El Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile tiene como objetivo principal la protección y restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de vulnerabilidad. Si bien la política pública busca que la permanencia en los centros residenciales sea lo más breve posible y la última opción, la realidad muestra complejidades en el rango de edad de quienes ingresan y, especialmente, de quienes permanecen en el sistema.
Admisión y Permanencia en Centros Residenciales
Los Centros Residenciales de Protección para menores, en general, reciben a personas de entre seis y 18 años que han sido víctimas de maltrato, violencia o cuyo cuidado por parte de sus padres ha sido determinado como insuficiente por el Estado. La mayoría de quienes ingresan logra egresar antes de cumplir la mayoría de edad, ya sea por el restablecimiento de la relación familiar o por fugas.
El Caso de Niños con Discapacidad Mental Profunda
Un aspecto crítico es la atención a niños con discapacidad mental profunda que han sufrido maltrato o abandono. El hogar San Ricardo de Batuco, colaborador del Sename, es un ejemplo de esta situación. Pese a ser llamados "niños" por los encargados, tres de cada cuatro de sus 143 residentes tienen más de 18 años. El residente de mayor edad tiene 64 años y llegó en 1967. Según Claudia Erazo, asistente social de la residencia, "sabemos que si alguien entra, es muy difícil que vuelva a salir".
Actualmente, 1.131 personas mayores de 18 años viven en hogares del Sename, de los cuales 854 tienen alguna discapacidad. Arturo Klenner, juez encargado del centro de medidas cautelares de los Tribunales de Familia de Santiago, señala que los cuidados necesarios suelen ser costosos, lo que dificulta el egreso si faltan recursos. Un joven que requiere, por ejemplo, una cama especial, una sonda para comer o cualquier atención cara, puede ver su vida en riesgo al egresar sin las condiciones adecuadas.
Marcela Labraña, directora del Sename, ha expresado su preocupación al Consejo para la Infancia, indicando que atienden a personas de hasta 50 años con la subvención del Sename, lo que representa un alto costo que podría destinarse a niños. Además, estos hogares no están capacitados para la atención especializada que requieren y para ofrecer oportunidades de desarrollo, por lo que se han iniciado conversaciones con el Servicio Nacional de Discapacitados (Senadis) para que se haga cargo de estos casos. Gloria Negroni, jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, enfatiza que "ser discapacitado en un hogar de menores es como la vulneración de la vulneración".
¿Qué es un entorno amigable con las personas mayores?
La nueva Política Nacional de Niñez y Adolescencia busca garantizar la participación plena en la sociedad de jóvenes con discapacidad. Sin embargo, Paula Bustamante, abogada del Consejo de la Infancia, reconoce que la situación de los niños con discapacidad que llegan al Sename y se convierten en adultos es una "situación histórica en la institución", y que, aunque el Estado se hará cargo, aún no hay claridad sobre qué servicio debería hacerlo.
Los Otros Adultos en el Sistema
Además de las personas con discapacidad, existen otros adultos jóvenes que permanecen en el sistema. Tamara Concha, de 18 años, estudia gastronomía y reside en el Hogar Nazareth. A medida que se acerca el fin de año, siente la presión de elegir una carrera, una situación común a su edad, pero con mayores implicaciones para ella.
Cuando una persona cumple 18 años en un hogar, deja de ser competencia de los tribunales de familia. Según la jueza Negroni, si se quedan en la institución, es "por un tema administrativo del hogar". Antonio Gana, presidente de la Fundación Padre Semería, explica que a esa edad, la permanencia se debe a que no se ha encontrado un adulto que pueda hacerse cargo. La meta mínima es que terminen cuarto medio.
En promedio, estos jóvenes ingresaron al Sename a los 14 años, y la intervención familiar no tuvo éxito, haciendo que la adopción sea una posibilidad muy difícil. Francisco Estrada, abogado especializado en derecho de infancia y ex director del Sename, señala que existe una "presión fuerte para ingresar otro niño, que sí es menor de edad, para que ocupe la plaza", lo que impulsa el egreso de los jóvenes mayores.
La ley establece una excepción para quienes están estudiando, permitiendo que el Sename continúe entregando una subvención a las instituciones que acogen a estudiantes hasta los 24 años. Actualmente, 277 adultos sin discapacidad viven en el Sename, y de ellos, 175 están cursando educación básica, media o superior. Tamara, al igual que su compañera Camila Gutiérrez, quien acaba de cumplir 18, siente la presión de estudiar para mantenerse en el hogar y obtener un título, pues afuera la situación sería más complicada.
Gerardo Canio, quien llegó a Aldeas Infantiles SOS de Angol a los tres años y ahora estudia ingeniería comercial, es uno de los 89 jóvenes que cursan educación superior mientras están en el Sename. Él reconoce la oportunidad que se le brinda, algo que su padre biológico nunca hubiera podido ofrecerle. Sin embargo, los directores de hogares admiten que seguir estudios es un camino difícil que requiere un trabajo diario de motivación.
Preparación para la Vida Independiente y el Egreso
Los años posteriores al egreso del hogar pueden ser difíciles. Pablina Díaz, de 21 años, salió a los 18 mientras cursaba tercero medio y no tenía dónde quedarse, pues su madre se había olvidado de ella. El padre Francisco Pereira, director pastoral de María Ayuda, indica que su caso es representativo de lo que ocurre con muchos jóvenes que egresan: les cuesta conseguir dónde vivir, estudiar o encontrar trabajo.
En 2011, el Sename implementó un programa para la vida independiente en las residencias, el cual promueve que los jóvenes se pongan al día en el colegio o accedan a programas del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) para aprender un oficio. Este plan también está diseñado para personas con discapacidad leve o moderada, permitiéndoles acceder a talleres laborales. Gustavo Rosende, del hogar Casa Caridad Don Orione, menciona casos exitosos donde los egresados han logrado abrir una cuenta de ahorro y obtener una vivienda, como Javiera (20), quien trabaja en supermercados y sueña con su casa propia y formar una familia.
Como parte de esta preparación, a los jóvenes se les enseña a cocinar, lavar y planchar, se les da una mesada para que aprendan a gestionar dinero y deben realizar trámites bancarios. La directora Labraña comenta que la protección de la residencia puede convertirse en una sobreprotección que les impide desenvolverse en el mundo exterior. Pablina, por ejemplo, lamenta no haber sido advertida sobre las dificultades: "Uno sabe lo difícil que es recién cuando sale. No sabía desde cómo ir al banco hasta los bonos a los que podía postular. Muchos beneficios que me perdí por eso".
En 2014, 544 personas pasaron por este programa, y aunque existen casos de egresados con títulos universitarios, son muy pocos. Matías Orellana, ex egresado de hogar y creador de Ecam (Fundación de Egresados de Casas de Menores), enfatiza que "el tema no es cuáles o cuántos niños se van a ir, sino cómo van a egresar", señalando que el Estado no está proporcionando las herramientas adecuadas.
La mayor dificultad es encontrar un buen trabajo. El padre Pereira observa que, en el caso de las mujeres, los trabajos típicos son de cajera o reponedora de supermercado, con poca proyección. Por esta razón, Antonio Gana explica que en los hogares de su fundación han cambiado el enfoque de los talleres de oficios a la educación.
La Situación de los Jóvenes en la Calle
Julio, un joven de 20 años, fue rescatado por la Fundación Abrazarte tras haber vivido en la calle desde los 11 años, luego de que su madre fuera encarcelada y él sufriera maltratos en un hogar. En la calle, encontró una forma de "familia" y apoyo mutuo. Durante 18 meses estuvo en un centro cerrado, donde aprendió mosaico, pirografía y a tocar flauta y violín. Al salir, se sintió emocionado, pero sin saber cómo sobrevivir. "Ya no quiero robar. Pero qué puedo hacer", expresa, lamentando la falta de oportunidades y el desinterés de la sociedad por jóvenes como él. Actualmente, un amigo le busca trabajo en una obra de construcción, lo que lo emociona ante la posibilidad de comprar una máquina para ser tatuador profesional.
Fundaciones Colaboradoras y la Búsqueda de Soluciones
Fundación Hogar de Cristo, fundada en 1944 por San Alberto Hurtado, atiende a más de 33 mil personas mensualmente en más de 250 programas. Actualmente, ejecuta 4 residencias de protección en modalidad RVA PRE PPE (residencia de vida familiar para adolescentes), con capacidad para 12 adolescentes de entre 12 y 18 años. Excepcionalmente, quienes cumplen 18 años y presentan capacidades diferentes o cursan estudios formales, pueden permanecer hasta los 24 años.
Estas residencias cuentan con equipos técnicos profesionales de aproximadamente 18 personas, incluyendo jefe de programa, duplas psicosociales, tutores y cuidadores. Hogar de Cristo ha desarrollado indicadores de logro y proceso, basados en estándares de calidad de residencias de protección, para monitorear el plan individual de cada participante, incluyendo vinculación familiar, controles médicos, adherencia a tratamientos, cumplimiento educativo y preparación para la vida interdependiente.
El objetivo es reconocer, promover y restituir los derechos de jóvenes en situación de vulnerabilidad y exclusión social. Para ello, se evalúa la satisfacción de los participantes utilizando el modelo SERVQUAL adaptado. Algunos indicadores clave de logro incluyen el porcentaje de jóvenes que realizan actividades de la vida diaria (asearse, usar transporte público, preparar alimentos), el porcentaje de mayores de edad que realizan actividades de proyección educacional, laboral o habitacional, y la vinculación con redes familiares.
¿Qué es un entorno amigable con las personas mayores?
Desafíos Actuales y la Ley 21.430
En el sistema, 5.095 NNA se encuentran en residencias y 10.353 en familias de acogida. Un dato alarmante es que 705 de los niños en residencias aún no cumplen los 3 años, a pesar de que la Ley 21.430 establece la prohibición general de enviar a menores de edad a residencias, promoviendo la permanencia en la familia de origen o con familias de acogida como primera opción. Además, estos niños corren el riesgo de sufrir problemas de salud mental no tratados.
La Universidad Católica (UC) y el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (SNPE) han establecido una alianza para priorizar el interés superior del niño, fortalecer la protección especializada, avanzar en el cuidado en familia y en la atención en salud mental. Esta colaboración también abordará el análisis de fenómenos como la migración, la explotación sexual, el crimen organizado y el reclutamiento, para generar modelos de atención. Se busca sumar saberes y colaborar para enfrentar este "desafío multidimensional sin solución obvia".
Críticas al Funcionamiento del Sistema
La crisis del funcionamiento del sistema se relaciona con dos aspectos principales:
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Sistema de Financiamiento: El financiamiento está ampliamente tercerizado hacia una red de organismos colaboradores acreditados (OCAS) que administran el 90% de las residencias. La "subvención por niño" se termina al cumplir la mayoría de edad, a menos que se presente un comprobante de matrícula para estudios. Esto desconoce la continuidad del cuidado de quienes han tenido una buena trayectoria, y la experiencia demuestra que lo técnico y la buena trayectoria deberían ser prioridad en el proceso de cuidado, reparación y vinculación.
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Vulneraciones a Derechos Fundamentales: Informes como el de la Comisión Investigadora de la situación de menores de edad (2017) y el Informe de la PDI (diciembre de 2018) han evidenciado delitos graves como adopciones ilegales, maltrato infantil institucionalizado y comercio sexual infantil. Las conclusiones son contundentes: el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela.
Estas problemáticas locales se reflejan en testimonios como el de J.A. en Valdivia, a quien, al cumplir los 18 años, le dijeron que debía irse del hogar, quedando en situación de calle por varios días. Similar es el caso de S.N., quien en 2017 egresó a los 18 años en pleno invierno, sin redes de contención ni preparación para la vida adulta, y con una adicción a la pasta base. Estos casos subrayan la necesidad de aumentar la cobertura y el abordaje de esta problemática por parte de organismos gubernamentales y de la sociedad civil.
El medio para lograrlo, junto a los adolescentes, consiste en generar experiencias que faciliten la integración de conocimientos técnicos para ingresar competitivamente al mercado laboral, para aquellos sin intención o medios de cursar educación superior. Además, se busca desarrollar y fortalecer habilidades cognitivas, de comunicación e interacción que faciliten la transición a la vida adulta. Mientras el Estado no resuelva esta problemática en la protección de la infancia, la sociedad civil tiene el deber de transformar a Chile en un mejor país para la niñez, dada la insostenibilidad de eludir esta responsabilidad.