El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que están bajo su tutela. Esta es la conclusión de un lapidario informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores en el país.
Dicho informe reveló que en el 100% de los centros que administra el Servicio Nacional de Menores (Sename) y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Un aspecto particularmente grave es que este informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público en su momento.
Contexto y Múltiples Denuncias de Vulneración
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra NNA en hogares del Sename. Sin embargo, el mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. CIPER accedió a este informe de 257 páginas, el cual resume una extensa investigación contenida en 28 tomos, realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016, reportadas tras el deceso de Lissette.
A juicio del diputado René Saffirio, quien reveló la existencia del informe en julio de 2019, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hubieran dado a conocer este documento en diciembre del año anterior. El informe de la PDI es mucho más completo que un reporte anterior de la ONU, que visitó solo cuatro residencias, mientras que la policía consideró 240 de un total de 241 que existen en todo el país, dando cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias.
Diversas instituciones deben responder públicamente por esta situación, no solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda especialmente en entredicho, ya que los jueces de familia deben visitar los centros dos veces al año sin haber detectado estas vulneraciones sistemáticas.
Una Cadena de Informes Inquietantes
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por al menos media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef encabezada por la jueza de familia Mónica Jeldres. Los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una serie de investigaciones, incluyendo dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría, a los que se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas que, según algunas voces, no se han cumplido.
El Caos Estadístico y las Muertes en el Sistema
La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal. A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI. A esos policías se los mandató con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años (2005-2016).
Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe con exactitud. Según un informe del Ministerio de Justicia, requerido por el diputado René Saffirio, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a los menores del área de "protección", dejando fuera a los niños infractores de la ley. Un análisis de BBC Mundo de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014, sumado a la lista entregada por Justicia, arrojó 395 fallecimientos. La falta de claridad es tal que las cifras no parecen confiables ni siquiera para quienes las publicaron.
El diputado Saffirio señaló que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
Casos Emblemáticos: Lissette Villa y Guillermina
El caso de Lissette Villa, quien a sus 11 años pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros del Sename, puso en evidencia la crisis. La Justicia había determinado que sus padres no estaban capacitados, y las evaluaciones del Sename incluían maltrato físico, psicológico y abuso sexual. A pesar de esto, Lissette escribía cartas a su madre pidiéndole volver a casa.
En el centro donde estaba internada, Lissette era conocida por sus episodios de rabia. El lunes 11 de abril, una crisis derivó en su muerte por errores en la contención de la menor. Las cuidadoras, sin conocimientos en primeros auxilios, no supieron manejar la situación a tiempo. La entonces directora del Sename atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional" por la ausencia de un familiar, lo que le costó el puesto.
Otro caso dramático es el de Guillermina, de 16 años, quien en 2012 llegó al Centro de Protección Alborada "a medio vestir" y con dinero, siendo reingresada por la policía tras haberse escapado. A pesar de sus antecedentes de consumo de alcohol, drogas, depresión e intentos de suicidio, no fue llevada a un hospital para una evaluación completa. Menos de media hora después de ser acostada, fue encontrada colgada con sus propios cordones. La querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia no prosperó, y su muerte quedó registrada como un "egreso" más del sistema, un término que el Sename usa indistintamente para fugas o fallecimientos.
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Problemas Estructurales y de Atención en los Centros del Sename
El equipo de la PDI, conocido como la Fuerza de Tarea Sename, visitó 240 de las 241 residencias existentes en el país. Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones, por lo que los datos recabados son casi exclusivamente de ese año. El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Deficiencias en Protocolos y Fiscalización
El equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Los resultados son alarmantes: el 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Además, la gran mayoría de los hogares tampoco tenía un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, la PDI determinó que “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. A esto se suma que los tribunales de familia, que deben fiscalizar cada seis meses, en algunos casos solo realizaron visitas anuales.
Salud Mental y Sobremedicación
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: 37,3% de los residentes. Además, un 14,2% presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en riesgo vital. Un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
La situación se agrava por la falta de personal calificado: 42 centros no tienen un encargado de salud, y en otros 55, la función es ejercida por personal sin la formación necesaria. En el 66,3% de los centros, la administración de fármacos la realiza un educador de trato directo sin formación profesional ni técnica en salud, un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado.
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, afirmó que su impresión clínica es que la menor estaba sobremedicada con fármacos que en altas dosis actúan como antipsicóticos y antidepresivos que pueden tener efectos adversos en niños, como volverlos "más agresivos, impulsivos e irritables". La "poca prolijidad" con la que se manipulan los medicamentos es generalizada, lo que lleva a la posibilidad de que no se administren correctamente.
Esta dramática situación se acrecienta al considerar que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (2017)
Entre enero y abril de 2017, un equipo de más de 60 profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) visitó 171 centros de todas las regiones del país. Este estudio evaluó las condiciones de cumplimiento de los derechos humanos, las condiciones laborales de los funcionarios e indagó sobre eventuales vulneraciones a NNA residentes. Se entrevistó a 401 NNA, de una población total de 2.688 institucionalizados en Chile de 8 a 17 años.
De los resultados se destacaron 10 temáticas relevantes:
- Perfil de NNA: Población fundamentalmente femenina (63,5%), con un 37,8% de niñas entre 8 y 13 años.
- Perfil de los trabajadores: Mayoría mujeres (87,9%), lo que refleja una feminización del personal.
- Condiciones de vida y cuidado: Necesidades básicas satisfechas, pero con problemas de calidad en calefacción, recreación y espacios comunes. Preocupante es que en el 20% de los casos conviven adolescentes con niños de menor edad o no se les separa por sexo. Un 21% de los centros presentaba sobrecupo. El 1,6% de los establecimientos entregaba solo 1 o 2 comidas diarias, y el 16% de los NNA declaró pasar hambre.
- Trato: El 22% de los NNA consideraba que el personal no siempre les daba un trato respetuoso y cariñoso, y el 34% declaró trato discriminatorio.
- Vinculación con el medio: En el 4% de los centros, los NNA no estaban autorizados a hablar directamente con el juez. Solo el 32% de los NNA tuvo la posibilidad de hablar con el juez en las visitas periódicas.
- Educación: Si bien el 93% de NNA asistía a un establecimiento educacional, solo el 88% de los niños entre 14 y 17 años lo hacía, un 8% por debajo del promedio nacional. El 20% presentaba retraso escolar.
- Familia e identidad: El 40% de los centros restringía horarios de visita familiar, el 30% no admitía más de dos visitas a la semana. El 57% de los centros se encontraba fuera de la comuna de origen familiar. Un 16% de los centros utilizaba el retraso al ingreso de visitas como sanción, y el 13% reportaba suspender las visitas por mal comportamiento del NNA.
- Salud mental: El 69% de los NNA de 14 o más años presentaba sintomatología depresiva. El 45% de quienes tenían síntomas no había accedido a un psicólogo o psiquiatra, y el 70% no estaba en tratamiento.
- Violencia institucionalizada: 8 de cada 10 NNA encuestados declararon haber recibido algún tipo de castigo del personal. Destaca la privación de contacto familiar (15%), ser dejado sin comida (7%), ser encerrado (7%) o haber sido "contenido físicamente" (12%). El 46% reportó maltrato psicológico y el 18% agresión física (leve o grave).
- Violencia entre pares: El 48% de los NNA indicó haber sido objeto de maltrato físico y/o psicológico reiterado. Un 19% de los centros no contaba con protocolos para atender estas situaciones.
- Abuso sexual: El estudio arrojó 23 casos de abuso sexual en los últimos 12 meses (prevalencia del 6,4%). 8 de cada 10 abusos fueron experimentados por niñas. En el 78% de los casos, el abuso fue cometido por otro menor, y en el 7% por un adulto del centro. El 69% de las víctimas seguía en contacto con el presunto abusador.
Propuestas de Solución y la Transición a un Nuevo Servicio
El diputado Saffirio señaló que, a pesar de los informes y las 200 medidas urgentes que presentó, "ninguna se han cumplido". Ante la gravedad de la situación, el psiquiatra Rodrigo Paz destacó la falta de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil en Chile, a pesar de tener la tasa de suicidio adolescente más alta de la región. Esto es especialmente relevante, dado que el 63% de los niños bajo tutela del Sename está con tratamiento farmacológico.
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, propone tres pilares para una solución definitiva:
- Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: Necesidad de unidades polivalentes con niños adecuadamente medicados y personal dedicado.
- Reunificación familiar: Que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen, rompiendo el círculo de pobreza y maltrato, en lugar de aislarlos.
- Defensa jurídica adecuada: Los NNA vulnerados requieren defensores con la formación y dedicación necesarias, a diferencia de lo que ocurre con los "infractores de ley" que tienen mejores defensas.
María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, coincide en que la decisión de internar a los niños a menudo es la más fácil ante la baja formación de quienes toman las decisiones, y cuestiona la estigmatización de la pobreza al no haber niños de niveles socioeconómicos altos en la institución.
El Nuevo Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que Ortiz espera "dejar instalado" en el gobierno actual. Este nuevo servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, estará sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
El objeto del nuevo Servicio será garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos, asegurando la provisión y ejecución de programas especializados para abordar casos de mediana y alta complejidad. Deberá garantizar el pleno respeto a los NNA en su calidad de sujetos de derechos de especial protección, actuando de un modo acorde a la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y garantizando el derecho de acceso a la justicia de forma independiente.
Juicio oral por muerte de Lissette Villa: Piden 7 años de cárcel para ex funcionarias del Sename
Principios y Estructura del Nuevo Servicio
Los principios rectores del Servicio incluyen el interés superior del niño, niña o adolescente, la igualdad y no discriminación arbitraria, la autonomía progresiva, la perspectiva de género, la inclusión, la protección social y la participación efectiva. La dirección estará a cargo de un Director o Directora Nacional nombrado por el Sistema de Alta Dirección Pública por cinco años, renovable por una sola vez, y contará con direcciones regionales.
Funciones Clave del Servicio
Entre sus funciones se encuentran:
- Elaborar la normativa técnica y administrativa de programas de protección especializada.
- Colaborar con otros órganos del Estado.
- Generar procedimientos para recabar periódicamente la opinión de los NNA y sus familias.
- Velar por el respeto de los derechos humanos y disposiciones legales.
- Diseñar y desarrollar políticas y programas de capacitación.
- Recuperar recursos utilizados en contravención de la normativa.
El Servicio contará con un Consejo de Expertos, conformado por cinco miembros con experiencia y trayectoria reconocida en áreas ligadas a la niñez, que durarán tres años en su cargo.
Modalidades de Atención y Fiscalización
Las líneas de acción o modalidades de atención especializada incluyen diagnóstico clínico especializado y seguimiento de casos, pericia, intervenciones ambulatorias de reparación, fortalecimiento y vinculación, cuidado alternativo y adopción. Los programas deberán diseñarse en base a evidencia técnica y territorial.
El Servicio tendrá una unidad de fiscalización para controlar y aplicar sanciones a los colaboradores acreditados. Se considerará como infracción gravísima la ocurrencia de delitos que afecten la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de NNA o el correcto uso de recursos públicos, sancionable incluso con el término de la acreditación.
Los colaboradores acreditados solo podrán ser personas jurídicas que hayan implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir dichos delitos. El Servicio deberá mantener y administrar un registro de colaboradores acreditados, disponible en su página web y actualizado anualmente.
Es un hecho que los niños no pueden esperar, y la urgencia de estas reformas es imperante para garantizar el bienestar de los NNA en Chile.