En los últimos días, el "caso SENAME" ha conmovido a miles de chilenos y chilenas, exponiendo la grave situación de desprotección y violación de derechos que viven niños y niñas en el sistema de protección en Chile. Mediante informaciones de prensa, se reveló que estas niñas y niños son víctimas de violencia física y psicológica, y de abuso sexual, por parte de otros niños o de adultos, situaciones que constituyen delito.
El Alerta de UNICEF y las Críticas al Sistema de Protección
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sostuvo que los mecanismos de fiscalización y seguimiento de parte del entonces SENAME (Servicio Nacional de Menores) "no fueron capaces de proteger" a los menores, lo que revelaba la inexistencia de un programa de protección especializada. Según el organismo, "la muerte de Ámbar revela la inexistencia de un sistema de protección especializada para los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos".
UNICEF enfatizó la responsabilidad del SENAME: "El Sename es responsable de que los niños, niñas y adolescentes que atienden los programas ambulatorios, sean protegidos, se les restituyan sus derechos vulnerados y se reparen los efectos de éstas". Ante el escándalo mediático, la Ministra de Justicia anunció la intervención de todos los centros del SENAME en el país, una medida que UNICEF calificó como tardía e insuficiente. El organismo internacional afirmó que "Chile ya no tiene excusas para seguir llegando tarde, menos aún cuando el actual contexto de pandemia ha exhibido -una vez más- las brechas que tiene para proteger a sus niños, niñas y adolescentes".
Estudios Conjuntos y Revelación de Información Crítica
Las situaciones constitutivas de delito mencionadas fueron algunos de los resultados del estudio "Levantamiento y unificación de información de niños en sistemas residenciales". Este estudio fue desarrollado por el Poder Judicial, con apoyo técnico de UNICEF. Según un documento disponible en la página web del organismo internacional, entre estas entidades se creó una mesa técnica, a la que se integró el SENAME, que revisó y aprobó el diseño de la investigación.
UNICEF afirmó haber enviado los resultados al Poder Judicial en diciembre de 2012, y los reenvió a este mismo organismo y al SENAME en marzo de 2013. Posteriormente, el Representante de UNICEF en Chile envió los resultados directamente al Presidente de la Corte Suprema, evidenciando el conocimiento de las autoridades sobre la grave situación.
Reflexiones sobre la Ética en la Investigación
El "caso SENAME" y los estudios relacionados trajeron a la discusión un tema poco tratado en el medio chileno: la responsabilidad de las investigadoras e investigadores con el desarrollo y resultados de sus investigaciones. En países con una institucionalidad de investigación consolidada, los investigadores están habituados a reflexionar respecto de las implicaciones éticas de su trabajo, incorporar estas reflexiones en sus proyectos y someterlos a un Comité de Ética de la Investigación.
En Chile, estos Comités son relativamente recientes, habiendo cobrado importancia a partir de la obligatoriedad de aprobación ética para que un proyecto obtenga recursos del sistema CONICYT. Surge la pregunta de si la investigación del Poder Judicial/UNICEF se sometió a evaluación ética, ya que el documento de UNICEF no lo menciona. No se sabe si el escenario habría sido distinto de haberse evaluado éticamente el proyecto antes de su realización. Se espera que este caso siente un precedente y sirva como una alerta para dar a la ética de la investigación el lugar que merece en la institucionalidad chilena.
Controversia por Inmunidad Diplomática en la Investigación Penal
La grave situación expuesta en los informes de UNICEF se convirtió en materia de investigación penal. El fiscal regional de Magallanes, Juan Agustín Meléndez, tenía previsto tomar declaración a dos funcionarias de UNICEF que participaron en la elaboración del informe que dio cuenta de posibles delitos en hogares dependientes del SENAME.
Sin embargo, la respuesta por parte de las trabajadoras del organismo internacional fue que gozaban de inmunidad diplomática y, por lo tanto, no comparecerían a prestar declaración. Esta determinación de UNICEF quedó en evidencia cuando Soledad Larraín, encargada de la Unidad de Protección del organismo, no asistió a la Fiscalía Nacional donde la esperaba Meléndez.
A través de una declaración pública, UNICEF indicó su "voluntad de colaborar con la investigación que está realizando la fiscalía y el Congreso, en relación con los casos de abusos y maltratos detectados en algunos centros". No obstante, agregó que Chile es parte de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de Naciones Unidas, la cual establece que la notificación y citación a declarar del personal de un organismo de Naciones Unidas debe ser remitida por los procedimientos vigentes, y en el caso de UNICEF, a través de su sede en Nueva York para su revisión y tramitación.
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, indicó que no compartía el criterio del organismo internacional, señalando que "en principio, puede no existir inmunidad diplomática". Durante la tarde, el Ministerio Público hizo llegar un documento a la Cancillería, donde indicó que solo goza de inmunidad el personal acreditado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual no sería el caso de las funcionarias citadas. A pesar de esto, el fiscal Meléndez aseguró no tener dudas de que "Unicef va a solucionar a la brevedad cualquier inconveniente o interpretación en cuanto a concurrir o no a declarar".
Reformas Institucionales y el Apoyo Continuo de UNICEF
A partir de estos acontecimientos, Chile ha avanzado en la creación de un marco normativo y de servicios más robustos para la protección de la niñez. Con la promulgación en marzo de 2022 de la Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, el país cuenta con un marco normativo general para enfrentar integralmente la protección de sus derechos.
Además, la puesta en marcha del nuevo servicio Mejor Niñez en octubre de 2021, para la atención de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, y la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, buscan establecer un sistema de justicia especializado con fiscales, jueces y defensores expertos en responsabilidad penal adolescente. Esto permitirá una institucionalidad más robusta para el respeto, protección, promoción y realización de los derechos de la niñez y adolescencia.
UNICEF se encuentra apoyando activamente estas reformas. Sus esfuerzos incluyen:
- La reformulación del cuidado alternativo residencial para evitar la masividad de niños y niñas en residencias y asegurar la protección y el buen trato, fortaleciendo el trabajo con las familias para lograr la reunificación y asegurar el derecho a vivir en familia.
- Colaborar en la concreción del cierre de los CREAD para el año 2021 y consolidar el funcionamiento de las nuevas residencias familiares.
- Participar en el rediseño de los programas de familias de acogida y el diseño del programa de revinculación familiar para la desinternación de niños y niñas de 0 a 8 años.
- Rediseñar los programas ambulatorios para mejorar su efectividad y evitar la separación de los niños de sus familias.
- Apoyar la articulación de diversos actores institucionales para implementar acciones comprometidas en el Plan de Acción de la Niñez y Adolescencia 2018 - 2025, con el fin de disminuir los índices de violencia. Se busca un compromiso transversal para trabajar coordinadamente los índices de violencia que los niños, niñas y adolescentes enfrentan en distintos ámbitos de su vida (familiar, escolar, institucional, entre pares).
- En el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, apoyar el establecimiento del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (actualmente en discusión en el Congreso Nacional) para coordinar y entregar una oferta programática orientada a la efectiva reinserción social.
- Mejorar las condiciones de infraestructura, habitabilidad y supervisión en los centros de privación de libertad de los adolescentes.
UNICEF en la Evaluación del Nuevo Modelo de Residencias
En el marco de su colaboración y seguimiento, UNICEF visitó nuevamente las cuatro residencias familiares de la Región de Valparaíso, tras haberlas recorrido por primera vez en mayo de 2019. Una representante de UNICEF destacó la colaboración con SENAME para asegurar que "los niños estén en buenas condiciones, que sean bien tratados en estos espacios familiares por los que mucha gente ha luchado en el país".
Respecto a la evaluación del nuevo modelo, se agregó que "las casas son preciosas y no hay ningún punto de comparación con respecto al Cread Playa Ancha, lo que ya es un cambio de contexto gigante". Asimismo, se observó que "el recurso humano que trabaja directamente con los niños los ven de una forma distinta, están mucho más cerca de lo que les pasa". Por su parte, el director regional del SENAME Valparaíso, Rachid Alay, valoró la visita de UNICEF, resaltando la importancia de contar con la retroalimentación y apoyo de un organismo internacional experto en materia de protección a la infancia.