos por el programa con la Dipres, al 31 de diciembre de 2024, lo califica como “parcialmente cumplido”, observándose compromisos pendientes como la medición de indicadores de desempeño desagregados y la evaluación de la percepción de los beneficiarios. Si bien el programa puede ser considerado prescindible por las bajas coberturas alcanzadas, incluso si sus resultados (mantención de la autovalencia y la adherencia) son muy buenos, es muy difícil que un programa que funciona con cupos limitados por disponibilidad financiera pueda pretender impactos poblacionales. El cierre del MASAMAV, considerado grave, sería otra señal clara de que el Estado de Chile está funcionando con criterios alejados del aseguramiento de derechos sociales, lo que requiere de una gran abogacía y movilización para mantener su presupuesto en el Parlamento.
La Urgencia de un Enfoque Integral y Voluntad Política
La Demanda Insatisfecha y el Rol del Estado
En el país, existen cientos de miles de adultos mayores que necesitan protección, pero "no hay voluntad política para ellos", a diferencia de otros grupos que, siendo comparativamente más pequeños, cuentan con abundantes recursos. Los adultos mayores, que no hacen caminatas ni portan pañuelos de colores para visualizar su situación, quedan "solos y abandonados", un fenómeno tristemente calificado como "el pago de Chile". Se cuestiona el gasto de millones de pesos en un medicamento paliativo, preguntando cuántos adultos mayores podrían ser atendidos con esos $3.500 millones de pesos, ya que "como son viejos, ahí no importa su dignidad y además no vende mucho en la televisión".
La directora del Senama, Rayén Inglés, reconoció que "todas las demandas [de las organizaciones de adultos mayores] son justas y legítimas". Anunció modificaciones legales para que SENAMA pueda representar a los adultos mayores víctimas de maltrato o abandono, algo que hoy no es su atribución, e indicó que la descentralización del organismo es un desafío para responder a las necesidades diferenciadas de los distintos tipos de envejecimiento en la sociedad. Sin embargo, para los adultos mayores, estas respuestas no son suficientes, ya que la raíz del problema es la crisis en los sistemas de pensiones. "Los reajustes anuales se hacen a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y nunca van más allá de un dos por ciento. Este es un tema grueso que discutir a nivel de un ministerio, al igual que el problema de la Salud." La Asociación Nacional de Adultos Mayores (ANAM) ha señalado que, desde el retorno a la democracia, las autoridades "nunca se han preocupado activamente de los adultos mayores".
Nuevos Modelos y la Necesidad de un Cambio de Paradigma
La experiencia de emprendedores en el sector refleja la dificultad. Implementar un ELEAM privado, aunque enriquecedor, es muy desmotivante por la interacción con las diversas instituciones involucradas y los altos costos para las familias. Un hogar de mediano estándar puede costar no menos de 1.2 o 1.3 millones de pesos, mientras que un servicio tipo ELEAM con menos exigencias, un menor número de residentes y atención personalizada, podría partir en 900 mil pesos o menos. Ante estos números y una normativa sin visión de futuro, muchas iniciativas optan por modelos alternativos, como el Cohousing Senior para personas de +55 años, implementado desde hace años en Europa y Estados Unidos. Este modelo busca ofrecer un servicio adecuado y de alto nivel en un entorno familiar y activo, pero a menudo se desarrolla "al margen de la Ley" debido a las rigideces regulatorias. La concepción "añeja de Hogar de Ancianos" debe evolucionar, reconociendo que "hoy son nuestros adultos mayores, en un futuro próximo…tú!".
La Voz de la Sociedad Civil Organizada
Frente a esta compleja problemática, la Alianza por la Defensoría de las Personas Mayores, que agrupa a más de 50 organizaciones a nivel nacional, ha convocado a reuniones para establecer un foro permanente en relación con los derechos de las personas mayores que residen en los ELEAM. Esta iniciativa busca abordar una problemática histórica en Chile, que cobra hoy mayor relevancia debido al crecimiento de la población envejecida y una sociedad civil organizada frente a la vulneración de sus derechos.