La frase "Los niños primero" fue un eslogan empleado por Felipe Kast (Evópoli) durante su precandidatura presidencial en 2017. Tras perder las primarias frente a Sebastián Piñera, la promesa de solucionar la crisis al interior del Servicio Nacional de Menores (Sename) se integró a la campaña y al discurso del gobierno. Sin embargo, la institución ha continuado enfrentando graves problemas, con una densa e histórica cantidad de vulneraciones de derechos dentro de los centros que debían proteger a niñas y niños.
Renuncia de Susana Tonda y Nuevos Conflictos
En medio de esta persistente crisis, Susana Tonda, ex directora del Sename, presentó su renuncia, argumentando que no contaba con el respaldo del ministro de Justicia, Hernán Larraín. Tonda señaló: “Dados los acontecimientos de los últimos días, me ha quedado claro que no cuento con la confianza de mi jefatura directa, lo cual es imprescindible para ejercer un cargo como este”.
Recientemente, el organismo ha vuelto a estar en el centro de la polémica. El 28 de abril, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, presentó una querella por explotación sexual comercial de niños en el hogar Nido, en Hualpén. Posteriormente, Radio Bío Bío informó que el Sename firmó un acuerdo con la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) para el traspaso de información sobre los niños albergados, en medio de una campaña de criminalización de la protesta social, particularmente de la "primera línea", presuntamente nutrida por personas que estuvieron o pasaron por el Sename.
Fuentes internas del Sename describen un panorama administrativo de "luces y sombras". Se ha visto un avance positivo con el cierre de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread), reemplazados por Residencias Familiares, donde los niños pasaron de dormir en habitaciones con camarotes a tener piezas individuales. No obstante, la institución sigue afectada por conflictos como los cuoteos políticos en cargos, tanto del actual gobierno como de los anteriores.
Todos estos hechos recientes sugieren que los problemas en el Sename persisten, y que el eslogan gubernamental "Los niños primero" no ha logrado los resultados prometidos en la práctica.
Investigaciones y Críticas del Diputado René Saffirio
El diputado René Saffirio (Independiente), quien lideró investigaciones clave sobre la crisis histórica del Sename, critica el rumbo actual del gobierno de Sebastián Piñera, acusando que se enfoca en aumentar las subvenciones a hogares privados en lugar de garantizar que el Estado asuma directamente el cuidado de los niños. Saffirio contextualizó los hechos recientes con investigaciones previas:
En diciembre de 2018, la Fuerza de Tarea del Sename de la Policía de Investigaciones (PDI) entregó un informe de 270 páginas al fiscal nacional, Jorge Abbott; al ministro de Justicia, Hernán Larraín; y a la entonces directora del Sename, Susana Tonda. Este informe, que detallaba la investigación de la PDI a 241 centros, reveló conclusiones alarmantes:
- El 92% de los centros no cumplía con los estándares exigidos por el propio Sename.
- En el 88% de las residencias se cometían actos que implicaban vulneración de derechos de los niños.
- En el 100% de los centros había habido acciones permanentes y sistemáticas que lesionaban los derechos de los niños, atribuibles a maltrato intrarresidencial, es decir, cometido por trabajadores del Sename.
El informe de la PDI también señalaba que el 59% de los abusos cometidos contra los niños fueron perpetrados por funcionarios de los centros, y que el 66% del personal diurno y el 84% del personal nocturno no era idóneo. Saffirio lamentó que, a pesar de la gravedad de estos hallazgos, ni el ministro de Justicia ni el fiscal nacional hubieran actuado al respecto, destacando que el ex fiscal Emiliano Emilfork, quien solicitó la investigación, tuvo que renunciar.
Relevancia de la Renuncia de Susana Tonda
Para Saffirio, la renuncia de Susana Tonda "no tiene ninguna importancia" porque, según él, directores han renunciado "durante décadas y se siguen vulnerando los derechos de los niños y ningún gobierno ha hecho nada". Criticó al actual gobierno por haber hecho campaña electoral con los niños, calificándolo de "inmoralidad", y por supuestamente priorizar a los niños en la lista de la ANI para que el presidente de la República utilizara su información. El diputado afirmó que "izquierda, centro y derecha tienen las manos metidas en los recursos del Sename", que ascienden a más de 400 mil millones de pesos anuales, destinados a subvenciones y programas ejecutados por organismos colaboradores con redes políticas y religiosas, que "sirven para todo, menos para financiar la calidad de vida de los niños".
Saffirio destacó la desproporción: entre 6 y 7 mil niños están bajo el sistema de protección en Chile, una cifra comparable a un "colegio grande", que el Estado podría financiar con "lo mejor de lo mejor". Subrayó un dato crucial: el 50% de las personas en las cárceles pasó por un servicio del Sename, lo que indica que el sistema "está funcionando totalmente mal" y los centros se han convertido en "una preparación para la vida criminal".
Avances Gubernamentales y Proyectos de Ley
Saffirio fue crítico con los supuestos avances del gobierno:
- Un proyecto de ley de garantías de derechos de niñas y niños fue modificado por el gobierno en el Senado, cambiando "garantizar" a "promoverá", transformándolo en "un poema a los niños vulnerados; nada".
- La ley de adopción, aprobada en la Cámara de Diputados, fue frenada en el Senado por el gobierno al quitarle la urgencia, debido a la inclusión de adopciones homoparentales. Saffirio interpretó esto como una preferencia gubernamental a que "los niños que están para adopción sigan siendo violados sexualmente antes que puedan ser adoptados por una pareja homoparental".
- Los proyectos de creación de dos nuevos servicios (Servicio de Protección de la Infancia y Servicio de Responsabilidad Adolescente) fueron aprobados en el Senado, pero sin cambiar el régimen de financiamiento, lo que para Saffirio significa que "nada cambia porque esto seguirá siendo un negocio".
El diputado indicó que la "preocupación de este gobierno" se centra en la subvención, y que el único proyecto vigente que tuvo su voto en contra fue el que aumentó en 10 mil millones de pesos las subvenciones para los mismos organismos "denunciados por el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas".
Reveladoras cifras de la crisis del Sename
La Opacidad de las Investigaciones
Saffirio se mostró escéptico sobre la agudización de las investigaciones, señalando que el fiscal nacional y el Ministerio de Justicia han ignorado el informe de la PDI durante un año y medio. Afirmó que "la causa murió con la renuncia de Marcos Emilfork", quien solicitó el informe, pero este fue entregado al fiscal nacional en lugar de a él. El diputado denunció que, en una sesión de la Comisión de Constitución, las autoridades negaron conocer el documento. Saffirio concluyó que esta es una "historia terrorífica que no tiene que ver con un gobierno en específico, tiene que ver con una frialdad indolente frente al drama de una infancia vulnerada que no le importa a nadie".
Crítica a la Oposición
El diputado también criticó a la oposición, afirmando que "a ningún partido le interesa que esto se resuelva, a ninguno, ni de centro, ni izquierda ni derecha". Recordó que la problemática estalló en 2012 y que los medios de comunicación no quisieron publicar nada de sus investigaciones en ese entonces.
La Comisión Verdad y Niñez del Gobierno de Boric
A fines de 2024, el gobierno de Boric anunció la creación de la Comisión Verdad y Niñez, con el objetivo de esclarecer las violaciones a los derechos humanos de menores bajo custodia del Sename. Sin embargo, la comisión se ha visto afectada por la renuncia de cuatro de sus siete consejeros. El subsecretario de DDHH, Pablo Mira, explicó que el Ministerio está comprometido con fortalecer el trabajo de la Comisión y que propusieron mejoras para su eficiencia, aunque algunos comisionados prefirieron renunciar por "razones distintas".
Se estima que entre 1979 y 2024, unos 700 mil menores pasaron por centros del Sename. La tarea de la Comisión es "titánica" debido a la extensión del período, la dificultad de acceso a la información, la obtención de testimonios y la necesidad de acompañamiento continuo para evitar la revictimización. Mira reconoció las críticas transversales a su funcionamiento, como la poca difusión, el bajo conocimiento, las dificultades de acceso a datos, la falta de liderazgo político y el uso ineficiente de recursos. Aseguró que los ajustes no responden a recortes presupuestarios y que buscan mejorar la "escucha de testimonios", que ha sido menor de lo esperado.
Casos Emblemáticos de Vulneración
El caso de Guillermina
El 4 de enero de 2012, Guillermina, de 16 años, fue reingresada al Centro de Protección Alborada del Sename en Temuco por un policía. Según la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, la joven, originaria de una zona rural con alta concentración indígena del sur de Chile, se resistió violentamente al reingreso. Forcejeó y arrojó objetos al personal. Una vez calmada, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después, Guillermina fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a los protocolos internacionales de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue trasladada a un hospital para verificar su estado o estabilizarla, ni para un chequeo completo tras llegar "a medio vestir". La única lesión constatada fue una herida en la rodilla. La querella no prosperó, y su muerte en agosto de 2012 se sumó a la larga lista de "egresos" del sistema, un término que equipara el fallecimiento de un menor con su escape o su reinserción familiar. Este caso puso en evidencia la situación "en estado terminal" del sistema, según María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia.
Caos Estadístico
Una de las mayores problemáticas es la falta de claridad sobre el número de menores vulnerables fallecidos anualmente bajo la tutela del Estado. Un informe del Ministerio de Justicia, solicitado por el diputado René Saffirio, reportó 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos en 2010 era cinco veces mayor. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a menores del área de "protección", excluyendo a los infractores de ley. Un análisis de BBC Mundo de los anuarios oficiales del Sename entre 2010 y 2014, sumado a la lista de Justicia, arrojó un total de 395 fallecimientos, pero la cifra oficial no parece ser confiable ni para quienes la publican. Estela Ortiz y el diputado Saffirio coinciden en que el Estado de Chile "no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia" y carece de cifras precisas sobre los niños en sus establecimientos, sus muertes y sus causas.
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, señaló: "No tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".
El Factor "Lissette"
La muerte de Lissette Villa, de 11 años, en abril de 2016, fue un detonante de la crisis. Lissette pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros del Sename, luego de que la Justicia determinara la incapacidad de sus padres. Las evaluaciones del Sename documentaron maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. A pesar de esto, Lissette escribía cartas a su madre pidiéndole volver a casa.
En el centro donde estaba, era conocida por sus episodios de rabia. El 11 de abril de 2016, una de sus crisis fue confundida con una "pataleta". Una cuidadora relató que Lissette se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar, desvaneciéndose. Ni ella ni su compañera, a cargo de 20 niñas, tenían conocimientos de primeros auxilios o estudios superiores. Para cuando se dieron cuenta de la gravedad, Lissette ya había muerto. Nuevamente, no se aplicaron protocolos acordes con los parámetros internacionales.
La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional" por la ausencia de un "familiar muy cercano", una explicación que fue considerada insatisfactoria y le costó el puesto.
Sobremedicación y Falta de Atención Psiquiátrica
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, opinó que la niña estaba "sobremedicada". Se le suministraba un fármaco (benzodiazepina) que, en las dosis administradas, actuaba como antipsicótico. Además, estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que algunos pueden tener efectos adversos en menores. Francisco Estrada alertó sobre la "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros: "El stock está en cualquier parte, cualquiera lo manipula. Y hay problemas graves con la dosificación".
El senador Alejandro Navarro afirmó que el 63% de los niños bajo tutela estatal estaban con tratamiento farmacológico, y más de 3.000 sin la debida atención médica especializada. Esta situación es aún más grave si se considera que "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", según Estrada. Guillermina, por ejemplo, con historial de consumo de alcohol y drogas, depresión y un embarazo adolescente, nunca fue diagnosticada con una patología psiquiátrica grave, lo que evidencia la falta de profesionales.
Soluciones Propuestas
Según el análisis de Francisco Estrada, una solución definitiva para el problema requiere tres pilares:
- Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: Unidades polivalentes con niños medicados correctamente y personal dedicado que trabaje con las familias, sin aislarlas.
- Reunificación familiar como objetivo final: Reconocer que muchos niños son internados por pobreza y buscar "romper el círculo" entregando herramientas a las familias, en lugar de separarlas. Estela Ortiz cuestiona la estigmatización de la pobreza, preguntándose por qué no hay niños de niveles socioeconómicos altos en el Sename.
- Defensa jurídica adecuada: Asegurar que los niños vulnerados cuenten con defensores que velen por sus derechos, a diferencia de los "abogados muy jóvenes" que a menudo ven al niño como un trámite burocrático.
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia busca cerrar el Sename y transicionar a un nuevo servicio antes de 2019, aunque los niños no pueden esperar. Estela Ortiz enfatiza la necesidad de medidas urgentes, como vehículos equipados para el transporte de menores. El informe de la PDI de 2017 es lapidario: "El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela".
Informes y Constataciones de la PDI
El informe de la PDI de 2017, al que CIPER tuvo acceso, investigó 240 hogares de menores de los 241 existentes en Chile. Constató 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Lo más grave es que el documento indica que en el 100% de los centros directamente administrados por el Sename se han cometido "de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes". El informe fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público.
Este informe de la PDI es el último eslabón de una "cadena siniestra de reportes" de varias instituciones a lo largo de siete años, que incluye el Informe Jeldres (Poder Judicial y Unicef), dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de Contraloría, además del reporte de la ONU. A pesar de estos informes y los anuncios de medidas, sanciones y reformas, la situación no ha mejorado.
Violaciones Graves de Derechos
La PDI desglosó los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El informe policial fue categórico: "Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros". El 62,9% de los hogares (151) presentaba casos de "deserciones del sistema".
Incumplimiento de Protocolos y Falta de Estructura
El equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumple con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Resultados alarmantes incluyen:
- 72,9% de los centros sin protocolo ante conductas suicidas.
- 76,7% de los hogares sin protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales".
- La gran mayoría de los hogares carecía de un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
La PDI también confirmó que, aunque el 98,3% de los centros recibe fiscalización periódica, estas "son coordinadas de manera previa". Además, dos hogares solo recibieron visitas anuales por parte de los tribunales de familia, que deben fiscalizar cada seis meses.
Salud Mental y Capacitación del Personal
El 37,3% de los residentes del Sename padece alguna enfermedad psiquiátrica, el 14,2% presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica, y el 0,4% está en estado terminal o riesgo vital. Un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. Sin embargo, 42 centros no tienen un encargado de salud, y en 55 centros, esta función es ejercida por personal sin el perfil necesario. En 159 centros (66,3%), "la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud", a quien solo se le exige cuarto medio rendido.
Una investigación de CIPER de 2016 reveló que los fármacos se suministran sin control, muchas veces como paliativo para contener a los niños. El 93,8% de los centros del Sename "no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos".
Perspectiva Histórica de la Crisis
Ximena Illanes y Miguel Morales, académicos de la UC, han abordado la crisis del Sename desde una perspectiva histórica, señalando que los menores vulnerados e institucionalizados son "verdaderos espejos de una sociedad y su historia". Remontan la problemática a fines de la Edad Media, con instituciones que acogían a niños abandonados, y mencionan historias de maltratos y abusos ya en ese entonces. Los académicos recalcan que el uso del concepto de abandono puede "invisibilizar la precariedad y desigualdad social de los niños, niñas y sus familias, que son usuarios de este sistema".
Sugieren que las estrategias futuras deben conservar los vínculos existentes, involucrando a las familias cuando sea posible o al personal que convive diariamente con los niños. Aludiendo a los objetivos de los hospitales bajomedievales para menores abandonados (la supervivencia), se preguntan cuáles son las estrategias del siglo XXI y cómo ha cambiado la relación de la sociedad con la infancia, proponiendo una mirada que conciba a la infancia como parte integrante y partícipe de la construcción de la sociedad.