El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esta es la conclusión de un lapidario informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores. La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename). Sin embargo, las vulneraciones persistieron, como revelaría la posterior investigación policial.
El Lapidario Informe de la PDI: Hallazgos y Omisiones
Contexto de la Investigación
El documento de 257 páginas de la PDI es un resumen de una extensa investigación, contenida en 28 tomos, realizada por un equipo de la policía a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork. Él fue quien investigó las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016, reportadas tras el deceso de Lissette. El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 residencias de las 241 existentes, ya sea con administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas; solo una se negó a recibirlos. En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename, como se denomina el equipo de la PDI, que confeccionara un informe con el resumen de todos sus hallazgos.
Hallazgos Clave y Estadísticas Alarmantes
El informe de la PDI, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no hecho público, constató 2.071 abusos en el 100% de los centros que administra el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares. El mismo documento indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Esto es especialmente grave, ya que da cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias.
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos
- 1.265 maltratos entre pares
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores
El 50% de los hogares constataron abusos sexuales, totalizando 310 abusos con connotación sexual. De estos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros), y 187 por otros menores, la mayor parte en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores. Y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Además, un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”, cifra que crece hasta un 76,2% si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados.
VIDEO Reportajes T13 El negocio de los niños del Sename reportaje
Fallas en la Supervisión y Protocolos
El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, nociones básicas para asegurar que los niños tengan un piso mínimo de resguardo a su integridad. Sin embargo, el equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”. Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Esto último es grave, considerando que la muerte de Lissette Villa fue justamente por errores en la contención de una crisis. El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. La policía determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Además, el equipo de la PDI constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo, por lo que los datos que se pudieron levantar son casi exclusivamente de 2017.
Problemáticas de Salud y Atención
Salud Psiquiátrica y Médica
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: el 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, y el 13,9% sufre una enfermedad crónica. Un 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
Había casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”.
Inadecuada Gestión Sanitaria
El desglose de la gestión sanitaria sorprende: 42 centros no tienen un encargado de salud. Y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos: en 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos.
Condiciones Estructurales Deficientes
Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Reacciones y Negaciones Oficiales
El diputado René Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio, dijo a CIPER que es muy difícil que entre las autoridades informadas por la PDI no se encontrara el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos. A juicio del parlamentario, quien permanentemente ha denunciado los abusos en el Sename, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo.
Tras la denuncia del diputado Saffirio, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio. Tuve conocimiento que se estaba realizando este estudio, pero este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte). Yo no sé si se concluyó, si lo tiene el juez o está en el proceso de investigación.”
Otros Informes Precedentes y Paralelos
Una Cadena de Reportes Siniestra
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas.
Lo grave del informe PDI es que constata una violencia sistemática, tal como ya lo había hecho otro documento de la ONU el año pasado. Sin embargo, el reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU: el organismo internacional visitó solo cuatro residencias, mientras que el de la policía consideró 240, de un total de 241 que hay en todo el país.
Misión de Observación Sename 2017
La primera publicación, el "Informe Misión de Observación Sename 2017", es el resultado de la Misión de Observación realizada durante el 2017 a las residencias Sename de administración pública y privada del país. En él se despliegan los resultados categorizados en distintas temáticas claves tales como “Condiciones de vida y cuidado”, “Vinculación con el medio y participación”, “Educación”, “Familia e identidad”, “Salud Mental”, entre otros. Con esta publicación, se busca comunicar los hallazgos a la opinión pública, los organismos y autoridades del Estado, en particular a los directivos, directivas, trabajadores y trabajadoras de la red Sename, con el objetivo de que se adopten las medidas necesarias para superar las vulneraciones de derechos que la misión pudo detectar.
La segunda publicación, el "Reporte de situación en Residencias de instituciones colaboradoras acreditadas de SENAME para niñas, niños y adolescentes con discapacidad - Misión de Observación SENAME 2017", analiza la situación de los Centros Residenciales para niños, niñas y adolescentes (NNA) con discapacidad, dependientes del área de protección del SENAME. Este reporte se basó en la información levantada por la Misión de Observación llevada a cabo por el INDH entre febrero y marzo del año 2017. Se seleccionó una muestra de 10 de los 23 centros residenciales existentes a nivel nacional, aplicando dos de los cuatro tipos de instrumentos o cuestionarios para la recopilación de información utilizados en todos los centros visitados: un instrumento institucional para la persona encargada del centro al momento de la visita, y otro aplicado a funcionarios y funcionarias que de manera espontánea quisieron responder el cuestionario. Así, se contó para este reporte con la información levantada en los 10 instrumentos institucionales y 52 instrumentos aplicados a funcionarios/as.