Reflexiones sobre Escuelas Vulnerables y su Aprendizaje

La desigualdad en la educación se manifiesta como un acceso inequitativo a recursos fundamentales como libros, equipamiento, clases, docentes calificados, talleres variados, buenas instalaciones escolares y financiamiento. Esta desigualdad no surge de un único factor, sino que se basa en un gran número de elementos interconectados, tales como la economía, la perspectiva de género, las políticas gubernamentales, la localización geográfica, la cultura, el origen étnico y las creencias, entre otras. El resultado de esta disparidad es que las personas afectadas se ven marginadas de buenas oportunidades futuras al no haber podido acceder a un proceso de aprendizaje exitoso.

Diversos estudios concluyen que la desigualdad educativa está directamente relacionada con la clase socioeconómica y el nivel de acceso a oportunidades: condiciones socioeconómicas deprimidas conllevan a menores oportunidades y viceversa. Esta desigualdad es provocada por las diferencias en las oportunidades formativas que afectan las condiciones de vida futuras de los individuos.

El Contexto de la Desigualdad Educativa y sus Ramificaciones

Existe una distancia a menudo inabordable entre las oportunidades educativas que se brindan en instituciones privadas y la realidad de las escuelas públicas. El acceso a una educación de calidad y el entorno en el que se desarrolla crean diferencias desde el primer día de clases, que pueden persistir toda la vida de una persona. Estas diferencias pueden "marcar" socialmente a cada niña o niño, afectando sus conocimientos, relaciones sociales, el lenguaje, el desarrollo de habilidades y oportunidades, lo que a su vez se traduce en empleabilidad, éxito profesional y movilidad social.

Según datos de 2017, Chile tiene uno de los índices más altos en desigualdad educativa entre los países de la OCDE, expresado en el índice Gini con un 0,503. Dicho de otro modo, los ingresos del 10% más rico del país son 26 veces más altos que los ingresos del 10% más pobre; una cifra que es una clara señal de alarma. A nivel universitario, una carrera en Chile puede costar entre 20 a 50 millones de pesos en total, empujando a muchos estudiantes sin recursos suficientes o sin becas, o que no cumplen con los requisitos para la gratuidad, a tomar préstamos o créditos de consumo con altas tasas de interés, lo que les lleva a endeudarse por largos años. De acuerdo con investigaciones recientes sobre la educación mundial, Chile tiene uno de los porcentajes más bajos de educación universitaria y tasas de graduación en los países de la OCDE. Esto puede deberse, en parte, a las pobres condiciones de educabilidad y los altos costos de acceder y obtener una educación universitaria.

Influencia de Factores Socioeconómicos y Familiares

La desigualdad educativa se debe, en parte, a la pobreza. Además, esta desigualdad también conduce a la pobreza, creando un ciclo vicioso. Según expertos, una buena educación tiene la función de adquirir habilidades y certificar conocimientos para participar activamente en la sociedad, y sirve para "socializar". Esto sigue la teoría de que la educación proporciona más capital humano, en la que, cuanto más educadas están las personas en una sociedad, mejor compiten por empleos e ingresos y viceversa.

Las desigualdades sociales contribuyen a las desigualdades educativas al restringir las habilidades cognitivas y no cognitivas. Un estudio del Economic Policy Institute sobre niños de guardería en 1998 y 2010 mostró una brecha de desempeño entre los niños en el nivel socioeconómico más bajo y el más alto que persiste entre ambas clases, siendo importante para el éxito escolar y en otros aspectos de la vida. Un análisis de Oxfam, basado en datos de la UNESCO, indica que en países en desarrollo, niñas y niños de familias pobres tienen siete veces menos probabilidades de terminar la escuela secundaria que niños de familias ricas. En países desarrollados, solo un 75% de niñas y niños de familias más pobres se gradúan de secundaria, mientras que un 90% de los de familias ricas lo hacen.

El origen étnico también juega un papel, afectando negativamente a niñas y niños de etnias minoritarias.

El Involucramiento de las Familias en la Educación

El artículo “El involucramiento de las familias en la educación de los niños. Cuatro reflexiones para fortalecer la relación entre familias y escuelas” de Alicia Razeto, expone que «Las familias vulnerables están en desventaja desde el punto de vista de su capacidad para apoyar la educación de sus hijos y de relacionarse con la escuela». Las capacidades de las familias para llevar a cabo su cometido educativo no están equitativamente distribuidas, puesto que la pobreza, el nivel educacional de madres, padres o cuidadores, y su capital social influyen en el desarrollo y el desempeño escolar de niñas, niños y adolescentes.

Estudios internacionales, como los de Parcel, Dufur y Cornell (2010), coinciden en afirmar que la pobreza material es un factor de riesgo para niñas y niños, ya que implica un menor acceso a recursos educativos que apoyen el proceso de aprendizaje, como materiales y actividades. Por su parte, Weiss y otros (2009) establecen que «padres, madres o cuidadores que viven en condiciones de pobreza o estrés económico experimentan más problemas de salud mental, que pueden limitar su habilidad para apoyar los estudios de niñas y niños e incrementar la probabilidad de uso de prácticas punitivas».

El ausentismo y la deserción escolar implican pérdidas de oportunidades duraderas y prolongadas, afectando el desarrollo y el aprovechamiento de las oportunidades educativas, lo que contribuye a la desigualdad. El estudio "Factores determinantes de la deserción escolar y expectativas de estudiantes que asisten a escuelas alternativas" recopila variables extraescolares como la pobreza y vulnerabilidad, la situación socioeconómica, la búsqueda de trabajo, el origen étnico, la desintegración familiar y las limitadas expectativas de la familia con respecto a la educación. Por ejemplo, investigaciones han vinculado la deserción escolar con razones económicas, dada la necesidad de ingresar tempranamente al mundo laboral para satisfacer requerimientos familiares.

La incidencia de la familia en el desempeño educativo se ha investigado en los resultados de pruebas estandarizadas, como PISA. En Chile, la prueba SIMCE ha confirmado que los estudiantes con padres que los apoyan en tareas, conocen sus notas y los felicitan por logros, obtienen mejores resultados. También se observa mejor comprensión lectora en estudiantes cuyos padres leen con ellos frecuentemente y desde temprana edad. El involucramiento de padres y apoderados se relaciona con mejores resultados de aprendizaje, existiendo hasta 23 puntos de diferencia entre establecimientos de alto y bajo involucramiento.

En vista de ello, cobra sentido implementar estrategias más concretas y diferenciadas en las propias escuelas para incrementar la participación de las familias en la educación de sus niños. Las familias vulnerables, a menores ingresos y capital cultural familiar, muestran menor presencia en la escuela. Las expectativas y actitudes de los padres hacia la educación varían según el nivel socioeconómico e impactan en el interés académico de los niños.

La Violencia en el Contexto Escolar

La violencia escolar es un fenómeno heterogéneo que rompe la estructura de las representaciones básicas del valor social: la de la infancia (inocencia) y la de la escuela (un refugio pacífico), así como la de la propia sociedad (un elemento pacífico en un régimen democrático). En el artículo "Deserción y graduación. Midiendo la eficiencia de las universidades estatales en Chile", se reconoce que la violencia en la escuela "no es espacio aislado de la sociedad, sino reflejo de ésta".

La violencia en las instituciones educativas hace referencia a episodios que, aunque no se originan por vínculos o prácticas propias de la escuela, tienen a la institución como escenario. En otras palabras, son episodios que suceden en la escuela, pero que podrían haber ocurrido en otros contextos donde niños y jóvenes se reúnen. En estos casos, la escuela actúa como caja de resonancia del contexto en el que está inserta.

Por su parte, según D'Angelo y Fernández (2016), la violencia escolar es aquella que se produce en el marco de los vínculos propios de la comunidad educativa y en el ejercicio de los roles de quienes la conforman: padres, estudiantes, docentes, directivos. Por lo tanto, será el resultado de "mecanismos institucionales que constituyen prácticas violentas y/o acentúan situaciones de violencia social". Un estudio financiado por UNICEF reveló que uno de los lugares percibidos por los propios alumnos como más peligrosos en las escuelas es la puerta de salida, seguido de los baños.

La violencia en la escuela es clara y visible, por lo que resulta relativamente sencillo detectarlas y combatirlas, distinguiéndose seis tipos o categorías de comportamiento antisocial: disrupción en las aulas, problemas de disciplina, maltrato entre compañeros (bullying), vandalismo y agresión física, acoso sexual y discriminación.

Realidades y Desafíos en Escuelas Vulnerables

En Venezuela, según la Federación Venezolana de Maestros (FVM), el 85% de los centros educacionales reporta agresiones en sus escuelas. Las realidades advierten que la violencia escolar es un fenómeno que está creciendo vertiginosamente. Entre 2016 y 2018, las escuelas venezolanas mostraron violencia y poca enseñanza producto de la crisis social y económica, lo que ha incrementado la incidencia del bullying. UNICEF, en mayo de 2019, hizo un llamado a proteger y ayudar a los niños y jóvenes de Venezuela, para que puedan disfrutar de sus derechos a la salud, la educación, la protección y la participación de manera segura.

Las escuelas son instituciones vulnerables en Venezuela, enfrentando abandono físico, inseguridad, asesinatos en y alrededor de la escuela, vandalismo, hurtos y robos, paralización de actividades, inasistencia por mala alimentación y carencias familiares, y sectarismo político. La institución escolar se enfrenta a un progresivo aumento de dificultades internas de gestión y sufre los efectos de problemáticas sociales más amplias como el desempleo, la pobreza, la exclusión social, la criminalidad y el tráfico de drogas. En otras palabras, la escuela se transforma en un territorio de producción de violencias de diversos órdenes, tipos y escalas.

Resulta fundamental considerar que cada contexto es particular; por tanto, difícilmente las soluciones son las mismas y pueden extenderse a todas las comunidades escolares. Tampoco basta con reconocer la complejidad del fenómeno si no se interpela la responsabilidad social más amplia que lo sostiene. La sociedad tiende a conmoverse frente a hechos de violencia extrema, pero convive cotidianamente con formas más silenciosas de violencia que ayudan a producir las condiciones para su emergencia, como el maltrato simbólico, la humillación, la exclusión, la deslegitimación del otro, las respuestas punitivas, el debilitamiento de vínculos comunitarios y la creciente indiferencia frente al sufrimiento psíquico de niños, niñas y adolescentes.

La violencia escolar no puede analizarse únicamente desde la escuela o la familia en sí misma, sino también desde las condiciones estructurales que configuran espacios de cuidado. Esto implica interpelar a las organizaciones y a las políticas públicas para avanzar hacia modelos que promuevan la conciliación, la corresponsabilidad y el fortalecimiento de redes de apoyo e instituciones de cuidado.

La educación para la paz no es una opción más, sino una necesidad que toda institución educativa debe asumir, ya que educar para la paz es una forma de educar en valores. La educación para la paz lleva implícitos otros valores como: justicia, democracia, solidaridad, tolerancia, convivencia, respeto, cooperación, autonomía, racionalidad y amor a la verdad. La educación en valores es un factor importantísimo para conseguir la calidad que propone nuestro sistema educativo.

Estrategias y Políticas para Superar la Desigualdad y la Violencia

El gobierno chileno se ha comprometido a reducir las desigualdades y la segregación entre los estudiantes al garantizar la gratuidad de la matrícula, escuelas públicas y/o privadas no selectivas y sin fines de lucro, así como fortalecer la educación pública mediante la transferencia de escuelas municipales a nuevos servicios educativos locales a cargo de la gestión, el apoyo pedagógico y el desarrollo de las escuelas públicas locales.

Medidas de Política Educativa en Chile

• Mejora de las condiciones de enseñanza: Chile ha informado en la OCDE sobre la mejora de las condiciones de enseñanza y se comprometió a suministrar administradores y docentes escolares competentes para implementar mejoras. Se ha priorizado desarrollar las capacidades de administradores educativos, docentes y otros profesionales de la educación para promover la inclusión y la diversidad. Otra prioridad es fortalecer las capacidades de administradores escolares locales y de nivel medio para mejorar la calidad y equidad de la educación.
• Política Nacional Docente (PND): En 2016, el gobierno chileno aprobó la PND, consistente en reformas al acceso y retención de educadores en escuelas públicas y privadas con subvención del estado. Estas reformas incluyen establecer altos requisitos de ingreso y nueva acreditación para programas de formación docente, proporcionar un año de tutoría para cada maestro entrante con pago adicional para mentores y aprendices, y crear un sistema de desarrollo profesional para la promoción profesional a largo plazo.
• Educación en sectores en crecimiento: Es necesario aumentar la educación en sectores en crecimiento como la tecnología y habilidades sociales específicas adaptables al mundo actual, que necesita movilidad ocupacional.
• Responsabilidad a las escuelas: Los sistemas educativos deben procurar recursos financieros y no financieros para los alumnos de menores recursos para asegurar altos niveles de aprendizaje. Es igualmente importante responsabilizar a las escuelas por sus resultados académicos.

Un intento de implementar un subsidio por estudiante (voucher) en Chile no tuvo éxito, según investigaciones de expertos chilenos e internacionales, porque reforzaba la segregación escolar. Las escuelas privadas podían admitir estudiantes por preferencia y ganancias, mientras que las públicas no y estaban sujetas a estatutos más rígidos.

Programas y Enfoques Integrales

Good Neighbors estableció un modelo de programa educativo alineado con la visión 2030 y el enfoque de desarrollo global, buscando posibilitar que más niñas, niños y adolescentes tengan acceso a oportunidades educativas de calidad, independientemente de las limitaciones socioeconómicas. Se basan en los cuatro pilares de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN): derecho a la supervivencia, protección, desarrollo y participación. Apoyan a niñas y niños para que crezcan como sujetos de derechos y como ciudadanos globales capaces de compartir y empatizar con sus vecinos. Good Neighbors mejora el ambiente de aprendizaje y provee oportunidades educacionales diversas para niños, niñas y adolescentes que no gozan plenamente de su derecho a una educación de calidad, realizando acciones como la construcción de instalaciones educativas, mejora de higiene y acceso a agua potable, distribución de útiles escolares y desarrollo de programas educativos con tecnología de la información y comunicaciones (TICs).

Las escuelas y liceos generan campañas sobre violencia, jornadas con estudiantes, apoderados y profesores. En Chile, el Mineduc, en alianza con Fundación Paz Ciudadana y Educar Chile, implementa desde 2020 el programa “Convive en la escuela”, que busca atender problemas de convivencia en comunidades educativas. Otra acción reciente es el “Protocolo de respuesta a situaciones de desregulación emocional y conductual (DEC)”, dirigido a estudiantes de establecimientos con subvención del Estado, que entiende la falta de capacidad del estudiante para gestionar su estado emocional de forma adecuada.

Sería un error responder a esta crisis exclusivamente desde dispositivos de control, vigilancia o endurecimiento disciplinario. Aunque la seguridad es necesaria, por sí sola no resuelve el problema y puede profundizar climas de sospecha, temor y exclusión si no va acompañada de estrategias preventivas, relacionales y de salud mental. No corresponde confundir medidas de seguridad física, como los pórticos detectores, con una política efectiva de convivencia educativa, ya que estas no abordan las condiciones relacionales, institucionales y estructurales que sostienen la violencia.

El Papel de la Tecnología y la Educación en Emergencias

El desarrollo de la tecnología educativa se produce en un contexto de desigualdad extrema, no solo entre países, sino también entre segmentos poblacionales. Aunque el acceso a ordenadores e internet se amplía, dos tercios de los niños en edad escolar (1.300 millones entre 3 y 17 años) no tienen conexión a internet en sus hogares. Es crucial evaluar cómo funcionan los programas de educación digital, sus efectos y resultados. El programa de educación digital de ProFuturo, impulsado por Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, lleva seis años trabajando en más de 40 países para reducir la brecha educativa.

Uno de los puntos centrales de las evaluaciones de ProFuturo es la imprescindible involucración del equipo directivo de las escuelas en la implementación del programa, así como el acompañamiento continuo y asesoramiento de especialistas en innovación tecnológica y pedagógica para los docentes. Esto mejora las competencias docentes, especialmente en habilidades digitales, y promueve nuevas formas de enseñar, motivación para personalizar el aprendizaje, y la colaboración entre docentes.

El acceso a la educación no solo es un derecho fundamental, sino que salva vidas en tiempos de crisis. El mundo se enfrenta a un alarmante aumento de la frecuencia, complejidad y magnitud de las crisis (conflictos armados, desastres climáticos, emergencias de salud pública, crisis económicas). Estos problemas a menudo se superponen, lo que da lugar a crisis agravadas y prolongadas que amenazan gravemente el derecho a la educación.

La UNESCO, como organismo principal de las Naciones Unidas para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (Educación de calidad), desempeña un papel fundamental en la promoción de la educación en situaciones de emergencia. Priorizar el acceso a una educación de calidad segura, inclusiva y equitativa es esencial en la respuesta humanitaria, la recuperación y los esfuerzos de resiliencia, en particular para migrantes, refugiados, desplazados internos, repatriados y comunidades de acogida. La UNESCO trabaja para garantizar que los sistemas educativos estén preparados, sean resilientes y tengan capacidad de respuesta ante desastres, y que las escuelas e instituciones de aprendizaje sigan siendo refugios seguros para estudiantes, profesores y comunidades.

Hacia una Reflexión Crítica y Transformadora

Es necesario repensar y reflexionar en nuestro rol como educadores, gerentes y líderes. Se reconoce el enorme respeto y admiración por la dedicación y el duro trabajo de los educadores y directores escolares, quienes se enfrentan a diario a estos problemas mientras preparan a nuevas generaciones para construir un mundo mejor. Involucrarse con la violencia y los problemas que suscita implica asumir un desafío que conlleva a prepararse para plantear y construir recursos y/o herramientas que faciliten las situaciones desde diversas perspectivas, como las condiciones sociales y emocionales de los niños, el contexto o los momentos, las relaciones familiares y las que se promueven con la institución educativa.

Las escuelas son y seguirán siendo uno de los ámbitos de socialización más importantes, al tiempo que constituyen un espacio donde los niños y niñas se sienten contenidos y alojados, más allá de sus entornos y de las condiciones sociales que los atraviesan, ya que pareciera que es una de las mejores estrategias para abordar la prevención de la violencia. La marea desvela la urgencia de abordar este tema, especialmente en contextos socialmente vulnerables, porque implica una serie de decisiones epistemológicas, teóricas y metodológicas en relación con varios aspectos que, como docentes, directores e investigadores, debemos observar en los espacios educativos. El escenario escolar y los contextos sociales mayores en los que se inserta, no están fuera del sistema social, por eso, desempeñan un papel determinante y deben reconocer e intervenir en la prevención de este fenómeno y en la atención integral de alumnos y alumnas que son víctimas del mismo.

Como primera medida, las familias, las escuelas y toda la comunidad deben trabajar juntas para que las armas de fuego no lleguen a manos de los niños y niñas. Las instituciones educativas no pueden actuar solas, sino que es necesario desarrollar políticas integrales para su abordaje. La gestión del cambio es necesaria para lograr transformaciones que permitan intervenir en estas problemáticas que forman parte de la vida de muchos niños y niñas en las escuelas.

Enfrentar la violencia en contextos educativos exige abandonar respuestas parciales, reactivas o puramente instrumentales. Se requiere avanzar hacia una estrategia integral que combine prevención, cuidado, regulación institucional, salud mental e integración de responsabilidades intersectoriales. Es fundamental fortalecer la formación inicial y continua de docentes y otros profesionales de la educación en convivencia educativa, desarrollo socioemocional, salud mental, prevención de violencias y abordaje de situaciones de desregulación. Las escuelas requieren condiciones institucionales más robustas para sostener el trabajo preventivo: equipos de convivencia menos sobrecargados, mayor articulación con salud y protección social, espacios de seguimiento de casos y tiempos institucionales destinados al vínculo. Toda política pública en esta materia debe incorporar evaluación, seguimiento e inversión sostenida, superando la lógica de intervenciones episódicas o simbólicas.

Finalmente, es urgente que los organismos responsables de la administración educativa se abran de manera más decidida al diálogo con la evidencia disponible, incluyendo la investigación desarrollada en los propios territorios. Repensar la escuela como espacio protector exige algo más que condenar la violencia cuando esta estalla. Exige revisar críticamente las formas visibles e invisibles en que la sociedad la produce, la tolera y la desplaza hacia las comunidades educativas. Si realmente queremos cuidar a niños, niñas y adolescentes, no basta con exigir más a la escuela, profesores y equipos; debemos también transformar las condiciones sociales, laborales, familiares, culturales e institucionales que erosionan el cuidado y debilitan la convivencia.

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