Explotación infantil en el SENAME: Un análisis profundo de la crisis en Chile

El Servicio Nacional de Menores (Sename), y posteriormente el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), ha estado en el centro de una profunda crisis en Chile, marcada por denuncias de redes de explotación sexual, deficiencias en la protección y cuidado de niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo su tutela, y un preocupante vacío estadístico. Este artículo profundiza en los problemas estructurales, las falencias en la atención y las iniciativas para reformar el sistema.

Colaboración con el Ministerio Público e investigaciones

El Sename de la Región Metropolitana confirmó su colaboración con el Ministerio Público para esclarecer la existencia de cuatro redes de explotación sexual con menores atendidos en el organismo público. El objetivo de esta colaboración fue mantener la confidencialidad para proteger a las víctimas y asegurar el éxito de la investigación penal. La institución señaló que los hechos involucran a "personas ajenas al Servicio Nacional de Menores".

La Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Occidente investiga estas cuatro supuestas redes de explotación sexual de menores que se relacionan con el Sename o que estuvieron en algunos de sus centros. La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Paula Narváez, instó al Sename y al Ministerio de Justicia a proporcionar toda la información necesaria para que la investigación avance y se sancione "con todo el rigor de la ley". La indagatoria está a cargo del persecutor Tufit Bufadel y las presuntas redes estarían formadas por al menos 25 jóvenes de entre 13 y 17 años.

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El rol de Mejor Niñez y las querellas

Hasta el 18 de febrero, el Programa Mi Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) había presentado 98 querellas por Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) que se encontraban bajo tutela del Estado, en hogares del ex Sename o en residencias de la actual entidad Mejor Niñez. Estas acciones judiciales involucran a 115 menores como víctimas.

Un nuevo caso denunciado por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en una residencia de su comuna administrada por Mejor Niñez, ha reavivado el debate sobre la efectividad de esta nueva institución, que reemplazó al Sename hace apenas cinco meses, en la protección de los menores. Si bien los abandonos de las residencias son una de las causas más comunes de la ESCNNA, también existen casos intra residenciales. Por ejemplo, en 2020 se detectó que ocho adolescentes abandonaban con frecuencia una residencia del Sename en Antofagasta y eran forzadas a actos sexuales a cambio de dinero y drogas. En 2021, una situación similar se repitió con dos jóvenes en el sur del país.

La coordinadora nacional del Programa Mi Abogado (PMA), Verónica Pincheira, considera que la capacitación de los funcionarios es clave para prevenir estos abandonos. La directora de Mejor Niñez, María José Castro, afirma que el nuevo servicio pondrá énfasis en la capacitación y especialización de los profesionales que trabajan con los NNA, a través de "capacitaciones permanentes y capacitación en terreno".

Proyecto de ley y preocupación legislativa

Una instancia especializada del Senado analiza un proyecto que armoniza tres leyes de protección y resguardo a menores, en el marco del Presupuesto 2025. Los integrantes de la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia manifestaron su preocupación por las cifras entregadas por expertos en niñez y adolescencia. La iniciativa busca armonizar la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez, la que regula el Régimen de Aportes Financieros del Estado a los Colaboradores Acreditados y la ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Gráfico mostrando la evolución de NNA en residencias del SENAME

En este contexto, la comisión recibió al director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo; al gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez Ahumada; y a la Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva Villalobos.

Escalofriantes cifras de explotación sexual

La presidenta de la Comisión, senadora Carmen Gloria Aravena, enfatizó la lucha contra la explotación sexual comercial de NNA, estimando que "6.000 niños están involucrados en el comercio sexual en Chile. Una cifra horrorosa y que de alguna manera nos indica que no hemos hecho las cosas bien". Marcelo Sánchez Ahumada complementó este dato, señalando que "aumentó en un 100% las estadísticas de explotación sexual comercial de NNA en 3 regiones del país".

Durante las sesiones se indicó a los senadores que faltan cifras actualizadas sobre NNA que sufren explotación sexual comercial, que el Consejo de Acreditación de Organismos Colaboradores no ha podido operar, y que ha habido un aumento de niños que ingresan al sistema. La senadora Aravena expresó su frustración: "siempre tengo la sensación de que no llegamos a tiempo".

El proyecto busca modificar las leyes que regulan el sistema de protección a la niñez y adolescencia, y enmendar el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, con el fin de resolver los problemas detectados en su primer año de funcionamiento. El senador Matías Walker destacó la importancia de "buscar la protección real de los derechos de los niños que han sido vulnerados, por ejemplo, a través de la revinculación familiar. Hoy hay 4 mil niños que están en una residencia y unos 9 mil en familias de acogida". El objetivo es reducir el número de niños en residencias, un aspecto relacionado con la nueva ley de adopción y la ley de presupuestos 2025.

Puntos críticos del sistema

Aumento de NNA en residencias

Una declaración de Claudio Castillo, director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, reveló que "en el 2007 uno de cada diez niños estaba en residencias. Hoy son cuatro de cada diez". Este aumento ha provocado largas listas de espera; a inicios de 2023, alrededor de 30 mil niños y adolescentes esperaban ser atendidos en alguna línea de acción del Servicio Mejor Niñez, según la Contraloría General de la República.

Consejo de Acreditación inoperante

Verónica Silva Villalobos informó que el Consejo de Acreditación de Organismos Colaboradores, encargado de coordinar el proceso de acreditación, no ha podido operar desde junio debido a tres renuncias de su comité de expertos. La Subsecretaría de la Niñez solicitó a la Alta Dirección Pública concursar nuevamente los tres cargos restantes.

Inspección del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)

Fotografía de un centro del SENAME

Entre enero y abril de 2017, un equipo de más de 60 profesionales del INDH visitó 171 centros en todas las regiones del país. Los objetivos fueron evaluar el cumplimiento de los derechos humanos, las condiciones laborales de los funcionarios y las eventuales vulneraciones de derechos de los NNA residentes. Se entrevistó a 401 NNA (de una población total de 2.688 institucionalizados en Chile de 8 a 17 años) y se describió el estado de la infraestructura.

Actualmente, Chile cuenta con 250 centros, de los cuales solo 11 son Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) por parte del Sename; el 95,6% restante es administrado por organizaciones colaboradoras acreditadas.

Hallazgos relevantes del estudio del INDH:

  • Perfil de NNA: La población es fundamentalmente femenina (63,5%), con un 60% entre 8 y 13 años.
  • Perfil de los trabajadores: La mayoría son mujeres (87,9%), lo que indica una feminización del personal.
  • Condiciones de vida y cuidado:
    • Las necesidades básicas están satisfechas, pero la calidad de las instalaciones no es óptima (calefacción, recreación, espacios comunes, privacidad).
    • En casi el 20% de los casos, conviven adolescentes con niños y niñas de menor edad, o no se les separa por sexo.
    • El 21% de los centros presenta sobrecupo.
    • En el 1,6% de los establecimientos, los NNA reciben solo entre 1 y 2 comidas diarias; el 16% declara pasar hambre.
    • El 22% de los NNA no siempre recibe un trato respetuoso y cariñoso; el 34% declara trato discriminatorio.
  • Vinculación con el medio: En un 4% de los centros, los NNA no están autorizados a hablar directamente con el juez. Solo el 32% de los NNA tuvo la posibilidad de hablar con el juez que visita periódicamente.
  • Educación:
    • El 93% de NNA asiste a un establecimiento educacional, pero solo el 88% de los niños entre 14 y 17 años lo hace, 8% por debajo del promedio nacional.
    • El 20% presenta retraso escolar. Solo el 78% recibe apoyo en sus tareas.
    • El 77% de los centros "autoriza" a los padres a participar en reuniones de apoderados.
  • Familia e identidad:
    • El 40% de los centros restringe los horarios de visita familiar; el 30% no admite más de dos visitas a la semana.
    • El 57% de los centros se encuentra fuera de la comuna de origen familiar, lo que puede generar desarraigo y pérdida de identidad.
    • El 16% de los centros utiliza el retraso en el ingreso de visitas como sanción; el 13% suspende visitas por mal comportamiento del niño.
  • Salud mental:
    • El 69% de los NNA de 14 o más años presenta sintomatología de cuadro depresivo.
    • El 45% de quienes presentan síntomas no ha podido acceder a un psicólogo o psiquiatra.
    • El 70% de los NNA con al menos un síntoma de depresión no se encuentra en tratamiento.
  • Violencia institucionalizada:
    • 8 de cada 10 NNA declararon haber recibido algún tipo de castigo del personal.
    • El 15% fue privado de contacto familiar; el 7% quedó sin comida; el 7% fue encerrado; el 12% fue "contenido físicamente".
    • El 46% reportó maltrato psicológico; el 12% agresión física leve; el 6% agresión grave (patadas, quemaduras).
  • Violencia entre pares: El 48% de los NNA indicó haber sido objeto de maltrato físico y/o psicológico reiterado. Un 19% de los centros no cuenta con protocolos para atender estas situaciones.
  • Abuso sexual:
    • En 23 casos se reportó sufrimiento de abuso sexual en los últimos 12 meses (prevalencia del 6,4%).
    • 8 de cada 10 abusos sexuales son experimentados por niñas.
    • En el 78% de los casos, el abuso es cometido por otro menor de edad; en un 7% por un adulto del centro.
    • El 69% de los casos, la víctima sigue en contacto con el agresor.
    • El 52% declara haber sufrido abusos en reiteradas oportunidades; el 66% cuando tenía menos de 14 años.

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El caso de Guillermina y la crisis de muertes

El caso de Guillermina, de 16 años, quien llegó "medio vestir" y con dinero al Centro de Protección Alborada del Sename y fue encontrada ahorcada con sus propios cordones menos de media hora después de su ingreso violento, expone las graves falencias del sistema. La querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia no prosperó, y su muerte en agosto de 2012 se sumó a la larga lista de "egresos" del sistema, un término que equipara el fin de la vida de un niño con su escape o reinserción familiar.

María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, calificó el sistema como "en estado terminal".

Caos estadístico y cifras poco confiables

Existe una profunda falta de claridad sobre el número exacto de menores vulnerables fallecidos bajo la tutela del Estado. Un informe del Ministerio de Justicia indicó 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016, pero un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos en 2010 era cinco veces mayor. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a menores del área de "protección", sin considerar a los infractores de ley. Un análisis de BBC Mundo de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 arrojó 318 fallecimientos, que sumados a otros datos, darían un total de 395.

Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, señaló que las cifras no son confiables debido a la posibilidad de que la información esté replicada. El diputado René Saffirio, miembro de la comisión investigadora del Sename, denunció que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". Saffirio presentó un informe con 200 medidas urgentes, pero ninguna ha sido cumplida.

Condiciones de cuidado y negligencia

Más allá de los números, las investigaciones han evidenciado un sistema donde los niños vulnerables son cuidados por personal sin capacitación (ni siquiera en primeros auxilios), con quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia. Ortiz enfatizó que "este no es un tema sólo del servicio, sino del conjunto de la sociedad, porque durante 25 años el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto no se ha hecho cargo de los niños. Y en el caso especial de estos niños, menos todavía porque son los más pobres de los pobres. No marchan, no votan, no exigen".

Esquema de las deficiencias del sistema de protección a la infancia

El factor "Lissette"

La muerte de Lissette, de 11 años, cuya causa fue "indeterminada" pero atribuida por la entonces directora del Sename, Mariela Labraña, a una "crisis emocional" por la ausencia de un familiar, detonó la crisis por los fallecimientos. Lissette, quien sufrió maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono, pasó más de la mitad de su vida en centros del Sename. En el centro, era conocida por sus episodios de rabia, y el día de su muerte, las cuidadoras sin conocimientos de primeros auxilios no supieron cómo actuar ante su crisis. Nuevamente, los protocolos internacionales no fueron aplicados.

Sobremedicación y salud mental

El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sugirió que la niña estaba "sobremedicada", recibiendo un fármaco (benzodiazepina) en dosis que actuaban como antipsicótico, además de antidepresivos. Francisco Estrada, exdirector del Sename, denunció la "poca prolijidad" en el manejo de medicamentos en los centros y la falta de personal especializado para su administración. El senador Alejandro Navarro destacó que "el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado".

Estrada añadió que "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil". La falta de psiquiatras infantojuveniles, especialmente en el sector público, agrava la situación. Muchos abandonos de residencias están directamente asociados al consumo de drogas o problemas de salud mental, y la oferta de salud mental es "inexistente" según la magistrada Jeldres.

La directora de ONG Raíces, Denisse Araya, quien ha trabajado con víctimas de ESCNNA, resalta la importancia crucial del trabajo en salud mental, ya que muchas menores han vivido vulneraciones desde que nacieron y han normalizado estas situaciones, no siempre identificando la explotación sexual como tal. Araya enfatiza que el proxeneta, el abusador y otros involucrados hacen creer a las víctimas que fue su "opción".

Desafíos en la persecución penal y la identificación de víctimas

De las 98 querellas presentadas por el Programa Mi Abogado, solo una registra formalizados. Patricia Muñoz y la magistrada María Pilar Villarroel critican el trabajo de la Fiscalía y las policías, y la falta de capacitación en estas instituciones. Otro factor es que el relato de la víctima suele ser insuficiente para la formalización. El comisario Castro explicó que muchos NNA no quieren cooperar en las investigaciones porque "no se sienten víctimas".

Además, el delito de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes no está contemplado como tal en el Código Penal, sino la promoción o facilitación de prostitución infantil, que "tiene una pena más baja y es mucho más difícil de probar", según la jueza Villarroel. El Ministerio Público tampoco cuenta con cifras para dimensionar el problema, lo que representa un "desafío país" para indagar la explotación sexual comercial con mayor profundidad y prevenir estos comportamientos.

Hacia una solución: pilares y reformas

Francisco Estrada propone tres pilares para una solución definitiva:

  1. Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: Necesidad de unidades polivalentes, niños medicados adecuadamente y personal dedicado que trabaje con las familias, no que las aísle.
  2. Revinculación familiar como objetivo final: Muchos niños son internados por pobreza, y la solución no es separarlos, sino romper el círculo de la violencia y la vulnerabilidad, entregándoles herramientas y acompañamiento. Estrada y Ortiz coinciden en la estigmatización de la pobreza, ya que no hay niños de estratos económicos altos en el Sename.
  3. Defensa jurídica adecuada: Es necesario que los niños cuenten con una defensa jurídica que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo. Los menores vulnerados a menudo son vistos por abogados jóvenes que los consideran un trámite burocrático.

A mediano plazo, el Consejo para la Infancia busca cerrar el Sename y transicionar a un nuevo servicio, que Ortiz espera "dejar instalado" antes de 2019. Sin embargo, "los niños no pueden esperar".

Conclusiones del estudio del INDH para la mejora del sistema

El estudio del INDH destaca varias conclusiones para abordar la problemática:

  • Toda prohibición de relación entre un familiar y el niño o niña bajo protección del Estado debe estar fundada en una resolución judicial, basada en el interés superior del menor.
  • El Estado debe establecer criterios uniformes en la regulación de visitas de familiares u otros adultos significativos, así como de las actividades y su supervisión.
  • No se debe establecer la prohibición de visitas como sanción por mala conducta del residente o por atrasos de los familiares.
  • Desarrollar medidas para preservar la identidad de los NNA, como un "libro de vida" para reconstruir su pasado y registrar su experiencia en el centro.
  • Atender la estabilidad emocional de los cuidadores y profesionales para que puedan cumplir su función de sostén y contención.
  • Promover el conocimiento y observancia de los protocolos existentes del Sename en materia de maltrato, así como la Ley N° 21.013 que sanciona el maltrato a NNA, adultos mayores y personas con discapacidad por parte de quienes tienen un deber de cuidado.
  • Generar condiciones para garantizar el derecho de los NNA a ser oídos y denunciar hechos de abuso sexual, asegurando que el mecanismo de denuncia no sea una sola pregunta.
  • Capacitar a los trabajadores de las residencias para una escucha efectiva a los NNA, a fin de identificar situaciones de riesgo o de abusos sexuales consumados.

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