El Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile es una institución vital encargada de la protección de la infancia y la justicia juvenil. Dentro de su estructura, un componente fundamental son las Organizaciones Colaboradoras Acreditadas (OCA), entidades privadas sin fines de lucro que prestan servicios en la red de protección de niños, niñas y adolescentes. Estas organizaciones representan casi la totalidad de la oferta programática del sistema, complementando el trabajo de los centros de atención directa administrados por el propio SENAME.
Definición y Marco Legal de las OCA
Las OCA son instituciones privadas que colaboran con el SENAME en la atención, promoción y prevención de la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Su operación y la subvención que reciben están descritas en la Ley 20.032 del año 2005 y su respectivo reglamento. Esta legislación define una Unidad de Subvención del Sename (USS) y establece los montos para cada tipo de programa, considerando una banda de precios que va desde una atención básica hasta una atención óptima.
Inicialmente, al implementarse esta normativa, el reglamento fijó los valores más bajos de la banda para cada programa. A lo largo de los años, el reglamento ha sido modificado para transitar, en algunos programas, hacia valores más altos de la banda.
La Problemática de la Subvención y su Reajuste
La Ley 20.032, en 2005, fijó el valor de la USS en $10.000, estableciendo que su reajustabilidad se efectuaría de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual. En su momento, este monto fue considerado adecuado por la mayoría de los organismos colaboradores del Sename. Sin embargo, con el paso de los años, el monto de la subvención ha sido criticado porque no estaría cubriendo los costos de una atención adecuada para los niños y niñas.
El Impacto del Índice de Remuneraciones (IR)
La hipótesis principal que explica este deterioro apunta al método de reajustabilidad de la USS. El comportamiento del IPC no ha reflejado el incremento que ha experimentado el precio de los recursos humanos en el país, el cual se expresa en el Índice de Remuneraciones (IR). Considerando que las OCA destinan en promedio el 73% de sus recursos a financiar profesionales, técnicos y administrativos, al no estar asociada al IR, la subvención ha sufrido un deterioro real significativo.
Un análisis de las diferencias porcentuales en 2018 muestra que alcanzan a más de un tercio a favor de una USS reajustada de acuerdo con el IR. Esto significa que, desde 2006 y cada año de manera más significativa, las OCA han sido perjudicadas por el IPC, considerando su estructura de costos. Se estima que, en los 14 años que lleva el sistema, el Estado ha dejado de invertir más de $500 millones de dólares en la asistencia de menores vulnerables debido a este método de reajuste.
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Estructura y Funcionamiento del SENAME
El SENAME, para cumplir su misión institucional, trabaja directamente con diferentes instituciones y organizaciones, tanto públicas como privadas, manteniendo una relación de trabajo complementario. Se compone de una Dirección Nacional, en la ciudad de Santiago, y 15 Direcciones Regionales. Además, cuenta con centros de atención directa y con una red de colaboradores acreditados por el mismo SENAME. Los centros de administración directa del Servicio se extienden desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Magallanes y Antártica Chilena, todos ellos dependientes de las Direcciones Regionales a las que pertenecen.
Dentro de los centros, se incluyen los Centros de Internación Provisoria (CIP), que forman parte del área de Justicia Juvenil.
El Rol de las OCA en el Sistema y su Participación en la Política Pública
Las OCA, como actores interesados, participan permanentemente de los proyectos de ley relacionados con los derechos de la niñez, asistiendo e interviniendo en las diferentes comisiones del Congreso. Si bien estas organizaciones son sin fines de lucro, son receptoras de fondos del Estado, realizan prestaciones para un sistema público y algunas incluso mantienen residencias donde los niños y niñas son institucionalizados por orden judicial.
La relación de las OCA con el Estado no es de fiscalización o diálogo, sino que, por el contrario, el Estado fiscaliza su actuar. Cuando una OCA interviene en el proceso de formación de la ley o solicita audiencias ante autoridades del Estado para influir en sus decisiones relacionadas con SENAME, lo hace como parte del sistema, de manera similar a como un banco o una Isapre acudirían a la Superintendencia de su ramo. Esta distinción es crucial para comprender su rol en la política pública.
Crisis del Sistema de Protección a la Niñez
La red de protección del SENAME se ha encontrado en completo abandono, con los recursos destinados a la protección de la infancia siendo insuficientes. En algunos centros de protección, los niños y niñas han sido abandonados a la violencia y a todo tipo de abusos, incluyendo maltrato psicológico y castigos como el encierro o la privación de alimentos. La crisis ha revelado que muchos menores han terminado internados en residencias que, en lugar de protegerlos, los exponen a situaciones de vulneración grave. En los 14 años que lleva el sistema, el Estado ha dejado de invertir más de $500 millones de dólares en la asistencia de menores vulnerables.
Esta situación ha generado críticas significativas, incluyendo los bajos sueldos de los trabajadores y la flexibilización laboral, lo que ha afectado la calidad de la atención. La prestación de servicios en la red de protección de SENAME, siendo casi en su totalidad prestada por privados (OCA), implica que estas entidades son actores clave en cualquier reforma del sistema y en la gestión de los aportes financieros.