La situación de las extensas listas de espera en el acceso a la oferta programática del sistema de protección a la niñez en Chile es un problema recurrente y una preocupación constante para las autoridades políticas. El Servicio Nacional de Menores (Sename) se refiere a esto como una "lista viva", debido al flujo constante de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) que no logran ingresar de manera inmediata a los programas que necesitan. Este fenómeno, que se genera y se incrementa cada vez que la demanda efectiva de un servicio supera la oferta disponible, ha obligado a la institución a elaborar guías de manejo internas para intentar darle una salida estratégica.
El sistema de Diagnóstico Ambulatorio (DAM) y sus desafíos
Cifras alarmantes en los programas DAM
Una de las líneas de la oferta programática más afectadas es la modalidad de Diagnóstico Ambulatorio (DAM), una instancia clave orientada a la asesoría jurídico-forense en el ámbito proteccional y penal. Según información obtenida a través de la Ley de Transparencia, al 30 de junio pasado, tres mil 375 NNA se encontraban en lista de espera para ser evaluados por profesionales que se desempeñan en los proyectos DAM. Las cifras nacionales, ingresadas directamente por los Organismos Colaboradores Acreditados (OCAS) en la base de datos de SENAINFO, revelan que, en comparación con el año anterior, esta lista en los programas DAM se ha triplicado.
Los informes elaborados por los proyectos DAM son un eslabón fundamental entre los casos de vulneración ingresados al sistema y el acceso a la justicia. En su función asesora a los jueces, estos informes periciales son especialmente relevantes para las audiencias preparatorias y de juicios. En un caso reportado, "un niño tiene que esperar diez meses para que lo diagnostiquen y digan 'sí, de verdad lo violaron'".
Sobredemanda y tiempos de espera en programas especializados
El Sename distingue técnicamente entre las listas de espera y la sobredemanda. La Red de Oferta Programática de Sename clasifica sus programas según la complejidad de la vulneración de derechos que sufren los niños y niñas, incluyendo casos de mediana a alta complejidad. Sin embargo, el ingreso a estos programas especializados también presenta extensas listas de espera, con tiempos que pueden ser de alrededor de 18 meses.
Por ejemplo, el PRM Independencia, que atiende a 125 NNA de manera simultánea, tiene un tiempo de permanencia de 12 meses, que se extiende a 18 meses en casos de mayor complejidad. Las solicitudes de ingreso mensual son, en promedio, de 15 a 18 NNA, mientras que el promedio de egresos mensuales es de 12 a 15 NNA. Diario Universidad de Chile solicitó a Sename, vía Ley de Transparencia, la cantidad de NNA esperando ser atendidos en el Programa Especializado en Maltrato y Abuso Sexual Infantil (PRM), revelando que, solo en la Región Metropolitana hasta fines de abril, el número ascendía a mil 533.
Servicio Mejor Niñez y estrés del sistema: "Implementamos cosas nuevas en medio de una crisis"
Evolución histórica y la crisis permanente del sistema
Un siglo de ineficiencia y reformas pendientes
La persistente vulneración de derechos en el sistema de protección a la niñez en Chile ha sido certificada por organismos nacionales, como la Defensoría de la Niñez (2024) y el INDH, e internacionales, como la Corte Interamericana y el Comité de Derechos del Niño (2022). Esto no es un problema reciente, sino que forma parte de una "negligente mirada de la política pública y la ley que se extiende hace ya un siglo". El sistema de protección a la niñez desde el Estado tiene una larga trayectoria en el país, remontándose a fines de los años veinte, cuando se instaló un sistema "moderno" de atención con metodologías racionales y científicas. Sin embargo, este antiguo sistema ha tenido escasas transformaciones hasta hoy.
Las acciones destinadas a la protección y rehabilitación de niños y niñas se consolidaron a través de una nueva Ley de Menores en 1968, aunque sin grandes variaciones respecto a la previa. Este sistema funcionó con una red administrada por el Estado, pero ejecutada principalmente por privados subvencionados, a cargo de instituciones religiosas y fundaciones privadas. En la práctica, se unió la inercia de las prácticas carcelarias y del asistencialismo tradicional, profundizando las vulneraciones.
El rol del Sename y la transición a la nueva institucionalidad
Durante décadas, se denunció incesantemente la carencia y desprotección del sistema, la escasez de instituciones de rehabilitación, la permanencia de niños en las cárceles, la insuficiente cobertura de programas y la falta de infraestructura. El Servicio Nacional de Menores (Sename), creado en 1979, encabezó un proceso de ampliación de los sistemas de atención privada y la aplicación de un modelo de intervención que privilegió la institucionalización. La privatización del sistema bajo dictadura profundizó estas características lamentables, con el aumento de la cobertura a través del fomento a la atención privada propiciando un fuerte desarrollo de los centros de internación.
Los cambios normativos, institucionales y administrativos del sistema de protección a partir de la firma de la Convención de los Derechos del Niño en 1990 no han logrado variar la estructura de protección a la niñez, que se basa en subvenciones a instituciones privadas por niño atendido. Esto mantiene un fuerte componente privado en la administración y ejecución de los programas, con el Estado asumiendo un rol subsidiario de supervisión y control financiero. La transición del Sename al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, implementado en octubre de 2021, ha heredado gran parte del trabajo y las dificultades anteriores. Se señala que a casi cuatro años de su puesta en marcha, aún no hay un acuerdo que permita que los NNA puedan contar con un servicio que pueda trabajar de manera estable.
Factores que contribuyen a los tiempos de espera
Desajuste entre oferta y demanda
Un factor fundamental es el desajuste entre la demanda efectiva de servicios y la oferta disponible. Esto se ve reflejado en el aumento del 19,67% en la lista de espera a programas ambulatorios de protección de derechos de diciembre de 2020 a noviembre de 2021. Solo en la Región de Tarapacá, los casos aumentaron de 225 a 805.
Falta de preparación y recursos adecuados
La cantidad de NNA que requieren ayuda especializada es creciente, y el Servicio no da abasto ante esta tremenda demanda. No basta con la inversión monetaria, sino que se requiere personal idóneo y preparado. Preparar a las personas que trabajan en este servicio especializado toma tiempo. Además, hay resistencia por parte de los vecinos a la instalación de residencias de Mejor Niñez en sus barrios.
Problemas en la implementación y coordinación
Desde la Subsecretaría de la Niñez, se ha señalado un compromiso con la supervisión e implementación del Servicio, y se trabaja en la coordinación para agilizar el aumento de cupos en los programas. Sin embargo, la implementación de la nueva institucionalidad y sus programas de atención ya enfrenta una crisis. Se ha alertado sobre graves problemas en la implementación del servicio "Mejor Niñez".
La Subsecretaria de la Niñez ha comentado que se encuentran trabajando desde que asumieron en la coordinación con el Servicio Especializado para agilizar el aumento de cupos. Yolanda Pizarro afirmó que se dará cuenta a lo solicitado por el tribunal de alzada, en cuanto a informar sobre los cupos disponibles en los distintos programas que administra el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
Ineficiencia del sistema judicial y organismos colaboradores
En muchas ocasiones, las publicaciones sobre el servicio de protección se centran en los NNA bajo responsabilidad del Estado, pero el sistema también se compone de programas ambulatorios, administrados por organismos colaboradores del servicio. Esto tiene como objetivo externalizar la relación de trabajo con los empleados y la responsabilidad del Estado, pero muchas veces estos son el punto previo a que un NNA ingrese a una residencia. Existe una clara orden de no enviar niños a centros residenciales, incluso cuando los fundamentos técnicos lo estimen necesario, lo que mantiene a NNA con sus familias de origen, extensas o externas a pesar de vivir graves vulneraciones de derechos.
La poca experiencia de algunos profesionales contratados por los organismos colaboradores, sumado a la falta de preparación y capacitación, impacta negativamente en la calidad del servicio. Los tribunales de familia, por su parte, "muchas veces hacen la vista gorda" de situaciones donde los niños sufren vulneraciones de derechos una y otra vez, y existe resistencia a revisar medidas de protección en plazos acotados. Los tiempos de espera para una audiencia de medida de protección pueden sobrepasar los tres meses, un período crítico para la estabilidad emocional y física de un NNA.
Corrupción y falta de indagación
Se han reportado presuntos casos de corrupción y cohecho en los programas de "Mejor Niñez", así como la participación de jueces en vulneraciones de derechos de menores. Estos hechos no están siendo debidamente indagados ni se les presta la debida atención, lo que agrava la desconfianza en el sistema.
Un llamado a la acción social y política
La situación de los niños menores de ocho años que aún permanecen en residencias es particularmente preocupante, ya que "un niño institucionalizado por mucha gente preparada que tenga, no puede vivenciar el VÍNCULO necesario que genera apego". Estos niños, ya dañados por diversas situaciones en sus vidas, necesitan estabilidad. Es fundamental una planificación ordenada, con calma, con gente especializada y sin influencias políticas que puedan enturbiar el desempeño del servicio.
La sociedad exige soluciones, pero la pregunta es "¿qué estamos dispuestos a hacer como sociedad para abordar este tema?". Se requiere una decisión de país, como sociedad, para lograr que el Estado de Chile deje de fallarle a la niñez y adolescencia, concentrándose más en la debida actuación que en los números.