La situación del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile, caracterizada por una profunda crisis, es un tema que, al parecer, ha estado sucediendo durante mucho tiempo. El psicólogo y ex funcionario del Sename, Rodrigo Paz, ha comentado en diversas ocasiones sobre la crítica situación que viven los 15 mil niños bajo la tutela del organismo. Paz fue despedido por denunciar la falta de especialistas y recursos para los tratamientos de los menores.
Un Problema de Larga Data: El Testimonio de un Ex Funcionario
Cuando Rodrigo Paz volvió a Chile en el año 2006, al poco tiempo empezó a trabajar en el Servicio Nacional de Menores. No alcanzó a durar ni un año, porque al poco tiempo se dio cuenta de que no habían programas especializados en el abordaje de niños con patologías psiquiátricas, lo que muchas veces los lleva a estar en conflicto con la justicia. Esto también aplica a niños que vienen de familias donde hay mucha patología, en los que tienen problemas de salud mental y donde no hay acceso a medicamentos o a psicoterapia especializada.
Al final, el Servicio Nacional de Menores funciona como una especie de tiradero de todos los niños pobres de Chile que por su situación de marginalidad social no tienen dónde estar. En esta dinámica, el Sename se limita a actuar como una especie de orfanato público, sin ningún interés, ninguna preocupación, ni cuidado por rehabilitar a la familia o por hacer intervenciones que tengan algún destino.
Disparidad en la Atención de Salud Mental Infantil
La falta de programas, de medicamentos y de una verdadera atención a los niños del Sename que tienen problemas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, desemboca en situaciones dramáticas. Como ejemplo, se contrasta que cuando un niño tiene descontrol de impulsos y vive en Lo Barnechea, en La Dehesa, en Vitacura o Las Condes, va a un médico psiquiatra, recibe ayuda psicológica el niño y los padres, y se mejora. En el barrio alto, cuando esto no ocurre, esos niños terminan teniendo problemas en el colegio o a veces teniendo problemas de drogas.
Responsabilidades Estatales y Políticas
Rodrigo Paz pudo detectar una serie de irregularidades al interior del Sename en 2006 y realizó una denuncia al respecto. Según él, hay varias instituciones interesadas en que esto no se sepa. En primer lugar, el Ministerio de Salud, que no tiene ningún interés en hacerse cargo de los problemas de salud mental que afectan a la mayoría de los niños que están en el Sename y a sus familias. El Ministerio de Salud no quiere hacerse cargo porque su función durante los últimos 25 años ha sido estar pensando cómo economizar recursos, no en la salud de la población, y menos de estos niños pobres que además están invisibilizados y por los cuales nadie reclama mucho.
Para la ciudadanía, a veces existe la creencia de que estos niños "son basura", que "no tienen vuelta", o que sus problemas conductuales son resultado de la mala educación, o incluso de un racismo encubierto. Habría una responsabilidad estatal, entonces, más allá de la gestión de uno u otro gobierno. Paz afirma que si es por buscar gobiernos responsables, los gobiernos de la llamada Concertación de Partidos por la Democracia, ahora Nueva Mayoría, saben de esto hace mucho tiempo y no han querido hacer nada, porque su política ha sido el neoliberalismo, es decir, que el Estado se reduzca cada vez a su más mínima expresión. De hecho, los grandes impulsores de la privatización del Sename fueron los gobiernos de la Concertación.
Comisiones Investigadoras y el Silenciamiento de Denuncias
En este minuto, existen dos Comisiones Investigadoras aprobadas por la Cámara de Diputados. Una de ellas, llamada la comisión "trucha", se creó entre gallos y medianoche y tiene apenas 40 días para investigar. Afortunadamente, se aprobó una segunda comisión que tendrá 180 días para investigar. Su objetivo principal no es simplemente proponer medidas para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. El objetivo de esa Comisión es bien claro: establecer por qué y cómo en noviembre del año pasado un juez de la República, un magistrado de la Corte Suprema, el señor Héctor Carreño, tuvo en su poder denuncias que dejaban clarísimo que había niños en el Servicio Nacional de Menores que estaban siendo víctimas de abuso sexual, que había una red de explotación sexual funcionando en Arica, que había niños que estaban siendo medicados sin supervisión médica y terminaban intoxicados en Aysén, y que había niños internados sin que hubiera ningún plan de tratamiento o reinserción.
Este señor Carreño, cuando recibe toda esta información, le dice a la gente de Unicef y el Sename que esa información debe ser silenciada, que hay que guardarla y no hacer nada. Y solo después de que Ciper Chile logra acceder a esos informes y pone esa información ante la opinión pública, recién hace un mes se nombra un Fiscal para que investigue esas irregularidades. La diferencia de los objetivos de las Comisiones es sustancial.
Redes de Influencia y Lucro en Torno al Sename
Paz aclara que no es todo el PPD el que estuvo involucrado, sino solo quienes se abstuvieron de votar la Comisión, como María Antonieta Saa. Los diputados del PPD que votaron, junto con la mayoría de diputados de la Concertación, aprobaron se constituyera una Comisión con un mandato claro: establecer las irregularidades que determinan que niños chilenos, habiendo denuncias claras de hechos criminales, no recibieron justicia a tiempo y solo recién hace unas semanas atrás hay un fiscal investigando. Este es el hecho importante y en ese sentido Paz saluda a los diputados del PPD que no se coludieron con María Antonieta Saa para boicotear esta Comisión.
Las razones de los que sí lo hicieron las tendrán que dar ellos. Paz tiene sospechas, ya que mucha gente de la Concertación le presta servicios al Sename. De hecho, María Angélica Marín, la encargada de protección del Sename que ha estado en ese cargo por años, está vinculada a la Democracia Cristiana. En Unicef Chile, que también tiene responsabilidad porque no hizo presentes ninguna de estas denuncias, hay gente de la Democracia Cristiana y el PPD. En la Corporación Opción, en ACHNU, en todas esas instituciones hay mucha gente del PPD, del PS, y alguna gente vinculada a la DC que han sabido de todas estas irregularidades y han lucrado con programas que no sirven para nada, con dinero que reciben del Sename para hacer intervenciones que no tienen ningún destino. Absolutamente, hay gente que ha vivido de este "sistemita" durante años. Unicef Chile recibe financiamiento de Naciones Unidas y, según Paz, no pueden decir que no sabían de todas estas irregularidades. Existe una legislación chilena muy clara: cuando un funcionario público, un adulto, cualquier persona sabe que se está cometiendo un delito contra un niño, abuso sexual nada más ni nada menos, esa persona está obligada por ley a hacer la denuncia.
Racismo y Clasismo en el Sistema Judicial
No, porque Chile es un país racista. Los jueces de familia, la mayoría de ellos, ven a estos niños como mestizos, morenos, flaites; no como sujetos de derecho. Porque si un niño de Lo Barnechea, Vitacura, La Dehesa fuera víctima de una situación como esta, ahí sí que la justicia operaría. Claramente aquí hay un problema de racismo, de clasismo, y esa es la única explicación que Paz tiene para que los jueces de familia manden a los niños a estos hogares indecentes sabiendo lo que significa. Nunca más vuelven a preguntar qué pasó con ellos, porque para la mayoría de los jueces estos niños son la basura de la sociedad y, si no lo piensan, al menos los tratan como si lo fueran.
La Cruda Realidad: Cifras, Casos y Maltratos Sistemáticos
El Caso de Guillermina: Un Símbolo de la Desprotección
El caso de Guillermina, una adolescente de 16 años, ilustra la problemática. Eran las 04.19 de la mañana y la traía un policía. Así llegó Guillermina al Centro de Protección Alborada, del Servicio Nacional de Menores, organismo del Estado de Chile del que dependen los niños y adolescentes vulnerables y en riesgo social. Según consta en la querella por cuasidelito de homicidio presentada por su familia, originaria de una zona rural con alta concentración indígena del sur de país, Guillermina se resistió al reingreso violentamente, forcejeando y arrojándole objetos al personal. Cuando lograron calmarla, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después a Guillermina la encontraron colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse qué tipo de sustancia la tenía en ese estado y estabilizarla. Tampoco para hacerle un chequeo completo luego de que llegara "a medio vestir". La única lesión constatada en un papel suelto de la policía, según el abogado querellante Oliver Pérez, fue una herida en su rodilla. La querella no prosperó y la muerte de Guillermina, en agosto de 2012, quedó registrada como un número más de la larga lista de lo que el organismo encargado de proteger los derechos de los menores vulnerables en Chile llama "egresos" de su sistema. Así, el término de la vida de uno de estos niños es equiparable a su escape de uno de los centros donde vive o a la reinserción con su familia.
El Caos Estadístico y la Falta de Transparencia
Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe. Según un informe del Ministerio de Justicia, requerido por el diputado René Saffirio, miembro de la comisión investigadora del Sename en el Congreso, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe. El gobierno chileno salió a aclarar, entonces, que la cifra solo incluye a los menores del área "protección". Como la mayoría de los brazos estatales a cargo de niños vulnerables, el sistema chileno se divide en dos grandes áreas: "protección", que vela por los derechos de menores vulnerados cuyas familias no están capacitadas para hacerse cargo, según lo determina un juez de familia; y una segunda parte que se encarga de recibir a niños infractores de la ley. BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 y el resultado arroja 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395.
Pero el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. "Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio", explica María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia. "El Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales", le dice a BBC Mundo el diputado Saffirio, quien además requirió formalmente información sobre las causas de las muertes de los menores a los distintos organismos. El abogado experto en infancia y exdirector del Sename, Francisco Estrada, explica: "No tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".
Un Sistema "En Estado Terminal"
Saffirio fue presidente de la primera comisión investigadora del Congreso chileno que fiscalizó las irregularidades del Sename y el año pasado presentó un informe con 200 medidas urgentes, asegurando que "ninguna se han cumplido". Más allá de los números exactos, lo que ha quedado en evidencia tras una serie de investigaciones es un sistema en el que los niños vulnerables son cuidados por personal sin ninguna capacitación -ni siquiera en primeros auxilios- y que ha recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia en el cuidado de los menores. María Estela Ortiz dice: "Este no es un tema solo del servicio, sino del conjunto de la sociedad, porque durante 25 años el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto no se ha hecho cargo de los niños. Y en el caso especial de estos niños, menos todavía porque son los más pobres de los pobres. No marchan, no votan, no exigen". Por primera vez este año y a partir de una seguidilla de muertes bastante cuestionadas, esos niños comenzaron a tener rostro.
El Factor "Lissette": El Detonante de la Crisis
Actualmente existen más de 8.000 niños que han sido separados de sus familias y están internados en centros del Sename. Estos son los casos más "críticos", asegura Ortiz, sin considerar los otros programas que dependen del Servicio. Según información del Servicio Médico Legal requerida por el diputado Saffirio, las causas de muerte determinadas por algunas autopsias son variadas pero sorprenden por su grado de violencia. Lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos (gástricos o respiratorios), un menor muerto por un golpe en la cabeza por caer de altura, homicidios y suicidios por ahorcamiento son algunos de los resultados. En la lista hay una causa "indeterminada" de muerte que fue precisamente la que detonó la crisis por los fallecimientos: la de Lissette.
De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. Desde los 5 años la Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de la menor. La evaluación del Sename incluye maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono. Aun así, la menor no dejaba de escribirle cartas a su madre pidiéndole volver a casa. "Ya luego quiero salir de este Sename, porfa, porque tengo mucha pena. Aquí me falta un pedacito de mi corazón y eres tú, mamá", le escribió en una. En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia, sus "pataletas" y una fuerza que ni cinco "tías" (cuidadoras) podían contener. El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, estas pensaron que la crisis que vivía Lissette era otra de sus "pataletas". Pero no.
Según el testimonio de una de las cuidadoras que estaba con ella ese día al programa de televisión "Contacto", del Canal 13, en medio de una crisis la niña se pegó un cabezazo y comenzó a sangrar. Cuando trató de levantarla del suelo, se dio cuenta de que se había desvanecido. "Ya es parte de la pega (trabajo) que lo que no es normal pasa a ser normal. Por eso es que no se le tomó el peso en realidad a lo que podía pasar", le dijo la cuidadora a "Contacto". Ni ella ni su compañera que estaban a cargo de las 20 niñas de esa casa tenían conocimientos en primeros auxilios, tampoco estudios superiores o técnicos. Para cuando se dieron cuenta de que estaban frente a una crisis grave, intentaron reanimarla, fueron a buscar a los bomberos que estaban a una cuadra, llamaron a las enfermeras y al servicio de emergencia. Pero Lissette ya estaba muerta. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales. "La institución no tiene protocolos ni normas de primer nivel. Ese es uno de los grandes problemas; no hay sistema de acreditación, no hay normativas con altos estándares para todos igual", dice Ortiz. Fue la entonces directora del Sename, Mariela Labraña, la que le dio a la prensa la noticia del fallecimiento de Lissette, atribuyéndoselo a una "crisis emocional" causada porque un "familiar muy cercano" no la fue a ver el domingo. La explicación fue considerada tan poco satisfactoria como ética y terminó costándole el puesto.
Sobremedicación y la Crisis de la Salud Mental Infantojuvenil
"Mi impresión clínica es que Lissette estaba sobremedicada", le dice a BBC Mundo el psiquiatra Rodrigo Paz. El médico, que es parte de la querella por la muerte de Lissette, asegura que le estaban suministrando un fármaco (benzodiazepina) que en dosis bajas sirve como estabilizador del ánimo, pero que en la cantidad que se le daba a Lissette actúa como antipsicótico. Además, la menor estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que, a excepción de la fluoxetina, no está demostrado que hagan efecto en niños. Por el contrario, otro de los fármacos que tomaba Lissette, la sertralina, puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables", explica el psiquiatra. Francisco Estrada asegura que la "poca prolijidad" con la que se manipulan este tipo de medicamentos en los centros es "generalizada". "El stock está en cualquier parte, cualquiera lo manipula. Y hay problemas graves con la dosificación. Los adolescentes ya saben simular, dejar la pastilla debajo de la lengua y si no hay personal especializado que se los suministre, no sabemos si se están tomando efectivamente las dosis". El problema es grave, considerando que la mayoría de los menores requieren medicación, según dijo el senador Alejandro Navarro cuando estalló la crisis. "El 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado. Hay que llevarlos a un centro asistencial infantoadolescente de manera urgente. Ya no basta con los oficios", afirmó.
Ausencia Crítica de Psiquiatras Infantojuveniles
Sin embargo, la situación se extiende más allá de las puertas del Sename. "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", asegura Estrada. Guillermina, por ejemplo, tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente. "El bebé fue a un proceso de adopción porque no estaba capacitada para ser madre", cuenta el abogado querellante, quien calcula que la menor tenía 14 años. Guillermina estuvo mucho tiempo en situación de calle. Sin embargo, según el abogado, nunca fue diagnosticada con ninguna patología psiquiátrica grave. Ortiz explica que "hay pocos psiquiatras infantojuveniles y, de esos pocos, la gran mayoría prefiere trabajar en el sector privado; entonces tenemos regiones donde simplemente no hay".
Abusos Sistemáticos Revelados
Un informe de la PDI de 2017, que investigó 240 hogares de menores, reveló que en el 100% de los centros administrados por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. A pesar de que el informe fue entregado a la Fiscalía y al gobierno en diciembre de 2018, no se hizo público. Este documento, de 257 páginas, es el resultado de una investigación de 28 tomos realizada por la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga 1.313 muertes en centros del Sename entre 2005 y 2016. El informe concluye que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename. Se detallan 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares, 123 abusos sexuales cometidos por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores. El problema, dice Paz, es que hay una lógica clasista y racista en el Sename, donde existen abusos, castigos con medicamentos y maltratos a los menores dentro de la institución.
Hacia una Solución Integral: Pilares y Propuestas
Precisamente un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado es uno de los tres pilares de una solución definitiva para el problema, según el análisis de Francisco Estrada. Él propone la necesidad de: "Necesitamos unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que también trabaje con las familias y no que las aísle".
El segundo pilar tiene que ver con que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen. "Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo. Entregarles herramientas, acompañarlos". Sin embargo, Estrada plantea que quienes toman las decisiones "muchas veces tienen muy baja formación, en un caso complejo no saben qué hacer y la decisión más fácil es internar al niño". Estela Ortiz coincide en este punto. "¿Por qué no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal? ¿No hay una estigmatización de la pobreza también?".
Por último, Estrada plantea que es necesario que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada "que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo". Acá existe una diferencia sustancial entre los menores "infractores de ley", que cuentan con "muy buenos defensores", y aquellos que llegan a los tribunales de familia vulnerados, para ser protegidos por el sistema. "Los ve un abogado muy joven, para el que muchas veces el niño es más un trámite burocrático que un sujeto de derecho".
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que Ortiz espera "dejar instalado" en este gobierno, es decir, antes de 2019. El Estado decidió reemplazar el Servicio Nacional de Menores con la creación de dos entidades: el servicio de protección de los derechos de la niñez y el servicio de responsabilidad adolescente para los infractores de la ley. Sin embargo, la urgencia es palpable: "Los niños no pueden esperar".
Perspectiva Política y Social
"Ninguno de los candidatos quiere hacer frente a la situación del Sename porque se tendrían que hacer cargo de las causas de muerte de todos estos niños, que son por negligencias médicas y falta de capital que exceden los recursos del sistema de salud pública. Y aún teniendo esos números e historias ensordecedoras, la cámara baja rechazó el informe que acusaba de negligencia a la ministra de justicia Javiera Blanco, que se encontraba a cargo del servicio al momento de develarse los sucesos. La diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, lloró en el parlamento pidiendo unidad a favor de la protección de estos niños. En mayo de este año, Felipe Kast lanzó el eslogan “Los niños primero” donde garantizaba educación universal inicial y fortalecer la protección social de los niños. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Interamericano del Desarrollo sostienen que las soluciones para cubrir las necesidades sociales y de salud de los menores en Sudamérica, tienen que ir de la mano con las políticas globales de privatización. "Desgraciadamente en el periodismo, los grandes conglomerados de noticias no quieren poner en boga el fracaso que ha sido esta institución porque significa reconocer que no respondemos a los estándares de desarrollo a los que queremos pertenecer. Paz tampoco cree que los ciudadanos seamos indolentes frente a esta situación afirmando que “Si miras las encuestas de aprobación del último año, verás que ambos ministros de justicia han sido los peor evaluados y coincide con lo ocurrido en el Sename”.
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