La crisis del Servicio Nacional de Menores (SENAME), hoy Servicio Mejor Niñez, es un tema recurrente y preocupante en Chile. La información revela que las deficiencias y problemas sistémicos no son recientes, sino que se arrastran desde hace mucho tiempo. Un ex-trabajador del servicio en 2006, relata que al poco tiempo de ingresar, se percató de la falta de programas especializados para niños con patologías psiquiátricas o aquellos provenientes de familias con graves problemas de salud mental y sin acceso a medicamentos o psicoterapia especializada. En su opinión, el SENAME funcionaba como un "tiradero" de niños pobres de Chile, limitándose a ser un orfanato público sin interés en rehabilitar a las familias o realizar intervenciones con un destino claro.
La falta de programas, medicamentos y una atención adecuada a los niños vulnerables del SENAME tiene consecuencias devastadoras. Si un niño con descontrol de impulsos vive en comunas de altos ingresos como Lo Barnechea, La Dehesa, Vitacura o Las Condes, recibe atención psiquiátrica y psicológica para él y sus padres, logrando mejorar. En contraste, cuando esto no ocurre, los niños terminan con problemas escolares o de drogas, lo que subraya la desigualdad del sistema.
Irregularidades y Responsabilidades Institucionales
Ya en 2006, se detectaron y denunciaron una serie de irregularidades dentro del SENAME. Sin embargo, existían y existen instituciones interesadas en que esta información no se hiciera pública. Principalmente, el Ministerio de Salud, que no ha mostrado interés en abordar los problemas de salud mental que afectan a la mayoría de los niños en el SENAME y sus familias. Se argumenta que la función de este ministerio durante 25 años se ha centrado en economizar recursos, en lugar de velar por la salud de la población, especialmente la de estos niños pobres e invisibilizados.
Existe una responsabilidad estatal en esta crisis, más allá de la gestión de un gobierno en particular. Aunque el gobierno de Piñera tiene su cuota de responsabilidad, se señala que los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (ahora Nueva Mayoría) conocían la situación desde hace mucho tiempo y no actuaron, impulsando incluso la privatización del SENAME como parte de su política neoliberal de reducir el Estado a su mínima expresión.
Comisiones Investigadoras y Denuncias Silenciadas
En el momento de los hechos mencionados, se habían aprobado dos Comisiones Investigadoras por la Cámara de Diputados. Una de ellas, calificada como "trucha", fue creada de manera apresurada con un plazo limitado de 40 días para investigar y un objetivo restringido: proponer medidas para evitar futuras irregularidades. La otra comisión, que se aprobó a pesar de la abstención de algunos diputados, tenía un mandato más amplio y 180 días para investigar.
Las lecciones tras 46 años del Sename y el futuro del Servicio de Reinserción
El objetivo principal de esta última comisión era establecer por qué y cómo en noviembre del año anterior, un juez de la República, el magistrado Héctor Carreño de la Corte Suprema, tuvo en su poder denuncias claras de abusos sexuales a niños en el SENAME, una red de explotación sexual en Arica, niños medicados sin supervisión en Aysén, y niños internados sin planes de tratamiento. A pesar de esta información, el señor Carreño habría instruido a UNICEF y al SENAME a silenciarla. Solo después de que Ciper Chile accedió y publicó estos informes, se nombró un Fiscal para investigar las irregularidades.
La diferencia en los objetivos de las comisiones era sustancial. Se destaca el rol de los diputados del PPD que no se coludieron para boicotear la comisión con un mandato claro: establecer las irregularidades que impidieron que niños chilenos víctimas de crímenes recibieran justicia a tiempo. Se sospecha que muchos miembros de la Concertación, vinculados a diversas instituciones que prestan servicios al SENAME (como María Angélica Marín, encargada de protección del SENAME; gente de la Democracia Cristiana y PPD en UNICEF Chile; y en corporaciones como Opción y ACHNU), han lucrado con programas ineficaces y han sido cómplices del silencio. La legislación chilena obliga a cualquier persona que conozca un delito contra un niño a denunciarlo, lo cual no siempre ocurrió.
Racismo y Clasismo en el Sistema de Justicia
Se argumenta que el racismo y el clasismo son factores clave en la forma en que el sistema trata a estos niños. Los jueces de familia, según la percepción, ven a estos niños como "mestizos, morenos, flaites", no como sujetos de derecho. Si un niño de comunas de altos ingresos fuera víctima de una situación similar, la justicia operaría de manera diferente. Para muchos jueces, estos niños son "la basura de la sociedad", y se les trata como tal, enviándolos a hogares "indecentes" y sin seguimiento posterior.
El Programa 24 Horas y la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente
El Programa 24 Horas, diseñado en 2009 e implementado en 2010, fue concebido como un programa intersectorial entre la Subsecretaría de Carabineros, el SENAME (Ministerio de Justicia) y la Subsecretaría de Prevención del Delito (Ministerio del Interior). Su objetivo es la gestión territorial y la complementariedad de acciones en diversas comunas, sirviendo como puerta de entrada a la atención en Arica, Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Talca, Los Ángeles, Temuco y Puerto Montt.
La Ley 20.084, promulgada el 28 de noviembre de 2005 y vigente desde el 8 de junio de 2007, es la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Su objetivo principal es regular la responsabilidad penal de los adolescentes infractores, incluyendo el procedimiento, la atribución de responsabilidad, la determinación y ejecución de sanciones. Sin embargo, durante años demostró ser insuficiente. El 61% de quienes ingresaron al Sistema de Justicia Juvenil egresaron antes de completar algún programa de protección estatal, y el 47% de los adultos en la cárcel pasaron previamente por el SENAME. La falta de acceso a salud mental en los Centros de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (CIP-CRC) agravó esta situación.
Historias de Vida: Misael y Felipe
La vida de Misael Ortiz, un mecánico de Pichilemu de casi treinta años, está marcada por la violencia desde la infancia. Ingresó a una residencia temporal a los tres años debido a la violencia en su hogar. Al regresar con su madre, la violencia persistió y fue víctima de abuso sexual intrafamiliar. A los trece años, ya delinquía ocasionalmente y comenzó a consumir alcohol y drogas, pasando gran parte de su juventud en centros del SENAME (hoy Mejor Niñez).
Misael describe su experiencia en el SENAME como "muy… malo. Se portaban mal, había peleas, robos, drogas". Similar es el caso de Felipe Benavides, un joven entusiasta de 20 años que actualmente estudia Trabajo Social y realiza talleres motivacionales para adolescentes. Felipe comenzó a robar a los 11 años y a los 14 fue detenido por robo con intimidación, siendo derivado al CIP de San Joaquín. Ambos casos, separados por una década, comparten similitudes: abandono paterno e inicio delictual en la niñez.
Violencia y Desesperanza en los Centros
En noviembre de 2013, Daniel Ballesteros, de 17 años, fue apuñalado en su dormitorio por otros internos en un centro del SENAME, a pesar de haber alertado a su familia y psicóloga sobre amenazas. Su muerte, la primera en un centro "modelo", generó cuestionamientos sobre la concesión y dirección del servicio. Daniel había contado a su madre sobre las relaciones de poder, agresiones, drogas y celulares en el centro, describiéndolo como una copia de una cárcel común, con "vivos", "perros" y "perkins" (líderes y obedientes). Él estaba internado por robo, pero compartía espacio con jóvenes acusados de homicidios y asaltos con violación.
La trabajadora social e investigadora Sonia Brito afirma que los derechos de niños y adolescentes han sido gravemente vulnerados, experimentando violencia física, psicológica, económica y sexual. Estos jóvenes viven con una "desesperanza aprendida", sin confiar en adultos ni instituciones.
Reinserción Social: Un Desafío Complejo
La psicóloga Fernanda Salvo, basándose en informes del Ministerio de Justicia y Gendarmería de Chile, define la reinserción social como un proceso sistemático de acciones para favorecer la integración a la sociedad de una persona condenada por infringir la ley penal. La Defensoría de la Niñez observó que entre 2016 y 2024, disminuyó el porcentaje de términos con salida judicial efectiva (de 74% a 51%) y de sentencias definitivas condenatorias (de 34% a 15%). Paralelamente, aumentaron los archivos provisionales (de 11% a 27%) y los términos por facultad de no investigar (de 6% a 15%), sugiriendo problemas en la investigación penal más que en los años de las penas.
La periodista y escritora Alejandra Michelsen, directora de la Fundación ITACA (ubicada en una antigua casa en Las Condes), con más de 15 años de trabajo en reinserción a través de talleres de literatura, recalca que el 47% de las personas adultas en la cárcel pasaron por hogares del SENAME. Esto demuestra que el sistema ha fallado en la reinserción social de muchos adolescentes, a pesar de los programas existentes.
Para los entrevistados, la solución no es solo aumentar las plazas o profesionales, sino crear políticas de Estado que aborden el proceso en su conjunto. Misael relata la falta de un apoyo real por parte de asistentes sociales y psicólogos en los centros: "Había asistentes sociales y psicólogos, que ellos también tenían tu seguimiento, te apoyaban, más por trabajo, sí, más que nada, pero no encuentro que era un apoyo real, no como significativo… para uno que era menor de edad". Felipe, por su parte, confiesa no haber aprendido nada útil en los talleres de los Centros de Internación, como un "taller de fútbol canero" donde "nos pasábamos pegando".
El Perfil de los Infractores y el Modelo de Justicia Restaurativa
Juan Carlos Cornejo, Educador de Trato Directo (ETD) del Centro de Internación Provisoria Tiempo Joven, explica la multicausalidad de factores que influyen en las conductas delictivas. Ginés Alvarado, Gestor de Redes en el mismo centro, con dos décadas de experiencia, señala que los adolescentes provienen en alto porcentaje de comunas de sectores populares con alta densidad poblacional y de familias donde alguno de los padres ha abandonado el hogar, sumado al consumo de drogas, escasas reglas y normativa en el entorno familiar.
Francisco Jara, Educador Diferencial con 30 años en el Centro Tiempo Joven, profundiza en el perfil, afirmando que muchos llevan una vida delictual desde muy temprana edad, a veces desde los ocho años. "Muchos no tienen hábitos e integran familias muy disfuncionales (…) Robar era un patrón, parte de la vida cultural".
La propuesta legal enfatiza la necesidad de considerar el "interés superior del adolescente" en todas las actuaciones judiciales y administrativas, reconociéndolos como sujetos de derechos y actores sociales, por lo que la sociedad en su conjunto debe contribuir a su reinserción. Sin embargo, Sonia Brito destaca la baja incidencia de éxito en la reinserción social de jóvenes infractores, a pesar de los avances en leyes y normativas. El trabajo con jóvenes infractores es complejo y desafiante, requiriendo un cambio de modelo hacia la justicia restaurativa, que involucre al infractor, las víctimas y el entorno social.
Comelín Fornés afirma que este trabajo debe ser abordado por profesionales altamente especializados y equipos consolidados para evitar la rotación. Un modelo de justicia restaurativa es el sistema ideal para lograr una reinserción efectiva y garantizar una reparación para la víctima y su entorno, evitando el círculo vicioso de condenas y liberaciones que dañan a los infractores que viven en precariedad social, psicológica y física.
Según Tomás Cortés y Nicolás Grau en su artículo de CIPER, "Privar de libertad: un mecanismo eficiente para que menores de edad vuelvan a delinquir", encerrar a los jóvenes que cometen delitos no corrige su rumbo. La historia de Misael, con una extensa experiencia delictiva, consumo de drogas y alcohol desde los 13 años, y su deambular por centros del SENAME de los que escapó por inseguridad y peligros, demuestra el fracaso del sistema punitivo. "Ya no quería más esto para mi vida, no quería seguir en hogares encerrado estando con otras personas", relata.
El Rol de la Sociedad y la Tragedia de la Violencia
El modelo de Cárceles Concesionadas requiere una mayor coordinación con empresas privadas y otros actores fuera del sistema penitenciario, como organizaciones sociales, municipios y ONG. Alejandra Michelsen subraya que para lograr una mayor reinserción, toda la sociedad debe colaborar y abandonar la idea de que el encierro es un método efectivo de castigo. "Hay que convencerse, a todos nos da miedo la delincuencia ¿Cierto? La sociedad debe tomar conciencia que el tema de la reinserción es una tarea de todos, no solo de los jóvenes infractores de ley", sostiene.
Las lecciones tras 46 años del Sename y el futuro del Servicio de Reinserción
Misael y Felipe comenzaron su camino hacia la reinserción solo cuando organismos privados como la Fundación Itaca jugaron un rol de acompañamiento. Para ambos, iniciar un proceso de liberación de culpas y reconexión consigo mismos fue primordial. Felipe afirma: "La Fundación Ítaca me formó harto como persona, como lo que soy ahora y siempre voy a estar agradecido con ello".
Juan Carlos Cornejo, del Centro Tiempo Joven, relata con tristeza la realidad de muchos adolescentes que pasan por allí. Recuerda el caso de Roberto Flores, un chico que, tras solo dos meses internado por robos con violencia, salió en libertad y fue asesinado a los tres o cuatro días en un funeral. Para Cornejo, Roberto estaba más protegido dentro del centro que en su propia casa. Este caso es un reflejo de la creciente violencia que afecta a los menores de edad. Entre 2018 y 2023, 75 adolescentes entre 14 y 17 años murieron violentamente, y 119 jóvenes mayores de edad fallecieron bajo la protección del Estado.
Recientemente, el 9 de enero del presente año, un joven de 17 años se suicidó en el Centro de Internación Provisoria de San Joaquín. Además, en la Región Metropolitana, entre 2020 y 2024, 160 adolescentes intentaron quitarse la vida mientras estaban bajo la protección del Estado, una clara evidencia de que "el Estado les ha fallado". La presencia de más de veinte perros abandonados afuera del Centro de Internación Provisoria Tiempo Joven de San Bernardo un sábado por la mañana, es una imagen que, aunque anecdótica, refuerza la sensación de abandono y desolación que rodea a estos centros.