Tras 46 años de funcionamiento, el Servicio Nacional de Menores (Sename), una de las instituciones más cuestionadas de la historia reciente de Chile, ha sido objeto de una profunda reestructuración. Este proceso culminó con el cierre operativo de sus funciones y la división de sus responsabilidades en dos nuevos organismos especializados: el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez, y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Este cambio busca mejorar significativamente la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA), y separar las responsabilidades de protección de la justicia juvenil, en respuesta a una serie de críticas, denuncias y trágicas muertes de menores bajo custodia estatal.
Un Marco Normativo Renovado para la Niñez y Adolescencia
Ley de Garantías y Nuevas Institucionalidades
A partir de la promulgación en marzo de 2022 de la Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, Chile cuenta con un marco normativo general robusto para enfrentar integralmente la protección de sus derechos. Este avance se complementa con la puesta en marcha del nuevo Servicio Mejor Niñez en octubre de 2021, dedicado a la atención de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. Paralelamente, la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil permitirá contar con un sistema de justicia especializado, con fiscales, jueces y defensores expertos en responsabilidad penal adolescente. Con estas iniciativas, el país tiene en funcionamiento una institucionalidad más sólida para el respeto, protección, promoción y realización de los derechos de la niñez y adolescencia.
Junto a estos cambios, se necesitan políticas públicas que aseguren a las familias condiciones socioeconómicas suficientes para que puedan cumplir con su rol protector. En el ámbito de la vulneración de derechos, se debe avanzar en el establecimiento de mecanismos de coordinación efectivos entre la oferta programática de protección especializada y la de protección social dirigida a las familias. Esto garantizará que todos los NNA bajo cualquier medida de protección especializada (cuidado alternativo familiar, residencial, en proceso de revinculación familiar o en programas de protección especializados) accedan a todas las prestaciones de protección social.
El Rol de UNICEF en la Reforma
UNICEF ha sido un actor clave en el apoyo a esta reformulación, colaborando para concretar el cierre de los CREAD (Centros de Reparación Especializada de Administración Directa) y consolidar el funcionamiento de las nuevas residencias familiares. Además, para contribuir a que NNA se desarrollen en un entorno familiar, UNICEF está colaborando con el rediseño de los programas de familias de acogida, el diseño del programa de revinculación familiar para la desinternación de niños y niñas de 0 a 8 años, y el rediseño de los programas ambulatorios para mejorar su efectividad y evitar la separación de sus familias.
Para disminuir los índices de violencia, UNICEF apoya la articulación de diversos actores institucionales para avanzar en la implementación de acciones comprometidas en el Plan de Acción de la Niñez y Adolescencia 2018-2025. En esta línea, se requiere un compromiso transversal para trabajar coordinadamente en la reducción de los índices de violencia que los NNA enfrentan en distintos ámbitos de su vida: familiar, escolar, institucional y entre pares.
La Profunda Crisis del SENAME: Denuncias y Fallas Sistemáticas
Colapso Institucional y Redes de Explotación
El Servicio Nacional de Menores (Sename) atravesó una profunda crisis, marcada por graves denuncias sobre redes de explotación sexual infantil, fallas institucionales y la trágica muerte de menores bajo su cuidado. Las revelaciones surgieron a partir de declaraciones voluntarias de profesionales y de investigaciones judiciales, evidenciando un sistema colapsado que requería una reestructuración urgente.
Informaciones recientes sacaron a la luz la existencia de al menos cuatro redes de explotación sexual infantil, operando con los NNA más vulnerables del país. Estas redes se habrían descubierto gracias a las declaraciones de psicólogas y trabajadoras sociales de una residencia del Sename en Pudahuel. La dificultad para que las víctimas o testigos de estas situaciones realicen denuncias, ya sea por miedo o por la complejidad de sus historias de vida, agravó la problemática. Alicia del Basto, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Sename (Afuse), fue una voz constante en la denuncia de estas falencias, enfatizando la necesidad de una reestructuración basada en un análisis exhaustivo.
El ministro de Justicia, Jaime Campos, reconoció abiertamente el crítico escenario del Sename, calificándolo como un sistema "colapsado" en sus aspectos presupuestario, institucional y organizacional. Esta debilidad impedía que el servicio cumpliera eficazmente su labor de protección a NNA. Se señaló que la permanencia de los mismos directores regionales y jefaturas, vinculados a las dificultades del organismo, impedía una mejora sustancial, planteando la necesidad de una reestructuración profunda que abordara las raíces de la crisis.
Desafíos en Cuidado Alternativo y Reintegración Familiar
Se hizo evidente la necesidad de reformular el cuidado alternativo residencial para evitar la masividad de NNA en residencias y asegurar una protección efectiva y buen trato dentro de ellas. Con este fin, fue necesario fortalecer el trabajo con las familias de estos NNA, de manera que pudieran superar las vulneraciones y reunificarse con sus hijos e hijas, garantizando su derecho a vivir en familia.
Uno de los aspectos más preocupantes fue la baja tasa de adopciones en comparación con el número de niños en residencias. Se identificó que muchos de los menores en estas instituciones no eran susceptibles de adopción, lo que planteaba interrogantes sobre su futuro. La prioridad debería ser la reinserción en sus familias de origen, dentro de plazos razonables. Sin embargo, incluso con mejores trabajos con las familias biológicas, siempre existiría un grupo de niños sin esa opción. La alternativa de que los menores permanezcan en residencias hasta los 18 años no era deseable, siendo la adopción por parte de familias externas una tendencia internacional ligada a desarrollos económicos, culturales y de conocimiento en la materia.
Casos Emblemáticos de Negligencia y Muerte
La crisis del Sename estuvo marcada por varios casos que ilustraron la gravedad de la situación y la negligencia sistémica:
- La muerte de Lisette Villa: En abril de 2016, Lisette Villa, una niña de 11 años, murió en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino, en Estación Central. Este caso conmocionó al país y visibilizó graves falencias, como la falta de espacio que obligaba a juntar niños y niñas en dormitorios comunes, y un problema eléctrico con riesgo de incendio. El juez Pedro Maldonado presentó una denuncia ante la Fiscalía para investigar posibles delitos, expresando preocupación por la muerte de una niña bajo el cuidado del Estado sin que se supiera lo ocurrido.
- El Caso de "K": Negligencia Médica y Sufrimiento Infantil: En junio de 2019, una joven de 16 años, identificada como "K", falleció cuatro horas después de ingerir más de 100 píldoras de medicamentos. El doctor Oscar Castro enfrenta cargos por su muerte, acusado de dudar de su estado crítico y negarse a atenderla a tiempo, a pesar de los testimonios que indicaban la gravedad de la situación. La historia de "K" reveló un historial de vulnerabilidad desde la infancia, marcado por la ausencia materna, violencia intrafamiliar y múltiples intentos de suicidio, a pesar de las intervenciones profesionales.
- Otras Situaciones de Riesgo y Abandono: Se mencionaron otros casos, como la muerte de Rachel Contreras, quien padecía lupus y, según denuncias, no recibió el trato adecuado. El caso de F.N., un niño de tres años que pasó por diversas instancias judiciales y residencias, evidenciando la falta de claridad en la definición de "vulneración de derechos graves". Y el caso de D.C., internada en un hogar junto a sus hermanos, cuya reunificación familiar se complicó por dificultades logísticas a pesar de mejoras en su situación familiar.
Fallas en el Sistema Judicial de Protección
La investigación de CIPER expuso graves problemas en el funcionamiento de los Tribunales de Familia encargados de proteger a NNA, que contribuyeron a la crisis del Sename:
- Sobrecarga judicial: Un número elevado de causas para pocos jueces, lo que generaba presión por dictar sentencias rápidamente.
- Falta de audiencias: En muchos casos, las medidas de protección se dictaban sin la realización de audiencias previas, limitando la participación de las familias.
- Ausencia de representación legal: La mayoría de las causas de protección se fallaban sin abogado para las familias, otorgando un poder considerable a los magistrados.
- "No radicación": La rotación de jueces entre distintas materias (protección, divorcios, alimentos) impedía un seguimiento profundo y continuo de los casos de NNA.
- Incumplimiento de informes: Los hogares del Sename rara vez enviaban los informes trimestrales sobre el cumplimiento de las medidas de protección, dificultando la fiscalización por parte de los jueces.
- Visitas superficiales: Las visitas semestrales de los jueces a los hogares solían ser administrativas y poco efectivas para evaluar la real situación de los menores.
A pesar de convenios y mesas de trabajo, los avances para mejorar el sistema de protección de los más de 100 mil NNA en situación de abandono o riesgo bajo la tutela del Sename fueron escasos.
VIDEO Reportajes T13 El negocio de los niños del Sename reportaje
El Cierre Definitivo del SENAME y la Transición a Nuevos Servicios
La División de Funciones y el Fin de una Era
El fin del Sename se enmarca en un proceso de reestructuración del Estado iniciado en 2021, cuyo objetivo fue separar dos ámbitos que durante décadas convivieron bajo una misma institucionalidad: la protección de la infancia gravemente vulnerada y la administración de justicia para adolescentes que infringieron la ley. El Sename dejó de existir oficialmente para su rol de protección en octubre de 2021, tras la seguidilla de cuestionamientos por parte de organismos nacionales e internacionales. Su rol en justicia juvenil se cerró gradualmente hasta su culminación en la zona central. La última directora del Sename, María Eugenia Fernández, fue quien encabezó el cierre institucional, subrayando el rol de quienes trabajaron en ella durante décadas.
Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia (Mejor Niñez)
En 2021 se creó el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Su objetivo es asumir de manera exclusiva la protección de niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados en sus derechos.
Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
En el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, se estableció el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil especializado, que coordina y entrega una oferta programática orientada a la efectiva reinserción social y a la promoción de conductas que permitan a los adolescentes desistir de la comisión de delitos. Este nuevo servicio no solo ejecuta sanciones, sino que también tiene como misión diseñar, implementar y evaluar políticas y programas orientados a la modificación de la conducta delictiva y a la reinserción social de los jóvenes. Desde la institución señalan que su visión es ser "reconocida y posicionada nacional e internacionalmente" por la efectividad de sus políticas.
El cierre gradual del Sename en su rol vinculado a la justicia juvenil se inició en enero de 2024 en la zona norte del país, continuó en la zona sur a comienzos de 2025 y concluyó en la zona centro.
Además, se deben mejorar las condiciones de los centros de privación de libertad de los adolescentes en cuanto a infraestructura y condiciones de habitabilidad, así como respecto de la supervisión en la aplicación de los programas que se brindan al interior de los mismos.
La Comisión de Verdad y Niñez: Investigación y Reparación
Origen y Función de la Comisión
La investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas a NNA en recintos del Servicio Nacional de Menores (Sename) entre 1979 y 2021 es un pilar fundamental en la búsqueda de justicia. Fue en diciembre de 2024 que se creó la Comisión de Verdad y Niñez, una instancia estatal de asesoría presidencial, iniciando sus operaciones a partir de 2025. Esta instancia permite a quienes hayan experimentado cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos durante su paso por el Sename, a contar de 1979, enviar los antecedentes correspondientes para ser objeto de investigación. Se incluyen también los casos de abuso eclesiástico.
Según un informe de UNICEF, se estima que cerca de 689.288 personas pasaron en su niñez y juventud por centros residenciales y/o de detención durante los casi 50 años de existencia del Sename. La Comisión busca identificar nuevos casos de abusos que siguen en el anonimato para ser informadas al presidente de turno con el fin de que implemente las reparaciones correspondientes a las víctimas.
La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La Comisión nace a raíz de la sentencia dictada en 2024 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que evidenció uno de los episodios más graves vinculados al sistema de protección de menores en Chile: la muerte de diez adolescentes en el centro “Tiempo de Crecer”, ocurrida en 2007 bajo la tutela del Sename, y una seguidilla de infracciones que violaban los derechos humanos de 271 jóvenes de cuatro recintos distribuidos en el país (Limache, Rancagua, San Miguel y el mismo recinto del accidente).
El fallo internacional no solo abordó las consecuencias del incendio, sino que también puso el foco en un problema estructural más amplio. Según el tribunal, el Estado chileno incurrió en responsabilidad por la vulneración de derechos fundamentales -como la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el acceso al agua y al saneamiento- en perjuicio de jóvenes privados de libertad en distintos centros del país. De acuerdo con los antecedentes, estos espacios carecían de medidas básicas de seguridad, atención médica adecuada y criterios de segregación por edad o situación procesal.
Previo a la resolución de la CIDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) investigó los hechos, reforzando la idea de que lo ocurrido no era un hecho aislado. Problemas como el hacinamiento, la precariedad de las instalaciones, la falta de acceso a servicios básicos y la inexistencia de condiciones adecuadas para la reinserción social eran comunes en varios centros administrados por el Sename. En esa misma línea, una Comisión investigadora de la Cámara de Diputados advirtió años antes que "siguen ocurriendo hechos en diversos centros del país que ponen en peligro la seguridad y la vida de los menores privados de libertad como de los funcionarios de SENAME y de entidades colaboradoras que trabajan en su interior". Aunque el Estado chileno reconoció parcialmente su responsabilidad durante el proceso, la Corte concluyó que las vulneraciones fueron sistemáticas y afectaron especialmente a un grupo en situación de alta vulnerabilidad: adolescentes bajo custodia estatal.
En febrero de 2025, la CIDH condenó al Estado de Chile por las malas condiciones de detención de adolescentes y por la muerte de diez jóvenes en el incendio de 2007 en el centro “Tiempo de Crecer” de Puerto Montt, administrado entonces por el Sename.
Desafíos Futuros y el Rol de la Comisión
A pesar de su crucial labor, la investigación de la Comisión de Verdad y Niñez podría paralizar sus labores tras un eventual cierre de la instancia, según informaron sus propios funcionarios. Esta posible decisión se enmarca en un contexto de recortes fiscales anunciados por el presidente José Antonio Kast, que se ejecutarán a distintos organismos estatales por igual. Cabe destacar que el plazo actual de la comisión para cumplir su objetivo es hasta abril de 2027, aunque la presentación de una prórroga durante la administración anterior permitió extender su plazo.
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