El Contexto de la Transición de SENAME a Mejor Niñez y la Falta de Representación Legal
El paso de Sename a Mejor Niñez, concretado el pasado 1 de octubre, no se hizo cargo de un problema histórico que viven niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de vulnerabilidad: la falta de abogados especialistas que los representen en tribunales, lo que se denomina curaduría ad litem, cuando los menores cuentan con una medida de protección decretada por la justicia.
El plan para instalar Mejor Niñez en reemplazo del Sename no contempló solucionar la situación de unos 40 mil menores con medidas de protección decretadas por un tribunal, pero que no cuentan con abogados que los representen. Aunque el nuevo sistema Mejor Niñez se anunció y promulgó hace un año, en el largo periodo para su planificación e instalación, al parecer, nadie reparó en que los NNA quedarían nuevamente a la deriva en cuanto a representación legal.
La labor de representación fue derivada, sin mejorar presupuesto ni infraestructura, a las corporaciones de asistencia judicial (CAJ), entidades que ya están colapsadas. El problema fue derivado, sin aumentar recursos, a estas corporaciones.
La Magnitud del Problema y sus Implicaciones
En julio pasado, el Poder Judicial informó que había 36.764 NNA sin un representante designado por un tribunal en casos donde ya hay medidas de protección. Además de las 16.752 causas heredadas de los directores regionales del Sename, existen más de 36 mil NNA con medidas de protección decretadas por la justicia que no tienen un abogado como curador ad litem.
Hasta el momento no se ha sistematizado la información sobre la complejidad de cada una de estas miles de causas. Esta sistematización permitiría dimensionar cuántos de estos conflictos se podrían revisar sin llegar a la judicialización, que es lo que busca el nuevo sistema; cuántos involucran vulneraciones graves que impliquen medidas como separar al menor de su familia; cuántos son de mediana complejidad, como malos tratos psicológicos, y cuántos de baja complejidad, como ausentismo escolar sin justificación médica.
Las primeras advertencias sobre el problema de la representación jurídica de NNA comenzaron desde el inicio de Mejor Niñez, el 1 de octubre de este año. Las críticas principales quedaron a la vista en un reportaje realizado por el medio Contracarga.cl, en el que varios expertos e involucrados en el sistema se quejaron por la finalización de los Programas de Representación Jurídica (PRJ), entidades que recibían una subvención para apoyar al Sename en estas labores.
Respuesta y Gestiones del Ministerio de Justicia
El conflicto pasó directamente al Ministerio de Justicia, organismo que está a cargo de procurar que se cumpla el derecho de los NNA a contar con representación legal. Poco más de una semana atrás, el pasado 22 de noviembre, el ministro Hernán Larraín le envió un oficio al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, solicitando un aumento presupuestario superior a los $10 mil millones para hacerle frente a este tema, pidiendo profesionales y recursos, a pesar de que Mejor Niñez ya lleva casi dos meses en operación.
El Ministerio de Justicia indicó que solo se enteraron del volumen del problema cuando la mesa interinstitucional constituida en mayo pasado, encabezada por el ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, arrojó que se trataba de casi 40 mil menores. Para hacer frente a esta situación, Hernán Larraín solicitó los $10 mil millones a Hacienda.
Desde la Dirección de Presupuestos señalan extraoficialmente que esta petición todavía debe revisarse, pues se envió después del proceso presupuestario. El oficio enviado por el ministro Larraín a su colega de Hacienda dejó en evidencia otra arista que refleja la improvisación con que se abordó este tema en el traspaso de Sename a Mejor Niñez.
A la Asociación de Funcionarios y Profesionales (Afunpro) de la CAJ metropolitana le alarma esta situación. En conversación con CIPER, sus dirigentes indicaron que en este escenario lo que “existe es el ingreso de miles de causas nuevas para funcionarios que ya están saturados y sin ninguna inyección de recursos que permitan reforzar la tarea”.
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Programas de Representación Jurídica y su Evolución
En la actualidad, existen dos entidades controladas por el Ministerio de Justicia que se hacen cargo de este tipo de representación jurídica. La primera son las corporaciones de asistencia judicial (CAJ) de todo el país. El reciente oficio enviado a Hacienda por el ministro de Justicia para pedir más recursos comienza anunciando que Mejor Niñez (entidad que depende del Ministerio de Desarrollo Social) no tiene la “facultad de representar judicialmente los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
El ministro continuó describiendo que, ante la emergencia inminente, estas causas tuvieron que ser asumidas por las CAJ, para lo que se había dispuesto un equipo de 33 abogados durante el último trimestre de 2021.
Las causas que llevaban los Programas de Representación Jurídica (PRJ) pasaron al Programa Mi Abogado. Según el Ministerio de Justicia, el traspaso de los PRJ al Programa Mi Abogado implicó que se doblara el presupuesto y dotación de este último, además de ampliar su población objetivo. De atender únicamente a NNA en residencias, según el ministerio, se incorporó “a los niños en familias de acogidas y a grupos prioritarios como los NNA migrantes no acompañados o separados de sus familias”. En el presupuesto 2022 se consideró un aumento para este programa.
Para la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, ha habido avances en materia de representación judicial de NNA.
El Rol de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ)
Los problemas se están produciendo principalmente en las CAJ, tal como lo han reconocido funcionarios del Ministerio de Justicia, así como el propio jefe de esa cartera, Hernán Larraín. Cualquier persona puede acceder a los servicios de orientación e información de la Corporación de Asistencia Judicial.
Para el patrocinio o firma de un abogado o una abogada y la tramitación de un juicio, la CAJ proporciona el apoyo de forma gratuita a personas de escasos recursos que no cuenten con los medios suficientes para costearlos. Para ello, realiza una evaluación socioeconómica por intermedio de un o una asistente social, quien determinará si puede ser representado o representada judicialmente por un o una profesional de la CAJ.
El trámite para solicitar orientación o información está disponible durante todo el año en el sitio web y oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ). La solicitud no requiere de formalidad alguna, solo se necesita la petición de protección para dar por iniciado el procedimiento. Cualquier otro documento, si existiere, que acredite que el NNA se encuentra amenazado o vulnerado en sus derechos, puede adjuntarse. El usuario hace clic en "Enviar consulta" y como resultado del trámite, habrá solicitado orientación o información, o la asesoría en el caso de la CAJ Metropolitana (con competencia sobre las regiones de Metropolitana, O'Higgins, Maule y Magallanes).
Futuras Implicaciones y Propuestas
El traspaso de Sename a Mejor Niñez también implica la desaparición, hacia 2026, de las Oficinas de Protección de Derechos de Infancia (OPD), el principal agente a nivel comunal en el trabajo de la infancia. Dentro de sus labores, las OPD realizan curadurías ad litem. La ley que instaló Mejor Niñez indica que las OPD se reemplazarán por las Oficinas Locales de la Niñez (OLN), que no tienen la facultad de ser representantes ante la justicia.
CIPER conversó con ocho coordinadores de OPD de distintas regiones. Sus preocupaciones apuntan a que el cese de las OPD dejará con más carga a las CAJ. Consultado el Ministerio de Justicia, indicó que por la urgente demanda de curadurías ad litem planteó un proyecto de ley para “crear un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia”. En tanto, desde Mejor Niñez indicaron que las OPD seguirán funcionando durante el plazo que se necesita para instalar las Oficinas Locales de la Niñez.
Programas Específicos de la Red SENAME (anteriormente)
En el ámbito de representación jurídica existen programas que trabajaban en esta línea dentro del Servicio Nacional de Menores (SENAME):
- Programa de Representación Jurídica: Su objetivo es representar legalmente a niños, niñas y adolescentes que asisten a algún programa de la red SENAME y que fueron vulnerados en sus Derechos, sea constitutivo de delito o no, en distintos tribunales de Justicia. En la actualidad, existían 16 programas a nivel nacional.
- Programa Mi Abogado: Es un programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se inició en 2017 como piloto en cuatro regiones y que en 2019 llegó a nueve. Su principal objetivo es representar jurídicamente a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en alguna residencia de SENAME. Este programa lo ejecutan las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ).
- Unidad de Defensa Penal Especializada: Esta unidad de defensa penal especializada presta servicios a los adolescentes que se encuentran imputados bajo la Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la Ley Penal.
- Programas de Justicia Juvenil: En el área de Justicia Juvenil, en la actualidad es el Servicio Nacional de Menores quien tiene a cargo supervisar estos programas los cuales son ejecutados por organismos colaboradores. Existen diversos tipos de programas según el tipo de sanción al que fueron objeto los adolescentes infractores de Ley, en ese sentido pueden ser privativas o no privativas de libertad. Dentro de la primera línea, los centros privativos de libertad pueden ser provisorios, cerrados o semicerrados.