La situación del Servicio Nacional de Menores (Sename) ha sido objeto de constante preocupación y debate público, evidenciando una profunda crisis institucional. Las marcadas diferencias entre los funcionarios y la dirección han quedado patentes en diversas instancias, como la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
En este contexto, legisladores han escuchado a dirigentes de diversas asociaciones de trabajadores del organismo, incluyendo Anfur y Antrase, a Gendarmería y al titular del Sename, Hugo Herrera. El senador Alejandro Navarro, presidente de la Comisión, ha señalado que existen múltiples factores que intervienen en la actual crisis. Su institucionalidad "no da para más", lo que hace necesarios cambios normativos urgentes.
El senador Baldo Prokurica ha cuestionado la actitud de la dirección del Sename, alegando que "no se está priorizando como se debe" la precaria situación económica de los niños y jóvenes. En sus palabras, "se nos dice que se han mejorado muchas cosas, pero es evidente que nada ha sido suficiente", lo que denota una realidad que no se puede "esconder".
El contexto de esta problemática se enmarca en un proceso de transformación del Servicio Nacional de Menores que culminará con la creación del Servicio de Reinserción Social Juvenil. Este cambio busca abordar las deficiencias, aunque persisten los desafíos.
Condiciones Laborales Críticas y su Impacto en el Personal
Déficit de Personal, Estrés y Agresiones
Uno de los factores más determinantes que contribuyen a la salida voluntaria de funcionarios y al alto nivel de estrés es la precariedad de las condiciones laborales. El servicio cuenta con cerca de cuatro mil trabajadores, de los cuales un alarmante 25% presenta licencia médica por estrés cada mes. Esto refleja una situación insostenible.
La presidenta de la Asociación de Funcionarios, Alicia del Basto, ha enfatizado que todos los centros presentan un déficit de personal administrativo, profesional y médico. La realidad es especialmente dura en los centros de atención directa, donde hay dos educadores por casa y un promedio de 30 niños. Un profesional para esa proporción es "poquísimo", lo que hace "imposible que se puedan hacer las intervenciones en forma adecuada". Cada niño, según las proyecciones, debería tener al menos dos sesiones semanales de atención.
El sistema laboral en el Sename es altamente desgastante. Los funcionarios son frecuentemente agredidos, y en muchas ocasiones, las jefaturas generan condiciones que "terminan muchas veces por agobiar de mayor forma al trabajador". Esta combinación de factores contribuye a un ambiente de trabajo hostil y poco propicio para la retención del personal.
Impacto de las Políticas de Remuneración y Horas Extras
Un dictamen reciente de la Contraloría General de la República ha exacerbado la situación laboral al afectar el pago de horas extras en el sistema de turnos. Este sistema es fundamental para garantizar la atención 24/7 a los jóvenes bajo protección. El dictamen ha "puesto en entredicho" la importancia de este sistema y ha tenido un impacto inmediato en las remuneraciones de los funcionarios, quienes percibieron sus sueldos con una "merma".
Esta reducción afecta incluso a "compañeras que tienen roles de trato directo, están en el sistema de turno y tienen, por ejemplo, el fuero maternal". Lo mismo ocurre con el personal que hace uso de sus feriados legales o vacaciones. Esta medida ha generado un profundo descontento y es una razón directa para la desmotivación y eventual salida de los trabajadores.
Deficiencias Estructurales y de Atención Especializada
Infraestructura Inadecuada y Hacinamiento
Los centros del Sename enfrentan serias deficiencias en su infraestructura. Alicia del Basto ha declarado que los cambios realizados para mejorarla "no son adecuados para su función". Muchos centros "no cumplen con la orientación de integración social", con espacios reducidos y muros altos que "se parecen más a prisiones" que a "escuelas de formación".
El hacinamiento es un problema constante debido a la falta de espacio para tantos niños. La necesidad urgente es la creación de más centros de administración directa y la construcción de lugares de acogida en cada región, lo que evitaría complejos traslados y mejoraría las condiciones de vida de los menores.
Incapacidad para Atender Trastornos Psiquiátricos y Mal Uso de CREAD
Rubén Munizaga, líder de Anfur, ha señalado la incapacidad del sistema para atender a niños con trastornos psiquiátricos, a pesar de que la mayoría de los menores bajo su tutela presentan alguna patología asociada. El "problema es que el Ministerio de Salud no se hace cargo de esto".
El hacinamiento agrava la situación: "muchos niños que no tienen trastornos siquiátricos terminan con uno porque, debido al hacinamiento, deben relacionarse con aquellos que sí están enfermos". De hecho, el 70% de los niños atendidos requiere psicofármacos, y un 10% necesita internación.
Asimismo, Walter Arancibia, presidente de Antrase, ha denunciado el mal uso de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread). Estos centros fueron diseñados para atender a niños altamente complejos, pero "muchos no cumplen con ese perfil" y son recibidos por órdenes de los Juzgados de Familia. Los jueces "insisten en que los Cread sean la puerta de entrada al sistema", lo que impide que estos centros cumplan su función específica. De los 190 mil niños que ingresaron al sistema de protección en 2014, poco más de 3 mil fueron derivados a los Cread, siendo que "ni siquiera la mitad debía ingresar a un Cread", y debían ir a centros de protección simple.
Acusaciones de Maltrato y Consecuencias para el Personal
La grave crisis institucional se ha visto agudizada por casos de maltrato y despidos. La Contraloría General de la República ratificó el despido de 11 funcionarios del Sename de Valparaíso por "vulneraciones de derechos a niñas, niños y adolescentes". Tras una investigación, se acreditaron situaciones de maltrato físico y psicológico en contra de menores del Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) de Playa Ancha. El director regional (s), Rachid Alay, afirmó que estas medidas disciplinarias son el resultado de sumarios administrativos rigurosos y transparentes.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella criminal por delitos de tormentos o apremios ilegítimos, detallando que "al menos 25 fueron los niños maltratados" en el Cread de Playa Ancha. Según el organismo, estos "tormentos no son aislados en el tiempo ni en número de casos", describiendo que los menores relatan haber sido "torturados con golpes, duchas de agua fría y dolorosas 'llaves' para inmovilizarlos, entre otros maltratos". Estos incidentes, aunque derivaron en despidos, crean un ambiente de extrema presión y desconfianza que afecta a todo el personal, incidiendo también en la decisión de abandonar la institución.
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Desafíos de la Transición y Necesidad de Cambios Profundos
El recién asumido director del organismo reconoció el "difícil momento que vive la institución" y la importancia de "cambiar la visión que hemos tenido de la infancia". Los funcionarios públicos de los centros de administración directa, por su parte, vencen día a día las carencias producto de una "tensión histórica", marcada por un "Estado subsidiario que declara derechos pero no es capaz de garantizarlos".
La institución, en su opinión, "encarna todo lo que es el proceso de transformación institucional en términos de reducción de la intervención estatal", una herencia de políticas pasadas. Esta situación es particularmente compleja para el personal administrativo, fundamental para la mantención, infraestructura, alimentación y transporte de los jóvenes. Los trabajadores enfatizan la importancia de que la opinión pública entienda la "obligación de garante" que debe asumir el Estado.
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