La crisis del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha sido un tema recurrente de debate público y político, revelando una vulneración sistemática de los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado. Esta problemática, que ha conmocionado al país en diversas ocasiones, ha encontrado en el diputado René Saffirio (Independiente) una voz crítica y persistente, liderando investigaciones y denunciando la inacción gubernamental y política frente a un sistema que califica de fallido.
Orígenes y Contexto de la Crisis del Sename
La conmoción pública generada por el fallecimiento de Lissette Villa en abril de 2016 destapó de manera trágica la profunda crisis del Sename, impulsando a la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia a abordar los abusos. No obstante, las dificultades de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet para entregar cifras precisas sobre los decesos en los hogares motivaron una investigación penal a cargo del fiscal Marcos Emilfork, quien trabajó con un equipo especial de la PDI.
La deuda del Estado de Chile con la niñez y la adolescencia es histórica. A 27 años de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, no se ha logrado generar una ley de protección integral. El parlamentario René Saffirio ha señalado que "el Estado de Chile, que les ofreció amparo y protección, sin duda les falló". Las cifras respaldan esta afirmación: el 50 por ciento de las personas adultas privadas de libertad en Chile por haber cometido algún tipo de delito pasaron alguna vez, siendo niños, niñas y adolescentes, por el Sename. Esto sugiere que el sistema, además de violar derechos, ha funcionado como "una preparación para la vida criminal".
Informes Clave que Revelan la Brutalidad
Una cadena siniestra de reportes ha documentado la crisis del Sename a lo largo de los años. Destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef, cuya brutalidad de hallazgos dio pie a múltiples investigaciones, incluyendo dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A estos se suman reportes de la ONU y, crucialmente, de la Policía de Investigaciones (PDI).
En diciembre de 2018, la Fuerza de Tarea del Sename de la PDI entregó al fiscal nacional, Jorge Abbott; al ministro de Justicia, Hernán Larraín; y a la entonces directora del Sename, Susana Tonda, un informe de 270 páginas tras investigar 241 centros. Este documento lapidario, cuya existencia fue revelada por el diputado Saffirio, concluyó que:
- El 92% de los centros no cumplen con los estándares exigidos por el mismo Sename.
- En el 88% de las residencias se cometen actos que implican vulneración de derechos de los niños.
- En el 100% de los centros han habido acciones permanentes y sistemáticas que lesionan los derechos de los niños, catalogadas como maltrato intrarresidencial, cometidas por trabajadores del Sename.
- El 59% de los abusos cometidos contra los niños tuvieron como autores a funcionarios de los centros.
- El 66% del personal diurno y el 84% del personal nocturno en los centros no es idóneo.
Además, el informe policial es categórico al señalar que "estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros".
Deficiencias en Protocolos, Salud y Fiscalización
La investigación de la PDI también evidenció graves falencias en aspectos fundamentales del funcionamiento de los centros:
- El 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename.
- El 72,9% de los centros no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% carece de protocolo para "sujeción y contención física frente a desajustes conductuales", a pesar de que la muerte de Lissette Villa fue por errores en la contención de una crisis.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
En cuanto a la salud, las cifras son alarmantes: el 37,3% de los residentes padece alguna enfermedad psiquiátrica, un 14,2% presenta alguna patología médica, y un 13,9% sufre una enfermedad crónica. Sorprendentemente, el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. El informe destaca que 42 centros no tienen un encargado de salud, y en muchos otros, la función la ejercen técnicos de áreas distintas a la salud o educadores sin formación profesional para administrar medicamentos, lo que se agrava al considerar que el 93,8% de los centros no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico o casos complejos.
La fiscalización también es un punto débil. Aunque el 98,3% de los centros recibe supervisión periódica del Sename, "en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa". Además, aunque los tribunales de familia deben visitar los centros cada seis meses, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Críticas de René Saffirio a la Gestión Gubernamental y la Inacción Política
René Saffirio ha sido un férreo crítico de la respuesta política a la crisis del Sename, acusando tanto al gobierno como a la oposición de inacción y de priorizar intereses económicos sobre el bienestar de los niños. "A muy pocas personas, a muy pocas autoridades en Chile les interesa que el tema del Sename se resuelva porque hay 600 mil millones de pesos cautivos por organismos privados que entrega el Estado para cuidar a sus niños", afirmó.
El eslogan "Los Niños Primero" y la Realidad
El diputado criticó duramente el eslogan "Los niños primero" empleado por el gobierno de Sebastián Piñera, calificándolo de "inmoralidad" al ser utilizado en campaña electoral. Saffirio sostiene que el gobierno se comprometió a "poner los niños primero", pero "lo único que hizo fue poner a los niños primero en la lista de la ANI para que la información la ocupe el presidente de la República", refiriéndose al acuerdo del Sename con la Agencia Nacional de Inteligencia para el traspaso de información de los niños.
Para Saffirio, la renuncia de directores del Sename, como Susana Tonda, carece de importancia: "La renuncia no tiene ninguna importancia, porque renuncia tal como lo han hecho todos los directores del Sename durante décadas y se siguen vulnerando los derechos de los niños y ningún gobierno ha hecho nada". Añade que "da exactamente lo mismo la renuncia, después vendrá otro, otro y otro y el negocio va a seguir siendo el mismo".
Intereses Políticos y Económicos: El "Negocio" del Sename
Saffirio acusa que "izquierda, centro y derecha tienen las manos metidas en los recursos del Sename", que ascienden a más de 400 mil millones de pesos anuales entre subvenciones y programas ejecutados por organismos colaboradores. Denuncia que estos recursos, donde hay "redes de partidos políticos, iglesias, organismos gubernamentales", sirven para todo "menos para financiar la calidad de vida de los niños".
El diputado es enfático al señalar que "el Estado no se ha hecho responsable de la atención de salud, de la escolarización, del contagio criminológico, de un aceleramiento en los procesos de adopción". Esto se debe a que a las instituciones privadas, que tienen el 96,3% de los niños del Sename, "no les conviene egresar del sistema a los niños y niñas porque pierden la subvención que se les paga por estos niños y niñas". Considera este incentivo "perverso" y propone que el estímulo sea inverso: "premiar a las instituciones, si es necesario, por lo egresos que se logren vía adopción, vía reinserción en aquellos segmentos de familia que sean rescatables".
René Saffirio sobre Sename: "El Estado no sabe cuántos niños están a su resguardo"
Critica la propuesta que aumenta las subvenciones recibidas por las instituciones colaboradoras del Sename, pues considera un error incrementar los aportes del Estado a quienes "han cometido violaciones a los derechos humanos de los niños". El único proyecto vigente que tuvo su voto en contra, fue el que aumentó en 10 mil millones de pesos las subvenciones para los mismos organismos denunciados por el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Propuestas de Reforma y la Perspectiva de Saffirio
Respecto a los cambios institucionales, Saffirio reconoce que "los cambios que se hicieron en términos de ponerle fin al Sename y crear dos servicios nuevos, eran imprescindibles". Uno de ellos será el Servicio de Protección de la Infancia y Adolescencia, y el otro, el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente. Sin embargo, el diputado advierte que "aunque haya dos servicios nuevos nada cambia porque esto seguirá siendo un negocio, y si el problema se resuelve se acaba el negocio", ya que ninguno de los proyectos de ley aprobados en el Senado cambia el régimen de financiamiento.
En cuanto a la legislación sobre niñez, Saffirio lamenta que un proyecto que buscaba "garantizar" derechos se transformó, por una indicación del gobierno, en uno que solo los "promoverá", convirtiéndose en "un poema a los niños vulnerados; nada". Asimismo, el proyecto de ley de adopción, aprobado por la Cámara de Diputados permitiendo las adopciones homoparentales, fue paralizado por el gobierno en el Senado, "porque no le gusta lo aprobado por la Cámara". Saffirio concluye que "el gobierno prefiere que los niños que están para adopción sigan siendo violados sexualmente antes que puedan ser adoptados por una pareja homoparental".
Responsabilidades y el Lavado de Manos
Saffirio critica la minimización de la realidad de los abusos por parte de los partidos políticos dentro de la comisión investigadora, "para defender a Marcela Labraña, Javiera Blanco, a José Antonio Gómez y a la Presidenta Bachelet respecto de sus responsabilidades". Él votó en contra del informe porque considera que no solo Javiera Blanco tenía responsabilidades, sino también otras autoridades como Marcela Labraña, José Antonio Gómez y la propia Presidenta Michelle Bachelet, durante cuyo período se reconocieron 1.313 muertes en diez años.
El diputado acusa al fiscal nacional y al Ministerio de Justicia de "lavarse las manos" y no haber actuado ante el informe de la PDI de diciembre de 2018. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, negó haber recibido dicho documento, lo que Saffirio considera falso, afirmando tener una copia del informe que desmiente tal desconocimiento.
En síntesis, la visión de René Saffirio es que la crisis del Sename es una "historia terrorífica que no tiene que ver con un gobierno en específico, tiene que ver con una frialdad indolente frente al drama de una infancia vulnerada que no le importa a nadie, eso es lo que más duele". Él enfatiza la necesidad de que las instituciones privadas que han permitido y ocultado abusos desaparezcan, dando paso a otras "debidamente acreditadas y con el debido apoyo profesional" para gestionar los centros.