El Servicio Nacional de Menores (Sename) fue un organismo gubernamental chileno centralizado, colaborador del sistema judicial y dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su gestión se llevaba a cabo conforme a las instrucciones de los diversos tribunales distribuidos a lo largo del país, y todos los servicios y asistencias prestados en la institución estaban ligados a la justicia.
Después de 46 años de funcionamiento, el Sename cerró sus puertas y dividió sus funciones en dos nuevos organismos especializados: el Servicio de Mejor Niñez (que engloba al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia) y el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil. Esta decisión busca mejorar la protección de los derechos de los menores y, fundamentalmente, separar las responsabilidades de justicia juvenil. Este cambio se enmarcó en un proceso de reestructuración tras diversos problemas y críticas, incluyendo el alto número de fallecimientos de menores bajo custodia estatal. Es importante destacar que el Sename no debe confundirse con SENAMA (Servicio Nacional del Adulto Mayor).
Historia y Críticas al Modelo del Sename
Orígenes y Evolución
El Servicio Nacional de Menores, conocido por su acrónimo Sename, fue creado en 1966 bajo la ley N.º 14.907, que modificó la ley orgánica del Consejo Nacional de Menores. A lo largo de su historia, el servicio enfrentó múltiples desafíos y cuestionamientos. Desde 2021, el Sename se enfocó exclusivamente en el área de justicia y reinserción juvenil, siendo el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia el continuador legal en materia de protección de derechos.
La idea de separar las funciones del Servicio de Menores se gestó desde el gobierno de Ricardo Lagos, pero fue solo recientemente que la iniciativa tomó forma de cambio administrativo. El proceso de cierre y traspaso al Servicio de Reinserción Social Juvenil se ha desarrollado de forma paulatina. El traspaso de funciones se inició en enero de 2024 con la zona norte, continuó en enero de 2025 con la zona sur, y se completó el 12 de enero de 2026 con la zona central (regiones de O'Higgins, Valparaíso y Metropolitana). Finalmente, en esa fecha, las funciones del Servicio Nacional de Menores fueron traspasadas a los dos servicios especializados creados: el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (para la protección) y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (para la justicia juvenil).
Casos Emblemáticos y Fallas Estructurales
El Sename ha sido objeto de severas críticas, especialmente en relación con la protección y el cuidado de los menores a su cargo. Uno de los casos más resonantes fue el fallecimiento de Lissette Villa, una niña de 11 años que estaba interna en el centro de protección Galvarino en Estación Central en junio de 2016. La causa oficial de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio, pero la justicia chilena aún investiga las circunstancias y la presunta responsabilidad del Sename.
Este caso, junto con otros, abrió un extenso cuestionamiento sobre el desempeño del Sename en la custodia estatal de menores de edad y puso de relieve problemas como el uso y abuso de psicofármacos en los hogares del servicio, así como la crisis general de la institución. En 2016, el entonces diputado René Saffirio presentó ante la Comisión Investigadora Sename II el antecedente de que 185 menores a cargo de la institución habían fallecido desde 2005. Las denuncias no cesaron en los años siguientes; en 2021, la Fiscalía inició una investigación de oficio luego de que se escucharan gritos “de dolor y auxilio” provenientes de una dependencia del Sename en Providencia.
A ello se sumó un contundente fallo internacional. En febrero de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Chile por las malas condiciones de detención de adolescentes y por la muerte de diez jóvenes en un incendio ocurrido en 2007 en el centro “Tiempo de Crecer” de Puerto Montt, administrado entonces por el Sename. Otro caso fue el de la joven C.V.A., de 17 años, hallada con VIH y sífilis en un centro cerrado del Sename, y el caso de G.G.G. en un centro Coanil, donde fue encontrada amarrada a una silla. Estos incidentes revelaron la precariedad y la falta de especialistas adecuados en los centros, con juezas como Mónica Jeldres reportando situaciones críticas donde un par de especialistas atendían hasta 160 casos.
La situación de Daniel Ballesteros, de 17 años, apuñalado en su dormitorio en un centro “modelo” del Sename en 2013, también expuso las deficiencias. Daniel había alertado sobre amenazas de internos peligrosos, y su madre, Eliana Pérez, describió el centro como una "copia de una cárcel común" con relaciones de poder, agresiones constantes, drogas y celulares. Estos antecedentes subrayan la grave vulneración de derechos que sufrieron muchos jóvenes en la institución.
El Nuevo Enfoque: Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil
Creación y Objetivos
En enero de 2023 fue promulgada y publicada en el Diario Oficial la Ley N°21.527, que creó el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introdujo modificaciones a la Ley N°20.084 sobre responsabilidad penal adolescente. Este nuevo servicio asume las funciones del antiguo Sename en el ámbito de la justicia juvenil. Su misión no solo es ejecutar sanciones, sino también diseñar, implementar y evaluar políticas y programas orientados a la modificación de la conducta delictiva y a la reinserción social de los jóvenes.
Desde la institución, se aspira a ser "reconocida y posicionada nacional e internacionalmente" por la efectividad de sus políticas, poniendo énfasis en los procesos de intervención y de reinserción más que en el encierro. La reestructuración del organismo fue una de las promesas importantes del Presidente Piñera al iniciar su administración, siguiendo una iniciativa legal ingresada al Senado por el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, a la que se le dio suma urgencia.
Recomendaciones de Expertos y Perspectiva Legal
Un panel de expertos, que incluyó a Ana María Morales de Fundación Paz Ciudadana, Catalina Droppelmann del Instituto de Sociología de la UC, y Gonzalo Berríos de la Facultad de Derecho de la U., formuló seis conclusiones y propuestas al Congreso para mejorar el proyecto. Entre sus recomendaciones, se destaca la necesidad de:
- Profundizar en las salidas alternativas al proceso judicial.
- Contemplar un rediseño mayor al sistema de sanciones.
- Crear un cargo que reduzca el poder del director nacional.
- Establecer un consejo con mayores atribuciones para definir estándares de intervención.
Los expertos señalan que en los sistemas de justicia juvenil se recomienda que los jóvenes no lleguen a juicio, y si lo hacen, que se les desvíe tempranamente hacia mecanismos distintos de la cárcel o el encierro. El subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, valoró estas opiniones, afirmando que el informe recomienda fomentar las salidas alternativas, los acuerdos reparatorios y la justicia restaurativa, con el fin de permitir la reinserción de los jóvenes. La diputada Marcela Sabat, integrante de la comisión investigadora del Sename, coincidió en que el sistema debe poner énfasis en los jóvenes, la reinserción y el acompañamiento como elementos fundamentales, en lugar de la sanción.
La Ley 20.084, también conocida como Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, promulgada en 2005 y vigente desde 2007, nació con la promesa de reinsertar a adolescentes y jóvenes infractores en la sociedad. Sin embargo, durante años demostró ser insuficiente. La psicóloga Fernanda Salvo, de la Universidad de Chile, define la reinserción social como un proceso sistemático de acciones orientado a favorecer la integración a la sociedad de una persona condenada por infringir la ley penal. La Defensoría de la Niñez observó que entre 2016 y 2024, el porcentaje de casos con salida judicial efectiva disminuyó, mientras aumentaron los archivos provisionales y los términos por facultad de no investigar, indicando una agudización de los nudos críticos en la investigación penal.
Desafíos de la Reinserción Juvenil: Testimonios y Realidades
Experiencias Dentro del Sistema
La realidad de la reinserción en Chile ha sido compleja. Misael Ortiz, un mecánico que hoy roza los treinta, relata cómo su vida estuvo marcada por la violencia desde la infancia. Ingresó a una residencia temporal a los tres años debido a la violencia intrafamiliar y, al regresar a casa, fue víctima de abuso sexual. A los trece años ya delinquía y consumía alcohol y drogas. Su experiencia en los centros del Sename (hoy Servicio Mejor Niñez) fue "muy mala", caracterizada por peleas, robos y drogas, sin un apoyo significativo.
Felipe Benavides, de 20 años, quien hoy estudia Trabajo Social, comparte una historia similar. Comenzó a robar a los 11 años y a los 14 fue detenido por robo con intimidación, siendo derivado al Centro de Internación Provisoria (CIP) de San Joaquín. Tanto Misael como Felipe, pese a la década de diferencia, vivieron el abandono paterno y un inicio delictual en la niñez, sin encontrar un apoyo real o talleres útiles para su vida adulta fuera del encierro.
Experiencias de personas jóvenes egresadas de centros de asistencia social
Perfil de los Infractores y Fallas del Acompañamiento
Profesionales de centros como "La Cárcel Juvenil Tiempo Joven" en San Bernardo, como Juan Carlos Cornejo (Educador de Trato Directo) y Gines Alvarado (Gestor de Redes), aportan valiosa información sobre el perfil de los adolescentes que ingresan. En un alto porcentaje, provienen de comunas de sectores populares con alta densidad poblacional y pertenecen a familias con abandono parental, consumo de drogas, y escasas reglas. Francisco Jara, Educador Diferencial con 30 años de experiencia, profundiza, señalando que muchos llevan una vida delictual desde muy temprana edad, a veces desde los ocho años, llegando a los centros sin hábitos y de familias disfuncionales, donde "robar era un patrón, parte de la vida cultural".
Mario Muñoz, director de la Fundación DEM, con más de 25 años de trabajo con menores infractores de ley, critica la falta de diagnóstico psicosocial individual, donde las sanciones están predeterminadas según el delito. Además, la "simultaneidad de penas" puede llevar a que un menor cumpla diferentes sanciones de forma paralela en distintos tribunales. Según Muñoz, no existe un acompañamiento adecuado en las instituciones estatales y los profesionales no siempre ofrecen un apoyo significativo. Alejandra Michelsen, directora de la Fundación ITACA, recalca una cifra contundente: "El 47% de las personas adultas en la cárcel, estuvieron en hogares del SENAME", lo que demuestra el fracaso sistémico en la reinserción social.
Hacia un Enfoque Restaurativo y Colaborativo
El Cambio de Paradigma
Sonia Brito, trabajadora social e investigadora, enfatiza que, a pesar de los avances en leyes y procedimientos, la reinserción social de jóvenes infractores de ley sigue siendo un debate permanente debido a su baja incidencia. La nueva ley, sin embargo, busca un cambio paradigmático: reconocer a adolescentes y jóvenes no solo como sujetos de derechos, sino como actores sociales, implicando a la sociedad en su conjunto en el proceso de reinserción.
Comelin Fornés subraya que el trabajo con jóvenes infractores de la ley penal no es simple y debe ser abordado por profesionales altamente especializados y equipos consolidados, para evitar la rotación laboral. Propone un modelo de justicia restaurativa como el sistema ideal para lograr una reinserción efectiva y una verdadera reparación para la víctima y su entorno, a fin de romper el ciclo de condenas y liberaciones que no favorecen a nadie y pueden generar más daño a los infractores.
Tomás Cortés y Nicolás Grau, en su artículo de CIPER, afirman que "privar de libertad: un mecanismo eficiente para que menores de edad vuelvan a delinquir", desafiando la creencia de que el encierro corrige el rumbo. La historia de Misael, con su extensa experiencia de delitos y consumo de drogas, y sus repetidas fugas de centros del Sename por la inseguridad, evidencia cómo un sistema punitivo no genera las condiciones para la reinserción.
El Rol de la Sociedad y las Organizaciones Privadas
Alejandra Michelsen asegura que para lograr un mayor porcentaje de reinserción, es necesario que toda la sociedad colabore y deje atrás la idea de que el encierro es un método de castigo efectivo. Por el contrario, la sociedad debe tomar conciencia de que la reinserción es una tarea de todos, no solo de los jóvenes infractores de ley. Misael y Felipe comenzaron a transitar hacia la reinserción solo cuando organismos privados, como la Fundación Ítaca, entraron a jugar un rol de acompañamiento, ayudándolos a iniciar un proceso de liberación de culpas y reconexión consigo mismos.
El modelo de cárceles concesionadas, por su parte, requiere una mayor coordinación con las empresas privadas y otros actores fuera del sistema penitenciario, como organizaciones sociales, municipios y organismos no gubernamentales.
Trágicas Consecuencias y la Urgencia del Cambio
Vidas Perdidas y Vulneraciones
La voz de Juan Carlos Cornejo se vuelve casi trémula al recordar lo que ocurre con muchos adolescentes. Un caso particular es el de Roberto Flores, quien estuvo solo dos meses internado en el Centro Tiempo Joven y fue asesinado a los pocos días de salir en libertad. Cornejo afirma que Roberto estaba más protegido dentro del centro que en su propia casa. Estas historias reflejan una dura realidad: un creciente número de menores de edad, entre 14 y 17 años, ha muerto de manera violenta. Entre 2018 y 2023, suman 75 adolescentes fallecidos, y en el caso de mayores de edad, la cifra es aún más alarmante, con 119 jóvenes que han muerto bajo un sistema que debía protegerlos.
Recientemente, el 9 de enero del presente año, un joven de 17 años se quitó la vida en el Centro de Internación Provisoria de San Joaquín. Además, en la Región Metropolitana, entre 2020 y 2024, hubo 160 adolescentes que intentaron quitarse la vida estando bajo la protección del Estado, una evidencia más de que "el Estado les ha fallado".
Implementación del Nuevo Servicio
La ley 21.527 estableció que el Consejo del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil debe aprobar los estándares de funcionamiento de programas y acreditar a los ejecutores en el ámbito de la reinserción social juvenil. Los miembros de este Consejo, seleccionados a través del Sistema de Alta Dirección Pública, durarán cuatro años en el cargo, con posibilidad de renovación por un período. Mario Muñoz aclara que se había pensado que la parte de justicia pasaría al Ministerio del Interior, pero se confirmó que se mantendría en el Ministerio de Justicia. La creación de un nuevo Ministerio de Desarrollo Social para la parte de protección del organismo también ha sido anunciada.
La jueza Mónica Jeldres, aunque valora la disposición del gobierno actual, afirma que esta reestructuración es "la semilla del cambio" y que no superará todos los problemas existentes. Ella subraya que "los jóvenes que cometen delitos, muchas veces son los mismos niños que estuvieron en la red de protección del Sename", lo que confirma la falta de políticas de prevención efectivas. La esperanza es que con la reestructuración se puedan elaborar políticas correctas que abarquen la situación tanto del área penal como la de los niños protegidos: "dos caras de la misma moneda".
El ex director del servicio, Eugenio San Martín, concluye que el rediseño del Sename debería considerar que la justicia especializada requerida aún no se ha concretado. Actualmente, según estadísticas de 2010, los menores adscritos a programas del Sename, incluidos los centros que administra directamente, concentran alrededor de 79 mil menores de edad.
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