La situación de los niños y adolescentes bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha sido objeto de severas críticas y condenas a nivel nacional e internacional. Diversos informes y sentencias han revelado un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos, abusos y condiciones indignas en los centros de internación.
Condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad internacional de Chile por la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal y de la niñez. Esta condena afectó a diez adolescentes, de entre 13 y 17 años, que fallecieron en el incendio del 21 de octubre de 2007 en el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado Tiempo de Crecer del Sename en Puerto Montt. Además, la Corte responsabilizó a Chile por la lesión al derecho a la integridad personal de los familiares de los menores fallecidos en este siniestro. El incendio se originó luego que un grupo de internos prendió fuego a sus colchones en protesta por malos tratos.
Asimismo, la Corte IDH determinó la responsabilidad estatal por la vulneración de distintos derechos de 271 jóvenes que estuvieron alojados, en diversos periodos entre 2006 y 2009, en los centros de internación provisoria y régimen cerrado Lihuén, Antuhué, San Bernardo y Tiempo de Crecer. Las condiciones de reclusión en estos centros, a cargo del Sename, fueron consideradas incompatibles con los estándares internacionales de protección de derechos humanos. Esto constituyó violaciones a los derechos a una vida digna, a la integridad personal, a la educación, al agua, al saneamiento, a la salud y de la niñez.
El tribunal determinó que el Estado chileno, pese a la posición de especial garante que mantenía respecto a la población joven privada de libertad, no tomó las medidas necesarias para prevenir el siniestro en Puerto Montt, ni tampoco actuó con la diligencia debida frente a su desarrollo. En la sentencia, la Corte IDH aceptó y valoró el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por Chile. El Estado vulneró los derechos a la integridad personal, a la salud, al saneamiento y a la vida de las víctimas, estableciendo que no tomó medidas suficientes para evitar el incendio ni actuó con diligencia para controlar la emergencia.
Contexto y Procesos Judiciales del Incendio de "Tiempo de Crecer"
El Ministerio Público inició una investigación penal que acabó con una salida alternativa. Formalizó a seis funcionarios del Sename por cuasidelito de homicidio. En 2009, se resolvió la suspensión condicional del procedimiento por un año, y en 2011 se decretó el sobreseimiento definitivo. En el plano legislativo, la Cámara de Diputados creó una Comisión Especial Investigadora para determinar eventuales responsabilidades políticas y administrativas. En materia civil, familiares de las víctimas interpusieron una demanda de indemnización de perjuicios contra el Fisco de Chile ante el 1° Juzgado Civil de Puerto Montt.
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Análisis de la Corte IDH sobre el Sistema Penal Adolescente
En su análisis de fondo, la Corte observa que los sistemas de responsabilidad penal adolescente deben ser especiales y distintos de los que rigen respecto a personas adultas, destacando que no pueden ser estrictamente punitivos. Deben considerar el interés superior del niño y priorizar medidas socioeducativas. La privación de libertad solo puede aplicarse de forma excepcional y de modo que evite privaciones a derechos distintos de la libertad ambulatoria.
La Corte agregó que las personas adolescentes privadas de su libertad deben ver satisfechos sus derechos a la educación y a actividades recreativas, las cuales no deben limitarse a actividades organizadas y deben posibilitarse teniendo en cuenta las necesidades de actividad física y estímulo intelectual, así como la finalidad de rehabilitación y reintegración social. Dado este objetivo, recae sobre los Estados un deber particularmente exigente de suministrar a estas personas una educación de calidad. Comprobó que la sobrepoblación agrava la situación de vulnerabilidad y afecta la provisión de servicios básicos. Cuando alcanza niveles de hacinamiento, puede contrariar la prohibición de malos tratos y considerarse un trato degradante. El hacinamiento afecta especialmente a niñas, niños y adolescentes, y dificulta la educación y recreación, entre otros factores.
La Corte concluyó que, respecto a los cuatro centros examinados, sus condiciones inadecuadas, violatorias de los derechos convencionales indicados, afectaron también el desarrollo y el derecho a una vida digna de las víctimas, así como el cumplimiento de la finalidad de readaptación social de la medida de privación de libertad. Chile, por ello, violó los artículos 4.1, 5.6 y 19 de la Convención Americana.
Informes Nacionales e Internacionales: Una Cadena Siniestra de Reportes
El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esta es la conclusión de un lapidario informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores. En el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Tan grave como lo anterior es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público.
La Muerte de Lissette Villa y el Informe de la PDI
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename), pero la situación no mejoró. El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
CIPER accedió a ese informe de 257 páginas, que es un resumen de la extensa investigación -contenida en 28 tomos- realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork. Emilfork investiga las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette. El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio, criticó la falta de publicación del documento por parte de la Fiscalía y el gobierno.
El reporte de la PDI es mucho más completo que el informe anterior de la ONU, que visitó solo cuatro residencias. El de la policía consideró 240 de un total de 241 hogares en todo el país, dando cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias. Por ello, es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación sistemática de derechos se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename.
Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre. No solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda especialmente en entredicho. Los jueces de familia tienen que visitar los centros dos veces al año. El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años, entre los que destaca el Informe Jeldres (Poder Judicial y Unicef), que dio pie a dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría.
Hallazgos de la PDI sobre Vulneraciones y Abusos
Tras la dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, la Fiscalía inició una investigación penal. A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI. A esos policías se los mandató con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años. El 7 de noviembre de 2017 la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 residencias, de las 241 que existen.
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos
- 1.265 maltratos entre pares
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores
En junio de 2018 la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename que confeccionara un informe con el resumen de todos sus hallazgos. Había casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud.
El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos. El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC).
- En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa) hubo 105 maltratos de adultos hacia menores.
- En los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, contabilizándose 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Incumplimiento de Protocolos y Deficiencias Estructurales
Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”, cifra que crece hasta un 76,2% si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados. El equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”.
Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto es grave, ya que la muerte de Lissette Villa fue por errores en la contención de una crisis de la menor.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. El informe de la policía determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses; sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Salud y Personal Inadecuado
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica, y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. El desglose de esa afirmación sorprende: 42 centros no tienen un encargado de salud.
De entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos: en 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control, muchas veces como paliativo para contener a los niños y adolescentes del Sename. Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Misión de Observación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)
Entre los meses de enero y abril de 2017, un equipo de más de 60 profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizó una visita a 171 centros de todas las regiones del país. Esta misión de observación tuvo como objetivos:
- Evaluar las condiciones de cumplimiento de los derechos humanos al interior de los centros.
- Evaluar las condiciones laborales en que se desempeñan los funcionarios.
- Indagar sobre eventuales vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes (NNA) residentes.
Se realizaron entrevistas a directores, encuestas a trabajadores y entrevistas a 401 NNA residentes. Además, se realizó una descripción del estado de la infraestructura y equipamiento de los centros mediante una ficha de observación. Es importante señalar que en Chile, en la actualidad, existen 250 centros de los cuales solo 11 corresponden a Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) por parte del Sename; todo el resto es administrado por organizaciones colaboradoras acreditadas, lo que equivale al 95,6% del total.
Hallazgos Relevantes del INDH
Perfil de NNA y Trabajadores
La población de estos centros es fundamentalmente femenina (63,5%), y el 60% de ellas tiene entre 8 y 13 años de edad. En cuanto al personal, la mayor parte corresponde a mujeres (87,9%), lo que da cuenta de una feminización del personal.
Condiciones de Vida y Cuidado
Aunque las necesidades básicas (camas, acceso a baños, comedor y cocina) están satisfechas, la calidad de las instalaciones no es óptima. Resulta preocupante que en un mismo dormitorio convivan adolescentes con niños y niñas de menor edad, o que no se les separe por sexo, con una prevalencia cercana al 20% de los casos. Los centros presentan en un 21% sobrecupo. En materia de alimentación, es crítico que en un 1,6% de los establecimientos los NNA reciban solo entre 1 y 2 comidas diarias, y el 16% de los NNA declara pasar hambre. El 22% de los NNA considera que el personal no siempre le da un trato respetuoso, y el 34% declara trato discriminatorio.
Vinculación con el Medio y Educación
En un 4% de los centros, los NNA no están autorizados para hablar con el juez directamente. Aunque el 72% de los centros reporta que los NNA pudieron hablar con los jueces en sus visitas, solo el 32% de los NNA lo confirma. Si bien el 93% de NNA asiste a un establecimiento educacional, solo el 88% de los niños entre 14 y 17 años lo hace, un 8% por debajo del promedio nacional, y el 20% presenta retraso escolar. Solo el 78% de los NNA recibe apoyo en sus tareas.
Familia e Identidad
El 40% de los centros restringe los horarios de visita familiar, y el 30% no admite más de dos visitas a la semana. En el 57% de los casos, el centro se encuentra fuera de la comuna de origen familiar, lo que potencia un eventual desarraigo. Un 16% de los centros utiliza el retraso al ingreso de visitas como sanción, y el 13% suspende las visitas por mal comportamiento.
Salud Mental
El 69% de los NNA de 14 o más años presenta sintomatología de cuadro depresivo. El 45% de quienes presentan al menos uno de estos síntomas señala no haber podido acceder a un psicólogo o psiquiatra. El 70% de los NNA con al menos un síntoma de depresión indica no encontrarse en tratamiento.
Violencia Institucionalizada y Entre Pares
8 de cada 10 NNA encuestados declararon haber recibido algún tipo de castigo, incluyendo la privación de contacto con la familia (15%), ser dejado sin comida (7%), encierro (7%), y contención física (12%). El 46% reportó maltrato psicológico y el 18% agresión física. El 48% de los NNA entrevistados indicó haber sido objeto de manera reiterada de maltrato físico y/o psicológico entre pares, y al menos un 19% de los centros no cuentan con protocolos para atender estas situaciones.
Abuso Sexual
El estudio arrojó que en 23 casos se reportó el sufrimiento de abuso sexual durante los últimos 12 meses (prevalencia del 6,4%). Es tristemente destacable que 8 de cada 10 abusos sexuales son experimentados por niñas. En el 78% de los casos, el abuso sería cometido por otro menor de edad, mientras que en un 7% fue efectuado por un adulto del centro. El 69% de las víctimas sigue en contacto con el presunto abusador.
Recomendaciones para Garantizar los Derechos de NNA
Las conclusiones del estudio INDH, junto con otros informes, derivan en numerosas recomendaciones:
- Toda prohibición de relación entre un familiar y un niño/a bajo protección del Estado debe estar fundada en una resolución judicial, basada en el interés superior del niño.
- El Estado debe establecer criterios uniformes para la regulación de visitas familiares.
- No se debe establecer como sanción la prohibición de visitas o comunicación con familiares.
- Desarrollar medidas para preservar la identidad de los niños y niñas, como la existencia de un libro de vida.
- Atender la estabilidad emocional de los cuidadores y profesionales.
- Promover el conocimiento y observancia de los protocolos existentes elaborados por Sename en materia de maltrato, así como de la ley N° 21.013 que sanciona el maltrato.
- Generar condiciones que garanticen el derecho a ser oídos y denunciar hechos de abuso sexual.
- Capacitar a los trabajadores de las residencias para una escucha efectiva y la identificación de situaciones de riesgo o abusos sexuales consumados.