Se informa que, por circunstancias de fuerza mayor referidas al funcionamiento de sistemas internos del Servicio Nacional de Menores, la Plataforma OIRS se encuentra temporalmente deshabilitada desde el día 25 de febrero del presente. Al hacer una solicitud anónima, quienes gestionen su requerimiento no tendrán acceso a sus datos personales, aunque haya ingresado con Clave Única. Esta opción se ofrece por la posibilidad de que exponer determinados hechos presente un riesgo para su seguridad o la de su familia, por lo que le pedimos que la use responsablemente.
*El Decreto Supremo N° 680 (1990) del Ministerio del Interior aprobó instrucciones para el establecimiento de Oficinas de Información para el público usuario en la Administración del Estado. En su artículo 1° dispone la obligación para los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y los demás servicios públicos a que se refiere el inciso primero del artículo 18 de la Ley N° 18.575 y las empresas públicas creadas por ley de establecer oficinas de información para el público usuario en aquellas unidades que deben atenderlo, con el fin de asistir al ciudadano en su derecho a presentar peticiones; sugerencias o reclamos ante la Administración del Estado, a través de las OIRS.
La gestión de las OIRS es regulada por la Ley Nº 19.880 de Procedimientos Administrativos. El Servicio Nacional de Menores dispone de tres vías formales de acceso a la información basadas en la Ley de Transparencia Nº 20.285, todas estas en formato escrito. Además del formulario para realizar solicitudes por vía electrónica o en formato material, en caso de querer descargarlo para llevarlo o enviarlo a la OIRS. También hay información sobre los canales o vías formales de ingreso y recepción de solicitudes de acceso a la información y tutoriales sobre el derecho de acceso a la información pública.
En virtud de potenciar el actuar de los servicios públicos en materias de probidad y transparencia, es que el Servicio Nacional de Menores (Sename) tiene por objetivo reforzar todas las materias relacionadas con esta agenda, lo que incluye entre otras cosas dar cumplimiento a la Ley de Transparencia N° 20.285, así como también, a la Ley N° 20.730. Entre los meses de enero y abril de 2017, se desplegó un equipo de más de 60 profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos en una visita a 171 centros de todas las regiones del país, en una misión de observación, que tuvo como objetivos: i) evaluar las condiciones de cumplimiento de los derechos humanos al interior de los centros; ii) evaluar las condiciones laborales en que se desempeñan los funcionarios de los mismos; y iii) indagar sobre eventuales vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes (NNA) residentes en dichos centros.
Con este marco, se realizaron entrevistas a los directores de los establecimientos, se encuestó a los trabajadores de los mismos y se entrevistó -mediante un cuestionario estructurado aplicado por psicólogas clínicas- a 401 niños, niñas y adolescentes residentes, lo que significa -a partir de una población total en Chile de 2.688 NNA de 8 a 17 años institucionalizados- que la muestra tiene un porcentaje de error del 4,5% sobre esa población. Además, se realizó una descripción del estado de la infraestructura y equipamiento de los centros mediante una ficha de observación.[1]
Es importante señalar que en Chile, en la actualidad, existen 250 centros de los cuales solo 11 corresponden a Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) por parte del SENAME; todo el resto es administrado por organizaciones colaboradoras acreditadas, lo que equivale al 95,6% del total.
Entre los resultados del estudio, se identifican 10 temáticas relevantes de destacar:
Perfil de niños, niñas y adolescentes (NNA). A partir de la muestra de 401 NNA entrevistados, se desprende que la población de estos centros es fundamentalmente femenina: el 63,5% corresponde a niñas y adolescentes mujeres. El 60% de ella, tiene entre 8 y 13 años de edad. El grupo predominante lo constituyen niñas de entre 8 y 13 años, que representan un 37,8% del total.
Perfil de los trabajadores. Del total de trabajadores entrevistados, la mayor parte corresponde a mujeres, con un 87,9%, lo que da cuenta de una feminización del personal en los centros del SENAME.
Condiciones de vida y cuidado. Al indagar por las condiciones de la infraestructura e instalaciones, el informe da cuenta que en general las necesidades básicas (disponibilidad de camas; acceso a baños, comedor y cocina) están satisfechas; sin embargo, en las observaciones efectuadas se destaca que en ocasiones la calidad de dichas instalaciones no es la óptima y no se está en condiciones de proveer adecuada calefacción, recreación, espacios comunes y condiciones para el resguardo de la identidad y privacidad de los NNA. En este sentido, resulta preocupante que en un mismo dormitorio convivan adolescentes con niños y niñas de menor edad, o que no se les separe por sexo, lo que tiene una prevalencia cercana al 20% de los casos.
Los centros, asimismo, presentan en un 21% sobrecupo; en el 12,5% de estos casos el sobrecupo puede llegar al 50% mientras que en el 3%, el sobrecupo puede ser superior al 75%. En materia de alimentación, resulta crítico destacar que en un 1,6% de los establecimientos a los NNA se les entrega solo entre 1 y 2 comidas diarias, lo que ocurre en el 3% de los centros que acogen a lactantes y preescolares. Las niñas y niños entrevistados declaran en un 16% pasar hambre en el establecimiento.
El 22% de los NNA considera que el personal a cargo de su cuidado no siempre le da un trato respetuoso y cariñoso. El 34% declara que existe trato discriminatorio (por género, apariencia física u otras características de personalidad) por parte de los funcionarios del hogar hacia ellos o compañeros de centro.
Vinculación con el medio. En un 4% de los Centros se declara que los NNA no se encuentran autorizados para hablar con el juez directamente en caso de requerirlo. Si bien el 72% de los centros reporta que durante la última visita de los jueces de familia los NNA pudieron hablar con ellos, según el testimonio de los NNA, solo el 32% de ellos tuvo la posibilidad de hablar con el juez que visita periódicamente el establecimiento.
Educación. Si bien el 93% de niñas y niños entrevistados asiste a un establecimiento educacional, solo el 88% de los niños entre 14 y 17 años lo hace, lo que está 8% por debajo del promedio nacional. El 20% presenta retraso escolar. Solo el 78% de los NNA recibe apoyo en sus tareas. Una cifra que resulta preocupante es que solo el 77% de los centros declara “autorizar” a los padres a participar en las reuniones de apoderados. Indica el informe que sumado “[a] la vulneración de derechos que han generado las medidas de protección, se suma la falta de garantías sobre su derecho a acceder y progresar en el sistema educativo.”
Familia e identidad. El 40% de los centros estudiados pone algún tipo de restricción a los horarios de visita de la familia. El 30% no admite más de dos visitas a la semana. Además, en el 57% de los casos, el centro se encuentra fuera de la comuna de origen familiar, lo que potencia un eventual desarraigo, sentimiento de soledad, pérdida de identidad o “abandono progresivo” de la familia. Parte de las cifras más preocupantes del informe dice relación con que un 16% de los centros estudiados utilizan el retraso al ingreso de visitas de los familiares como sanción, y que el 13% reporta suspender las visitas por el mal comportamiento del niño o niñas. El INDH señala que el marco dado por las orientaciones técnicas del SENAME es “muy amplio, discrecional e impreciso para desarrollar acciones de re-vinculación familiar y reforzamiento de la identidad.”
Salud mental. El 69% de los NNA de 14 o más años presenta sintomatología de cuadro depresivo. El 45% de quienes presentan al menos uno de estos síntomas señala no haber podido acceder a un psicólogo o psiquiatra dentro o fuera del centro. El 70% de los NNA con al menos un síntoma de depresión indica no encontrarse en tratamiento.
Violencia institucionalizada. Ocho de cada 10 NNA encuestados declararon haber recibido algún tipo de castigo durante los últimos 12 meses por parte de algún miembro del personal. Un 15% priva de contacto con la familia como forma de castigo; un 7% queda sin comida; un 7% es dejado sin comida; un 7% es encerrado; un 12% indica haber sido “contenido físicamente” para inmovilizar al menor. El 46% reportó maltrato psicológico; el 12% ha sido agredido físicamente de manera leve y el 6% de manera grave.
Violencia entre pares. El 48% de los NNA indicó haber sido objeto de maltrato físico y/o psicológico de forma reiterada. De ese total, el 46% ha sido violentado psicológicamente; el 13% físicamente reiteradamente. Al menos un 19% de los centros no cuentan con protocolos para atender este tipo de situaciones.
Abuso sexual. En 23 casos se reportó abuso sexual durante los últimos 12 meses, con una prevalencia del 6,4%. Se identificaron otros 4 casos en centros actuales o anteriores y un caso posterior al estudio. Es destacable que 8 de cada 10 abusos son contra niñas. En el 78% de los casos, el abuso sería cometido por otro menor; en un 7% por un adulto del centro. En el 69% la víctima sigue en contacto con la persona que habría cometido el abuso. El 52% sufrió abusos en reiteradas oportunidades y el 66% ocurrió antes de los 14 años.
Las conclusiones del estudio destacan la necesidad de: derechos de los niños y niñas oídos y denuncia efectiva, criterios uniformes para visitas y supervisión, evitar sanciones que restrinjan vínculos familiares, promover la identidad y la reintegración familiar, atender la estabilidad emocional de cuidadores, facilitar protocolos y la observancia de la Ley N° 21.013 contra el maltrato, y capacitar a trabajadores para escuchar y detectar riesgos de abuso, especialmente sexual.
La respuesta del SENAME señala que existe un protocolo para denunciar de inmediato o en 24 horas si se detecta un posible delito sexual y que las denuncias deben dirigirse a través de una Ficha Unica de Seguimiento de Casos. Se sostiene que en los 10 años se han sancionado dos funcionarios que ya no están en la institución y que hay una política de tolerancia cero. Las cifras de denuncias en centros colaboradoras se sitúan en 25 casos reportados por Aldeas Infantiles SOS, equivalentes a 0,6% de 4.500 niños atendidos desde 2003.
En este contexto, la discusión pública aborda la necesidad de revisar condiciones laborales, financiamiento, y el papel de las organizaciones colaboradoras, para garantizar derechos de NNA y sostenibilidad de los servicios. El debate también señala la importancia de evitar la externalización excesiva y garantizar estándares, supervisión y apoyo psicológico para el personal, con miras a minimizar el desgaste y proteger a quienes trabajan con poblaciones vulnerables.
Guia rápida de Seedance 2.5 - videos de 3 minutos , 50 referencias, edicion de video con ia superior
- Transparencia y derechos de acceso a la información en el SENAME
- Impacto de la externalización en la calidad de cuidado
- Salud mental de trabajadores y protección de NNA
- Protocolos de denuncia de abuso sexual y horas de contacto familiar
Tabla resumen de temas clave analizados en el informe y sus indicadores relevantes:
| Tema | Indicadores relevantes | Observaciones |
|---|---|---|
| Perfil de NNA | 63,5% mujeres; 60% entre 8-13 años | Predominio femenino y etapa escolar temprana |
| Condiciones de vida | Sobrecupo 21%; 1,6% con 1-2 comidas | Infraestructura y alimentación deficientes |
| Educación | 93% asisten; 20% retraso; 77% participación de padres | Gaps educativos y participación parental |
| Violencia y abusos | 46% maltrato psicológico; 6,4% abusos sexuales | Riesgos altos y necesidad de protocolos |
| Salud mental | 69% depresivos; 45% sin acceso a psicólogo/psiquiatra | Necesidad de apoyo y tratamiento |