Un video reciente, difundido a través de redes sociales, que capta una presunta agresión dentro de un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Providencia, ha vuelto a colocar al organismo en el centro de la atención pública. Las acusaciones de vulneraciones de derechos en sus residencias han impactado reiteradamente a la opinión pública, siendo uno de los casos más notorios el de Lissette Villa, de 11 años, quien falleció en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino del Sename el 11 de abril de 2016.
Incidente en la Residencia Familiar Carlos Antúnez
Los registros, divulgados por una vecina de la Residencia Familiar Carlos Antúnez, muestran a un menor de 13 años solicitando auxilio y gritando desesperadamente que lo que le estaban haciendo le causaba dolor. Ante esta situación, el Sename inició un sumario y presentó una denuncia ante la fiscalía por presuntos delitos contra quienes resulten responsables.
La directora (s) del centro, Camila Messina, envió dos oficios idénticos al Ministerio Público y al tribunal de familia, detallando los eventos ocurridos esa noche. Estos documentos incluyen una bitácora de los hechos acontecidos ese día y testimonios de los educadores involucrados en la contención del niño.
Cronología de los Hechos según el Oficio
La cronología detallada en el oficio describe lo siguiente:
- 17:56: El menor se frustra por una situación con un compañero de residencia y comienza a lanzar piedras y romper vidrios de la oficina de los funcionarios. Su molestia se debió a que no se le autorizó ir a una tienda de accesorios de skate, a diferencia de otros compañeros a quienes sí se les concedió permiso.
- 18:30: El menor sube al techo del centro, rompe maderas y las lanza hacia una embajada.
- 18:42: Se intenta realizar una "contención emocional" al menor, pero este no cede.
- 20:13: Llega Carabineros a la residencia. Otro menor que también se encontraba en el techo insulta a los oficiales.
- Aproximadamente 20:33: Los tres niños descienden del techo.
Intervención de Carabineros y la Defensa del Menor
Al descender del techo, el menor intenta agredir a un funcionario de Carabineros (que esperaba la llegada de Samu) lanzando objetos contundentes como una mancuerna, patines y vidrios. Continuó intentando agredir al oficial, intentando romper los cables del micrófono de su radio. Ante esta situación, el carabinero le toma la mano para que soltara la radio, pidiéndole constantemente que lo hiciera. El niño respondió mordiendo, escupiendo, arañando e intentando pellizcar al carabinero. El funcionario, aplicando presión en los hombros del niño, lo sienta en el suelo sin soltar su brazo izquierdo. En ese momento, el niño comienza a llorar, gritando que lo soltaran y que le dolía.
Según el oficio, el funcionario de Carabineros implicado fue identificado como el sargento segundo Yimmy Contreras Provoste.
A raíz de lo ocurrido, intervinieron los monitores I.C. y C.P., quienes realizaron una "contención emocional" al niño. El menor continuó escupiendo al carabinero e intentando quitarle el reloj. Los funcionarios de la residencia prosiguieron con la intervención emocional, y C.P. se interpuso entre el menor y el carabinero para evitar las agresiones.
Finalmente, el carabinero soltó el brazo del niño y se retiró hacia la puerta de entrada del centro.
Testimonio del Menor al Día Siguiente
A la mañana siguiente, el menor relató lo sucedido a otro educador del centro: "Hoy durante la mañana, el niño me muestra un moretón que tenía en su brazo y luego me refiere que se lo hizo un carabinero que lo sujetó. Le pregunta a él por qué lo habría sujetado. Él me explica que fue porque estaba lanzando piedras. A lo que le pregunto, ¿piedras al recinto al lado?, me dice no, a los carabineros y a uno le pegué un combo, yo le digo que es lamentable".
Testimonios de Educadores y Procesos Judiciales
En una segunda parte de la minuta, se incluyen testimonios de educadores del recinto. Ninguno de ellos señala que el menor fue agredido o que sufriera lesiones a causa de la situación. Uno de los relatos es de la encargada de Vida Familiar, N. E., quien declaró que el menor "intenta agredir a uno de los carabineros del lugar, aunque no lo logra. Luego intenta romper su reloj y ahí el carabinero debe tomar su brazo para evitar que el niño logre romper su reloj. Dos monitores acompañan al niño hasta que logra calmarse y carabineros se retira del lugar. Yo llamo a ambulancia para cancelar su visita".
Otro testimonio es del monitor C. P., quien describió que el menor "toma la radio del funcionario policial y comienza a forcejear para cortar el cable y romper el micrófono de esta. El carabinero le dice en reiteradas oportunidades que la suelta, que se calme tomándolo del brazo y mano izquierda. C.S. trata de morder, pellizcar y rasguñar junto con escupir, el funcionario policial ante esto trata de bajar a C.S. por los hombros para poder quitar la radio que está siendo azotada en el suelo sin soltar su brazo y mano, a lo que yo asisto al niño junto con Ignacio Cerda. Él le toma su mano derecha y yo al lado de sus pies". Añadió que el niño soltó la radio y luego escupió en la cara del carabinero e intentó quitarle el reloj. Señaló que el carabinero soltó al niño y él lo abrazó para calmarlo.
Caso del Cread Playa Ancha y Formalizaciones
El texto también aborda el caso del Cread de Playa Ancha, que fue utilizado como cárcel de menores en los años ochenta y posteriormente reconvertido en un centro de acogida para niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerados en sus derechos. Se mencionan sumarios cursados entre 2015 y 2018 que resultaron en la destitución de 21 educadores de trato directo (ETD) por maltratos o negligencias.
A pesar de que el Ministerio Público contaba con antecedentes, solo ocho personas fueron formalizadas en la causa principal por apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos: Juan José Morales Sequeira, Marcela Lorena Bermúdez Berríos, José Manuel Cid Mercado, Greg Olave Aguayo, Leonardo Mauricio Lobos Gardaix, Luis Alejandro Rubilar Ramírez, Luis Reinaldo Mandujano Arancibia y Rafael Enrique Garín Beltrán.
Se citan testimonios de presuntos maltratos, como golpes con el mango de una pala, inmersión en duchas frías con ropa, arrastres por escaleras, golpes en la cara y lanzamientos de objetos. Desde octubre de 2018, los ocho exfuncionarios formalizados quedaron con firma mensual y prohibición de acercarse a las víctimas.
Proceso de Suspensión Condicional del Procedimiento
El Ministerio Público intentó presentar una acusación contra los ocho imputados en noviembre de 2019, pero la querellante Corporación La Matriz se opuso por falta de diligencias. En mayo de 2021, la fiscalía solicitó por primera vez fijar fecha para la suspensión condicional del procedimiento contra los imputados, un acuerdo de tres años que implicaría la prohibición de acercarse a las víctimas, la donación de dinero al Programa Mi Abogado y la obligación de fijar domicilio.
Esta propuesta se da a pesar de que consta que al menos uno de los imputados, Greg Olave, no ha cumplido con la medida de firma mensual desde febrero de 2024. Esteban Elórtegui, exdirector regional del Sename y querellante, calificó la posibilidad de suspensión condicional como un acuerdo que establece la impunidad debido a una investigación defectuosa.
El Cread de Playa Ancha fue cerrado por la administración de Sebastián Piñera en marzo de 2019. En octubre de 2021, los hogares de protección de menores fueron derivados al nuevo Servicio Mejor Niñez.
Adolescentes Imputados por Protestas y Experiencias en el Sename
El reportaje también expone la situación de cuatro jóvenes recluidos en instalaciones del Sename de Antofagasta, acusados de delitos cometidos durante las protestas del estallido social. Tres de ellos tenían un historial previo en programas del Sename, donde no recibieron la protección y reinserción esperadas.
Durante su internación a la espera de juicio, sufrieron golpizas, vejámenes sexuales, lesiones cortopunzantes, sobremedicación psiquiátrica, ideación suicida y lesiones autoinferidas.
Caso de "J": Un Largo Historial de Vulneración
Se detalla el caso de "J", quien desde los 11 años ha vivido en situación de calle, con episodios de consumo de pasta base, cocaína y pastillas psicodélicas desde los 12 años. Fue detenido en varias ocasiones por delitos como saqueo, lanzamiento de molotov y quema de un vagón de tren.
Durante sus 286 días en el CIP de Antofagasta, "J" experimentó múltiples episodios de violencia, abuso y autolesiones. Informes internos advirtieron de ideas suicidas, pero no fueron tomados en serio. Se documentan intentos de suicidio, golpizas por parte de compañeros, hostigamiento, orinación en su cama, golpes en la cara, intentos de abuso sexual, cortes profundos en muñecas y piernas, y consumo de alcohol gel para embriagarse.
VIDEO Reportajes T13 El negocio de los niños del Sename reportaje
La especialista señala que se priorizan castigos individuales sin una comprensión estructural del problema, y que la división del Sename podría agravar esta situación al separar a niños vulnerados en el Ministerio de Desarrollo Social de aquellos que se transforman en victimarios en el Ministerio de Justicia.
Otros Casos y Falencias Estructurales
Se mencionan otros casos de adolescentes imputados por protestas que pasaron por el CIP del Sename en Antofagasta, como "R", quien recibió disparos de Carabineros, y "A", quien desarrolló depresión profunda durante su internación y fue medicado con psicofármacos. También se relata el caso de "C", un joven de 16 años que consumía diariamente psicofármacos y fue encontrado esposado y amarrado a una cama.
Abogados y defensores señalan que los intentos de suicidio son habituales en el CIP de Antofagasta y critican la falta de fiscalización y la aplicación de criterios de prisión preventiva sin justificación. Se destaca que los adolescentes reciben atención psiquiátrica, aunque las recetas de psicofármacos a menudo son suministradas por médicos cirujanos sin la especialidad. El defensor de la Niñez advierte sobre falencias estructurales, riesgos para niños y funcionarios, y la necesidad de fortalecer el trabajo intersectorial.