La reforma a la ley de pensiones en Chile es un tema de constante debate y análisis. Tras una reunión entre la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara, y los partidos políticos, el proyecto de reforma constitucional quedó, transitoriamente, sin urgencia hasta el 27 de julio, fecha en que vence el plazo. Esta situación se vio complejizada por la baja de la UDI y Republicanos de la mesa técnica. El Gobierno cedió en la urgencia ante el "diálogo que ha mostrado parte importante de la oposición", como RN y Evópoli, según un comunicado del Ministerio del Trabajo. En tanto, la UDI condicionó su vuelta a la mesa técnica a la renuncia del ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, tras el robo de 23 computadores y una caja fuerte en las dependencias de la institución.
Evaluación del Sistema de Pensiones Actual y la Posición de la UDI
En entrevista con el Diario Constitucional, el diputado Cristian Labbé (UDI), integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados, abordó la evaluación del actual sistema de pensiones, detalles de la reforma previsional, la posición de su partido y su decisión de bajarse de la mesa técnica.
Evaluación del Vigente Sistema de Pensiones
Labbé evalúa el sistema como uno que "ha funcionado y que ha podido mantener la economía del país". Resalta que el capital se invierte tanto en Chile como en el extranjero, permitiendo el funcionamiento del sistema de capitales, los bancos y el crecimiento del ámbito inmobiliario. Afirma que el sistema "funciona, ahora, hay que regularlo, apretarlo y ponerle más reglas, absolutamente".
Insuficiencia de las Pensiones Actuales
El diputado considera que las pensiones que reciben las personas son "absolutamente, insuficientes para el Chile de hoy con la inflación con que estamos". Explica que las pensiones son bajas debido a los ingresos que percibían los jubilados en el pasado, que no son equivalentes a los actuales, y a las "lagunas de aquellos que tuvieron trabajos esporádicos o aquellos que, definitivamente, no quisieron cotizar y finalmente, terminaron sin ningún peso ahorrado".
Asimismo, Labbé reconoce mejoras durante los últimos gobiernos, aunque mantiene que las pensiones no son adecuadas. Menciona la creación del Pilar Solidario durante el Gobierno de Michelle Bachelet como una "primera política pública importante" y la Pensión Garantizada Universal (PGU) en el Gobierno de Piñera II, la cual considera, junto a expertos, "la mejor política pública con respecto a la mejora de las pensiones" y "llegó para quedarse".
Líneas Rojas de la UDI en la Reforma de Pensiones
Labbé enfatiza que las "líneas rojas no son que la UDI las esté poniendo por capricho, las están poniendo los chilenos". Argumenta que el rechazo al proyecto refundacional el 4 de septiembre demostró que "la gente rechazó que se monopolizaran las pensiones".
Los puntos clave de la UDI son:
- El 6% de cotización debe ir a capitalización individual, es decir, que "la plata vaya a tu bolsillo y no sea un sistema de reparto o solidario en donde, finalmente, tu esfuerzo termine licuado en miles de chilenos".
- La heredabilidad de los fondos, considerando que la jubilación es un ahorro que debe poder traspasarse a los hijos.
- La libertad de elegir quién administra los fondos, entendiendo que "la libertad también tiene sentido de responsabilidad".
Además, el diputado sostiene que el Gobierno debe entender que la reforma impulsada por la ministra Jara es "refundacional", buscando "separar la industria, derogar el Decreto Ley 3.500, quieren estatizar y monopolizar la plata de todos los chilenos esforzados". Propone que el Gobierno, en lugar de refundar el sistema, se dedique a "generar mayor empleo, a incentivar el empleo formal".
Diálogos y Acuerdos: La Posición del Gobierno y la Oposición
Labbé critica que se comenzó "con la carreta delante de los bueyes", señalando que la ministra Jara puso a votación la derogación del Decreto Ley 3.500, conocida como "norma espejo", que incluía artículos sobre lenguaje inclusivo en lugar de centrarse en subir las pensiones. Esto, a su juicio, plantea la duda sobre si el Gobierno busca "subirte las pensiones a ti o quiere finalmente destruir el sistema y el modelo".
6% de Cotización: Capitalización Individual vs. Fondo Solidario
Sobre la propuesta de que un 4% se destine al fondo solidario y un 2% a la cuenta de capitalización, Labbé es categórico: "No", porque "el 80% de los chilenos quiere que su plata vaya a sus bolsillos y entender que la plata existe a través de los retiros del 10%". Insiste en que la solidaridad debe hacerse a través de la PGU y con "impuestos específicos que están", como el royalty minero y el impuesto del litio, además de una "buena administración por parte del Estado".
Contrasta la propuesta del Gobierno, que considera "ideológica", con la suya, que busca financiar la PGU a niveles más altos (250 mil a 300 mil pesos) con los recursos existentes, como el 50% del royalty, el impuesto del litio y una buena gestión de los recursos estatales.
La PGU y la Reforma Tributaria
El diputado aborda la declaración del gobierno de que la PGU está condicionada a la reforma tributaria, culpando a la derecha por su caída. Labbé niega esto, afirmando que la reforma tributaria "se cayó por los votos de ellos" y que la derecha no está de acuerdo con subir impuestos, sino que busca "más oportunidades, estabilidad, empleo y mayor inversión". Reitera que una PGU robusta debe ir acompañada de una "reforma tributaria pequeña" basada en el royalty, el litio, la evasión y una buena administración estatal.
Seguro de Longevidad
Labbé concuerda con la idea de un seguro de longevidad, un proyecto presentado hace seis meses. Propone un mecanismo para aquellos que viven más de 85 años, dado que la tabla de mortalidad es un factor a revisar. La idea es que la PGU y otras pensiones se paguen hasta cierta edad, y de ahí en adelante se financien a través de un seguro, aunque reconoce que el modelo de financiación "no está muy claro todavía".
Fin de las AFP: Inversores de Pensiones Privados
El Gobierno busca "separar la industria", lo que implica dividir entre quien administra la plata y quien la invierte. La UDI no está de acuerdo con esta separación. Labbé plantea que si se busca la libertad de elegir, el Gobierno podría "crear una AFP estatal y que compita en iguales condiciones con la administradora de fondo de pensiones privada", lo que agotaría los problemas. Enfatiza la importancia de la elección, ya que "mucha gente prefiere tener -sus recursos- en el banco privado" y el Estado, según su experiencia, es un "pésimo administrador".
La Ministra Jara sobre el Foco de la Reforma
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en una entrevista con Radio Cooperativa, explicó que la reforma previsional "pone el foco en los que cotizaron". Reconoce que ha sido "difícil de poder fijar como objetivo comunicacional" porque reformas anteriores, como la del Pilar Solidario de Bachelet y la PGU, "puso el foco... en los que no habían cotizado, en particular en las mujeres". Sin embargo, esta nueva reforma "es para los que cotizaron".
Jara ejemplificó que un hombre que cotizó 20 años y tiene una pensión de $150 mil en su AFP, "él va a recibir 2 UF todos los meses". Además, tendrá el aumento de la PGU de $214 mil a $224 mil desde febrero, y a $250 mil según el calendario. Estos aumentos, que van entre un 15% y un 35% del monto de la pensión, buscan incrementar las tasas de reemplazo "acerca del 70", pero "requieren haber cotizado", siendo clara en que "son para las personas que cotizaron, hombres y mujeres".
Trabajadores Informales y la Reforma
Respecto a los trabajadores informales (aproximadamente 27% en Chile), la ministra indicó que "pueden acceder al primer piso de la Protección Social que es a través de la PGU". La reforma busca "promover la formalidad" mediante mecanismos que simplifican la cotización de independientes, como el pago automático de cuentas o cotizaciones por terceros (familiares).
Críticas y Avances en la Reforma
Sobre la indicación de senadoras para ampliar el número de mujeres beneficiadas, la ministra Jara, aunque se identifica como mujer y conoce la realidad chilena, prioriza la "responsabilidad política en el acuerdo" suscrito. Respondiendo a las críticas, ve una oportunidad para que "se abra una puerta que las AFP tenían trancada".
Cuestiona la idea de que "solo los trabajadores tienen que financiar el sistema de pensiones" y el largo tiempo de discusión (10 años), más 9 años de gradualidad, preguntándose "¿Cuántos años se necesitarían para que los empleadores pudieran aportar al sistema de pensiones?, ¿Qué es lo que hace en todos los países del mundo?". Argumenta la necesidad de "contribuir a la cohesión social".
Jara señala que, a pesar de no avanzar hacia el fin de las AFP, se han logrado avances en otras materias, como la "licitación de los nuevos afiliados".
Tu Bolsillo: Las diferencias entre las AFP y antiguo sistema de pensiones | 24 Horas TVN Chile
Análisis Histórico y Desafíos del Sistema de Pensiones Chileno
Creación del Pilar Solidario y Obligación de Cotización para Independientes
En 2008, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, se aprobó la reforma al sistema de pensiones, creando un Pilar Solidario para mejorar las pensiones más bajas. Se estableció la obligación de los trabajadores independientes (boleteros) de cotizar en sistemas de pensiones y salud, con gradualidad en un horizonte de diez años.
La gradualidad preveía la obligatoriedad de cotizar por el 100% de la renta imponible en 2015 para pensiones y salud laboral, y en 2018 se sumaría la salud común. Sin embargo, en 2016, el sistema comenzó a mostrar "síntomas de una crisis de legitimidad", extendiéndose hasta la actualidad.
Crisis de Legitimidad y Bajas Pensiones
En 2016, los resultados de la primera generación de egresados "puros" del sistema de AFP revelaron los bajos montos de las pensiones. Según la Superintendencia de Pensiones, en enero de 2019, la mitad de los jubilados por vejez recibió menos de $52.909, y las mujeres, menos de $26.179.
Ante esto, el segundo gobierno de Bachelet, en 2016, postergó la obligación de cotizar para independientes hasta 2018, debido a que muchos habían renunciado a cotizar desde 2013. Jeanette Jara, entonces jefa de gabinete de la subsecretaría de Previsión Social y luego subsecretaria, fue testigo de esta discusión.
Ley N° 21.133 y su Impacto en Trabajadores por Honorarios
La Ley N° 21.133, publicada en febrero de 2019, estableció la obligación de cotización para trabajadores independientes de forma gradual (3% inicial, llegando al 10% en 2028).
La ex subsecretaria Jara, ahora contralora de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano e integrante de la comisión técnica de la oposición, señaló que esta reforma "no va a tener un impacto significativo en sus pensiones y de igual forma el estado va a tener que contribuir a través del Pilar Solidario". Argumenta que el sistema, basado en capitalización individual, no aborda el problema de las bajas remuneraciones que impiden cotizar lo suficiente para una pensión digna. Se requiere un "cambio estructural del sistema y no solamente afectar una parte del mismo".
Beneficios para las AFP y el Rol del SII
La ex subsecretaria criticó que la Ley N° 21.133, al establecer un mecanismo de transferencia de recursos hacia privados a través del SII, beneficia a las AFP. En un sistema sin posibilidad de elegir un sistema de pensiones diferente a los operadores privados, el Estado "esté haciendo una captación de recursos de los cotizantes, para fortalecer una industria, que es la industria de las AFP".
Señala que la industria privada de pensiones ve los fondos previsionales con "ocasión de la inversión especulativa y del mercado, en la cual produce lucro", utilizando los ahorros previsionales (71,6% del PIB nacional) en la especulación de empresas y desarrollo de mercados financieros, sin que el cotizante, "principal dueño de los fondos, no tiene participación alguna, ni ven que los resultados se expresen en una buena pensión".
Afirma que durante 40 años, la industria de las AFP "logró generar un dogma", pero "en la realidad no hubo una preocupación de la industria hacia los pensionados". El sistema, al desarrollarse en la lógica de lo privado, "no mira el fin público, que es la seguridad social y dar tranquilidad en la vejez". La ley "priva [a los independientes] de un ingreso con el que contaban, a través de la devolución de impuestos y, al mismo tiempo, aumenta el capital de las administradoras".
Críticas al Pago Anticipado de Cotización Anual de Salud para Isapres
Otra crítica se dirige a la posibilidad de que las isapres reciban por adelantado la cotización anual de salud. La ley permite transferir fondos en un pago anual o mensual, cubriendo al trabajador por el período siguiente. La ex subsecretaria argumenta que esto obliga a los cotizantes a pagar por un servicio antes de recibirlo, lo cual es contrario a la dinámica del mercado laboral. Se teme que, si el pago es anual, las isapres utilicen este dinero para "rentar y generar intereses" antes de que transcurra el período de cobertura. Aunque se ha dicho que el reglamento fijaría la transferencia mensual, la ley prevalece, permitiendo a las isapres exigir la opción anual.
Responsabilidad de la Oposición y Propuestas Anteriores
La ex subsecretaria Jara también abordó la crítica a la oposición por no resolver el tema en el gobierno anterior. Explica que durante el gobierno de Bachelet se postergó la obligatoriedad de la cotización de los independientes debido a la "deslegitimidad de las AFP y de las bajas pensiones", considerándose que no tenía sentido enfrentar parcialmente el debate sin una "reforma completa al sistema".
Propuestas anteriores, que buscaban la seguridad social, incluían una entidad pública, el reparto y la cotización del empleador, con una parte del 5% del empleador destinada a "transferencias intergeneracionales, intrageneracionales y medidas de equidad de género", permitiendo "subir las pensiones de los actuales jubilados en un 20%, y la de los futuros jubilados". Estas propuestas no avanzaron debido a la oposición de la derecha, que se mantenía en la lógica de la capitalización individual.
Puntos en Común de la Oposición
Para la oposición, la "imperiosa necesidad [es] subir las pensiones", lo cual consideran "dentro del actual sistema de AFP no es posible". Proponen salir de este marco de discusión y adoptar un enfoque de seguridad social, similar a la tendencia mundial de transitar de sistemas privados a públicos.
Abogan por "pisos de protección social, con pensiones base, similares a las que hoy se entregan a través del Pilar Solidario, pero que en vez de estar focalizadas al 60% de la población, son de carácter universal, es decir para todos los pensionados". A esto se sumaría el reparto y el ahorro individual.
La posición comunista, según la ex subsecretaria, es un sistema de pensiones "público; tripartito: de cotización igualitaria entre trabajador empleador y estado; solidario y de reparto".
Principales Nudos en la Reforma Actual
La ex subsecretaria Jara expuso ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara datos preocupantes sobre el Pilar Solidario. Actualmente, este pilar complementa pensiones bajas o inexistentes con un aporte solidario de $80 mil, sumando $160 mil. Si el cotizante tiene $30 millones en su cuenta, se le descuentan los $80 mil mensuales, y el saldo queda como pensión de sobrevivencia o herencia.
La propuesta del presidente Piñera "cambia la fuente de financiamiento y descuenta los 80 mil pesos que entrega el estado de la propia cuenta del afiliado". Esto significa que los $160 mil se financiarían con el ahorro del cotizante, y solo cuando se agote la cuenta, el Estado intervendría. Esto generaría un problema para futuros gobiernos, agotaría los saldos de los trabajadores, y si el saldo disminuye o se agota, se perdería la herencia o el Estado debería cubrir la pensión de sobrevivencia.
Además, Piñera propone reajustar el Pilar Solidario hasta en un 50%, pero con condiciones que lo hacen una "mera ilusión". Por ejemplo, el reajuste se discrimina por edad, beneficiando en un 50% solo a mayores de 85 años (el 10% de los beneficiarios). Los pensionados por invalidez del pilar solidario, al ser menores de 65 años, solo verían un 10% de reajuste, lo que la ex subsecretaria considera una violación a la convención que protege a las personas con discapacidad, que Chile ratificó. Reafirma que el objetivo del Pilar Solidario es "aliviar la pobreza", por lo que no hay razón para cambiar la base de prestaciones igualitarias.