La figura de José Ramón Valente, economista y férreo defensor del modelo económico chileno, se vio envuelta en la polémica en torno a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ante la pregunta directa en televisión sobre si invertiría sus ahorros en estos fondos, su respuesta fue un rotundo "No". Este hecho surge en un contexto de intensas críticas al sistema, impulsadas por la organización "Felices y Forrados", que han puesto en jaque la credibilidad de las AFP.
José Ramón Valente, reconocido por su defensa del modelo, se vio en la necesidad de salir al paso de las críticas. Cabe recordar que Valente fue el elegido por las propias AFP para conmemorar los 30 años de existencia del sistema, a través de la escritura de un libro que celebraba su creación, impulsada por José Piñera cuando ejercía como ministro del Trabajo durante el gobierno militar.
Críticas y Defensa del Sistema de AFP
El sistema de capitalización individual, implementado en Chile, ha sido objeto de cuestionamientos desde 2016, cuando masivas marchas populares exigieron mejoras en las pensiones. A pesar de las demandas de una reforma integral, ninguna ha logrado materializarse plenamente. En este escenario de estancamiento en la discusión estructural, se observa una persistente órbita de dirigentes políticos alrededor de la industria de las AFP.
La ley que autoriza el retiro del 10% de los fondos previsionales representó un golpe inesperado para las AFP. Durante años, estas instituciones habían consolidado su negocio mediante la inclusión de ex ministros, ex parlamentarios y figuras influyentes de la política en sus directorios y gerencias. Un análisis de CIPER identificó al menos 77 personas con vínculos políticos (41 de derecha y 36 de la ex Concertación) que han prestado servicios a la industria. De ellas, 35 ocuparon cargos de director o ejecutivo, mientras que otras 44 se ofrecieron para representar a las AFP en directorios de empresas donde se invierten los fondos de los trabajadores.
Las AFP se caracterizan por su generosidad con sus directivos. El director de Habitat, Luis Rodríguez Villasuso Sario, fue el mejor remunerado de la industria de la previsión en 2019, percibiendo 181 millones de pesos. La justificación para estas altas rentas se basa en la supuesta alta especialización técnica y vasta experiencia en inversiones de estos profesionales, quienes deben tomar decisiones sobre operaciones multimillonarias.
CIPER examinó los registros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para identificar a directores, altos ejecutivos y asesores clave de las seis administradoras vigentes (Habitat, Cuprum, Plan Vital, Modelo, Capital y Provida). Se buscaban nombres que aseguraran conexiones con el Congreso, La Moneda, la Superintendencia de Pensiones, la CMF y los partidos políticos, esferas donde podrían gestarse cambios al sistema previsional. En esta revisión, se encontraron al menos 77 personas con cargos públicos y/o políticos. De ellas, 35 han sido miembros de directorios, altos ejecutivos o asesores pagados por las AFP, y 44 se postularon para ser representantes de las AFP en directorios de empresas. Dos personas, María Eugenia Wagner y Osvaldo Puccio, aparecen en ambos listados.
Un movimiento particularmente llamativo ocurrió el 15 de julio, en pleno fervor de la discusión sobre el retiro del 10%. Alejandro Charme, asesor previsional del Ministerio del Trabajo, renunció a su cargo para asumir como gerente de la Asociación de AFP. Este súbito cambio, que aún estaba en suspenso en cuanto a su confirmación, reavivó el debate sobre la necesidad de regular las relaciones entre el poder político y la industria de las administradoras de pensiones. Previamente, Charme había representado al Presidente Sebastián Piñera ante el Tribunal Constitucional en causas donde cotizantes reclamaban a Cuprum y Habitat el reintegro de sus fondos.
Nombres y Conexiones en la Industria de las AFP
El directorio de Provida ha sido un punto de convergencia para diversas figuras políticas. Entre ellos se encuentran ex ministros de la dictadura como Miguel Ángel Poduje y Fernando Leniz, un subsecretario de ese mismo período, Álvaro Donoso, y militantes socialistas como José Antonio Viera Gallo, Osvaldo Puccio y Máximo Pacheco. También ocupó un puesto allí la ex ministra y senadora Ximena Rincón (DC). Rodrigo Pérez Mackenna, ex ministro del primer gobierno de Sebastián Piñera, se desempeñó como gerente de inversiones de Provida a principios de los años 90, y posteriormente presidió la Asociación de AFP entre 2014 y 2016.
María Eugenia Wagner Brizzi, ex subsecretaria de Hacienda del primer gobierno de Michelle Bachelet, integró el directorio de Provida entre 2018 y 2019, percibiendo 175 millones de pesos brutos por su labor. Durante el mismo período, Cristina Bitar, socia de la agencia de comunicaciones Azerta, recibió 593 millones de pesos por desempeñarse en la misma función. En AFP Habitat, Fernando Rojas Ochagavía, ex subsecretario de Educación del primer gobierno de Piñera (UDI), ocupó un cargo ejecutivo. El actual presidente de Habitat, Cristián Rodríguez Allendes, ha sido asesorado por la ex ministra de Cultura, Alejandra Pérez Lecaros.
La AFP Capital, perteneciente al grupo colombiano SURA, contó en su directorio con Juan Carlos Jobet, actual ministro de Energía y ex ministro del Trabajo. También estuvo Guillermo Arthur Errázuriz, ex ministro del Trabajo de la dictadura, expresidente del gremio de las AFP (1999-2014) y uno de los fundadores de la UDI.
En el directorio de AFP Cuprum se encuentra Isidoro Palma, quien además es director de Codelco designado por el Presidente Piñera. Palma percibió una dieta de 50 millones de pesos por su rol en Cuprum, al igual que Raphael Bergoeing, ex presidente de Metro y ex superintendente de Bancos e Instituciones Financieras durante el primer gobierno de Piñera. En el período anterior, Hugo Lavados, ex ministro de Economía del primer gobierno de Bachelet y ex superintendente de Valores y Seguros, formó parte del directorio de Cuprum. También figuraron el ex senador Carlos Bombal (UDI) y Luis Ernesto Silva Bafalluy, uno de los fundadores de la UDI.
Julio Bustamante Jeraldo, quien fue superintendente de AFP durante 10 años en los gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos, pasó a la AFP Magister (precursora de PlanVital) tras dejar su cargo público, presidiéndola entre 2002 y 2003, hasta que renunció tras el fraude de Inverlink.
Dietas y Remuneraciones: Un Análisis Financiero
Según el estudio "Pensiones bajo el mínimo" de la Fundación Sol, a diciembre de 2019, la mitad de los 984 mil jubilados que recibieron una pensión de vejez percibieron menos de 202 mil pesos mensuales. Sin el Aporte Previsional Solidario (APS), esta pensión se reduciría a 145 mil pesos.
CIPER analizó las memorias de todas las administradoras vigentes en la CMF entre 2015 y 2019, detallando dietas, remuneraciones y otros ingresos de sus directores y altos ejecutivos. Solo en 2019, las AFP pagaron un total de 2.961 millones de pesos a sus directorios. Estas cifras han ido en aumento desde 2015, cuando las dietas de los directores sumaron 2.558 millones de pesos, alcanzando casi 3 mil millones en 2019.
AFP Habitat, perteneciente a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y a la aseguradora estadounidense Prudential, es la que más paga a sus directores. Juan Benavides Feliú, su presidente entre 2014 y 2018, recibió un total de 1.022 millones de pesos en ese período. AFP Provida también paga dietas similares a las de Habitat. Víctor Hassi Sabal, presidente de la institución desde 2015, ha recibido 532 millones de pesos entre 2015 y 2019, mientras que el directorio en su conjunto percibió 3.309 millones de pesos en el mismo lapso.
En 2019, la AFP Capital pagó al ministro Juan Carlos Jobet 7.370.000 pesos y al ex ministro Guillermo Arthur, 122 millones de pesos. AFP PlanVital ha experimentado un incremento significativo en las dietas de su directorio: si en 2015 no superaban los 52 millones de pesos, para 2019, cinco directores recibían más de 75 millones anuales. Alfredo Orelli, presidente del directorio desde 2011, pasó de percibir 52 millones en 2015 a 76 millones en 2019.
AFP Modelo, perteneciente a la familia Navarro Haeussler (dueños de Sonda), es la administradora que paga las dietas más bajas. Patricio Izquierdo Walker, presidente del directorio hasta finales de 2019, superaba los 20 millones de pesos anuales, obteniendo 145 millones entre 2015 y 2019. Su sucesor, Juan Pablo Coeymans Moreno, ha recibido 42 millones de pesos en dietas hasta 2019. Andrés Navarro, líder del clan Navarro Haeussler, reconoció haber financiado la campaña presidencial de Ricardo Lagos.
¿Cómo se compone el Sistema de Pensiones chileno?
El Caso de Provida y la Colusión en los Seguros
La querella presentada en junio de 1985 contra el directorio de Provida, la AFP más grande en ese entonces, por cuatro abogados democratacristianos, reveló prácticas irregulares en el cobro de seguros de invalidez y sobrevivencia. Ramón Briones, uno de los abogados querellantes, explicó que las AFP cobraban un monto mayor por estos seguros de lo que efectivamente pagaban a las compañías aseguradoras, apropiándose del excedente.
Este remanente era contabilizado como ingreso operacional, una práctica prohibida por el decreto ley 3.500. Prácticamente toda la utilidad de los ejercicios de 1983 y 1984 provenía de esta apropiación indebida. El ex senador DC Ricardo Hormazábal relató cómo el gerente de la Asociación de AFP, Alfonso Mujica, reveló que las AFP cobraban el 3,5% por estos seguros, mientras que el costo real era alrededor del 1,5%.
Hormazábal investigó y descubrió que las afirmaciones de Mujica eran falsas. Las pólizas cubrían fallecimientos por cualquier causa, y el excedente debía ser guardado en una glosa específica, no transferido a los ingresos de la AFP para ser distribuido como dividendos. Provida, administrada judicialmente tras la bancarrota de su matriz, el grupo Cruzat Larraín, arrastraba este uso irregular de fondos desde sus inicios, exacerbado por la crisis económica de 1983.
Carlos Eugenio Lavín y Hugo Bravo, gerente general y de finanzas de Provida respectivamente, fueron multados y se les exigió su salida de la empresa. La querella de los abogados DC puso en evidencia la insolvencia del sistema, señalando que sin la maniobra con la cotización adicional y las pólizas, las AFP habrían quebrado. El juez Alejandro Solís acogió la querella y citó a declarar a Lavín, Bravo y todo el directorio de Provida, incluyendo figuras como el ex ministro Jorge Cauas y Germán Picó Cañas.
La estafa de Provida se vio agravada por la colusión con el Consorcio Nacional de Seguros, ambas empresas pertenecientes al grupo Cruzat Larraín. Lavín, Bravo y Carlos Alberto Délano, posteriormente fundadores del grupo Penta, pertenecían al mismo círculo.
El boletín N° 47 de la Superintendencia de AFP (julio de 1985) reveló que otras AFP de la época también realizaban prácticas similares, contratando seguros con aseguradoras relacionadas. AFP El Libertador con La Chilena Consolidada (grupo Agustín Edwards); AFP Santa María con Aetna Banchile (Banco de Chile); AFP Summa con El Roble (Grupo Angelini); y AFP Planvital con Renta Nacional Seguros (empresario Francisco Javier Errázuriz). Estas prácticas generaban liquidez según las necesidades de cada grupo.
Reacciones Regulatorias y Modificaciones Legales
La querella de los abogados DC representó un duro golpe para los planes del gobierno de utilizar las AFP como motor de reactivación económica. El superintendente de pensiones de la época, Juan Ariztía Matte, se vio obligado a actuar. Paralelamente al avance del proceso judicial, sus equipos técnicos elaboraron una nueva normativa para regular la contratación de seguros.
En mayo de 1987, la Superintendencia de AFP emitió la circular Nº 429, ordenando a las AFP realizar licitaciones públicas para la contratación del seguro y prohibiendo la contratación con compañías de seguro relacionadas. Esta medida, sin embargo, no fue suficiente para abordar la falla sistémica detectada.
La ley 18.646, promulgada en agosto de 1987, introdujo modificaciones sustanciales al Decreto Ley 3.500. Entre ellas, se permitió a las AFP cobrar una comisión adicional por la administración del seguro de invalidez y sobrevivencia. Estas reformas legales salvaron no solo a Provida, sino a todo el sistema de AFP y, por extensión, a la columna vertebral del modelo económico impuesto durante la dictadura.
Como una medida disciplinaria, Ariztía Matte multó a Carlos Eugenio Lavín y Hugo Bravo e exigió su salida de Provida, no por la acusación de la querella, sino por la compra de instrumentos financieros a precios inflados de una empresa relacionada del grupo Cruzat Larraín (SOVIN), generando pérdidas al fondo de pensiones.
Los directores cuestionados ante los tribunales no permanecieron mucho tiempo en sus cargos. Al año siguiente, Provida tendría nuevos dueños, con la entrada del banco estadounidense Bankers Trust como el primer gran inversionista internacional en el modelo de capitalización individual.
En abril de 1987, durante la renovación de la junta directiva de Provida, José Piñera Carvallo, accionista minoritario, intentó influir en la representación. Dos años más tarde, la familia Piñera lograría sacar un director en la mayor AFP del país.
Investigación por Colusión en Bonos de Reconocimiento
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) investigó una denuncia contra las AFP por supuesta colusión en el valor nominal de los "bonos de reconocimiento". La FNE declaró la inadmisibilidad de la denuncia al no encontrar indicios de coordinación ilícita, argumentando que una variable regulada por ley y reglamentación dificulta la existencia de colusión.
El criterio de la FNE fue que la cercanía en el valor asignado por las AFP a este bono se debía a razones regulatorias, no a un actuar anticompetitivo. Las AFP son sociedades anónimas cuya función exclusiva es la administración de fondos de pensiones y el otorgamiento de prestaciones. La competencia entre ellas se centra principalmente en las comisiones por administración de fondos.
La FNE reconoció que la competencia en este sector es imperfecta, dada la complejidad financiera del ahorro previsional y el largo horizonte de tiempo para la percepción de beneficios, lo que genera una fuerte inercia en la demanda. La conducta investigada afectaba a quienes se jubilaban anticipadamente en la modalidad de retiro programado. Aquellos con cotizaciones bajo el sistema previsional anterior al régimen de AFP podían reingresar esos fondos a su cuenta de capitalización individual a través de un "bono de reconocimiento" emitido por el Instituto de Previsión Social (IPS).
La ley establece reglas específicas para el cálculo del valor de este bono, con reajustes e intereses. Cuando un afiliado opta por la jubilación anticipada con retiro programado, puede transar el bono en la Bolsa de Valores para liquidarlo. El precio mínimo de transacción también está regulado, basándose en el promedio de la tasa de instrumentos emitidos por el Estado.
La denuncia de enero de 2020 señalaba que todas las AFP informaban el mismo monto (0,07 UF mensuales) por la transacción del bono, y que este monto era significativamente bajo en comparación con su valor nominal actualizado. La FNE determinó que la uniformidad en el monto se debía a la prescripción regulatoria del cálculo, limitando la autonomía de las empresas. La discrepancia en los valores fue atribuida a un posible error, materia que escapaba a la competencia de la FNE y debía ser alegada ante la Superintendencia de Pensiones.
Adicionalmente, la FNE analizó una supuesta infracción a la prohibición de interlocking directo. La denuncia apuntaba a la participación simultánea de Fernando Larraín Aninat en la Asociación de AFP y en la sociedad que administra el Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión (SCOMP). La FNE descartó la infracción, argumentando que no se trataba de competidores y que tanto la participación de las AFP en SCOMP como su constitución son exigencias legales.
