El Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile, organismo encargado de la protección de niños y adolescentes vulnerables y en riesgo social, ha sido objeto de numerosos estudios y controversias debido a las graves deficiencias en su sistema de protección. Los informes y las investigaciones han puesto de manifiesto una realidad alarmante de violencia institucional, negligencia y falta de recursos, que han tenido consecuencias fatales para muchos menores bajo su tutela.
Casos Emblemáticos y la Cruda Realidad
El caso de Guillermina, una adolescente de 16 años ingresada al Centro de Protección Alborada, ejemplifica las fallas del sistema. Su ingreso a las 4:19 de la mañana, en estado de aparente intoxicación y traída por un policía, sin ser trasladada a un hospital para una evaluación médica completa, contrasta con los protocolos internacionales. La única lesión constatada fue una herida en la rodilla. Menos de media hora después de ser acostada en un camarote, Guillermina fue encontrada colgada con sus propios cordones. Su muerte en agosto de 2012, registrada como un "egreso" más del sistema, pone de relieve la equiparación de la terminación de la vida de un menor con su salida del sistema, ya sea por fuga o reinserción familiar.
Otro caso que conmocionó al país fue el de Lissette, de 11 años, quien pasó gran parte de su vida entrando y saliendo de centros del Sename. Su muerte en abril de 2016, tras una supuesta "crisis emocional", puso en evidencia la falta de protocolos adecuados y la posible sobremedicación. El testimonio de una cuidadora reveló que Lissette se golpeó la cabeza durante una crisis y se desvaneció, pero no se le dio la debida importancia. Las cuidadoras, sin formación en primeros auxilios, intentaron reanimarla sin éxito. La explicación oficial de "crisis emocional" por la ausencia de un familiar fue considerada insatisfactoria y resultó en la destitución de la entonces directora del Sename, Mariela Labraña.
El Caos Estadístico y la Falta de Claridad en las Cifras
Uno de los problemas más acuciantes es la falta de datos fiables sobre el número de menores fallecidos bajo la tutela del Estado. Un informe del Ministerio de Justicia reportó 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016, pero un reporte de Unicef indicó que el número de fallecimientos en 2010 era cinco veces mayor al reportado. El análisis de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 arrojó 318 fallecimientos. Sin embargo, la propia secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, María Estela Ortiz, admitió un "problema de cifras" y la complejidad del servicio. El diputado René Saffirio, miembro de la comisión investigadora del Sename, declaró que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, señaló la posibilidad de duplicidad en las cifras, donde la muerte de un niño que transita por distintos programas podría ser contabilizada en cada uno de ellos. La falta de claridad en las estadísticas dificulta la implementación de políticas efectivas y la rendición de cuentas.
Violencia Institucional y Maltrato Sistémico
Informes de diversas instituciones han documentado la existencia de violencia institucional y maltrato de manera sistemática en los centros del Sename. Un lapidario informe de la PDI de 2017, que investigó 240 hogares de menores, constató 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual, en el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares. Estos hallazgos, que incluyen maltratos por parte de adultos y entre pares, así como abusos sexuales, revelan una dinámica de funcionamiento propia de los centros que vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La PDI también determinó que el 44,5% de los centros no cumplía con los protocolos mínimos exigidos por el Sename, incluyendo la ausencia de protocolos ante conductas suicidas (72,9%), sujeción y contención física (76,7%) y acciones ante el fallecimiento de un menor. A pesar de la fiscalización periódica por parte del Sename, muchas de estas supervisiones son coordinadas previamente, lo que limita su efectividad.
Sobremedicación y Falta de Atención Psiquiátrica Especializada
La sobremedicación es otra grave problemática evidenciada. El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, afirmó que la menor estaba siendo medicada con fármacos que, en las dosis administradas, actuaban como antipsicóticos y podían tener efectos adversos como agresividad e impulsividad. La manipulación de medicamentos en los centros es descrita como poco prolija, con problemas graves en la dosificación y falta de personal especializado para su suministro.
La falta de atención psiquiátrica infantojuvenil es crítica en Chile, que presenta la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y carece de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil. La escasez de psiquiatras infantiles, muchos de los cuales prefieren trabajar en el sector privado, agrava la situación, especialmente en regiones.
Propuestas de Solución y el Futuro del Sistema
Expertos como Francisco Estrada proponen un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado como pilar fundamental para solucionar el problema. Esto incluye unidades polivalentes con niños medicados correctamente, personal dedicado que trabaje con las familias y no las aísle. El objetivo final debe ser la reunificación familiar, brindando herramientas y acompañamiento a las familias, en lugar de la simple internación, que a menudo responde a la pobreza.
Estela Ortiz coincide en que la pobreza es un factor determinante en la internación de niños en el Sename, cuestionando la ausencia de niños de los sectores económicos más altos, a pesar de que el abuso sexual y la violencia son transversales. Se plantea la necesidad de una defensa jurídica adecuada para los menores vulnerados, diferenciándola de la de los infractores de ley.
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia busca cerrar el Sename y transitar hacia un nuevo servicio. Sin embargo, la urgencia de la situación de los niños no permite esperar, y se requieren medidas inmediatas para garantizar su protección y bienestar.