Tras el impacto generado por el reportaje de CHV Noticias, en el que se mostró cómo algunas AFP negaban las pensiones de invalidez a quienes les correspondían, obstaculizando el trámite a sus solicitantes, siguieron apareciendo denuncias y testimonios. Este reportaje expuso prácticas que ponen en jaque el derecho de acceso a este beneficio fundamental para muchos ciudadanos.
El Impacto y las Consecuencias de la Investigación Periodística
La emisión del pasado reportaje de CHV Noticias, que con cámaras ocultas evidenció cómo AFP Cuprum puso trabas en el trámite de su pensión de invalidez a Gustavo Curt, afectado de una cardiopatía e hipertensión, tuvo repercusiones significativas. A raíz de estas revelaciones, la Fundación Valídame decidió solicitar a la Superintendencia de Pensiones la revocación de la personalidad jurídica de dicha administradora, aduciendo que se trataría de una conducta reiterada en el sistema. Esta acción legal busca sentar un precedente y garantizar que las administradoras cumplan con sus obligaciones de manera transparente y justa.
Testimonio Interno: La Presión por Negar Pensiones
El panorama se complejiza con el testimonio de exfuncionarios del sistema. Una mujer, quien fue funcionaria de AFP Provida desde 1990 hasta 2019, relata la presión ejercida por las administradoras para limitar la aprobación de pensiones. “Tenías que entrevistar a la persona, preguntarle qué enfermedades tenías, preguntarle si tenía licencia médica, sugerirle que siguiera con licencia médica, o que le faltaban antecedentes médicos”, detalla sobre los procedimientos internos.
Su experiencia revela la existencia de metas que priorizaban la negación de beneficios: “Venía gente muy enferma, gente con cáncer terminal y no le daban pensiones, eso yo lo vi”, indica. Añade que “teníamos que cumplir metas y nos medían semanalmente, teníamos que llevar una estadística. Estábamos en rojo si hacíamos demasiadas y nos llamaba el gerente y nos explicaba que hiciéramos uso del protocolo”. Este "protocolo" sugiere un conjunto de prácticas destinadas a retrasar o rechazar solicitudes. Ahora, Alejandra, la exfuncionaria, vive la otra cara de la moneda, entendiendo la frustración y la lucha de los solicitantes desde una perspectiva personal.
AFP Habitat | Entrevista a Alejandro Bezanilla
El Caso de Gustavo Curt: Una Lucha Desgastante
La historia de Gustavo Curt es emblemática de la problemática expuesta. Gustavo Curt tenía 40 años cuando su salud le comenzó a fallar. Ahora tiene 54 años, perdió el trabajo y le han rechazado tres veces la opción de la pensión por invalidez, asegurando que está sano, a pesar de sus graves condiciones de salud. Incluso, en la tercera oportunidad, decidió apoyarse en la Fundación Valídame, aunque tampoco lograron revertir la situación. Todo esto ocurre mientras le siguen negando la pensión por invalidez que entregan las AFP, pese a que exámenes particulares aseguran que no puede trabajar. Desde la fecha de emisión del reportaje de CHV Noticias, Gustavo no ha tenido ninguna novedad con su caso, lo que agrava su situación personal y económica.
Irregularidades en el Trámite
El proceso que enfrentó Gustavo estuvo marcado por irregularidades. Primero, le pidieron que entregara papeles que acrediten su enfermedad, lo cual es contrario a la normativa, ya que un oficio de la Superintendencia expresa que el trámite debe empezar solo con la presentación del carnet de identidad. Y segundo, le solicitaron que su médico llenara el Certificado de Antecedentes Médicos de Invalidez (CAMI), añadiendo una carga burocrática innecesaria al ya complejo proceso.
Un Problema Recurrente y la Indagación Legislativa
El caso de Gustavo no es un hecho aislado en Chile. Este no es un tema nuevo, y así lo demuestran unos correos internos, en los que queda en evidencia que existen antecedentes sobre la limitación del acceso a este beneficio desde hace tiempo. Esta compleja situación, que pone en evidencia las barreras impuestas por las AFP para la obtención de pensiones de invalidez, llegó a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados desde noviembre, lo que subraya la gravedad y la necesidad de una revisión profunda de las prácticas en el sistema de pensiones chileno.
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