La creciente necesidad de brindar soporte y reconocimiento a los cuidadores de personas con discapacidad ha impulsado diversas iniciativas legislativas en la región. Estos proyectos buscan no solo formalizar el derecho al cuidado, sino también establecer marcos de apoyo integral y económico para quienes asumen esta fundamental labor, abordando desafíos demográficos y promoviendo la autonomía.
Esfuerzos Legislativos en Chile: La Ley Chile Cuida
Aprobación y Reconocimiento del Derecho al Cuidado
Tras su paso por la Comisión de Familia del Senado, el proyecto de ley chileno fue sometido a discusión en particular en la Sala del Senado durante los días 26 de noviembre y 2 de diciembre. Este proyecto reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC), un modelo intersectorial cuyo fin es promover la autonomía, la vida independiente y prevenir la dependencia, según lo estipulado en su Artículo 6. Adicionalmente, el proyecto establece definiciones claras, valora el trabajo de cuidado no remunerado y fija un amplio marco de principios orientadores.
El Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC)
El Título II de esta normativa configura una institucionalidad extensa, con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia como órgano rector. Esta estructura articula ministerios, gobiernos regionales, municipios y prestadores públicos y privados, incorporando comités, consejos, redes territoriales, un registro y un sistema de información. Además, establece obligaciones específicas para cada nivel de la administración, estándares de calidad y rutas de cuidado.
La Ley N° 21.805 consagra el derecho al cuidado como un derecho social y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, iniciando un plazo de seis meses para la dictación de los reglamentos que permitirán su implementación. La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que “hoy, con la entrada en vigencia de la Ley Chile Cuida, el cuidado queda consagrado como un derecho social en Chile. Esta ley le da estabilidad y permanencia a una política que llegó para transformar la manera en que el Estado acompaña a las familias”. La Ley Chile Cuida consagra por primera vez en el país el derecho al cuidado como un derecho social, incorporándolo de manera estructural al sistema de protección social.
Desafíos y Críticas a la Propuesta
Chile enfrenta un escenario demográfico desafiante, marcado por el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y una sostenida disminución de la natalidad. Este panorama incrementa la demanda por servicios de cuidado para personas mayores, con discapacidad y dependientes de todas las edades. Este contexto exige una respuesta institucional seria y sostenible, que el proyecto actualmente en discusión busca abordar.
No obstante, la propuesta ha recibido críticas por presentar debilidades técnicas e institucionales que podrían traducirse en una estructura ineficaz y de difícil implementación. Se argumenta que una buena política pública en esta materia debe articular de manera equilibrada a las familias, los grupos intermedios y el Estado, como plantea el “care diamond” de Razavi. Sin embargo, el proyecto concentra de forma excesiva la responsabilidad en el sector público, sin abordar con claridad los desafíos derivados de una población más longeva y con menor autonomía.
Además, incorpora normas sin mandato claro, principios potencialmente discriminatorios sin justificación, y una arquitectura burocrática que no garantiza resolutividad. Su enfoque universalista, según algunos, desconoce las restricciones de los recursos públicos y carece de criterios suficientes de focalización.
Medidas de Flexibilización Académica para Estudiantes Cuidadores
Esta ley permitirá a estudiantes postergar, justificar inasistencias o eximirse de actividades académicas y evaluaciones, para lo cual las casas de estudio deberán disponer mecanismos de recuperación. Además, deberán implementarse medidas de flexibilización académica, como la prioridad en inscripción e interrupción anticipada de asignaturas, menor porcentaje de asistencia y el derecho a alimentar a niña o niño por dos horas, entre otras.
Voces en el Debate Legislativo
El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, señaló que “las y los estudiantes que tienen a su cargo labores de cuidado también tienen derecho a la educación y este proyecto permite asegurarlo con medidas concretas. Necesitamos avanzar en corresponsabilidad social en los cuidados en todos los espacios y la educación superior no es la excepción”. Destacó además que las personas cuidadoras son principalmente mujeres y, aun cuando su participación en la educación superior ha aumentado significativamente durante las últimas décadas, esto no necesariamente ha ido de la mano con medidas que promuevan la igualdad de género en todas sus dimensiones.
Por su parte, la diputada Emilia Schneider, autora del proyecto, destacó en la sesión que “este es un paso muy importante para modernizar la educación superior, para hacernos cargo de las distintas realidades que ahí habitan y para prevenir que nunca más un estudiante por tener un hijo, por tener una labor de cuidados, tenga que dejar sus estudios porque esto también se trata de la autonomía económica de las mujeres”. La diputada Camila Rojas, también autora del proyecto, destacó que “tuvo aprobación transversal y si bien respeta la autonomía de las instituciones de educación superior para establecer sus propias normativas, también las mandata a respetar ciertos mínimos, como el derecho a alimentar a niños y niñas por dos horas, otorgar un porcentaje menor de asistencia y mantener calendarizaciones especiales con los y las estudiantes cuidadores”.
Iniciativas de Apoyo Económico para Cuidadores en Colombia
Debate en el Senado y Propuesta de Apoyo
En el Senado de la República, se debate un proyecto de ley que busca garantizar un apoyo económico a cuidadores de personas con discapacidad severa, reconociendo su labor y reduciendo su vulnerabilidad al no poder acceder a empleos remunerados. En la Comisión Séptima del Senado avanza un proyecto legislativo que pretende otorgar un apoyo económico a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad severa y que dependen completamente de un tercero para su bienestar diario.
Perfil de los Cuidadores y Criterios de Elegibilidad
Según cifras presentadas en el debate, aproximadamente el 75,1% de los cuidadores en el país son mujeres, y el 83,7% de ellas pertenecen al mismo núcleo familiar de la persona con discapacidad. El proyecto de ley establece que los hogares con un Ingreso Base de Cotización (IBC) inferior a ocho salarios mínimos podrán acceder al beneficio.