La Protección Integral de los Adultos Mayores

Esta investigación aborda la situación proteccional de los adultos mayores, examinándola desde una perspectiva internacional de protección y los instrumentos internacionales de derechos humanos, hasta el marco normativo protector en el ámbito nacional. Este grupo de la población es muy diverso y cambiante.

El Nuevo Escenario de Protección: La Convención Interamericana

En este escenario, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores ha marcado un antes y un después, erigiéndose como el primer instrumento internacional de carácter vinculante respecto a este tema, el cual hoy cobra vital importancia. Su ratificación por parte del Estado chileno constituye un hito relevante, ya que establece mecanismos específicos para garantizar aspectos como la calidad de vida, el bienestar, la salud y la seguridad social, asegurando el pleno ejercicio y goce en condición de igualdad de los derechos de las personas mayores. Los principios contenidos en este tratado deben orientar al Estado en la elaboración de leyes, políticas sociales, programas y fomentar un giro cultural, social e institucional que contribuya a resolver el desequilibrio y la desigualdad en que este grupo etario se encuentra inmerso, y favorecer nuevas miradas de la vejez más positivas, desde su heterogeneidad y realidad.

Transformación Demográfica y Social de los Adultos Mayores

Datos históricos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) reflejan una significativa evolución en el perfil de las personas mayores:

• En 2006, las personas de 60 años y más tenían una escolaridad promedio de 6,5 años, mientras que en 2020 este promedio ascendió a 9 años.
• El porcentaje de personas de 60 años y más con educación superior completa pasó del 6,2% al 13,8%.
• El uso de Internet aumentó del 7,3% en 2006 al 31,5% en 2017.

Asimismo, aproximadamente un 82% de las personas mayores no presenta dependencia funcional, un 27,7% sigue trabajando y un 35,5% participa en organizaciones de la sociedad civil (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2018). Considerando que la expectativa de vida es de 83 años para las mujeres y 79 para los hombres, y que en la actualidad hay más personas mayores de 60 años que menores de 15, la preocupación por los derechos de las personas mayores constituye una temática cada vez más visible y relevante.

Impacto de la Pandemia por COVID-19 en la Población Mayor

En el contexto de un acelerado proceso de envejecimiento poblacional, el COVID-19 ha tenido un especial impacto en las personas mayores. La pandemia, a pesar de tener efectos directos o indirectos en toda la población, ha demostrado tener mayores consecuencias sobre ciertos grupos de población, denominados “grupos de riesgo”. Para las instituciones que velan por el bienestar de las personas mayores, su protección se transformó en un desafío en materia de salud pública y de gestión social de grupos vulnerables. Las personas mayores se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia y al 7 de noviembre de 2021 representaban un 14,4% del total de contagiados (Ministerio de Salud, 2021). Sin embargo, constituyen cerca del 50% de las hospitalizaciones y alrededor del 90% del total de defunciones.

Respuesta Institucional ante la Crisis Sanitaria

La respuesta temprana a la pandemia comenzó en el país a principios de marzo de 2020 con la cooperación de varios actores, como el Ministerio de Salud, la Sociedad Chilena de Geriatría y Gerontología y las principales organizaciones sin fines de lucro. Con la coordinación del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), se conformó un grupo de trabajo para articular la implementación de medidas de prevención y control. Ante este escenario, SENAMA impulsó una serie de articulaciones intersectoriales e interinstitucionales a fin de implementar múltiples medidas para prevenir y mitigar los efectos del COVID-19, estableciendo una estrategia dirigida a las personas que residen en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) y a aquellas que, por razones de confinamiento, debían permanecer en sus hogares.

Para la consolidación de la estrategia, en primer término, se identificaron las principales características del problema de la pandemia en el contexto de los ELEAM, a partir de la experiencia internacional y de la realidad de estos establecimientos en el contexto nacional, que está marcada por una profunda heterogeneidad y altos niveles de vulnerabilidad. Asimismo, se identificó la necesidad de profundizar en el componente sanitario de las residencias, de articular una estrategia colaborativa con diversas instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, y de conformar nuevos equipos profesionales, tanto en términos de asignación de nuevas responsabilidades a los funcionarios como de la incorporación de personal adicional. Por otra parte, se dispuso una estrategia con el objetivo de brindar acompañamiento a las personas mayores que necesitaran acceder a servicios de evaluación, tratamiento, curación o seguimiento en su domicilio, evitando que asistieran a los establecimientos de salud a fin de descongestionar estos centros y evitar posibles contagios de COVID-19.

La pandemia hizo evidente la compleja realidad de las personas mayores en general, pero particularmente de las que se encuentran institucionalizadas, las que viven una situación de soledad no deseada o sin redes, y las que no cuentan con los recursos necesarios para la subsistencia, entre otras. En este contexto de pandemia, el abordaje intersectorial, así como las adaptaciones que se han debido realizar en los programas dirigidos a personas mayores, han abierto la oportunidad de repensar el papel del Estado en cuanto al abordaje de las problemáticas, no solo mediante la mejora o adaptación de la oferta existente, sino también para comprender las nuevas necesidades y sumar actores en este desafío transversal.

En materia de retos, la pandemia ha dejado en evidencia varias situaciones a resolver, como la brecha digital de las personas mayores, la importancia de la inclusión tecnológica para la sobrevivencia en situaciones como esta y el abordaje de la salud mental de las personas mayores, un ámbito en el cual, a consecuencia de las medidas de restricción de la movilidad, se revelaron importantes afectaciones.

Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores

En este contexto, se volvió fundamental proteger y promover los derechos humanos, de modo de generar las condiciones para el ejercicio efectivo de estos derechos por parte de todas las personas y especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, como las personas mayores. El Estado tiene la responsabilidad de brindar a las personas mayores la protección necesaria para mantener su integridad física, psíquica y social. La cual incorpora derechos específicos y crea la figura del abandono social. A continuación, se destacan las principales acciones y definiciones institucionales que se han venido impulsando.

Marco de Derechos para la Vejez

Como sabemos, todos los seres humanos somos sujetos de derechos y deberes independiente de nuestra edad, sexo, creencias o etnia, lo que significa que cada persona merece ser reconocida como individuo y también como integrante de una comunidad y sociedad sobre la base de principios universales fundamentados en el respeto y la dignidad. No obstante, la edad, como categoría que ordena nuestro ciclo vital, ha condicionado especialmente a ciertos grupos humanos en el ejercicio pleno de sus derechos, entre ellos, al de las personas mayores. Uno de los efectos más relevantes de esto se relaciona con el edadismo, que hace referencia al conjunto de estereotipos, discriminaciones y actitudes prejuiciosas que se gestan por cuestiones de edad. En Chile, se arraiga culturalmente un fuerte edadismo, que asocia lamentablemente a la vejez con enfermedad, pasividad y fragilidad. Lo anterior se ha acompañado de políticas que han visualizado a la población adulta mayor como objeto de protección y amparo por parte del Estado, las familias y la sociedad, donde se observan, por ejemplo, el bajo acceso a la información y consentimientos en materias de salud o la planificación urbana no amigable. A través de estos antecedentes, envejecer en nuestro país puede llegar a convertirse en una etapa compleja y desafiante de vivenciar, por lo cual la necesidad de desarrollar acciones o estrategias que contribuyan a la reivindicación y reconocimiento de sus derechos se convierte en algo imprescindible.

Algunos de los derechos fundamentales de las personas mayores, tal como son reconocidos en diversos marcos normativos y que el Estado busca garantizar, incluyen:

• Derecho a la igualdad y no discriminación por razón de edad.
• Derecho a la vida y dignidad en la vejez.
• Derecho a la independencia y autonomía.
• Derecho a la participación e integración comunitaria.
• Derecho a la seguridad y a una vida sin violencia.
• Derecho a no ser sometido a tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
• Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud.
• Derecho de las personas mayores que reciben servicios de largo plazo.
• Derecho a la libertad personal.
• Derecho a la expresión, opinión y acceso a la información.
• Derecho a la nacionalidad y libertad de circulación.
• Derecho a la privacidad e intimidad.
• Derecho a la seguridad social.
• Derecho al trabajo.
• Derecho a la salud.
• Derecho a la educación.
• Derecho a la cultura.
• Derecho a la recreación, esparcimiento y al deporte.
• Derecho a la propiedad.
• Derecho a la vivienda.
• Derecho a un medio ambiente sano.
• Derecho a la accesibilidad y movilidad personal.
• Derechos políticos.
• Derecho a la protección ante situaciones de riesgo y emergencias humanitarias.
• Derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley.
• Acceso a la Justicia.

Respecto al bienestar de las personas mayores, hoy existe un tránsito desde un enfoque asistencialista hacia uno de derechos. La ley también establece deberes concretos para el Estado, como un nuevo procedimiento judicial para abordar el abandono social de personas mayores con dependencia y un trato preferente en justicia, especialmente para mayores de 80 años. En materia laboral, se reconoce el derecho al trabajo y la obligación de generar condiciones para la no discriminación.

Acciones Institucionales y Programas Clave

El SENAMA, en su calidad de entidad a cargo de velar por el bienestar de las personas mayores y el respeto a los derechos humanos, ha venido trabajando con el objetivo de mejorar las condiciones estructurales del Estado para resguardar los derechos de este grupo de la población, así como también para articular acciones ad hoc para el abordaje de los efectos del COVID-19. En cuanto a las mejoras estructurales del Estado de Chile, la creación del Programa Buen Trato al Adulto Mayor en 2012 ha posibilitado visibilizar la problemática y generar las coordinaciones y articulaciones necesarias para fortalecer el sistema judicial y que las personas mayores puedan acceder a él de manera expedita.

Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato

En 2018 se crea, en el marco de la estructura organizacional del SENAMA, la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato. Su objetivo es promover los derechos humanos de las personas mayores mediante la articulación intersectorial e interinstitucional, así como avanzar en la prevención del maltrato y la vulneración de derechos, favoreciendo y promoviendo la coordinación psicosocial y el acceso a la justicia de las personas mayores. En esta unidad se ejecuta el Programa Buen Trato al Adulto Mayor, que busca “contribuir al reconocimiento, promoción y ejercicio de los derechos de las personas mayores, a través de la prevención del maltrato que los afecta, la promoción del buen trato y la asesoría y coordinación con las redes regionales y locales” (SENAMA, s/f).

Acceso a la Justicia y Asesoría Legal

A partir de 2019, en el marco del Programa Buen Trato al Adulto Mayor se instala la figura del Defensor Mayor: abogados que atienden y brindan asesoría legal especializada a las personas mayores o comunidades que lo necesiten, frente a situaciones de abuso, maltrato, violencia o vulneración de derechos. Un importante avance que el SENAMA impulsó junto con la Corte Suprema por su aporte a la protección de este grupo vulnerable fue la creación del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores del Poder Judicial. Este hito es de suma relevancia, ya que por primera vez el poder judicial contempla específicamente a este grupo etario en su quehacer, con un enfoque diferenciado.

A su vez, desde finales de 2020, en el marco del Programa de Defensa Jurídica Integral para Adultos Mayores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se ofrece una atención preferente, así como representación judicial gratuita y especializada, a todas las personas mayores a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ). Para brindar esta atención preferente e integral, en cada capital regional se conformó una dupla sociojurídica, compuesta por un abogado y un trabajador social, para mejorar el acceso de las personas mayores a la justicia. Hasta mayo de 2021 se han realizado casi 7.000 asesorías sociojurídicas a personas mayores, que dieron lugar al ingreso de 1.636 acciones judiciales a los Tribunales de Familia (el 97% de estas causas fueron por violencia intrafamiliar).

Información y Comunicación Adaptada

SENAMA ha elaborado la “Guía con los principales beneficios del Estado para las personas mayores”, con el fin de resolver las brechas de información y la consecuente dificultad de acceso a los beneficios del Estado. Otro recurso fundamental es el Fono Mayor, uno de los canales de atención del Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC) del SENAMA. Su objeto es ser un espacio de atención y comunicación que permite a las personas entrar en contacto con el SENAMA y vincularse con otras reparticiones públicas, garantizando el acceso oportuno a la información. A consecuencia de la pandemia, y respondiendo a la necesidad de generar un canal seguro y gratuito para la comunicación, el Fono Mayor COVID-19 se robusteció y permitió que entre enero y octubre de 2021 se atendieran 15.609 llamados, con una tasa de resolución del 90%. Esta herramienta ha permitido no solo garantizar información clara y oportuna, sino también abordar la salud mental de estas personas a través del acompañamiento psicológico y la prevención del suicidio. Para 2022 se prevé la incorporación de este canal de comunicación como parte de la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato, con presupuesto permanente.

Participación Política y Social

El modelo democrático de Chile permite a los ciudadanos participar, mediante diferentes mecanismos, en las decisiones que definan el rumbo del país. En 2021 se han llevado a cabo varios procesos eleccionarios. En relación con esto, junto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se elaboraron protocolos para la votación de personas mayores de forma preferente, abogando por días y horarios protegidos para este grupo etario y garantizando así las condiciones para su plena participación política y social. Las orientaciones estratégicas para el Plan de Envejecimiento Chile 2021-2030 vienen a acentuar la necesidad de generar cambios en la sociedad para permitir la participación de las personas mayores y posibilitar su pleno disfrute de los derechos humanos. En este marco, el SENAMA ha realizado diversos conversatorios con representantes de organizaciones de personas mayores, académicos y representantes de distintos ministerios para considerar su opinión y sus aportes en la construcción de la hoja de ruta de la política pública para los próximos diez años.

Monitoreo y Concientización

El diseño e implementación de un mecanismo de seguimiento y monitoreo de los compromisos asumidos en el marco de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores es un proceso que considera un componente participativo para la activa intervención de las personas mayores. Se han elaborado campañas para generar un impacto positivo en la imagen que la sociedad tiene de las personas mayores, incluida la mirada de las propias personas mayores sobre sí mismas. Por ejemplo, en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez (15 de junio), el SENAMA implementó la campaña denominada “La soledad no es un juego, haz tú el primer movimiento”. Las campañas también buscan cambiar la forma de pensar, sentir y actuar en relación con las personas mayores, en el entendido de los efectos negativos que trae aparejado el edadismo.

Estrategias de Promoción, Prevención y Protección

Promover y proteger los derechos, así como prevenir las situaciones de maltrato hacia las personas mayores, es un esfuerzo que no solo le corresponde al Estado o a las instituciones, sino a la sociedad en su conjunto. En el despliegue de estas acciones, el rol de las personas mayores no puede quedar invisibilizado o relegado a ser espectadores, sino que deben adquirir un rol activo y protagónico que les permita movilizarse, individual y colectivamente, ejerciendo ciudadanía en condición de igualdad. El empoderamiento y conocimiento de sus derechos serán elementos fundamentales para lograr dicho propósito.

1. La Solidaridad Intergeneracional

Puede definirse como la búsqueda de la cooperación, integración e intercambio entre personas de diferentes generaciones. Esta interacción colaborativa puede darse en los espacios familiares, en los cuales conviven personas de diferentes edades, como también en aquellos extrafamiliares como el vecindario, el trabajo, la comunidad y el territorio. Su relevancia radica en los siguientes aspectos:

• Disminuye mitos, prejuicios y estereotipos asociados a la edad.
• Genera instancias de transferencia de conocimientos y experiencias entre distintas generaciones.
• Favorece la creación de colaboración social, confianza y apoyo mutuo.
• Puede generar comunidades y sociedades con mayor pertenencia e integración.

En el país, se han implementado experiencias de promoción del intercambio intergeneracional y que han tenido a las personas mayores como protagonistas, un ejemplo destacado de ello lo constituye el Programa Voluntariado País de Mayores (Servicio Nacional del Adulto Mayor SENAMA). Este busca promover la integración social y las relaciones intergeneracionales de personas mayores y niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad del sistema de Protección Social. Las personas mayores que participan de este programa ejercen labores de voluntariado destinadas a entregar conocimientos y experiencias para que los estudiantes mejoren su rendimiento escolar, involucrando a sus familias en el proceso educacional. A través de la ejecución de esta iniciativa, las personas mayores han fomentado su participación social y comunitaria, así como una imagen positiva de la vejez. Es importante reconocer y valorar la solidaridad intergeneracional como uno de los pilares básicos de la interacción y colaboración entre personas de diferentes edades.

2. La Participación Social

Para todas las personas la participación social es un factor que protege y promueve la salud tanto mental como física. En particular, para las personas mayores, además puede representar un importante motor de empoderamiento y concientización de sus derechos. Según cifras de SENAMA, más del 35% de las personas mayores participa en organizaciones sociales, porcentaje mucho mayor a la participación de la población entre 15 y 59 años, la cual alcanza el 25%. Entre las organizaciones en las que participan las personas mayores destacan Juntas de Vecinos u otras organizaciones territoriales, organizaciones religiosas, agrupaciones de personas mayores, Clubes Deportivos, entre otros. Una de las formas más reconocibles en este ámbito son las organizaciones de personas mayores que en el país llegarían a ser más de 13 mil.

Un ejemplo menos conocido de participación en las personas mayores lo constituyen los Consejos de Residentes, organizaciones que pueden conformarse al interior de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) cuyo objetivo es promover el ejercicio de los derechos y su participación en el funcionamiento de la residencia al constituir un espacio de exposición de inquietudes, dudas y mejoras. Los consejos de residentes son espacios voluntarios e inclusivos donde todo residente puede participar, independiente de su nivel de dependencia.

Las personas mayores participan de forma activa en las organizaciones sociales y en mayor proporción que otros grupos etarios. Si bien en los últimos años, la expresión de esta participación se vio profundamente mermada por las restricciones sanitarias de la pandemia del COVID-19, en la actualidad la disminución de las medidas ha permitido reactivar estas instancias, por lo tanto, las personas mayores pueden volver a participar, tomando los mismos resguardos que cualquier persona.

Recomendaciones Clave para la Promoción de Derechos

Para promover los derechos de las personas mayores y prevenir el maltrato, todos debemos:

• Eliminar todas las actitudes e interacciones que infantilicen, sobreprotejan o fragilicen a las personas mayores, lo cual incluye el uso del lenguaje.
• Promover la autonomía, independencia y la capacidad de las personas mayores para decidir en base a sus creencias personales.
• Informar en las instituciones competentes ante la sospecha de que una persona mayor pueda estar siendo vulnerada en sus derechos.
• Promover la colaboración entre todas las edades.

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