La situación de los niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha sido objeto de profunda preocupación y debate público. Este organismo, encargado de proteger a los menores vulnerables y en riesgo social, ha enfrentado serias críticas y denuncias sobre el fallecimiento de niños, vulneraciones de derechos y deficiencias estructurales en su funcionamiento.
Denuncias y Vulneraciones de Derechos
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó ante el Congreso un informe sobre la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que residen en centros de Sename. En este informe, de los 405 niños entrevistados, 197 denunciaron distintas vulneraciones. La entonces Directora del Sename, Solange Huerta, respondió que "estos niños están sujetos y son responsabilidad de la institucionalidad y de los diversos derechos que deben ser asegurados por los diferentes servicios".
Huerta reconoció que "hay niños que han hecho denuncias de abusos y en esos casos, lo que hace el servicio es hacer las denuncias respectivas para que los fiscales determinen a aquellas personas que tienen que ser sancionadas". Explicó que "en un estado de derecho eso tiene que estar determinado por el tribunal de justicia" y de existir vulneración de los derechos "tiene que ser sancionado y reparado". Sin embargo, también reconoció que "el tema profundo tiene que ver cómo modificamos el sistema".
Cifras de Fallecimientos en el Sename
Uno de los aspectos más críticos y dolorosos de la crisis del Sename ha sido la falta de claridad y las discrepancias en las cifras de fallecimientos de menores bajo su tutela.
La directora Solange Huerta se encargó de elaborar un informe acabado con la cifra de niños, niñas y adolescentes fallecidos en el organismo, tanto en las áreas de protección de derechos como de justicia juvenil. La nueva administración del organismo dio cuenta públicamente de los números que entregó al Ministerio Público. La cantidad de fallecidos, entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de junio de 2016, da un total de 243 menores muertos en centros y residencias dependientes del Sename. De ellos, 210 fueron en áreas de protección de derechos y 33 en recintos de justicia juvenil (que albergan menores que cumplen una medida preventiva o de sanción).
Además, 113 de estos niños presentaban algún grado de discapacidad, lo que corresponde al 53,8% de los fallecidos. Respecto a las edades, el 35% del total tenía seis años.
El desglose elaborado por el organismo contó con un trabajo de más de 100 personas, cruzando identidades y fichas de cada niño con información del Servicio Médico Legal (SML) y el Registro Civil. Huerta informó que en el 62,4% de los casos en áreas de protección existe una enfermedad asociada, incluyendo infartos cerebrales múltiples, infartos agudos al miocardio, cáncer testicular, entre otros. En un 22,4% la causal no fue concluyente.
Fallecimientos en Justicia Juvenil
En el caso de la justicia juvenil, que atiende a adolescentes mayores de 14 años que han infringido la ley, los números son diferentes. De los 33 adolescentes fallecidos, sus causales de muerte "son todas de tipo violenta", y el 100% no está asociada a enfermedad. "La muerte de cada uno de estos niños nos duele, pero también nos duele habernos demorado dos meses en poder entregar esta información", dijo la directora del Sename.
Decesos en Sistema Ambulatorio y Adultos
Los decesos en sistema ambulatorio también fueron objeto de análisis. Estos casos corresponden a menores que estaban al cuidado de algún familiar o bajo programas ejecutados por organismos privados colaboradores del Sename. En las áreas de protección, se registraron 406 casos de menores fallecidos en los últimos 11 años, mientras que en justicia juvenil, alcanzaron los 216 decesos.
Huerta explicó que el Sename no solo alberga a menores, sino también a adultos que ingresaron siendo menores. Se informó de 215 fallecidos en áreas de protección y 22 en justicia juvenil que eran adultos. En total, el número total de niños, niñas y adolescentes que tenían algún tipo de relación con el Sename, ya sea en centros o en un programa ambulatorio, llegó a 865. "Nuestros niños tienen que volver a estar en el centro de las preocupaciones públicas y pedimos a todos los chilenos que se sumen a en este esfuerzo", concluyó Huerta.
El Caos Estadístico y la Falta de Confiabilidad
Más allá de las cifras presentadas, la poca claridad sobre el número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado ha sido una constante. Según un informe del Ministerio de Justicia solicitado por el diputado René Saffirio, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a menores del área "protección".
BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014, arrojando 318 fallecimientos, que, sumados a los 77 de ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395. Sin embargo, este número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron.
"Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio", explicó María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia. El diputado Saffirio afirmó a BBC Mundo que "El Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, señaló: "No tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".
El Factor "Lissette" y sus Consecuencias
Actualmente, más de 8.000 niños han sido separados de sus familias y están internados en centros del Sename, siendo estos los casos más "críticos", según Ortiz. Las causas de muerte determinadas por algunas autopsias, según el SML y el diputado Saffirio, son variadas y sorprenden por su grado de violencia: lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos, un menor muerto por un golpe en la cabeza por caer de altura, homicidios y suicidios por ahorcamiento.
En esta lista, una causa de muerte "indeterminada" fue precisamente la que detonó la crisis: la de Lissette. A sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros del Sename, desde que la Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de ella a los 5 años, debido a maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono.
Lissette era conocida por sus episodios de rabia. El 11 de abril, pasadas las 20 horas, las cuidadoras del centro Galvarino pensaron que la crisis que vivía Lissette era otra de sus "pataletas". Una cuidadora testificó al programa "Contacto" de Canal 13 que, en medio de una crisis, la niña se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar, desvaneciéndose. "Ya es parte de la pega que lo que no es normal pasa a ser normal. Por eso es que no se le tomó el peso en realidad a lo que podía pasar", dijo la cuidadora, quien, al igual que su compañera a cargo de 20 niñas, no tenía conocimientos en primeros auxilios ni estudios superiores o técnicos. Cuando se dieron cuenta de la gravedad, Lissette ya estaba muerta. No se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales. La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional" porque un "familiar muy cercano" no la visitó, una explicación que le costó el puesto.
Sobremedicación y Falta de Especialistas
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, afirmó a BBC Mundo: "Mi impresión clínica es que Lissette estaba sobremedicada". Aseguró que se le suministraba un fármaco (benzodiazepina) que, en la cantidad dada, actuaba como antipsicótico. Además, la menor estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que, salvo la fluoxetina, no está demostrado que hagan efecto en niños. Otro fármaco, la sertralina, puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables".
Estrada confirmó que la "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos es "generalizada" en los centros, con problemas graves de dosificación. El senador Alejandro Navarro destacó que "El 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado".
La situación se agrava con la falta de especialistas. "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", afirmó Estrada. Ortiz explicó que "Hay pocos psiquiatras infantojuveniles y, de esos pocos, la gran mayoría prefiere trabajar en el sector privado; entonces tenemos regiones donde simplemente no hay".
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Propuestas de Solución
Francisco Estrada identifica tres pilares para una solución definitiva:
- Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: "Necesitamos unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que también trabaje con las familias y no que las aísle".
- Reintegración familiar como objetivo final: "Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo. Entregarles herramientas, acompañarlos". Sin embargo, Estrada critica que quienes toman las decisiones "muchas veces tienen muy baja formación, en un caso complejo no saben qué hacer y la decisión más fácil es internar al niño". Ortiz coincide, señalando la estigmatización de la pobreza: "¿Por qué no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal?".
- Defensa jurídica adecuada para los niños: A diferencia de los menores "infractores de ley" que cuentan con "muy buenos defensores", aquellos que llegan a los tribunales de familia para ser protegidos por el sistema son representados por abogados jóvenes para quienes "el niño es más un trámite burocrático que un sujeto de derecho".
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que Ortiz espera "dejar instalado" en el gobierno actual, es decir, antes de 2019. Sin embargo, "los niños no pueden esperar".