El Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez, en su 5° Informe de Política Pública, analiza las denuncias informadas por el Servicio de Protección Especializada, relacionadas con hechos presumiblemente constitutivos de delitos contra niños, niñas y adolescentes (NNA). Este informe se centra en las denuncias registradas por los proyectos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia entre los años 2021 y 2023, en el marco de procesos de protección.
En este contexto, otros informes clave, como el de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017 y una misión de observación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el mismo año, han revelado la grave situación de vulneraciones, incluyendo el abuso sexual, en los centros residenciales bajo la tutela del Estado chileno.
Análisis de Informes y Contexto General
Hallazgos de la Defensoría de la Niñez (2021-2023)
La Defensoría de la Niñez realiza un análisis de las denuncias que informaron los proyectos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia entre los años 2021 y 2023. El organismo analiza la situación por cada región, tipo de delito, tipo de agresor y línea programática (ambulatorio, familias de acogida y en residencias).
En la línea de cuidado alternativo residencial, durante los años 2021 y 2023, se evidencia que por cada víctima hay un total de tres denuncias en promedio. En 2023, el 43% de los casos de centros residenciales constatan violencia entre pares. Junto con ello, por cada 1.000 atendidos en el Servicio de Protección Especializada, se identifican 78 víctimas, donde los centros residenciales tienen una tasa mayor, registrando 360 víctimas por cada 1.000 atendidos.
El informe devela que los centros residenciales tienen una mayor tasa de victimización que los otros tipos de cuidado y programas. Esto, señalan, corrobora la complejidad de este tipo de atención, pero a la vez evidencia la paradoja de que la institucionalización se produce justamente por vulneraciones de derechos de alta gravedad, y es en este contexto donde se produce la revictimización.
La Defensoría de la Niñez ha enfatizado: “Impedir una nueva ocurrencia de una vulneración es tarea de todo el sistema. Tenemos que tener cuidado en poner el foco sólo en el Servicio, porque, por ejemplo, este informe da cuenta de un alto número de denuncias por explotación sexual que son cometidas por agentes de la comunidad. Frente a esto el Servicio requiere el apoyo de otros actores tales como las policías, los gobiernos locales, servicios públicos y actores judiciales.” Respecto de ese tipo de violencia, la publicación muestra que durante el año 2023 se identificaron un total de 619 víctimas de explotación sexual que son niños, niñas y adolescentes. La región de Magallanes presenta una tasa significativamente alta con 13 víctimas por cada 1.000 atendidas, frente a una tasa nacional de 3 por cada 1.000.
La Misión de Observación del INDH (2017)
Entre los meses de enero y abril de 2017, se desplegó un equipo de más de 60 profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en una visita a 171 centros de todas las regiones del país. Esta misión de observación tuvo como objetivos evaluar las condiciones de cumplimiento de los derechos humanos al interior de los centros, las condiciones laborales de los funcionarios, e indagar sobre eventuales vulneraciones de derechos a NNA residentes.
Con este marco, se realizaron entrevistas a los directores de los establecimientos, se encuestó a los trabajadores de los mismos y se entrevistó -mediante un cuestionario estructurado aplicado por psicólogas clínicas- a 401 NNA residentes. A partir de una población total en Chile de 2.688 NNA de 8 a 17 años institucionalizados, la muestra tiene un porcentaje de error del 4,5% sobre esa población. Además, se realizó una descripción del estado de la infraestructura y equipamiento de los centros mediante una ficha de observación.
Es importante señalar que en Chile, en la actualidad, existen 250 centros de los cuales solo 11 corresponden a Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) por parte del Sename; todo el resto es administrado por organizaciones colaboradoras acreditadas, lo que equivale al 95,6% del total. De entre los resultados del estudio, se identifican 10 temáticas relevantes de destacar:
Temáticas Relevantes del Informe INDH
- Perfil de niños, niñas y adolescentes (NNA): A partir de la muestra de 401 NNA entrevistados, se desprende que la población de estos centros es fundamentalmente femenina: el 63,5% corresponde a niñas y adolescentes mujeres. El 60% de ellas tiene entre 8 y 13 años de edad, constituyendo el grupo predominante (37,8% del total).
- Perfil de los trabajadores: Del total de trabajadores entrevistados, la mayor parte corresponde a mujeres, con un 87,9%, lo que da cuenta de una feminización del personal en los centros del Sename.
- Condiciones de vida y cuidado: Las necesidades básicas (disponibilidad de camas; acceso a baños, comedor y cocina) están satisfechas en general; sin embargo, en las observaciones efectuadas se destaca que en ocasiones la calidad de dichas instalaciones no es la óptima y no se está en condiciones de proveer adecuada calefacción, recreación, espacios comunes y condiciones para el resguardo de la identidad y privacidad de los NNA. Resulta preocupante que en un mismo dormitorio convivan adolescentes con niños y niñas de menor edad, o que no se les separe por sexo, lo que tiene una prevalencia cercana al 20% de los casos. Los centros, asimismo, presentan en un 21% sobrecupo; en el 12,5% de estos casos el sobrecupo puede llegar al 50% mientras que en el 3%, puede ser superior al 75%. En materia de alimentación, resulta crítico destacar que en un 1,6% de los establecimientos a los NNA se les entrega solo entre 1 y 2 comidas diarias, lo que ocurre en el 3% de los centros que acogen a lactantes y preescolares. Las niñas y niños entrevistados declaran en un 16% pasar hambre en el establecimiento. El 22% de los NNA considera que el personal a cargo de su cuidado no siempre le da un trato respetuoso y cariñoso. El 34% declara que existe trato discriminatorio (por género, apariencia física u otras características de personalidad) por parte de los funcionarios del hogar hacia ellos o compañeros de centro.
- Vinculación con el medio: En un 4% de los centros se declara que los NNA no se encuentran autorizados para hablar con el juez directamente en caso de requerirlo. Si bien el 72% de los centros reporta que durante la última visita de los jueces de familia los NNA pudieron hablar con ellos, según el testimonio de los NNA, solo el 32% de ellos tuvo la posibilidad de hablar con el juez que visita periódicamente el establecimiento.
- Educación: Aunque el 93% de niñas y niños entrevistados asiste a un establecimiento educacional, solo el 88% de los niños entre 14 y 17 años lo hace, lo que está 8% por debajo del promedio nacional. El 20% presenta retraso escolar. Solo el 78% de los NNA recibe apoyo en sus tareas. Una cifra preocupante es que solo el 77% de los centros declara “autorizar” a los padres a participar en las reuniones de apoderados. El informe indica que a la “vulneración de derechos que han generado las medidas de protección, se suma la falta de garantías sobre su derecho a acceder y progresar en el sistema educativo.”
- Familia e identidad: El 40% de los centros estudiados pone algún tipo de restricción a los horarios de visita de la familia. El 30% no admite más de dos visitas a la semana. Además, en el 57% de los casos, el centro se encuentra fuera de la comuna de origen familiar, lo que potencia un eventual desarraigo, sentimiento de soledad, pérdida de identidad o “abandono progresivo” de la familia. Un 16% de los centros utiliza el retraso al ingreso de visitas de los familiares como sanción, y el 13% reporta suspender las visitas por el mal comportamiento del niño o niñas.
- Salud mental: El 69% de los NNA de 14 o más años presenta sintomatología de cuadro depresivo. El 45% de quienes presentan al menos uno de estos síntomas señala no haber podido acceder a un psicólogo o psiquiatra dentro o fuera del centro. El 70% de los NNA con al menos un síntoma de depresión indica no encontrarse en tratamiento.
- Violencia institucionalizada: 8 de cada 10 NNA encuestados declararon haber recibido algún tipo de castigo durante los últimos 12 meses por parte de algún miembro del personal. Destaca la presencia de un 15% de casos en que se priva de contacto con la familia como forma de castigo; un 7% que es dejado sin comida; un 7% comunica que ha sido encerrado; el 12% señala haber sido “contenido físicamente”. El 46% de los NNA reportó haber sido victimizado por parte del personal del centro mediante maltrato psicológico durante los últimos 12 meses. El 12% ha sido agredido físicamente de manera leve mientras el 6% lo ha sido de manera grave (como recibir patadas o quemaduras de cigarro).
- Violencia entre pares: El 48% de los NNA entrevistados indicó haber sido objeto de manera reiterada de maltrato físico y/o psicológico. La violencia afecta por igual a niños y niñas, y con independencia de su edad. De dicho total, el 46% ha sido violentado psicológicamente; el 13% lo ha sido de manera física reiteradamente. Resulta crítico que al menos un 19% de los centros no cuenten con protocolos para atender este tipo de situaciones.
- Abuso sexual: El estudio arrojó que de los NNA entrevistados en 23 casos se reportó el sufrimiento de abuso sexual durante los últimos 12 meses, lo que corresponde a una prevalencia del 6,4%. Además, se identificaron otros 4 casos ocurridos en el centro actual o anterior, y un caso que fue identificado posteriormente. Se tomó conocimiento, asimismo, de otros 5 casos ocurridos con anterioridad al periodo considerado. Es tristemente destacable que 8 de cada 10 abusos sexuales son experimentados por niñas, lo que indica una feminización de las víctimas de abuso. En el 78% de los casos, el abuso sería cometido por otro menor de edad, mientras que en un 7% el abuso fue efectuado por un adulto del centro. En el 69% de los casos, la víctima sigue en contacto con la persona que habría cometido el abuso. El 52% declara haber sufrido abusos en reiteradas oportunidades, mientras que el 66% de los NNA que reportaron abusos lo experimentaron cuando tenía menos de 14 años.
Conferencia: ¿Cuál es el impacto del abuso sexual en el cerebro de los niños?
El Lapidario Informe de la PDI (2017) y Fallas Sistemáticas
Un lapidario informe de la PDI de 2017, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 pero no hecho público, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. La investigación de la PDI, que se realizó tras la muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016, abarcó 240 de 241 hogares de menores y constató 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual, en el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares.
El documento policial es un resumen de una extensa investigación, contenida en 28 tomos, realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016. El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe en julio de 2019, criticó la falta de transparencia del gobierno y la Fiscalía al no haberlo hecho público. Este reporte de la PDI es mucho más completo que uno previo de la ONU, que visitó solo cuatro residencias, mientras que la PDI abarcó 240, dando cuenta de cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias.
Este informe de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas que, sin embargo, no han detenido la recurrencia de estas vulneraciones.
Tipos de Vulneraciones Constatadas por la PDI
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los CREAD (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores. Y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
Abusos Sexuales: Agresores Adultos y Menores
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales. En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los CREAD administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros.”
Fallas en Protocolos y Fiscalización
Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%. El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, nociones básicas para asegurar un piso mínimo de resguardo a la integridad de los niños. Sin embargo, el equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename.”
Los resultados son aterradores: el 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas. Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto, a pesar de que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor. La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. Sin embargo, la policía determinó que, aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa.” Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. Sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Salud y Discapacidad de los Residentes
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica. El 13,9% sufre una enfermedad crónica. El 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de esta afirmación es sorprendente: 42 centros no tienen un encargado de salud. Y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos. En 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos.”
Conclusiones y Recomendaciones Clave
Las conclusiones de los estudios son numerosas y de variado orden. Entre ellas, destacan las siguientes recomendaciones:
- Toda prohibición de relación entre un familiar y el niño o niña bajo protección del Estado debe estar fundada en una resolución de la autoridad judicial, en base a la realización de su interés superior.
- El Estado debe establecer criterios uniformes, dirigidos a las residencias, en la regulación de los días, horarios y frecuencias de las visitas de familiares u otros adultos significativos a niños o niñas residentes, así como de las actividades a realizar, la supervisión y desarrollo de las mismas.
- No se debe establecer como sanción la prohibición de visitas a niños o niñas o su comunicación con familiares o adultos significativos, ya sea por mala conducta del o la residente, o por atrasos de los familiares.
- Desarrollar medidas para preservar la identidad de los niños y niñas residentes, como, por ejemplo, la existencia de un libro de vida que permite la reconstrucción de su pasado y el registro de su experiencia en el centro.
- Atender la estabilidad emocional de los y las cuidadores y profesionales que trabajan en los centros, de modo que puedan cumplir la función de sostén y contención de niños y niñas.
- Se debe promover el conocimiento y observancia de los protocolos existentes elaborados por Sename, por parte de los y las trabajadoras, en materia de maltrato. Asimismo, se debe promover el conocimiento y observancia de la ley N° 21.013 que sanciona el maltrato a niños y niñas, adultos mayores y personas con discapacidad perpetrado por quienes tienen un deber de cuidado.
- Con el fin de permitir a niños y niñas residentes el derecho a ser oídos y denunciar hechos de abuso sexual, resulta imprescindible generar las condiciones que garanticen efectivamente su ejercicio. El mecanismo de denuncia no debería ser una sola pregunta dirigida a los niños y niñas, ya que no necesariamente una pregunta será suficiente para una develación de abuso.
- Especialmente en materia de abuso sexual, los y las trabajadoras de las residencias deben estar capacitadas y contar con las competencias para una escucha efectiva a los niños o niñas, a fin de identificar situaciones de riesgo o de abusos sexuales consumados.