El Estado de Chile ha sido señalado por la violación sistemática de los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esta es la conclusión de un lapidario informe de la PDI de 2017 que investigó 240 hogares de menores, revelando una cruda realidad de abusos y negligencias en el sistema del Servicio Nacional de Menores (Sename).
El Informe PDI: Una Investigación Reveladora
En 2017, la PDI investigó 240 hogares de menores, constatando 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. La gravedad de la situación se evidenció al determinar que en el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se cometieron estas vulneraciones. Este informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público inicialmente.
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Sename. Sin embargo, el mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
CIPER accedió a ese informe de 257 páginas, el cual es un resumen de la extensa investigación -contenida en 28 tomos- realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes reportadas en centros del Sename entre 2005 y 2016, tras el deceso de Lissette. El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio de 2019, dijo a CIPER que es muy difícil que entre las autoridades informadas por la PDI no se encontrara el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos. A juicio del parlamentario, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo.
Alcance y Comparación con Otros Reportes
El reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU del año pasado. El organismo internacional visitó solo cuatro residencias, mientras que el de la policía consideró 240 de un total de 241 que hay en todo el país. Por lo tanto, da cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias. Por ello, es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación sistemática de derechos se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename.
Detalle de las Vulneraciones Graves de Derechos
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El 7 de noviembre de 2017 la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 residencias, de las 241 que existen (ya sea con administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas), y solo una se negó a recibirlos. En junio de 2018 la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename (como se denomina el equipo de la PDI) que confeccionara un informe con el resumen de todos sus hallazgos. Había casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”.
El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo; por eso, los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de 2017.
Abusos por Adultos y Entre Pares
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, que pertenecen al área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores. Y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales. En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Además, un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
Desatención a Necesidades de Salud Mental, Física y Evaluación Psicopedagógica
Uno de los hallazgos más críticos del reporte de la PDI se relaciona con la salud de los residentes y la evidente falta de atención especializada, que implica la ausencia o deficiencia de una evaluación psicopedagógica adecuada y continua. La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de esa afirmación sorprende: 42 centros no tienen un encargado de salud. Y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario; en 55 de estos centros, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos: en 159 centros (el 66,3% del total), “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”, un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado.
Una investigación de CIPER de 2016 ya había constatado cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos, lo que subraya la falta de un enfoque terapéutico basado en una evaluación rigurosa. Esta dramática situación se acrecienta, si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”, lo que dificulta gravemente cualquier intento de evaluación o intervención especializada.
Incumplimiento de Protocolos y Fallas en la Fiscalización
El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, nociones básicas para asegurar un piso mínimo de resguardo a la integridad de los niños. Sin embargo, el equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos. Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto, a pesar de que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. El informe de la policía determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses; sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Un Historial de Reportes y Falta de Rendición de Cuentas
El documento de la PDI es el último eslabón de una “cadena siniestra de reportes” elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI.
Desde 2011, distintos jueces, entre ellos Mónica Jeldres, recorrieron Chile para verificar la situación de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en dependencias del Sename. Dos años más tarde, en 2013, salió a la luz el Informe Jeldres, una estremecedora investigación que reveló los brutales abusos que viven NNA en el Sename y los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread). “Nos encontramos con una realidad que nos golpeó bastante, una situación de extrema gravedad. Niños que consumían drogas al interior de las residencias, red de explotación sexual infantil, niñas pequeñas con cáncer cérvicouterino”, manifestó a CHV Noticias la jueza Jeldres. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas que, sin embargo, no han logrado enmendar el curso de la situación.
Negación y Ausencia de Responsabilidad
Tras la denuncia del diputado Saffirio que reveló la existencia de este informe de la PDI, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio. Tuve conocimiento que se estaba realizando este estudio, pero este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte). Yo no sé si se concluyó, si lo tiene el juez o está en el proceso de investigación”.
La situación descubierta en 2011 y que fue pública en 2013 tras filtrarse en TVN, parece no enmendar su curso. Incluso hasta el día de hoy no hay responsables por las irregularidades que se cometen al interior de la institución. “Una niña dormía de pie para que no la abusaran”, reveló la jueza Jeldres, quien también aseveró que “muchos niños sufren tortura al ser violados permanentemente y ser víctimas de una red de explotación sexual infantil”. A 10 años del Informe Jeldres, la pregunta es la misma: ¿Quién protege a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país?
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