El Servicio Nacional de Menores (SENAME) de Chile ha sido objeto de extensos debates y escrutinio público debido a su rol en la protección y reinserción de niños, niñas y adolescentes. A lo largo de los años, ha enfrentado desafíos significativos, revelando profundas falencias en su operación y la necesidad urgente de reformas en el sistema de justicia juvenil y protección de la infancia.
Marco Legal y la Justicia Juvenil en Chile
En la actualidad, los menores de 16 años son inimputables ante la ley penal, mientras que los adolescentes de entre 16 y 18 años deben someterse a un juicio previo sobre su discernimiento. En caso de ser considerados con discernimiento, son juzgados como adultos, con apenas una rebaja en la pena que pueden recibir. Es decir, no se considera su especificidad como adolescentes, que se encuentran inmersos en un proceso de formación. A la inversa, si se declara que no tienen discernimiento, pueden ser sometidos a una medida de protección, a menudo privativa de libertad, sin las debidas garantías. Los cambios que trae consigo esta ley impactarán directamente en la vida cotidiana de los adolescentes, tanto en aquellos que se encuentran imputados como en aquellos que cumplen sanciones.
Principio de Separación de Vías y Garantías
El denominado principio de separación de vías exige separar la reacción del Estado frente a las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes y aquella respuesta dirigida a la protección de sus derechos vulnerados. Sin embargo, no podemos olvidar que los adolescentes que infringen la ley penal son y han sido también vulnerados en sus derechos, por lo que una protección integral de los derechos de estos exige que no solo cuenten con las garantías de que goza todo ciudadano frente al poder punitivo del Estado, sino que se requiere también de la implementación de alternativas proteccionales complementarias, que permitan al adolescente acceder a la oferta de reparación especializada de los derechos, en un marco de voluntariedad.
Sistema de Penas y Medidas Cautelares
La ley faculta a los jueces de garantía a aplicar la privación de libertad como medida cautelar, frente a la imputación de crímenes y, además contempla como sanciones la privación de libertad en régimen cerrado y semicerrado. Un Juez de Garantía es un juez unipersonal cuyo rol fundamental es cautelar el respeto a las garantías y derechos del imputado y la legalidad del proceso investigativo desarrollado por el Ministerio Público.
El sistema de penas de esta ley es tributario, en su determinación, del sistema de penas establecido en el código penal. La ley establece reglas para la fijación tanto de la cuantía como de la naturaleza de la pena. En cuanto a su cuantía, y a partir del tipo de delito cometido por el adolescente, el artículo 21 de la ley permite la rebaja inmediata de un grado a partir del mínimo establecido por la ley penal para el ilícito correspondiente. A continuación el juez puede rebajar o aumentar los grados de penalidad según esté en presencia de atenuantes y agravantes de la responsabilidad penal. Concluida esta etapa, debe determinar la naturaleza de la sanción a aplicar, para lo cual la ley ofrece un abanico de posibilidades de pena, privativas y no privativas de libertad, según la gravedad del delito de que se trate. La ley establece las siguientes sanciones no privativas de libertad: amonestación, multa, reparación del daño causado, servicios en beneficio de la comunidad, libertad asistida y libertad asistida especial.
La postergación de la ley se debió a que no se contaba con una oferta programática completa, en especial con la infraestructura necesaria para el cumplimiento de la sanción de privación de libertad en régimen semicerrado. Además, no existía una oferta intersectorial adecuada e instalada, tanto para aquellos adolescentes privados como no privados de libertad, que permitiera cumplir con los estándares establecidos en la ley en cuanto al acceso a la educación regular, a la capacitación laboral y al tratamiento especializado de salud mental y de desintoxicación en drogas, entre otras prestaciones. El Consejo Nacional para el control de estupefacientes (CONACE), organismo especializado en el control y prevención del tráfico y consumo de drogas, instalará en los centros de cumplimiento de sanciones privativos de libertad centros de corta estadía y equipos de tratamiento del consumo problemático de drogas así como, en coordinación con equipos del Ministerio de Salud, para el tratamiento de trastornos severos de salud mental. Una oferta similar se instalará en el medio libre, para aquellos adolescentes que se encuentren cumpliendo sanciones no privativas de libertad.
Figuras Relevantes en el Contexto del SENAME
Paulina Fernández Fawaz: Trayectoria y Rol
Paulina Fernández Fawaz, Licenciada en Sociología por la Universidad de Brasilia (Brasil), ha tenido un papel significativo en el ámbito de la juventud y las políticas públicas. Sus áreas de especialización incluyen la Juventud y políticas públicas, la Juventud, educación y trabajo, y el Diseño de propuestas de investigación. Ha colaborado con UNICEF en la investigación 'El Estado del Arte de la Investigación en Adolescencia en Chile' y ha ocupado cargos directivos importantes, como Directora Nacional del Instituto Nacional de la Juventud. Además, fue ex-Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores (SENAME) de Chile, lo que la posiciona como una figura clave en la historia reciente de la institución.
La Crisis del SENAME: Abusos Sistemáticos y Vulneración de Derechos
La institución ha estado envuelta en una profunda crisis, marcada por la revelación de abusos sistemáticos y la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo su tutela. La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename). Pero eso no pasó. La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal. A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI. A esos policías se los mandató con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette. El objetivo de esa fuerza de tarea era determinar el alcance de las vulneraciones.
La historia que remeció al Sename: A 5 años de la muerte de Lissete Villa
Informe Lapidario de la PDI (2017)
El 7 de noviembre de 2017 la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 residencias, de las 241 que existen (ya sea con administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas). Solo una se negó a recibirlos. El resultado fue un lapidario informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores. En el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Tan grave como lo anterior es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público.
El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe este martes 2 de julio, dijo a CIPER que es muy difícil que entre las autoridades informadas por la PDI no se encuentre el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos. A juicio del parlamentario -quien permanentemente ha denunciado los abusos en el Sename- es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo. El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. CIPER accedió a ese informe de 257 páginas. El documento es un resumen de la extensa investigación -contenida en 28 tomos- realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette.
El reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU. El organismo internacional visitó solo cuatro residencias. El de la policía consideró 240, de un total de 241 que hay en todo el país. Por lo tanto, da cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias. Por ello, es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename. El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Detalle de las Vulneraciones Graves de Derechos
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En cuanto a la distribución geográfica y tipo de centro:
- Buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia.
- En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, que pertenecen al área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores.
- En los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
Respecto a los abusos sexuales:
- En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales.
- De los 310 abusos con connotación sexual, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros).
- También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo. Por eso, los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de 2017. Había casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”.
Fallas en los Protocolos y Salud
Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%. El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, nociones básicas para asegurar un piso mínimo de resguardo a la integridad de los niños. Sin embargo, el equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”. Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto, a pesar de que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. La policía determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Preocupante Situación de Salud de los Residentes
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica. El 13,9% sufre una enfermedad crónica. El 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. El desglose de esa afirmación es aún más preocupante:
- 42 centros no tienen un encargado de salud.
- De entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario.
- En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud.
Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos. En 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. Esta dramática situación se acrecienta, si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Reacciones y Falta de Transparencia
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas.
Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre. No solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda especialmente en entredicho. Los jueces de familia tienen que visitar los centros dos veces al año. ¿Nunca encontraron estas vulneraciones sistemáticas? ¿Han ordenado que esas vulneraciones cesen, se solucionen, se investiguen? Tras la denuncia del diputado Saffirio, que reveló la existencia de este informe de la PDI, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio. Tuve conocimiento que se estaba realizando este estudio, pero este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte). Yo no sé si se concluyó, si lo tiene el juez o está en el proceso de investigación.
Juana Poblete, madre de Lissette Villa, explicó los antecedentes del primer ingreso de Lissette al Sename. "Me gustaba drogarme, me gustaba salir a bailar, pero siempre cuando yo salía los dejaba tomados once, su cena. Al otro día yo llegaba como a las cinco, seis de la mañana, ¿y usted cree que yo me iba a dormir? Respecto a la infancia de la pequeña, Juana indicó que fue "súper mala, porque aparte, el papá trataba igual que a una mujer de la calle a la niña. Los garabatos son de demasiado nivel, porque a una niña uno no la puede tratar de 'maraca', 'desgraciada'... yo encuentro que no. "Entró a los cuatro (en el Sename) porque el papá le había pegado el día domingo y el día lunes ella fue al jardín. "Ella llegó muy medicamentada pero con mucha desregulación emocional", dijo la exdirectora del CRAD Galvarino, Mónica Monje, imputada por este caso. "Dice el protocolo 'las únicas contenciones que pueden hacer los CREAD son la sujeción de las cuatro extremidades con cinco personas'. ¿Cinco personas? ¿En qué minuto? Significa dejar de lado a 20 niños solos. Juana Poblete señaló que "a lo mejor no hubiese sido necesario que se le llevaran a un hogar. Hubiese sido bueno que me pusieran en terapia a mí y terapia a la niña. (...) Pero nunca hicieron nada. ¿Qué hicieron?
Iniciativas de Escucha y Expresión
Comisión Presidencial Verdad y Niñez
Con la instalación de equipos locales y puntos de escucha seguros, la Región de Coquimbo da inicio formal al Proceso de Escucha impulsado por la Comisión Presidencial Verdad y Niñez. La seremi de Justicia y Derechos Humanos, María José Rojas, señaló respecto a la labor de la comisión en la toma de relatos que, “los profesionales son del área psicosocial quienes van a funcionar aquí en la región y, por tanto, ellos tienen las herramientas y la expertise necesaria para la toma de estos relatos”. Finalmente, Paulina Mora, Seremi Gobierno, destacó que, “Queremos reiterar el llamado a todas las personas que estuvieron bajo la custodia del Estado a través del Sename entre los años 79 y el 2021 que puedan dar su testimonio, ya sea presencial, virtual o también de manera escrita. El testimonio sin duda es un acto de dignidad, pero también es un derecho de todas las personas”.
La historia que remeció al Sename: A 5 años de la muerte de Lissete Villa
Concurso de Poesía y Cuentos “Soñando en Palabras”
En una iniciativa para fomentar la expresión y creatividad de los niños, niñas y adolescentes de la Red Sename en Los Lagos, fue lanzado en Puerto Montt el concurso de poesía y cuentos denominado “Soñando en Palabras”. La Directora Regional de Sename, Lilian Peña, señaló en el lanzamiento que “en general, los niños entregan a través del arte, muchas de sus emociones y muchas de sus vivencias, por lo tanto, se convierte también en un medio para resignificar sus vivencias. Y eso es lo que hemos querido hacer, generar estas instancias para poder valorar y motivar a los niños y niñas”. Al respecto, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Paulina Concha Ferrada, indicó acerca del rol de su cartera en la iniciativa, que “lo que buscamos, apoyando esta preciosa iniciativa con la presentación de poesía y cuentos, es potenciar la creatividad de los niños, donde puedan expresar sus emociones”. La Seremi (s) de justicia y DDHH, Paula Carvacho, señaló que como Ministerio de Justicia “estamos preocupados de la promoción, la protección y sobre todo la restitución de los derechos de nuestros niños, y agradecemos, sobre todo al Ministerio de Cultura, el haberse sumado a esta iniciativa”.
El concurso “Soñando en Palabras” recibirá las creaciones de los niños y niñas participantes hasta el 27 de marzo, para dar paso al proceso de evaluación de las obras y su posterior premiación el día 15 de abril, en una ceremonia a realizarse en Puerto Montt, con motivo de las actividades del mes de la lectura.