La adecuada gestión de los medicamentos prescritos a jóvenes bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile es un aspecto crítico para garantizar su bienestar y derechos. A pesar de la existencia de normativas y la necesidad de atención especializada, la realidad en muchos centros revela deficiencias significativas en los protocolos de manejo de medicación, particularmente en lo que respecta a los psicofármacos.
Marco Normativo y el Derecho a Cuidados Especiales
La protección de la infancia y la adolescencia, incluyendo el derecho a una atención médica adecuada, está consagrada en diversos instrumentos internacionales. El Artículo 25.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 establece que “la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”. Dentro de este marco, se entiende por menor toda persona de menos de 18 años de edad.
La ley chilena, a través de la legislación de responsabilidad penal adolescente, reconoce la necesidad de un modelo de atención socioeducativo que incorpore la reparación, habilitación e integración social, tal como lo dispone el artículo 20 de dicha ley. Sin embargo, la implementación de estos principios se ve obstaculizada por la falta de recursos y protocolos claros, especialmente en el ámbito de la salud mental.
La Preocupante Realidad de la Medicación en el Sename
Investigaciones y testimonios de profesionales han revelado que la mayoría de los menores que habitan los centros del Sename son medicados a diario con psicofármacos. Esta práctica no solo busca la atención farmacológica especializada que muchos muchachos requieren, sino que también, en muchos casos, está orientada al control sobre los jóvenes, buscando reducir conductas disruptivas que puedan complicar el manejo dentro de las unidades.
Esta situación se ve agravada por la falta de educadores, donde la proporción ideal de un educador por cada ocho jóvenes se distorsiona a una realidad de 15 a 20 jóvenes por educador, haciendo imposible un trabajo en profundidad con los menores.
Consumo Masivo de Psicofármacos
Los centros bajo administración directa del Sename en la Región Metropolitana consumen más de 10 mil dosis de medicamentos de uso psiquiátrico mensualmente. En noviembre pasado, el Sename adjudicó una licitación por $43 millones a la Sociedad Farmacéutica Lobos y Compañía para abastecerse de estos fármacos. El contrato fue prorrogado por cuatro meses más en marzo del presente año.
Entre los 17 tipos de antidepresivos, antipsicóticos neurolépticos y tranquilizantes ansiolíticos que figuran en la nómina, cuatro medicamentos presentan un consumo promedio superior a 1.000 dosis mensuales. La risperidona, un antipsicótico utilizado para tratar síntomas de esquizofrenia, bipolaridad y problemas de conducta como agresividad, autolesiones y cambios súbitos de ánimo, encabeza este listado con 2.560 dosis mensuales en sus distintas concentraciones.
Modalidades de Suministro
En los Centros de Internación Provisoria (CIP) y Centros de Régimen Cerrado (CRC), los psicofármacos se suministran en dos modalidades:
- Medicación diaria: Principalmente sedantes como aradix y clonazepam, para estabilizar el ánimo, reducir la hiperactividad, los impulsos agresivos y el insomnio.
- Cóctel de fármacos de emergencia “SOS”: Una mezcla, a menudo administrada por inyección intramuscular, compuesta principalmente por benzodiacepina (de la familia de los sedantes) y un antipsicótico como la clorpromacina, con efecto casi inmediato para controlar a un niño o adolescente descompensado.
El Caso Lissette: Un Reflejo de las Fallas del Sistema
La trágica muerte de Lissette, una niña de 11 años en el Centro Galvarino del Sename en abril de 2016, visibilizó las graves deficiencias en el manejo de medicamentos y la atención en salud mental. Lissette, cuya historia estuvo marcada por un ambiente familiar adverso y múltiples traslados entre hogares, nunca dejó de recibir tres dosis diarias de medicamentos desde que fue estabilizada con psicofármacos en un hospital en 2014, hasta que un paro cardiorrespiratorio le quitó la vida.
La fiscalía, en su investigación por cuasidelito de homicidio, buscó determinar si la niña estaba sobre medicada, una preocupación que el Sename declinó comentar respecto a los protocolos de suministro de psicofármacos en sus hogares.
Falta de Atención Psiquiátrica Especializada
Profesionales y funcionarios de centros Sename corroboran que la atención psiquiátrica es escasa. Por ejemplo, en el CIP/CRC de San Joaquín, las duplas psicosociales no tenían reuniones con el psiquiatra a cargo desde enero. Siquiatras consultados enfatizan la importancia de una evaluación diagnóstica previa completa del menor, tanto psiquiátrica como física, antes de medicar. La doctora Cecilia Ruiz, siquiatra infanto-juvenil de la Universidad Católica, advirtió sobre la interacción entre medicamentos y sus posibles efectos cardiovasculares.
En el CREAD Galvarino, donde falleció Lissette, 45 de los 102 menores recibían algún tipo de medicación diaria, principalmente psicofármacos. A pesar de esta demanda, no había un psiquiatra permanente. Recién poco antes de la muerte de Lissette, el Sename lanzó un concurso público para contratar un psiquiatra para el centro por 10 horas semanales, un esfuerzo tardío ante una necesidad crónica.
El CREAD Pudahuel, que atiende a menores de 12 a 17 años, también cuenta con un psiquiatra solo algunas horas a la semana, y sus funcionarios se sienten “sobrepasados” ante el incumplimiento del estándar de educadores por niño.
Incumplimiento de Protocolos y Consecuencias
El protocolo del Sename indica que solo los enfermeros o paramédicos están autorizados para suministrar medicación a los menores. Sin embargo, la realidad difiere drásticamente:
- En centros grandes donde el personal no da abasto, son los educadores quienes administran los fármacos.
- Estos educadores, al carecer de la experticia necesaria, no siempre aseguran que el joven ingiera el medicamento, lo que puede llevar a que los oculten y posteriormente los consuman con otros jóvenes.
Asimismo, los estándares de atención psicológica tampoco se cumplen. En el CIP San Joaquín, los ocho psicólogos atienden entre 30 a 35 adolescentes cada uno, superando ampliamente el máximo protocolar de 15 jóvenes por psicólogo. Esto genera largas listas de espera para tratamientos especializados, como los de adicciones a drogas y alcohol, que a menudo son externos y pueden demorar hasta dos meses.
Formación y Capacitación del Personal
Una de las falencias identificadas es la capacitación del personal. A pesar de que la mayoría de las capacitaciones fueron realizadas por instituciones académicas, la Comisión de Expertos no pudo determinar la efectividad de estos procesos formativos. Se evidenció una total ausencia de formación en el área de adolescencia en las capacitaciones jurídico-normativas, crucial para entender las necesidades de los jóvenes bajo tutela. Si bien el Sename había capacitado al 74,18% de su personal de trato directo y al 19,4% de técnicos y profesionales, la calidad y pertinencia de esta formación en el ámbito de la salud mental y manejo de medicamentos sigue siendo una preocupación.
Hacinamiento y la Cronicidad del Problema
El hacinamiento también contribuye a la precaria atención. El CREAD Galvarino, diseñado para 70 niños, acogía a 102, lo que implica que las camas no alcanzan y se deben improvisar espacios para dormir. Esta situación, sumada a que los hogares temporales se convierten en residencias permanentes debido a la falta de centros adecuados y recursos para la reubicación familiar, agrava las condiciones de vida y de atención, incluyendo la médica y psiquiátrica.
La situación en otros centros no es distinta; de los 240 adolescentes internos en el CIP San Joaquín, 139 reciben medicación diaria, y en el CRC de Til Til, 65 de los 80 internos son medicados diariamente. Estas cifras subrayan la magnitud de la problemática en el sistema Sename.
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