El Servicio Nacional de Menores (SENAME) ha sido un organismo estatal de triste memoria en Chile, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creado en 1979. Durante años, estuvo en la mira de la sociedad debido a la gran cantidad de negligencias que lo rodearon, las cuales se esperaba terminaran con la implementación de una nueva institucionalidad.
Para quienes han trabajado, investigado y acompañado las consecuencias de este sistema, su cierre no puede leerse como un simple cambio administrativo ni como el final de una sigla incómoda. Se cierra cargando una historia dolorosa, atravesada por graves violaciones a los derechos humanos, negligencias estructurales y muertes que nunca debieron ocurrir.
Historia de Vulneraciones y Negligencias Estructurales
La historia de SENAME está marcada por eventos trágicos que señalaron un profundo deterioro del sistema.
Advertencias Tempranas y Tragedias
- El año 2007 dejó una de las señales más tempranas y brutales del deterioro. En Puerto Montt, un incendio al interior del centro “Tiempo de Crecer” terminó con la vida de diez adolescentes privados de libertad. No fue solo una tragedia, sino una advertencia temprana sobre recintos inseguros, sobreocupados y sin condiciones mínimas de protección.
- Diecisiete años después, ese mismo caso volvió a interpelar al país desde fuera de sus fronteras. En 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado de Chile por vulneraciones múltiples y simultáneas cometidas contra niños y adolescentes bajo custodia estatal.
- El año 2016 marcó otro punto de quiebre con la muerte de Lissette Villa. Su fallecimiento no fue un accidente ni un hecho aislado, sino la consecuencia directa de un modelo institucional que normalizó la violencia, confundió contención con castigo y cuidado con control. Lissette murió frente a un sistema que durante años minimizó, justificó y postergó responsabilidades.
Alertas Desatendidas y Cifras Alarmantes
Durante años, informes técnicos, comisiones investigadoras, fallos judiciales y organismos internacionales alertaron sobre malos tratos, abusos, sobremedicación, negligencias graves y muertes evitables. El Estado supo. La sociedad supo. Y, aun así, el sistema continuó operando, acumulando diagnósticos sin transformar prácticas.
Las cifras, aunque incómodas, también hablan: entre 2005 y 2020, más de mil niños, niñas y adolescentes murieron mientras se encontraban vinculados a programas del Estado. En particular, entre 2005 y 2016, murieron 1.313 personas. No se trata solo de centros cerrados ni de adolescentes infractores; la mayoría de esas muertes ocurrieron en programas de protección, en espacios donde el cuidado debía ser la respuesta principal. Hubo niños pequeños, lactantes, niñas y niños con discapacidad, adolescentes con trayectorias marcadas por la exclusión. Murieron en un entramado institucional que sabía lo que estaba ocurriendo y que, aun así, decidió no actuar con la urgencia que la vida exigía. Estos hechos no quedaron solo en el ámbito nacional, convirtiéndose en un tema de debate sobre la crisis que se vivía en el organismo de menores.
El Rol del Trabajo Social y la Deuda con la Infancia
Desde el Trabajo Social, la responsabilidad no ha sido solo técnica ni administrativa. Los profesionales sostuvieron la escucha cuando no había respuestas, levantaron alertas cuando el daño era evidente y acompañaron trayectorias marcadas por el abandono institucional. Estuvieron en residencias, tribunales, hospitales, programas ambulatorios y territorios donde la infancia vulnerada aprendió demasiado pronto que el Estado no siempre llega a tiempo. Su rol ha sido nombrar lo que otros prefirieron callar, documentar lo que parecía invisible y resistir, muchas veces en soledad, la normalización del daño.
Sin embargo, también es importante la autocrítica: no siempre fueron suficientes. Esta autocrítica no debilita a la profesión; la fortalece. El cierre del SENAME interpela directamente al Trabajo Social, no como observador externo, sino como una profesión que cargó con el peso de decisiones institucionales que no siempre compartió, pero que debió ejecutar en contextos de precariedad, sobrecarga y desgaste emocional profundo.
Corresponde hoy exigir memoria, verdad y responsabilidades claras, no por revancha ni consigna, sino porque sin una revisión honesta de las propias prácticas no hay posibilidad real de transformación. Se debe seguir nombrando a quienes ya no están, recordando que cada cifra tuvo un rostro, una historia y una vida que importaba. Se debe seguir exigiendo que la verdad no se archive, que la memoria no se negocie y que la protección no vuelva a confundirse con control. La infancia no puede volver a quedar atrapada entre el olvido y la conveniencia política. Ningún proyecto de país puede construirse sobre silencios impuestos ni sobre muertes que se intentan dejar atrás sin justicia, porque la deuda con la infancia -aunque incomode, aunque moleste, aunque duela- no prescribe.
La Nueva Institucionalidad: Desafíos y Continuidades
Con el fin de las últimas funciones desempeñadas por el SENAME, se ha puesto en marcha una reforma para reemplazarlo y crear una institucionalidad a cargo del cuidado de los menores vulnerados y otra que tome la responsabilidad de velar por los menores con problemas penales y su reinserción.
Creación de Nuevos Servicios
El 5 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.302, que creó el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (“Mejor Niñez”), que inició sus funciones ese mismo año, y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, cuya puesta en marcha se hizo de forma gradual. El tránsito hacia esta nueva institucionalidad ha concluido y con ello también el SENAME, lo que marca un hito.
Estos nuevos servicios heredan una responsabilidad histórica enorme. Su sola creación no garantiza un cambio real si no se transforman las prácticas, las condiciones materiales y la cultura institucional que históricamente sostuvo el daño. No solo deben responder al mandato legal que los origina, sino también a una exigencia ética ineludible: no reproducir las lógicas que llevaron al colapso del sistema anterior. Esto implica garantizar estándares reales de cuidado, supervisión efectiva, condiciones laborales dignas para quienes intervienen y, sobre todo, una comprensión profunda de que niños, niñas y adolescentes no son “casos”, “cupos”, “asignación mensual” ni “trayectorias administrativas”, sino sujetos de derechos cuya vida y dignidad no admiten margen de error.
Problemáticas Persistentes
Pese a que se ha creado una nueva institucionalidad que reemplazó las funciones del SENAME, es alarmante constatar que parte de las graves vulneraciones que dieron lugar a este cambio no han logrado corregirse. Aunque la creación del Servicio Mejor Niñez es una declaración del Estado de que se harán las cosas bien, "no asegura que cambie nada", según Branislav Marelic.
Desde luego, hay problemas que sí han logrado ser corregidos, pero no es posible pasar por alto que, pese a que Mejor Niñez ya lleva algunos años de funcionamiento, la Defensoría de la Niñez reporta que siguen registrándose sobrecupos en residencias, listas de espera para ingresos y para programas reparatorios, dificultades para recibir de vuelta a menores con perfiles complejos, a lo que se suman denuncias reiteradas de vulneraciones de derechos, incluyendo violencia al interior de residencias o situaciones de abuso sexual, entre otras anomalías.
El país registra preocupantes índices en materia de vulneración de derechos de niños y adolescentes. En 2024, por primera vez, los menores que ingresaron a algún programa de Mejor Niñez (156 mil) superaron al total de niños nacidos ese año. También es alarmante que, si en 2020 los menores atendidos representaban el 3,9% de la población menor de 18 años, actualmente supera el 5%. La violencia física y psicológica sigue siendo un problema muy extendido, tal como lo reveló la Segunda Encuesta Nacional de Polivictimización (2023) realizada entre estudiantes de 12 y 17 años, según la cual la violencia hacia niños y adolescentes por parte de sus cuidadores aumentó fuertemente en seis años, pasando de un 35% en 2017 a 39%.
Un estudio de 2017 identificó vulneraciones de todos los tipos y formas, principalmente centradas en una falta de atención generalizada, que incluía descuidos tan básicos como controles médicos o educación. La situación que enfrentaban los niños, niñas y adolescentes del servicio era complicada en diversos aspectos de su vida, llevando a que solo en salud mental, un 69,1% de quienes estaban bajo sistema de protección de derechos presentara al menos un trastorno de salud mental. Asimismo, se detectó que 1.187 niños en residencias no se encontraban inscritos en ningún establecimiento educacional. Además, existe un tema de género presente: hay más niñas en el sistema residencial que niños, y los casos de abuso sexual dentro de los centros a lo largo del país son una realidad llevada a cabo tanto por los NNA como por el personal.
En este contexto, la posibilidad de que una Comisión de Verdad no continúe con el cambio de gobierno en marzo es una señal profundamente preocupante. Cerrar una comisión de verdad sin haber garantizado plenamente verdad, justicia y reparación es volver a empujar el dolor bajo la alfombra. Por eso, el cierre del SENAME no es una victoria; es, a lo más, una reparación tardía, el reconocimiento explícito de que el modelo fracasó y de que separar la protección de la infancia de la lógica punitiva no era una opción política, sino una obligación ética.
La Internación Residencial como Problema Crítico
El estudio realizado por UNICEF y el Poder Judicial ha vuelto a develar los abusos en residencias de protección, recordando que actualmente cerca de quince mil niños son atendidos anualmente en estos centros. Paradójicamente, la solución legal frente al maltrato grave y la negligencia trae aparejada otras formas de vulneraciones: la ruptura parcial o total de los vínculos con la familia de origen y la violencia institucional representada por las prácticas de las residencias.
La separación de un niño con su familia de origen es una situación excepcional y transitoria dados los graves efectos psicológicos, estudiados hace más de 60 años, que tienen este tipo de acontecimientos. En Chile, la internación de niños ha sido un medio frecuente de protección a la infancia gravemente vulnerada y se ha mantenido vigente desde 1758, cuando se fundó la primera casa de expósitos de Santiago. Sin embargo, un estudio de 2010 -“Focalización del sujeto de atención y propuestas metodológicas para la intervención con niños, niñas y adolescentes en protección residencial”-, encargado por UNICEF y SENAME, señala que el tiempo promedio de permanencia en las residencias es de 2,7 años, lo que significa que la situación provisoria pasa a ser prolongada e incluso permanente.
Lo anterior se puede observar en la forma en que está diseñado el sistema de visitas al interior de las residencias. Habitualmente no existen condiciones mínimas para encuentros que permitan la promoción de relaciones familiares: horarios de visitas restringidos, espacios inapropiados para compartir con los niños o la distancia excesiva entre la residencia y la casa de la familia. Desde esta perspectiva, la separación que busca proteger es experimentada como un castigo antes que como una oportunidad para modificar un problema en las relaciones entre padres e hijos. La separación protege a los niños del maltrato de los padres, pero en sí misma no cambia a los padres.
En este contexto de gran adversidad, se presenta una tremenda dificultad para los niños, las familias y los equipos de las residencias: la imposibilidad de desarrollar lazos de confianza, apoyo o solidaridad en función de la restitución de los derechos vulnerados. Aquel desencuentro, prácticamente cotidiano, es el síntoma más evidente de un sistema de protección que en sus cimientos hace inviable la posibilidad de reconstruir los vínculos que se han fragmentado a través de la historia.
El problema de la separación y la internación residencial como mecanismo de protección de los derechos no elude, evidentemente, el problema del maltrato infantil o de la negligencia parental. Describir los efectos de la protección residencial nos muestra la complejidad y la desarticulación con la que opera un sistema que, en su afán por proteger, repite y actualiza la violencia sobre los niños, las familias y los profesionales. Esto explica la frecuencia con que en Chile se destapan situaciones de vulneración en residencias de protección, seguidas de la negación y el silenciamiento de las historias de los niños y niñas internados, terminando por crear y legitimar un sistema de protección de la infancia segregado donde la desconfianza circula entre los organismos colaboradores, el SENAME y el Poder Judicial.
Una Perspectiva Histórica sobre la Infancia Vulnerada
La crisis del Servicio Nacional de Menores (SENAME) ha sido abordada a través de diversas disciplinas. Psicólogos y trabajadores sociales se han referido a la calidad de los programas, psiquiatras han analizado la carencia de lugares capacitados para tratar a niños con trastornos de personalidad y economistas se han referido a la falta de recursos y poca eficiencia administrativa de los mismos.
La académica del Instituto de Historia UC, Ximena Illanes, y el psicólogo y doctorante Miguel Morales, publicaron una columna en El Mercurio sobre la necesidad de otorgar una perspectiva histórica a la crisis del organismo de menores. Ellos abordan el abandono de la infancia en diferentes épocas y contextos, tras los hechos que han marcado el debate sobre la crisis actual. Este hecho, aseguran, "volvió a instalar la pregunta por el estado actual de las políticas de protección hacia la infancia vulnerada en nuestro país, en particular, por las condiciones de vida a las que se ven enfrentados miles de niños y niñas que viven en instituciones públicas y privadas dedicadas a acogerlos y resguardar sus derechos fundamentales".
Los casos de menores fallecidos en este contexto, que llegaron a 1.313 entre 2005 y 2016, "parece tratarse de hechos sistemáticos y prolongados en el tiempo". A partir de esta afirmación, Illanes y Morales se refieren a cómo los políticos y especialistas han puesto el foco de atención en "las causas de las muerte, los problemas de atención médica, especialmente psiquiátrica, la mala infraestructura y las responsabilidades del Estado". Estos menores vulnerados e institucionalizados, aseveran, son "verdaderos espejos de una sociedad y su historia, no tan solo en Chile, sino que en todo el mundo".
Illanes y Morales enumeran una serie de hechos históricos donde se vislumbra la temática de la infancia vulnerable. Explican que "a fines de la Edad Media, diferentes instituciones de asistencia se especializaron en acoger a miles de criaturas abandonadas en los espacios urbanos; uno de los casos estudiados es la Barcelona del siglo XV". "Las pequeñas cartas, ropas y abrigos, medallas partidas por la mitad y señales de identificación, reflejaron un doloroso proceso de separación momentánea o definitiva", dan cuenta los historiadores, abordando también el caso de Chile.
Lo anterior, aseguran, dificultó la creación de lazos afectivos y la integración a la comunidad. "Los registros, a su vez, mencionaron historias de maltratos y abusos." A partir de investigaciones como las descritas, dicen los académicos, se puede reflexionar sobre la realidad actual del SENAME y el lugar que estas instituciones han tenido en las sociedades que las han construido. Illanes y Morales recalcan, además, que el uso del concepto de abandono en casos como los anteriores puede promover "la invisibilización de la precariedad y desigualdad social de los niños, niñas y sus familias, que son usuarios de este sistema".
Más allá de las investigaciones concretas, los académicos sugieren que al menos parte de las estrategias futuras deberían relacionarse con "la conservación los vínculos existentes, ya sea haciendo partícipes a sus familias cuando sea posible, o a través del diverso personal que convive diariamente con los niños y niñas". Finalmente, los investigadores remiten a los dos objetivos de los hospitales bajomedievales que acogieron a menores abandonados. El primero, aseguran, fue que sobrevivieran a los primeros años de vida, debido a la alta mortandad infantil.
Frente a todo lo anteriormente expuesto, Illanes y Morales se preguntan: ¿Cuáles son las estrategias del siglo XXI? ¿En qué ha cambiado la relación de la sociedad con la infancia del ayer y la de nuestro presente? Y responden que si bien "los diversos estudios históricos sobre la infancia permiten poner en perspectiva que las instituciones que forman parte del SENAME", estas deberían desempeñar un papel que fuese incluso más allá que la protección de los derechos del niño o la restitución de los mismos, ofreciendo una mirada sobre la infancia como parte integrante y partícipe de la construcción de una sociedad.
Reflexiones Finales sobre la Protección de la Infancia
Si se quiere llevar adelante un proyecto que considere realmente a los niños como sujetos plenos de derechos, no se debe infantilizar la infancia negando su dimensión política y proponiendo sencillamente que este es un problema de eficiencia o voluntarismo que se resuelve entregando mejores prestaciones y servicios a los usuarios. Abordar el maltrato infantil por parte de la familia o las vulneraciones y abusos en manos de instituciones que tienen por principal tarea la protección, no puede desligarse de una discusión que pueda pensar el lugar de los niños y niñas en nuestra sociedad, así como el contexto en el que se desarrolla y reproduce la violencia.
Lo más apropiado, para avanzar, es que se facilitara información de la oferta programática. Una de las críticas es el enfoque tan específico según cada problema, sugiriendo que quizás sería mejor tener una mirada más comunitaria respecto de los problemas de salud mental y sociales que tienen los niños.
Algo que se ha aprendido acompañando a niños y niñas internados en residencias de protección, en particular de un niño que recordaba con mucho cariño a su madre alcohólica mientras se balanceaba en un columpio de Quinta Normal, es que la reparación de los derechos vulnerados no se reduce a la conformación de un ambiente que supla o compense las carencias afectivas y materiales del niño. No se resuelve por la sustitución de un adulto deficiente por otro mejor; de una familia inmoral por otra con valores y ganas de entregar amor. La restitución de los derechos requiere de otros: de la familia si es posible, de las educadoras de trato directo, de los profesionales, directores y directorios de las fundaciones; requiere de la comunidad. De esa forma, la posibilidad de que un niño recupere la confianza en otro, en particular de un adulto, se sostiene en que pueda ser reconocido como un sujeto más allá de sus antecedentes, de su historial de vulneraciones y del estigma de su historia previa.