La crisis del Servicio Nacional de Menores (Sename) ha sido abordada a través de diversas disciplinas, poniendo de manifiesto la complejidad de los desafíos en la protección de la infancia vulnerada. Psicólogos y trabajadores sociales se han referido a la calidad de los programas, psiquiatras han analizado la carencia de lugares capacitados para tratar a niños con trastornos de personalidad y economistas se han referido a la falta de recursos y poca eficiencia administrativa.
La académica del Instituto de Historia UC, Ximena Illanes, y el doctorante Miguel Morales, publicaron una columna en El Mercurio sobre la necesidad de otorgar una perspectiva histórica a la crisis que se vive en el organismo de menores. Este hecho, aseguran, "volvió a instalar la pregunta por el estado actual de las políticas de protección hacia la infancia vulnerada en nuestro país, en particular, por las condiciones de vida a las que se ven enfrentados miles de niños y niñas que viven en instituciones públicas y privadas dedicadas a acogerlos y resguardar sus derechos fundamentales".
Una Mirada Histórica a la Infancia Vulnerable
Illanes y Morales, en su columna conjunta en El Mercurio, abordan el abandono de la infancia en diferentes épocas y contextos, tras los hechos que han marcado el debate sobre la crisis actual. Los casos de menores fallecidos en este contexto, que llegan a 1.313 desde 2005, continúan, "parece tratarse de hechos sistemáticos y prolongados en el tiempo". A partir de esta afirmación, los académicos se refieren a cómo los políticos y especialistas han puesto el foco de atención en "las causas de la muerte, los problemas de atención médica, especialmente psiquiátrica, la mala infraestructura y las responsabilidades del Estado".
Estos menores vulnerados e institucionalizados, aseveran, son "verdaderos espejos de una sociedad y su historia, no tan solo en Chile, sino que en todo el mundo". Illanes y Morales enumeran una serie de hechos históricos donde se vislumbra la temática de la infancia vulnerable. Explican que, "a fines de la Edad Media, diferentes instituciones de asistencia se especializaron en acoger a miles de criaturas abandonadas en los espacios urbanos; uno de los casos estudiados es la Barcelona del siglo XV". "Las pequeñas cartas, ropas y abrigos, medallas partidas por la mitad y señales de identificación, reflejaron un doloroso proceso de separación momentánea o definitiva", dan cuenta los historiadores.
Abordan también el caso de Chile, donde la dificultad en la creación de lazos afectivos y la integración a la comunidad, así como historias de maltratos y abusos, han sido documentadas. A partir de investigaciones como las descritas, dicen los académicos, se puede reflexionar sobre la realidad actual del Sename y el lugar que estas instituciones han tenido en las sociedades que las han construido.
Illanes y Morales recalcan además, que el uso del concepto de abandono en casos como los anteriores, puede promover "la invisibilización de la precariedad y desigualdad social de los niños, niñas y sus familias, que son usuarios de este sistema". Finalmente, los investigadores remiten a los dos objetivos de los hospitales bajomedievales que acogieron a menores abandonados. El primero, aseguran, fue que sobrevivieran a los primeros años de vida, debido a la alta mortandad infantil.
Frente a todo lo anteriormente expuesto, Illanes y Morales se preguntan: "¿Cuáles son las estrategias del siglo XXI? ¿En qué ha cambiado la relación de la sociedad con la infancia del ayer y la de nuestro presente?". Responden que si bien, "los diversos estudios históricos sobre la infancia, permiten poner en perspectiva que las instituciones que forman parte del Sename", estas deberían desempeñar un papel que fuese incluso más allá que la protección de los derechos del niño o la restitución de los mismos, ofreciendo una mirada sobre la infancia como parte integrante y partícipe de la construcción de una sociedad.
Las Polémicas y Desafíos del Sename
El Sename, creado hace 46 años, fue el primer servicio público en Chile dedicado de manera integral a la niñez y la adolescencia, asumiendo tanto tareas de protección como de reinserción social. Desde el mismo -ahora- ex organismo, señalan que "su trayectoria estuvo marcada por períodos complejos y también por importantes aprendizajes, reflejo de los desafíos estructurales que el país ha enfrentado históricamente en esta materia".
Durante su existencia, el Sename enfrentó varias polémicas, incluyendo denuncias por fallecimientos, procesos judiciales a exfuncionarios y comisiones investigadoras. En 2016, el exdiputado René Saffirio presentó ante la Comisión Investigadora Sename II el antecedente de que 185 menores a cargo de esa institución habían fallecido desde 2005. Los cuestionamientos surgieron a raíz del caso de Lisette Villa, una menor de 11 años quien falleció en abril de 2016 en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino, en Estación Central.
En 2021 el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a dos de las cuatro acusadas por la muerte de la menor. En ese mismo año, la Fiscalía inició una investigación de oficio luego que en una dependencia de Providencia se escucharan gritos "de dolor y auxilio" por parte de un menor.
El Diagnóstico de la ONU y las Críticas al Estado
El informe final del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, presentado por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, en 2017, entregó un diagnóstico "muy significativo" y "duro" de los centros del Sename. Las conclusiones aluden a vulneraciones a los derechos de los menores por más de 40 años y critican fuertemente el actuar del Estado y el Poder Judicial.
El informe plantea que "el Estado de Chile es responsable por graves violaciones de los derechos enunciados en la convención internacional sobre los derechos del niño, considerando que el sistema de protección ha resultado de una amplia vulneración de miles niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo la tutela del Estado durante un largo periodo de tiempo. Habla de 40 años".
El documento detalla que el Estado ha permitido que los menores "ingresen al sistema residencial por razón de carencias económicas, sin que los Tribunales de Familia activen la ayuda material que requiera la familia para otorgarles el cuidado adecuado, privilegiando la internación sobre otras modalidades". Sostiene que la decisión de separarlos de sus familias debe ser la última alternativa, pero que "los jueces dan limitada consideración a acciones sociales con respecto a la familia para parar la situación de vulneración" y que por "razones administrativas" se separan hermanos en diversas residencias: a principios de 2017, el 24,1% de los niños tenía hermanos en otros centros.
Además, increpa al Estado por las condiciones de sobrepoblación y de los recintos, puntualizando que las residencias se encuentran "en estado crítico, existiendo un deterioro permanente de los centros, con reparaciones parciales y de mala calidad. Hay deficiencias de seguridad, como inexistencia de vías de escape y zonas de seguridad, extintores vencidos o inexistentes, escaleras en mal estado, falta de planes de evacuación, piscinas sin malla de seguridad, etc.".
Así también, señala que el Poder Judicial es responsable de supervisar el avance de los programas de reintegración, pero que "la mayor parte de los jueces carecen de formación específica para evaluar dichos avances y se limitan en gran medida a supervisar la situación del centro". La falta de coordinación con Educación y Salud también fue destacada, argumentando que el sistema educativo "no solo no colabora, sino que, en ocasiones, es un obstáculo", y la atención de los servicios públicos de salud sigue "siendo insuficiente".
Sobre el financiamiento, el comité culpa al Estado de mantener un modelo que transfiere la responsabilidad de proveer los recursos necesarios a los organismos colaboradores "que operan según una perspectiva filantrópica y no de derechos", además de tener un "sistema de subvención de los OCAS (organismos colaboradores) que incentiva la internación prolongada".
La Historia de Luis Valencia: Un Caso Ilustrativo
La historia de Luis Valencia, quien pasó dos tercios de su vida bajo los cuidados del Sename, es un ejemplo elocuente de las fallas del sistema. Ingresó por protección antes de los cinco años y salió justo antes de los 18, ya no como un niño vulnerado, sino como un infractor de ley tras ser liberado de un régimen de Internación Provisoria.
El sacerdote Nicolás Vial, presidente de la Fundación Paternitas, cree que el sistema no ha estado a la altura de las necesidades de los individuos que llegan en búsqueda de ayuda. Según un estudio de la Fundación San Carlos de Maipo, uno de cada dos reos de la población penal adulta pasó por un centro de menores durante su infancia o adolescencia. La investigación concluye que más del 50% de los jóvenes egresados de algún centro por responsabilidad penal juvenil reincidirá antes de los 24 meses.
Marcelo Sánchez, director de la Fundación San Carlos, afirma que "el Sename, sin la intervención terapéutica adecuada, lo que hace es catalizar estas conductas disruptivas. O sea, corrompe más que sana. En el mejor de los casos, no hace nada". La historia de Luis da cuenta de ello: tras la separación de sus padres, fue enviado a un hogar del Sename y derivado a diversas familias guardadoras, pero ninguna pudo contenerlo. A los 9 años comenzó su precoz vida delictual robando en supermercados, y a los 12, ya recorría las calles de Santiago con pistola en mano.
A los 14 lo detuvieron tras robar un millón de pesos en una sucursal de "Sencillito" y fue derivado a un sistema de supervisión de régimen semicerrado. A los 16 años asaltó, junto a su hermano, una joyería y fue enviado a un Centro de Internación Provisoria.
Falta de Tratamiento Especializado y Reincidencia
El director Marcelo Sánchez es crítico de la situación: "El sistema está al debe con los niños menores de 14 años. Al año, cerca de 5.000 menores son devueltos por los tribunales a sus familias por ser inimputables. Muchos ni siquiera son pasados por tribunales. Esto principalmente porque para ellos no hay una oferta técnica especializada, como sí lo hay para los mayores de 14 con la terapia multisistémica". Esto se da porque la Ley 20.084 no define sanciones ni procedimientos para los niños entre 8 y 14 años que hayan cometido ilícitos penales, siendo inimputables, pero igual son enviados a centros del Sename inicialmente previstos para niños con vulneración en sus derechos.
La presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Sename, Alicia del Basto, señala que "un niño al que sus padres lo han abandonado convive con nombres como el "Cisarro" y todos esos chicos que han sido de conmoción pública". El último estudio elaborado por el Sename para determinar el número de niños como Luis -que egresaron de protección para ser reingresados al sistema bajo alguna medida de justicia juvenil- data del año 2012. Este indica que de los 20.111 que ingresaron por estar vulnerados en sus derechos y que egresaron ese año, 1.600 reingresaron al sistema, pero ahora por ser infractores de ley. El 77% de ellos comenzó a desarrollar dentro del sistema conductas que antes no desplegaba.
La Transformación Institucional: Mejor Niñez y Reinserción Social Juvenil
En respuesta a esta situación, el Estado chileno implementó una reforma estructural en octubre de 2021, dividiendo el Sename en dos nuevas entidades: el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), enfocado en la protección de derechos de NNA en situación de vulnerabilidad, y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SNRSJ), encargado del sistema de justicia juvenil. Esta transformación institucional buscaba mejorar la calidad del servicio, fortalecer la especialización del personal y superar las falencias históricas.
Este proceso de transformación comenzó en 2021, con la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, cuyo objetivo fue asumir de manera exclusiva la protección de niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos. Con ello, el Estado avanzó en la separación definitiva de las funciones de protección y de justicia juvenil, sentando las bases para una atención más especializada y focalizada.
Posteriormente, en enero de 2024, se inició en la zona norte del país el cierre gradual del Sename en su rol vinculado a la justicia juvenil, proceso que continuó en la zona sur a comienzos de 2025 y que concluyó en la zona centro, con el cierre definitivo del Sename el 13 de enero de 2024, tras 46 años de existencia.
El Nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
Con este hito, las funciones que aún ejercía el Sename son traspasadas al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, entidad especializada y responsable de administrar y ejecutar las medidas y sanciones establecidas en la Ley N°20.084. También tiene como misión la elaboración e implementación de políticas y programas que contribuyan a la modificación de la conducta delictiva y la reinserción social de los jóvenes.
En cuanto a la visión de la institución, esta busca ser "reconocida y posicionada nacional e internacionalmente". Además, detallan que "elabora, formula y ejecuta un conjunto de políticas altamente efectivas, con evaluaciones positivas y retroalimentación de sus procesos". Lo anterior lo realizará a partir de "un enfoque integral de acción y un recurso humano altamente especializado, reconocido, comprometido y ético en la ejecución de su tarea".
La directora de Sename durante el 2024 y 2025, encargada de liderar el cierre del servicio, María Eugenia Fernández, señaló que "más allá de las distintas etapas que marcaron su historia, el cierre del Sename representa también un reconocimiento al trabajo de miles de funcionarias y funcionarios, así como de equipos colaboradores, que entregaron su compromiso y vocación al servicio de niños, niñas y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad".
Deficiencias Persistentes en el Nuevo Sistema
Sin embargo, diversos informes, entre ellos los de la Defensoría de la Niñez, han evidenciado que los problemas estructurales persisten. Se mantiene una falta de capacitación especializada del personal, infraestructura deficiente y una gestión ineficiente en la implementación de políticas públicas. A esto se suma una creciente sobreocupación en los centros de atención, que alcanzó un 37% en 2023, superando ampliamente el 11% de 2021, sin que haya un aumento proporcional en el número de centros, que continúa en 245.
Mejor Niñez no es un caso distinto, según LA TERCERA hasta el 31 de mayo de 2024, de las 258 residencias, 163 residencias las heredó Mejor Niñez, el 39,2% de estas tienen sobrecupo, mientras que SENAME con 95 residencias, tiene un 43,1% que ya tienen sobrecupo de igual manera. Además, la reintegración social y educativa de los NNA continúa siendo limitada, ya que muchos egresados enfrentan estigmatización, barreras de acceso a la educación o al trabajo, y ausencia de redes de apoyo. El Estado no ha establecido mecanismos eficaces de seguimiento post-egreso, y la articulación entre organismos gubernamentales sigue siendo débil. Esto genera un círculo de exclusión y vulnerabilidad permanente para miles de jóvenes que debieron haber sido protegidos y empoderados por el sistema.
Este escenario plantea serios cuestionamientos sobre la eficacia real de la reforma, y la falta de políticas públicas integradas, recursos adecuados y una formación profesional sólida del personal involucrado. La desprotección sistemática de los NNA bajo custodia del Estado refleja una crisis no solo institucional, sino también ética y política, que requiere ser abordada desde un enfoque de derechos humanos y justicia social.
Tras una auditoría realizada por procesos de gestión de oferta y demanda del servicio, Dorothy Pérez, controladora de esto, expuso que se detectaron 73 proyectos financiados por el organismo, por un total cerca de $785 millones que no fueron rendidos. Aquella situación llevó a que se descubriera que había sin aprobar ni contabilizar más de $7.915 millones, todos ellos correspondiendo a la rendición de cuentas de 184 proyectos del año 2022.
Propuestas para la Solución de la Problemática
Una de las principales deficiencias en el sistema actual es la insuficiente cantidad de centros residenciales Mejor Niñez/Sename, cuya cobertura resulta claramente inferior a la demanda existente. Con solo 258 centros a nivel nacional, resulta urgente aumentar su número para garantizar una atención adecuada a los niños, niñas y adolescentes que requieren protección. Asimismo, se propone establecer un sistema de fiscalización regular y efectiva.
De acuerdo con datos de EMOL, uno de cada cuatro programas del Sename es fiscalizado menos de una vez al año, lo que permite la permanencia de programas ineficientes que no cumplen con su función, poniendo en riesgo la calidad de vida de los NNA. De acuerdo a esto, para poder asegurarse de la calidad y seguridad en los centros residenciales de NNA, es crucial el financiamiento.
Propuesta Legislativa
Se propone un Artículo de Fiscalización Reforzada y Régimen de Sanciones por Conductas Incompatibles con el Rol Profesional. Mejor Niñez es hoy el principal organismo encargado de la protección especializada de NNA vulnerados en sus derechos.
La Sociedad Civil y la Responsabilidad Compartida
En este contexto de crisis, el Ministro de Justicia, Jaime Campos, en una entrevista con Emol TV, reflexionó sobre los problemas que se viven en torno a los niños vulnerados y dijo que "por supuesto que hay que reformular el cómo el Estado interviene en relación con estos niños". Sin embargo, recalcó que "también tenemos que replantearnos en cómo la sociedad civil nos relacionamos con esta materia".
Campos añadió que "el Estado sí tiene que hacer bien su pega, estoy de acuerdo. Pero la sociedad civil no puede seguir impasible frente a este drama y simplemente decir 'que el Estado se preocupe de ello'". El ministro reflexionó e interpeló a la ciudadanía por la falta de compromiso frente al drama que se vive en los centros del Sename: "¿Cuántos de nosotros, los últimos años, hemos estado dispuestos a abrir nuestras casas, nuestros hogares para recibir a estos niños vulnerados? ¿Cuántos de nosotros dedicamos una tarde al mes para visitar esos centros y darle a esos niños lo único que nos están pidiendo: cariño, amor, un abrazo, un beso?, ¿Cuántos de nosotros nos metemos la mano al bolsillo todos los meses y entregamos una contribución significativa a los centros?".
El ministro habló además de un "lado oscuro de la sociedad" tras la realidad de los niños vulnerados, el que "nadie quiere reconocer". "Es un drama que me impacta, está ese lado oscuro de la sociedad chilena que sabemos que existe, pero nadie quiere mostrar. Hay una mezcla de analfabetismo, falta de educación, droga, alcoholismo, delincuencia".