La presunta malversación de fondos en el Servicio Nacional de Menores (Sename) y específicamente en el Programa de Aseguramiento de la Calidad de las Residencias y de Mejoramiento Continuo (Ascar) ha desencadenado una profunda investigación judicial y política en Chile. Renovación Nacional (RN) ha anunciado su intención de querellarse por presunto fraude al fisco en este programa social.
Origen y Objetivos del Programa Ascar
El programa Ascar, perteneciente al Sename, fue puesto en marcha en 2013. Su objetivo original era el mejoramiento de la calidad en las residencias de protección de menores, buscando garantizar mejores condiciones para los niños que se encontraban bajo la custodia del Estado. Este plan, según el exfuncionario Javier Lagos, “permitió que el Estado, a través del Sename, destinara recursos para llevar a cabo la mejora de la calidad de las residencias de protección”.
El Contexto de la Investigación: Fallecimientos en Sename
La investigación sobre el programa Ascar nació a raíz de la indagatoria por las muertes de niños, niñas y adolescentes que se encontraban bajo custodia del Estado en centros dependientes o de organismos colaboradores del Sename. Esta situación revistió la máxima gravedad para el presidente de RN, Mario Desbordes, impulsando la decisión de su partido de querellarse contra los responsables del presunto desvío de dineros. La revelación de estos fallecimientos impulsó a la policía civil a crear una fuerza de tarea destinada a investigar los hechos, y con el paso de los meses, las diligencias solicitadas por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, derivaron en hallazgos que promovieron la arista Ascar.
Denuncias de Irregularidades y Fraude al Fisco
La investigación es impulsada por el fiscal del Bío Bío, Marcos Emilfork. Los hechos apuntan a un presunto fraude al fisco, donde dineros destinados a un fin específico habrían sido utilizados para otros objetivos, una práctica tipificada como malversación de caudales públicos. Funcionarios del Servicio Nacional de Menores afirmaron que en su momento manifestaron ante las autoridades ministeriales de Justicia y ante la Contraloría que el programa era inconveniente, pero afirman no haber sido escuchados. El Ministerio Público sostuvo a T13 que han prestado declaraciones 130 de los 150 funcionarios que trabajaron en el programa Ascar.
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Participación de Ana María Gazmuri
Una de las figuras mencionadas en la investigación es la actriz Ana María Gazmuri, directora de Fundación Daya. Según trascendidos, la exministra Javiera Blanco habría visado, a través de sus asesores, la contratación a honorarios de Gazmuri. La directora ejecutiva de Fundación Daya habría recibido pagos por poco más de $17 millones de pesos por cumplir la función de terapeuta. Sin embargo, Gazmuri explicó en conversación con Radio Bío Bío que esa solo era la descripción de la función y que su rol fue realizar 40 charlas durante seis meses. En sus palabras: “No fui contratada como terapeuta, esa es la definición de mis capacitaciones en el contrato”. El exministro José Antonio Gómez también mencionó que le propuso a Ana María Gazmuri participar en el desarrollo del programa Ascar, señalando que “la idea era que ella como figura pública convocara a la participación de este proceso”.
El Cambio de Foco del Programa
De acuerdo con las policías, el programa Ascar, que se inició en 2013 con el propósito de mejorar la calidad de las residencias, varió su enfoque con el paso de los meses. La comisario Ana María Fuentes señaló: “Hay una estructura del programa que fue cambiando durante este periodo y perdiendo el foco. Las nuevas contrataciones, justificadas o no, y las nuevas áreas que se crearon es lo que fue mutando desde su inicio a lo que terminó en 2016”. El programa, que nació enfocado en protección, luego agregó aspectos relacionados a Responsabilidad Penal Adolescente, también ligado con el Sename, pero con destino en menores infractores.
Este cambio de objetivo derivó en la creación de los llamados "diálogos ciudadanos". La comisario Fuentes indicó: “Se realizaban charlas sobre la prevención de abuso sexual de menores. Estas eran dadas en colegios, universidades, plazas ciudadanas y juntas de vecinos”. Agregó que tales exposiciones se realizaron en establecimientos del sector oriente de Santiago. Sobre esto, la comisario Gabriela Lineros expresó que con estas charlas “claramente no se cumple el objetivo del programa. Ahí estamos viendo una aplicación pública diferente, en que los dineros solicitados y entregados que eran para un objetivo, a sabiendas de eso, se utilizaron en otro tipo de contratación”.
Declaraciones de Exministros y Funcionarios
La investigación ha implicado a exministros de Justicia de la administración anterior, Javiera Blanco y José Antonio Gómez, a quienes parlamentarios de Chile Vamos han señalado que deben responder por las situaciones ocurridas durante sus gestiones.
Testimonio de Javier Lagos
Javier Lagos, exfuncionario del Ministerio de Justicia, consultado respecto a las asesorías contratadas con cargos a los fondos del programa, señaló que “todos los funcionarios contratados para la fiscalización de centros de menores cumplieron el rol por el que se les remuneraba. Toda la gente que estuvo bajo mi coordinación hizo su trabajo de forma eficiente y eficaz”. Lagos también manifestó que no tomó conocimiento de contrataciones de asesorías para el ministro o subsecretarios con recursos de Ascar, ni tampoco de pago de “favores políticos” mediante el enrolamiento de personas para ejercer funciones dentro del mismo programa. “No vi nada en ese sentido. Si alguna persona declara que no trabajó en Ascar y que le pagaron, que se haga responsable de sus dichos”, enfatizó.
Declaración de José Antonio Gómez
En su declaración como imputado ante el fiscal Marcos Emilfork el 29 de octubre, el exministro de Justicia José Antonio Gómez abordó el uso de los recursos del programa Ascar. Criticó la existencia de contratos que calificó de "extraños":
- Un señor García al que le pagaron $3 millones "sobre computación", y que al ser consultado sobre Ascar, dijo que era para monitorear donaciones a privados, recibiendo $6 millones en un mes.
- Jonathan Guzmán, a quien le pagaron $3 millones en un mes por un PowerPoint.
- Pamela Romero, contratada para hacer un catastro de entidades públicas y privadas de los niños, por $1,5 millones.
- Ángela Chaparro e Ignacio Barceló Carillo, a quienes les pagaron $3 millones por leer focus group.
- Nicolás Larraguibel en una situación similar.
Gómez apuntó a la responsabilidad del exsubsecretario de Justicia, Marcelo Albornoz, señalando que "había varios hallazgos en la auditoría final efectuada al programa Ascar". Recordó que se levantó la contratación de personas bajo cargo Ascar que desempeñaban funciones en otros departamentos, y se sugirió al subsecretario instruir sumario, lo cual Albornoz "finalmente no hace". Afirmó que el subsecretario era el responsable "de la utilización de los recursos". Ante la pregunta del fiscal sobre si adoptó alguna medida como ministro, Gómez respondió: “Vuelvo a insistir, esto era reporte y responsabilidad del subsecretario de Justicia, Marcelo Albornoz”. Consultado sobre quién controlaba el cumplimiento de las funciones por parte del subsecretario, Gómez señaló: “Mi respuesta es que es la Presidenta de la República y también yo como ministro, pero él no tenía dependencia jerárquica conmigo”.
Gómez también fue consultado por personas que él propuso para trabajar en el ministerio y se desempeñaron en el programa Ascar. Explicó que pasaron por un proceso administrativo regular de ingreso, como en el caso de Gabriel Guzmán, a quien conocía por la campaña presidencial, pero "esto no significa que haya hecho uso de un acto ilegal, simplemente lo invité y el proceso administrativo ve que ingrese".
La Investigación del Ministerio Público
El Ministerio Público solicitó a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI indagar la existencia de delitos. La investigación policial ha sido compleja, requiriendo el análisis de 60 archivadores con información del programa relativa a sueldos, informes, contabilidad, viajes e información entregada a Contraloría. Para estas labores, la PDI creó a mediados de 2017 un equipo de trabajo conformado exclusivamente por detectives mujeres, incluyendo a la comisario Ana María Fuentes (contadora auditora), la comisario Gabriela Lineros (ingeniera comercial), la comisario Sandra Elgueta (periodista) y la detective Bárbara Figueroa. Ellas se han encargado de las 158 declaraciones tomadas a la totalidad de funcionarios de Ascar.
El subprefecto José Gutiérrez, jefe de la Bridec Metropolitana, indicó: “Para este caso se designó a dos oficiales con años de experiencia en la investigación de esta área, siendo posteriormente, y a la luz de los nuevos antecedentes -me refiero con ello a la arista subvenciones-, reforzadas por otras dos oficiales con similares perfiles profesionales”.
Violación de Secreto en la Investigación
La exministra y actual consejera del CDE, Javiera Blanco, criticó las "innumerables filtraciones de información de la causa Sename". El fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, ordenó la apertura de una causa penal por violación de secreto debido a la publicación en medios de prensa de documentos que forman parte de la carpeta investigativa y de diligencias.
Próximos Pasos
Aún resta una serie de interrogatorios que han surgido a partir de antecedentes entregados por los funcionarios, y luego el análisis final de los antecedentes recopilados. Pese a las más de 150 declaraciones, aún no se han solicitado las de los exministros José Antonio Gómez o Javiera Blanco. La comisario Lineros explicó que esto se debe a una "manera de abordar la investigación", comenzando "desde abajo y luego va ascendiendo para determinar responsabilidades". Tras ello, "será la fiscalía quien defina posibles formalizaciones", según la comisario Fuentes. Adicionalmente, el Ministerio Público ha solicitado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) estudiar la causa y determinar si proceden acciones legales, querellas o demandas que permitan garantizar la integridad del patrimonio fiscal.