La desigualdad social en Chile es un problema persistente, profundamente arraigado en su estructura económica y social. A pesar de un crecimiento sostenido y una reducción significativa de la pobreza desde la dictadura de Pinochet, la brecha entre ricos y pobres sigue siendo una de las más elevadas de la región, y en los últimos años, ha vuelto a acentuarse. Este fenómeno no se limita únicamente a la disparidad de ingresos, sino que se manifiesta en diversas esferas, como la educación, la salud y el sistema previsional.
La Magnitud de la Desigualdad en Chile
Según datos de la encuesta Casen de 2017, la relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre reveló que los primeros obtuvieron un ingreso 39,1 veces mayor que los segundos, cifra que aumentó desde 33,9 en 2015. El Coeficiente de Gini, un indicador clave de desigualdad, se situó en 0,501 en 2017, frente a 0,493 en 2015. Aunque al considerar los aportes en protección social del Estado el indicador mejora en comparación con algunos países latinoamericanos, Chile se mantiene lejos de los estándares de las naciones desarrolladas.
Una investigación reciente, que combina datos administrativos con encuestas de hogares, estima que el 10% más rico controla más de dos tercios de la riqueza privada del país, y que el 1% concentra casi la mitad si se excluyen los fondos de pensiones del cálculo. Esta desigualdad de la riqueza, aunque ha disminuido levemente en los últimos 15 años debido al alza sostenida en los precios de la vivienda, sigue siendo significativamente más alta que en muchos países europeos y comparable con la de Estados Unidos.
Desigualdad de Ingresos y Clases Sociales
La desigualdad social es, ante todo, desigualdad de ingreso. En una sociedad capitalista y asalariada como la chilena, el problema es fundamentalmente económico: muy pocos ganan mucho dinero cada mes y muchos ganan muy poco. La base de esta desigualdad radica en que el 1% con mayor ingreso, dueños del 30% de la riqueza que se produce, no lo gana como sueldo, sino a través de ganancias y retiros de capital de las empresas, o sus inversiones en la bolsa. La diferencia entre clases sociales, por lo tanto, no es tanto la cantidad de ingresos, sino la forma en que se obtienen. Mientras una gran parte de la población apenas solventa un nivel de vida mínimo con su trabajo, los propietarios obtienen riqueza simplemente por ser dueños de empresas.
¿Cuáles son los factores detrás de la desigualdad económica en Chile?
El Modelo Neoliberal y la Reproducción de la Desigualdad
El modelo neoliberal, implementado durante la dictadura de Pinochet, mantiene una estructura de servicios sociales que perpetúa la desigualdad. Su principio fundamental es la competencia y la meritocracia, lo que normaliza la existencia de ricos y pobres y dificulta la consecución de la igualdad. A pesar de que los países con mayores niveles de igualdad son más seguros y experimentan un mayor desarrollo económico, la ideología neoliberal se opone a esta meta.
La Estructura de Servicios Sociales Chilena: Educación, Salud y Pensiones
Los servicios sociales en Chile -educación, salud y pensiones- sufrieron un proceso de privatización y descentralización durante la dictadura, con el objetivo de reducir el gasto público y mejorar la eficiencia a través de la competencia de mercado. Casi 30 años después, a pesar de las reformas introducidas por gobiernos democráticos de la Concertación para ampliar la cobertura y reducir la pobreza, estos sistemas mantienen su raíz liberal, basada en la competencia y la supervivencia del más fuerte.
Sistema Educativo
Hasta 1980, la educación se dividía en un sistema público y uno privado. Las reformas de la dictadura descentralizaron la educación pública, transfiriendo su administración a los municipios y creando un cuasimercado entre escuelas municipales y privadas subvencionadas. Esta descentralización introdujo la desigualdad en la formación no solo por el ingreso familiar, sino también por el ingreso municipal. La posibilidad de cobro de un copago en escuelas subvencionadas a partir de 1994, sumada a la consolidación de colegios privados exclusivos, acentuó la segmentación. La educación superior se volvió mayoritariamente pagada, con la creación de universidades e institutos técnicos privados cuya calidad y acceso están ligados a los recursos económicos.
A pesar de estas dinámicas, la reforma educacional impulsada durante el gobierno de Michelle Bachelet, gracias a las movilizaciones estudiantiles de 2011, introdujo cambios significativos:
- Finalización de la municipalización educativa, reemplazada por servicios locales financiados centralmente.
- Prohibición de la selección en establecimientos con financiamiento público.
- Fin al copago en la educación particular subvencionada.
- Derogación del retiro de utilidades (lucro) de las escuelas privadas.
- Gratuidad de la educación universitaria para el 60% de los jóvenes de menores ingresos.
Sin embargo, el gobierno de Sebastián Piñera prometió revertir algunas de estas reformas, ya firmó un proyecto para restablecer la selección en establecimientos públicos y el tribunal constitucional declaró inconstitucional la derogación de la prohibición del lucro en instituciones terciarias. Esto refleja una visión que concibe la educación como una industria, retomando criterios meritocráticos y productivos.
Sistema de Salud
El sistema de salud chileno también fue descentralizado y municipalizado durante la dictadura. Se hizo obligatorio el aporte de asalariados y pensionados al sistema público (Fonasa) o al sistema privado (Isapres). Mientras Fonasa ofrece atención estandarizada, el sistema privado se diversifica según la capacidad económica individual, lo que genera una marcada segmentación. Las reformas democráticas buscaron mejorar los servicios públicos, que atienden a la población con mayor riesgo, como los adultos mayores (el 93% de ellos afiliados a Fonasa).
Sistema Previsional: Las AFP
El sistema de pensiones de capitalización individual obligatorio, establecido durante la dictadura, es otro pilar de la desigualdad. Los aportes de los trabajadores se destinan a cuentas de ahorro personales administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Estas funcionan como fondos de inversión, invirtiendo los ahorros jubilatorios de los chilenos en el mercado financiero, lo que significa que la pensión futura depende de la rentabilidad de estas inversiones.
El sistema, que en 2006 mostraba que más del 33% de los ocupados no cotizaba y la mitad de los cotizantes no alcanzaría una pensión mínima, llevó a la reforma de 2006 que estableció una estructura de tres pilares: contributivo, voluntario y solidario. El pilar solidario busca complementar las pensiones para quienes no alcanzan un mínimo o no han cotizado por desempleo o informalidad. Sin embargo, su existencia es una clara señal de que el sistema no cumple su función de garantizar pensiones dignas.
Las AFP no han cumplido su promesa original de entregar mejores pensiones que el sistema de reparto, siendo las pensiones actuales "bajísimas" y sin cubrir las necesidades mínimas. Esta situación ha generado una profunda desconfianza ciudadana, ubicándolas entre las instituciones con menor credibilidad. Además, las AFP administran fondos gigantescos, superiores al PIB, con amplia autonomía y un enorme poder económico y político concentrado en solo seis empresas, cuatro de ellas controladas por multinacionales extranjeras, lo que genera tensión con los intereses nacionales. La inercia institucional por parte de sucesivos gobiernos, el Congreso y las AFP ha impedido enfrentar estas fallas estructurales del mercado del trabajo, como la inestabilidad laboral y los bajos sueldos.
Desafíos de Género en la Desigualdad
La desigualdad también se manifiesta de manera acentuada en las brechas de género. Un reporte anual de la Superintendencia de Pensiones evidencia la persistencia de diferencias entre hombres y mujeres en el sistema de pensiones y el seguro de cesantía. La crisis sanitaria y económica del COVID-19 castigó con fuerza la participación laboral femenina, acentuando la brecha previsional en desmedro de las mujeres. Algunos datos clave incluyen:
- Densidad de cotizaciones: Las mujeres alcanzaron una densidad de 47,7% en 2021, frente al 58,1% de los hombres, concentrándose en tramos de bajas densidades.
- Remuneraciones imponibles: El promedio para mujeres fue de $863.162 en 2021, mientras que para hombres fue de $947.901, lo que representa una brecha del 8,9%.
- Retiros de fondos de pensiones: A junio de 2022, el saldo se vio más afectado para las mujeres que para los hombres. Aunque los montos retirados fueron mayores para los hombres ($5.140.000 vs. $4.095.000), un 62,5% de las mujeres realizó los tres retiros, frente al 55,2% de los hombres.
- Pensiones de vejez autofinanciadas: El promedio del componente autofinanciado para mujeres fue de $136.728 y para hombres de $179.261, una brecha del 23,7%. Con el beneficio de la PGU, la brecha se reduce a -11,6%.
Estos datos demuestran cómo la precariedad laboral, los bajos sueldos y la inestabilidad afectan de manera desproporcionada a las mujeres, exacerbando la desigualdad en su vejez. La violencia económica, una de las formas de violencia de género, también se refleja en la situación de las pensiones alimenticias, donde el 84% de los hombres demandados por causas de alimentos no paga la pensión fijada, afectando a miles de niños.
Necesidad de Cambios Estructurales
La estructura privatizadora en los servicios sociales chilenos segmenta la sociedad en "capas inamovibles". La percepción de injusticia, asociada a que quienes pueden pagar más acceden a mejores servicios, ha aumentado significativamente. Romper el círculo de la desigualdad no se logrará con "parches" a la estructura existente, sino con reformas estructurales que permitan repensar el tipo de sociedad que se busca construir.
El sistema privado de pensiones, un "Estado dentro del Estado" por su autonomía y poder económico, es un claro ejemplo de la inercia institucional que debe romperse. Es crucial un debate nacional sobre la crisis del sistema de pensiones y la convocatoria a un gran acuerdo nacional que supere prejuicios ideológicos e intereses económicos, para construir instituciones públicas que aseguren un sistema de pensiones digno y acorde al nivel económico del país, para todos y no solo para una minoría.
La desigualdad en Chile no es una sorpresa, sino una consecuencia directa de un modelo que ha privilegiado el mercado y el control de la riqueza por parte de unas pocas familias. El "despertar" de la clase trabajadora, manifestado en las protestas masivas, es un llamado a enfrentar las fallas estructurales y a cambiar la matriz de desigualdad en la sociedad chilena.