El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esa es la conclusión de un lapidario informe de la PDI que en 2017 investigó 240 hogares de menores. Este documento reveló una situación crítica en el Servicio Nacional de Menores (Sename) y los organismos colaboradores.
El Informe Lapidario de la PDI y sus Hallazgos
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Sename. Sin embargo, los abusos persistieron.
Alcance y Metodología de la Investigación de la PDI
El mismo documento de la PDI, al cual CIPER accedió, indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Este informe de 257 páginas es un resumen de una extensa investigación, contenida en 28 tomos, realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork. La investigación de Emilfork indaga las 1.313 muertes en centros del Sename reportadas entre 2005 y 2016, tras el deceso de Lissette.
El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó al equipo de la PDI concurrir a cada uno de los centros dependientes del Sename. Los detectives visitaron 240 residencias de las 241 existentes, ya sea con administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas; solo una se negó a recibirlos. El reporte de la PDI es mucho más completo que un informe previo de la ONU, que visitó solo cuatro residencias. El estudio policial consideró 240 centros, dando cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias.
Hallazgos Clave de Vulneraciones
La PDI constató 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños. Estos se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
Es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares. El informe policial es categórico al afirmar que “estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
En junio de 2018, la Fiscalía ordenó a la Fuerza de Tarea Sename (el equipo de la PDI) confeccionar un informe con el resumen de todos sus hallazgos. Se identificaron casos que debían ser atendidos con urgencia, como los 40 menores que presentaban “alta complejidad médica” y “posible riesgo vital”. Esta apremiante nómina fue informada en mayo de 2018 al Ministerio de Justicia, al Sename y al Ministerio de Salud, “para que se adoptaran todas las medidas posibles para salvaguardar la integridad de los residentes en riesgo vital”.
Además, el equipo de la PDI constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos, por lo que los datos levantados corresponden casi exclusivamente a 2017.
Fallas Institucionales y Falta de Protocolos
El informe de la PDI subraya una profunda crisis institucional, evidenciando graves deficiencias en los protocolos y la supervisión de los centros.
Protocolos Deficientes y sus Consecuencias
El Sename ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, nociones básicas para asegurar un piso mínimo de resguardo a la integridad de los niños. Sin embargo, el equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”. Los resultados son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- El 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto es particularmente grave, ya que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette.
Supervisión y Fiscalización Inadecuadas
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. Sin embargo, el informe de la policía determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses. La PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales, lo que pone en entredicho el rol del Poder Judicial, cuyos jueces de familia tienen la responsabilidad de visitar los centros dos veces al año.
La Crítica Situación de Salud de los Residentes
La situación de salud de los niños y adolescentes en los centros del Sename es alarmante, marcada por altas tasas de enfermedades y una gestión médica deficiente.
Desafíos en Salud Mental y Física
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: el 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, y el 13,9% sufre una enfermedad crónica. Un 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital, mientras que otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Inadecuada Gestión Médica y Farmacológica
El desglose de la afirmación sorprende: 42 centros no tienen un encargado de salud. Y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud.
Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos. En 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos.
Historial de Denuncias y la Respuesta Gubernamental
El informe de la PDI no es un hecho aislado, sino el último eslabón de una cadena de reportes que a lo largo de los últimos siete años han documentado las graves falencias del sistema.
Informes Previos y su Impacto
En esta cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas.
La muerte de Lissette Villa provocó que el país se fuera enterando por goteo de otras historias similares al interior del Sename. La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal. A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI, mandatado con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años.
Reacciones Oficiales y Contradicciones
El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe de la PDI el 2 de julio, dijo a CIPER que es muy difícil que entre las autoridades informadas por la PDI no se encuentre el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos. A juicio del parlamentario, quien permanentemente ha denunciado los abusos en el Sename, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo.
Tras la denuncia del diputado Saffirio, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio. Tuve conocimiento que se estaba realizando este estudio, pero este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte). Yo no sé si se concluyó, si lo tiene el juez o está en el proceso de investigación”.
Dimensiones Éticas de la Investigación Social
La Profesora Marcela Ferrer, académica del Departamento de Sociología, señaló la importancia de la responsabilidad de los investigadores con el desarrollo y resultados de sus investigaciones en el contexto del "caso SENAME".
El estudio "Levantamiento y unificación de información de niños en sistemas residenciales", desarrollado por el Poder Judicial con apoyo técnico de UNICEF, reveló la desprotección, violencia física y psicológica, y abuso sexual que viven niños y niñas en sistemas de protección en Chile. UNICEF afirmó que envió los resultados al Poder Judicial en diciembre de 2012, y los reenvió a este mismo organismo y al Sename en marzo de 2013; con posterioridad, el Representante de UNICEF en Chile envió los resultados directamente al Presidente de la Corte Suprema.
Frente al escándalo mediático, la Ministra de Justicia de ese momento anunció la intervención de todos los centros del Sename en el país, medida que fue calificada como tardía e insuficiente. Ferrer destaca que en países con institucionalidad de investigación consolidada, los investigadores reflexionan sobre las implicaciones éticas de su trabajo y lo someten a un Comité de Ética de la Investigación. En Chile, estos comités son relativamente recientes. Se cuestiona si la investigación del Poder Judicial/UNICEF fue sometida a evaluación ética, ya que el documento de UNICEF no lo menciona, abriendo el debate sobre si una evaluación ética previa habría cambiado el curso de los acontecimientos.