La historia de Benjamín Morales, un niño de tres años cuya muerte en 2009 puso de manifiesto graves falencias en el sistema de protección del Servicio Nacional de Menores (Sename), es emblemática de los desafíos persistentes que enfrenta esta institución en Chile. Su caso, junto con el de Yancarla Muñoz, evidenció la necesidad urgente de una revisión profunda de los protocolos y la calidad de la atención brindada a los niños, niñas y adolescentes (NNA) vulnerados en sus derechos.
La Trágica Muerte de Benjamín Morales
Contexto del caso
Benjamín Morales falleció el 20 de julio de 2009, tres días después de que su madre le propinara una golpiza que le fracturó el cráneo. La relevancia de este suceso radica en que Benjamín había sido separado de su familia previamente por malos tratos y, posteriormente, una institución dependiente del Sename determinó que podía regresar con su madre. Este fatal desenlace subraya los problemas estructurales en la red del Sename y la responsabilidad de las decisiones tomadas por las entidades colaboradoras.
Errores en el proceso de evaluación y seguimiento
El crimen de Benjamín Morales fue investigado por CIPER en 2010, revelando que el niño había pasado la mayor parte de sus tres años de vida bajo la tutela del Sename. Una institución colaboradora, la Corporación Chasqui, con el aval de un informe de la Fundación Koinomadelfia, permitió que el pequeño regresara a casa. Benjamín había sido previamente abandonado en el Sename junto a sus hermanos por su madre y había sufrido abusos por parte de la pareja de su abuela. Su padre, por su parte, estaba en prisión por robo.
El informe de Koinomadelfia, entregado al tribunal, indicaba que "Chasqui trabajó en especial con la madre a fin de potenciar las habilidades maternales necesarias para revertir la causa de ingreso de los niños". Sin embargo, ninguna de las dos instituciones detectó la extrema violencia a la que Benjamín era sometido. La doctora que lo recibió en urgencias describió sus lesiones internas como si "al niño le hubiera pasado un camión por encima".
La investigación interna del Sename, según explicó el entonces exdirector Francisco Estrada, evidenció que la persona encargada de evaluar y trabajar con la familia de Benjamín "no tenía los conocimientos necesarios", desconociendo incluso conceptos básicos como el "apego". Este hecho se vincula directamente con la precarización laboral, ya que el Sename pagaba a organismos como Chasqui aproximadamente $40 mil mensuales por niño, un monto insuficiente para contratar personal calificado y con postítulo.
Una minuta del caso, elaborada a partir del análisis del homicidio, consignó los errores más graves que contribuyeron a la muerte del niño:
- Ninguna de las instituciones participantes estudió rigurosamente las causales iniciales de ingreso del menor (maltrato, negligencia y abuso sexual) para determinar la veracidad de los hechos, la identidad del agresor y el tratamiento necesario para Benjamín.
- No se examinó detenidamente la historia de vida de la madre, las razones de abandono de sus hijos y su motivación para recuperarlos.
- No quedó claro quién sugirió al tribunal el egreso del niño con la familia ni la profundidad técnica con que se tomó esa decisión.
La Corporación Opción también fue mencionada en la minuta por su participación en esta tragedia.
El Caso de Yancarla Muñoz Díaz: Un Espejo de las Deficiencias
Una vida de desatención
La historia de Yancarla Muñoz Díaz, fallecida a los 16 años en 2012, ocho días después de dejar el Centro de Diagnóstico y Tránsito de Pudahuel, fue otro caso que expuso las fallas del sistema. Aunque su muerte no ocurrió dentro de un recinto del Sename, su historial mostró que la mala experiencia vivida en la institución se vinculó con su deceso. Desde los 11 hasta los 16 años, Yancarla deambuló de centro en centro del Sename, sin recibir jamás la atención adecuada.
CIPER difundió su historia por primera vez en 2010 (identificada como G), cuando la niña aún vivía. En ese momento, sus necesidades de tratamiento, que incluían tres trasplantes de hígado y una profunda depresión, ya habían desbordado las capacidades del Sename. El reportaje describía que "G. ha ingerido hasta veneno para ratas. También se ha cortado las venas. Y cada vez que puede huye de los hogares donde ha sido internada. Ya en la calle, tiene sexo con desconocidos y se droga".
La falta de atención especializada
La jueza y los especialistas que siguieron el caso de Yancarla sabían que requería urgentemente un centro psiquiátrico que, además de tratar su depresión, pudiera atender su afección hepática. Sin embargo, "algo así no existe en el sistema público". La falta de acceso a un tratamiento adecuado persistió hasta el final de sus días, como lo constató otro reportaje de CIPER en 2013, casi un año después de su muerte.
Las juezas debían "mendigar" cupos en hogares que, a medida que su condición empeoraba, eran cada vez más incapaces de contenerla. Yancarla pasó por una veintena de magistrados que dictaron un sinfín de medidas sin resultados concretos. Su historia fue puesta en conocimiento del entonces ministro de Justicia, Felipe Bulnes, junto con otros casos de niños en condiciones muy precarias cuyas necesidades excedían los recursos de las instituciones. A pesar del interés de Bulnes, Yancarla "nunca vio ni un solo cambio en su situación" y murió el 30 de junio de 2012 en Purén, a los 16 años.
Cifras de Mortalidad y la Incertidumbre
La aparición de los casos de Benjamín Morales y Yancarla Muñoz generó incertidumbre sobre las cifras oficiales de casos fatales informadas por el Sename. Aunque estas muertes no ocurrieron físicamente en recintos de la institución, se puede argumentar que fueron consecuencia de malas decisiones o tratamientos inadecuados por parte del organismo o sus entidades dependientes.
La incapacidad del Estado en esta materia ha quedado en evidencia a través de muchos casos terribles. La información oficial del Sename, después de varias enmiendas, indica que en los últimos 11 años han muerto 1.313 personas, cifra que incluye adultos (atendidos en lugares como el Pequeño Cottolengo) y jóvenes en programas ambulatorios (que pueden haber muerto en accidentes de tránsito, por ejemplo).
Sin embargo, el propio Sename confirmó a CIPER que Yancarla no estaba entre los 1.313 muertos, ya que figuraba como egresada del sistema y el requerimiento de la investigación de la Fiscalía se centraba en menores que, al momento de fallecer, estaban en centros de atención, justicia juvenil o programas ambulatorios. Por el mismo motivo, según Francisco Estrada, Benjamín tampoco aparecía en esa lista.
En contraste, Ariella Olivares, jefa de Comunicaciones del Sename, aseguró que Benjamín sí estaba en la nómina, argumentando que "aunque él no estaba en un centro (residencial), sí estaba en un programa ambulatorio, por lo tanto está incluido en el informe entregado al Ministerio Público. El egreso de un niño de una residencia o de un programa ambulatorio siempre es decisión de un tribunal de Familia y no es atribución de Sename ni de sus organismos colaboradores".
Apremios Ilegítimos y la Búsqueda de Justicia
Investigación y audiencias
En el Juzgado de Garantía de Valparaíso, se ha discutido la extensión o cierre de la investigación del Ministerio Público sobre apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos (tipificación anterior a noviembre de 2016 para la tortura), con ocho extrabajadores procesados. Una audiencia crucial para discutir la solicitud de cierre y revisar las cautelares (firma mensual y prohibición de acercarse a las víctimas) fue fijada para el 8 de julio. Tanto la defensa como la parte querellante han criticado a la Fiscalía por el tiempo que ha tomado esta investigación, cuyas primeras denuncias datan de 2015.
Pese al tiempo transcurrido, el 5 de febrero se debatirá una solicitud de la fiscalía para cerrar la causa con una suspensión condicional del procedimiento para los ocho extrabajadores formalizados. Esto implica la búsqueda de terminar el caso sin condenas. Los acusados son Juan José Morales Sequeira, Marcela Lorena Bermúdez Berríos, José Manuel Cid Mercado, Greg Olave Aguayo, Leonardo Mauricio Lobos Gardaix, Luis Alejandro Rubilar Ramírez, Luis Reinaldo Mandujano Arancibia y Rafael Enrique Garín Beltrán.
Testimonios de maltrato
Los testimonios de los menores revelan actos de violencia y abusos por parte de estos extrabajadores:
- "El otro día el tío Juanito le pegó a todos los de la pieza cuatro con el mango de la pala, por no querer irnos a acostar."
- "El tío Cid me metió fuerte a la ducha fría con ropa, me empujó muy fuerte y yo me resbalé adentro del baño y me golpeé y se me salieron dos dientes."
- "El otro día el tío Greg le pegó al David porque él dijo ‘viejo culiao’, pero no se lo decía a él. Lo empezó a tirar y arrastrar fuerte por la escalera, lo vimos todos los niños que no vamos a la escuela."
- "Yo estaba en el patio tomando leche, viene el tío Mandujano todo rabioso y me bota la leche y me pega como diez cachetadas en la cara."
- "El otro día un cabro se descompensó, no hacía caso, y el tío Manduja tomó una silla y la tiró. Le dijo: “¡En mi turno no!”, y le pegó en la cara. Yo le vi sangre. Luego lo agarró del cuello y lo llevó al baño."
Propuesta de suspensión condicional
Desde octubre de 2018, los ocho exfuncionarios quedaron con firma mensual y prohibición de acercarse a las víctimas. En noviembre de 2019, el Ministerio Público intentó presentar una acusación, pero la Corporación La Matriz, representante de dos padres de menores, se opuso por falta de diligencias. En ese momento, solo dos de las nueve víctimas habían sido entrevistadas.
El 3 de mayo de 2021, la fiscalía solicitó por primera vez fijar fecha para la suspensión condicional, pero ese mismo día se pidió dejar sin efecto la audiencia. Desde entonces, se han acordado otras siete audiencias para suspender el procedimiento, las cuales han sido pospuestas reiteradamente.
La propuesta de acuerdo, de ser aprobada por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, implicaría una prohibición de acercarse a las víctimas durante tres años, la donación de dinero al Programa Mi Abogado (que defiende a menores bajo tutela del Estado), y la obligación de fijar un domicilio e informar cualquier modificación. A cambio, los imputados no serían declarados culpables.
Esta propuesta se mantiene a pesar de que al menos uno de los imputados, Greg Olave, no ha cumplido con la medida de firma mensual desde febrero de 2024, según un oficio de Carabineros de Mejillones. Esteban Elórtegui, exdirector regional del Sename y querellante por la Corporación La Matriz, ha expresado su rechazo: "No estamos disponibles para concurrir a un acuerdo que establece la impunidad en favor de brutales agresores de niños, en razón de una investigación defectuosa y negligente". Elórtegui fue quien inició los sumarios por maltratos contra los funcionarios formalizados cuando lideraba el Sename en Valparaíso.
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Cierre del Cread de Playa Ancha y transiciones
El Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) de Playa Ancha, utilizado en los años ochenta como cárcel de menores y reconvertido en un centro de acogida para NNA vulnerados, fue escenario de muchos de estos abusos. Se describió que los "cristales estaban rotos, las duchas estaban arrancadas" y los "niños estaban encerrados con llave en las llamadas casas, y no podían salir si no estaba el encargado o la encargada para abrir la puerta". Entre 2015 y 2018, 21 educadores de trato directo fueron destituidos, 18 por maltratos y tres por negligencias. El Cread de Playa Ancha fue cerrado por la administración de Sebastián Piñera en marzo de 2019, por recomendación del Comité de los Derechos del Niño. En octubre de 2021, los hogares de protección de menores fueron derivados al nuevo Servicio Mejor Niñez.
Abusos en Aldeas Infantiles S.O.S. y otras instituciones
En marzo de 2010, las Aldeas Infantiles S.O.S. tuvieron que recurrir a la justicia por el abuso sexual de cuatro niñas bajo su cuidado. Dos, de 4 y 6 años, vivían en la Aldea Los Aromos; las otras dos, de 7 y 8 años, en la Aldea Madreselvas. Las niñas habían ingresado por maltrato parental. Lo alarmante fue que los agresores no eran adultos, sino jóvenes que también habían sido víctimas. Uno de ellos, de 15 años, residía en el mismo hogar que las pequeñas. El otro, de 18 años, había vivido desde los 6 en el hogar de las niñas a las que abusó.
El Sename informó a CIPER que el joven de 18 años visitó a las guardadoras y, en un descuido, realizó las tocaciones. Además, en el mismo hogar de Los Aromos, se detectó que una chica de 16 años tuvo "conductas sexualizadas" con un niño de 9 años. Estos casos, junto con los de Benjamín Morales y Daniel Maldonado (2 años), muestran que el sistema de protección falla no solo por llegar tarde, sino también por la falta de control, preparación del personal y criterio en el manejo de los niños con daño extremo.
Ejemplos de estas fallas incluyen los casos de niños golpeados en hogares del Ejército de Salvación, cerrados por Sename a principios de 2010. Los niños que llegan a la red del Sename a menudo han sufrido mucho daño. El hogar Cardenal Carlos Oviedo, por ejemplo, acoge a muchos de estos chicos, sin estar adecuadamente preparado. Su directora, Leontina González, relata casos complejos, como el de un niño abusado por su padre que luego intentó violar a otro interno en un hospital. "Él requiere una atención especializada", dice Leontina, pero no la ha recibido por mucho tiempo. Actualmente, el problema más grave en este hogar es un chico con retardo mental severo y fijación sexual con la perra mascota del centro, evidenciando una vez más la necesidad de atenciones que superan la capacidad de las instituciones.
Deficiencias Estructurales y Financieras
Falta de recursos y personal calificado
Leontina González, directora del hogar Carlos Oviedo, afirma que en el caso de un niño abandonado, el Sename paga "alrededor del 60 por ciento de lo que se necesitaría para brindar una atención de calidad". Esto significa que si el Sename paga 150 mil pesos mensuales, lo adecuado serían 250 mil. Esta brecha es tan grande que nadie espera un cambio radical a corto plazo. No es solo un problema financiero; la solución para las atenciones especializadas requiere "especialistas de mejor calidad concentrados por más tiempo", algo que no abunda en el sistema público.
Distintos personeros del sistema estatal sostienen que los niños con daño extremo no deberían superar los 20 casos en todo Chile. Sin embargo, no se había realizado un catastro de las atenciones de salud mental necesarias. Se reconoce que "Sename no puede resolver solo el problema" y que es imposible "levantar un sistema paralelo al de Salud Pública".
Condiciones de vida precarias
La realidad de los hogares y la compleja red que rodea a los niños bajo protección del Estado confirman la situación crítica en la que se encuentran. Gran parte de estos datos provienen de la "Comisión Despeje", un esfuerzo conjunto de jueces de familia y el Sename. Esta comisión reveló problemas delicados, como niños que no estaban presentes durante las visitas a los hogares, algunos habiéndose fugado sin informar a los jueces. Situaciones similares se detectaron en dos hogares de la fundación Mi Casa ("Puertas Abiertas" y "Abriendo Caminos"), que la propia entidad cerró a fines de 2009.
Según Angélica Marín, jefa del departamento de protección de derechos del Sename, las supervisiones revelaron "la ausencia continua de los niños especialmente en el horario nocturno y fines de semana, los cuales figuran presentes en las nóminas internas, sin que los educadores y profesionales tengan certeza de su paradero". Un fiscalizador del Sename informó que, de los 67 niños del centro "Abriendo Caminos", siete se fugaron y 27 estaban en "acercamiento familiar", un término "sui generis" dado que tres de esos jóvenes fueron acusados de robar un computador en la misma fundación.
En agosto, los supervisores del Sename descubrieron un hogar, la Residencia Especial Galileo de La Serena, que "adulteraba constantemente la cantidad de niños atendidos", afirmando tener 20 cuando la realidad era otra. En la auditoría a este hogar también se evidenciaron las "precarias condiciones de vida" en las que permanecían los niños, una situación extendida en toda la red, corroborada por un informe de la Comisión Despeje.
En el hogar de niñas de la fundación Carlos Oviedo, se reportaron problemas de higiene en la cocina y el comedor, falta de profesionales y la desatención de niños con problemas de salud mental. Uno de los centros con más problemas es el hogar Juan XXIII en Buín, administrado por Coanil, que acoge a niños y niñas con discapacidad mental grave o profunda. Recibió 111 millones de pesos del Sename este año. El informe consignó que los jóvenes "permanecen habitando en condiciones de emergencia en un gimnasio que fue habilitado; los baños se encuentran en pésimas condiciones de higiene, filtraciones y agua en el piso, haciendo el lugar frío para albergarse ahí". CIPER constató que, aunque se habían instalado mediaguas, el hacinamiento persistía y los niños "vagaban por un patio que era más bien un tierral, con algunos árboles, sin estímulos ni actividades. No tenían nada que hacer".
El terremoto de 2010 empeoró la situación, ya que muchos hogares se ubicaban en casas antiguas que sufrieron derrumbes. Además, la violencia contra los menores es un problema recurrente. Los recursos del Sename no permiten contratar personal especializado. En el Hogar Helmuth Hunner, la esposa del director fue acusada de golpear a un niño con un pedazo de manguera. En el hogar El Broquel, una gran mayoría de niñas había sido atacada por su padre o el conviviente de su madre.
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La dura realidad de los niños protegidos
Las historias de los niños que ingresan al sistema de protección son desgarradoras:
- "Niño de 9 años. Ingresa por violencia intrafamiliar, abandono y abuso sexual. Vive con el padre hasta la muerte de éste producto de un accidente. La madre no mantiene contacto con el niño."
- "Niña de 7 años. Ingresa producto de negligencia parental, maltrato sicológico y abuso sexual en contra de la hermana mayor, por parte del conviviente de la madre. Según los profesionales de la residencia no existe mayor identificación de la niña con la madre a quien ni siquiera conoce."
- "Hermanos de 4 y 3 años. Escasas posibilidades de egreso, debido al abuso de cocaína por parte de la madre y sospecha de abuso sexual por parte del padre."
- "Hermanas de 13 y 17 años. Ingresan producto de abuso sexual por parte del padre biológico y violencia por parte de la madre. Se identifica como adulto responsable a una hermana mayor quien vive como allegada."
La brecha entre los recursos estatales y las necesidades de los niños se cubre con caridad. Las instituciones realizan colectas y buscan donaciones, lo que genera una desigualdad: aquellas con mayores redes ofrecen mejores profesionales y hogares, mientras las que dependen solo del dinero público enfrentan condiciones precarias.
De la Protección al Sistema Penal: Mitos y Realidades
Durante mucho tiempo, se afirmó que los niños que entraban al sistema de protección terminaban en el sistema penal. Sin embargo, en 2009, los primeros cruces de datos desmintieron este prejuicio. Según el Sename, en el segundo trimestre de 2010, de los 3.337 adolescentes que ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), un 16% (545 niños) habían estado protegidos por el servicio. No obstante, el porcentaje de los atendidos por protección que se transformaron en infractores es mucho menor.
La investigadora Lisandra Muñoz ha documentado las diferencias entre jóvenes de ambos mundos. Los niños abandonados, dice, son educados muy estrictamente en los hogares, llegando a ser "muy conservadores y tradicionalistas", con perspectivas de "encierro". "A los niños abandonados les cuesta asumir que tienen una familia y que ésta no los quiere. Aunque han sido testigos y víctimas de la violencia, de todos modos sienten que eso no justifica el haber sido encerrados", explica.
En un centro del sur de Chile, Lisandra encontró un "monumento a esa paradójica relación familiar": una habitación llena de regalos para el Día de la Madre "que los niños habían hecho y se habían acumulado por años sin que nadie los hubiera ido a buscar".
El Programa Salidas Alternativas (PSA) y el Futuro
El Programa Salidas Alternativas (PSA) busca cumplir con las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento penal para evitar sanciones judiciales, fortaleciendo los factores protectores de los NNA ingresados a la red del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (ex-Sename). Un estudio enfocado en la Región del Biobío (2019-2023) analizó los factores individuales, sociales y comunitarios que influyen en la reincidencia delictiva de los jóvenes, así como la implementación del programa, a través de revisión documental y entrevistas a actores clave.
Expertos en un seminario sobre "El adolescente infractor y su tratamiento en el sistema penal chileno" destacaron la necesidad de un cambio estructural que favorezca un nuevo servicio de reinserción social, mediante la colocación laboral y la apertura de redes con la empresa privada.