El Servicio Nacional de Menores (Sename) fue un organismo gubernamental chileno centralizado que colaboraba con el sistema judicial y dependía del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Su gestión se llevaba a cabo siguiendo las instrucciones de diversos tribunales distribuidos por todo el país, y todos los servicios y asistencias prestados por la institución estaban intrínsecamente ligados a la justicia.
Evolución y Cierre del Sename
Desde el año 2021, el Sename se enfocó exclusivamente en el área de justicia y reinserción juvenil. El Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia se constituyó como el continuador legal en materia de protección de derechos. Actualmente, el Sename se encuentra en un proceso de cierre y traspaso gradual a dos nuevos servicios especializados:
- El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, encargado de la justicia juvenil.
- El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, responsable de la protección de derechos.
Este traspaso se ha desarrollado de manera paulatina desde 2024, con el traslado de la zona norte en enero de 2024, la zona sur en enero de 2025, y la zona central (regiones de O'Higgins, Valparaíso y Metropolitana) el 12 de enero de 2026. Finalmente, el 12 de enero de 2026, las funciones del Servicio Nacional de Menores fueron completamente traspasadas a estas dos nuevas entidades especializadas. El 5 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.302 que crea el “Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica”, que viene a reemplazar el actual Sename.
La Crisis del Sename: Casos Emblemáticos y Denuncias
La historia del Sename estuvo marcada por graves denuncias sobre vulneraciones de derechos y fallecimientos de niños, niñas y adolescentes bajo su tutela. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Lissette Villa, una niña de 11 años que falleció en abril de 2016 en el centro de protección Galvarino, en Estación Central, a raíz de un paro cardiorrespiratorio.
La entonces directora nacional del Sename, Marcela Labraña, atribuyó la muerte a traumas derivados de abuso sexual y a la decepción por la falta de visitas familiares. Sin embargo, la justicia chilena inició una investigación para esclarecer las causas y determinar la presunta responsabilidad del Sename. Este trágico suceso abrió un cuestionamiento más profundo sobre el desempeño del Sename en la custodia estatal de menores de edad y la protección de sus derechos. La muerte de la pequeña Lissette Villa conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Servicio Nacional de Menores (Sename). Pero eso no pasó. Las declaraciones de Marcela Labraña le costaron el puesto. El caso de Lissette provocó que el país se fuera enterando por goteo de otras historias similares al interior del Sename.
Otro caso es el de Guillermina, de 16 años, quien llegó al Centro de Protección Alborada del Servicio Nacional de Menores la madrugada del 23 de agosto de 2012, traída por la policía. Guillermina tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente, y fue encontrada colgada con sus propios cordones menos de media hora después de su reingreso, registrando su muerte como un "egreso" del sistema.
Informes y Evidencias de Vulneraciones Sistemáticas
Un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017, que investigó 240 hogares de menores, reveló que el Estado de Chile violaba sistemáticamente los derechos de los niños que estaban bajo su tutela. En el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, de los cuales 310 tenían connotación sexual.
Este informe, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, no se hizo público en su momento. El documento detallaba que las acciones de vulneración de derechos se habían instalado como parte de la dinámica de funcionamiento de los centros. El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Detalles del Informe de la PDI
El informe de la PDI, que abarcó 240 de las 241 residencias del país, dio cuenta de cerca de 6.500 niños bajo el sistema de residencias del Sename. Los hallazgos fueron contundentes:
- Maltratos: 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 maltratos entre pares, 53 maltratos por parte de familiares.
- Abusos Sexuales: 123 abusos cometidos por adultos y 187 abusos cometidos por otros menores. En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
- Falta de Protocolos: El 44,5% de los centros no cumplía con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Específicamente, el 72,9% no contaba con protocolo ante conductas suicidas, y el 76,7% carecía de protocolo para sujeción y contención física.
- Problemas de Salud: Un 37,3% de los residentes padecía alguna enfermedad psiquiátrica, y un 14,2% presentaba patologías médicas. El 13,9% sufre una enfermedad crónica. El 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
- Condiciones Estructurales: El 93,8% de los centros no contaba con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o casos complejos.
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
Otras Investigaciones y Reportes
El informe de la PDI se sumó a una serie de otros reportes elaborados por diversas instituciones a lo largo de los años, entre los que destacan:
- El Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y UNICEF.
- Un reporte de la ONU, que si bien visitó solo cuatro residencias, también constató graves vulneraciones.
- Informes de la Contraloría.
Tras cada informe, las autoridades anunciaban medidas, sanciones y reformas, pero la situación de vulnerabilidad persistía. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. El reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU; mientras el organismo internacional visitó solo cuatro residencias, la policía consideró 240, de un total de 241 que hay en todo el país. Por lo tanto, da cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias.
El Caos Estadístico y la Cifra de Fallecimientos
Entre el año 2005 y 2016, murieron 1.313 personas mientras se encontraban en algún programa de la red del Servicio Nacional de Menores (Sename). Entre 2005 y mayo de 2016, un informe del Ministerio de Justicia, requerido por el diputado René Saffirio, señaló que murieron 185 menores. Sin embargo, un reporte de UNICEF reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe. BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 y el resultado arrojó 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395.
La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal. A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI. El objetivo de esta fuerza de tarea era indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años.
La prevalencia de muerte entre los niños, niñas y adolescentes (NNA) atendidos en la Red del Sename fue de 0,94 por cada 1.000 anualmente entre 2006 y 2014, mientras que entre todos los NNA en Chile, la prevalencia de muerte ascendía a solamente 0,68 por cada mil. Es importante señalar que la responsabilidad del Estado es la misma en todos los casos, independientemente de si los fallecimientos ocurrieron en centros del Sename o en instituciones privadas colaboradoras, por lo que una fiscalización estricta es esencial.
Respuesta Institucional y Reformas
La gravedad de los hechos expuestos llevó a diversas investigaciones y solicitudes de renuncia a las autoridades. El entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, inicialmente negó haber conocido el informe de la PDI, argumentando que era un documento para un proceso judicial. Sin embargo, la presión pública y política impulsó reformas significativas.
En agosto de 2018, el Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que creaba el Servicio Nacional de Protección de la Niñez, marcando el inicio del fin del Sename y la instauración de un nuevo modelo de protección especializado. Para Branislav Marelic, la creación del Servicio Mejor Niñez es una declaración del Estado diciendo que van a realizar las cosas bien, «pero no asegura que cambie nada».
El diputado René Saffirio, quien reveló la existencia del informe de la PDI, pidió la renuncia del ministro de Justicia, Hernán Larraín, ante la gravedad de los hechos. A juicio del parlamentario, quien permanentemente ha denunciado los abusos en el Sename, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo. Saffirio presentó un informe con 200 medidas urgentes, asegurando que "ninguna se han cumplido".
Directores Nacionales del Sename y sus Períodos
A lo largo de su historia, el Sename tuvo varios directores nacionales, cada uno enfrentando distintos desafíos y crisis:
| Director/a | Período | Notas Relevantes |
|---|---|---|
| Delia del Gatto | (Mencionado en 2010-2013) | Se refirió a la muerte del “Cura Tato”; enfrentó cuestionamientos. |
| Eugenio San Martín | (Mencionado en 2009) | Abogó por una reestructuración del Sename. |
| Hugo Herrera | (Hasta julio de 2016) | Renunció a la dirección. |
| Solange Huerta | (Desde julio de 2016) | Asumió la dirección en un período de crisis. |
| Susana Tonda | (Marzo de 2018 - Mayo de 2020) | Renunció argumentando falta de confianza de su jefatura directa. |
| Claudia de la Hoz | (Directora subrogante desde mayo de 2020) | Asumió la dirección temporalmente. |
| Rosario Martínez | (Octubre de 2020 - Octubre de 2022) | Presentó una renuncia "no voluntaria". |
| Marcela Labraña | (Mencionada en 2016-2018) | Declaró como imputada por muerte de menores; renunció a candidatura. |
Patologización y la Necesidad de un Enfoque Integral
La crisis del Sename ha sido abordada a través de diversas disciplinas. Psicólogos y trabajadores sociales se han referido a la calidad de los programas, psiquiatras han analizado la carencia de lugares capacitados para tratar a niños con trastornos de personalidad y economistas se han referido a la falta de recursos y poca eficiencia administrativa de los mismos. Los casos de menores fallecidos en este contexto, que llegan a 1.313 desde 2005, parecen tratarse de hechos sistemáticos y prolongados en el tiempo. Illanes y Morales recalcan además, que el uso del concepto de abandono en casos como los anteriores, puede promover "la invisibilización de la precariedad y desigualdad social de los niños, niñas y sus familias, que son usuarios de este sistema".
Problemas en la Atención Médica y Sobremedicación
Un 69.1% de quienes estaban bajo sistema de protección de derechos presentaba al menos un trastorno de salud mental. La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica. Sorprende el hecho de que 42 centros no tienen un encargado de salud, y en 55 centros que sí cuentan con uno, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. En 159 centros (el 66,3% del total), “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”, un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado.
Según el psiquiatra Rodrigo Paz, la pequeña Lissette Villa estaba sobremedicada con un fármaco (benzodiazepina) que, en la cantidad que se le daba, actuaba como antipsicótico. Además, estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que, con excepción de la fluoxetina, no está demostrado que hagan efecto en niños. Por el contrario, la sertralina puede tener un efecto adverso en menores, volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables". Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, asegura que la "poca prolijidad" con la que se manipulan este tipo de medicamentos en los centros es "generalizada". El senador Alejandro Navarro afirmó que el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado.
LA REALIDAD EN CENTROS DE PROTECCIÓN DE MENORES
La Ruptura de Vínculos Familiares y la Violencia Institucional
El estudio realizado por UNICEF y el Poder Judicial que ha vuelto a develar los abusos en residencias de protección nos recuerda que actualmente cerca de quince mil niños son atendidos anualmente en estos centros. Paradójicamente, la solución legal frente al maltrato grave y la negligencia, trae aparejada otras formas de vulneraciones: la ruptura parcial o total de los vínculos con la familia de origen y la violencia institucional representada por las prácticas de las residencias.
La separación de un niño con su familia de origen es una situación excepcional y transitoria dado los graves efectos psicológicos que tienen este tipo de acontecimientos. En Chile la internación de niños ha sido un medio frecuente de protección a la infancia gravemente vulnerada y se ha mantenido vigente desde 1758 cuando se fundó la primera casa de expósitos de Santiago. Un estudio de 2010 encargado por UNICEF y SENAME, señala que el tiempo promedio de permanencia en las residencias es de 2,7 años. La situación provisoria pasa a ser prolongada e incluso permanente.
El problema de la separación y la internación residencial como mecanismo de protección de los derechos no elude el problema del maltrato infantil o de la negligencia parental. Describir los efectos de la protección residencial nos muestra la complejidad y la desarticulación con la que opera un sistema que en su afán por proteger repite y actualiza la violencia sobre los niños, las familias y los profesionales. Hemos terminado por crear y legitimar un sistema de protección de la infancia segregado en donde la desconfianza circula entre los organismos colaboradores, el SENAME y el Poder Judicial.
La Educación y la Falta de Inclusión
La educación es un proceso fundamental para permitir el avance de la sociedad. Hay 1.187 niños en residencias del Servicio que no se encuentran inscritos en ningún establecimiento educacional. Esto subraya una falla crítica en la provisión de oportunidades para el desarrollo integral de los menores bajo la tutela del Sename. Adicionalmente, se observa un tema de género presente: existen más niñas en el sistema residencial que niños.
Estrategias y Desafíos para el Futuro
Francisco Estrada propone una solución definitiva basada en tres pilares:
- Unidades polivalentes: con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que trabaje con las familias, en lugar de aislarlas.
- Reunificación familiar: que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen, rompiendo el círculo de la pobreza y el maltrato.
- Defensa jurídica adecuada: que los niños cuenten con una defensa legal que vele por el cumplimiento de los derechos por parte de todos los actores.
La académica del Instituto de Historia UC, Ximena Illanes y el psicólogo y estudiante de doctorado, Miguel Morales, sugieren que al menos parte de las estrategias futuras se deberían relacionar con "la conservación los vínculos existentes, ya sea, haciendo partícipes a sus familias cuando sea posible, o a través del diverso personal que convive diariamente con los niños y niñas". Los diversos estudios históricos sobre la infancia, permiten poner en perspectiva que las instituciones que forman parte del SENAME, estas deberían desempeñar un papel que fuese incluso más allá que la protección de los derechos del niño o la restitución de los mismos, ofreciendo una mirada sobre la infancia como parte integrante y partícipe de la construcción de una sociedad.
La reparación de los derechos vulnerados no se reduce a la conformación de un ambiente que supla o compense las carencias afectivas y materiales del niño, ni se resuelve por la sustitución de un adulto deficiente por otro mejor. La restitución de los derechos requiere de la comunidad, de la familia si es posible, de las educadoras de trato directo, de los profesionales, directores y directorios de las fundaciones. De esa forma la posibilidad de que un niño recupere la confianza en otro, en particular de un adulto, se sostiene en que pueda ser reconocido como un sujeto más allá de sus antecedentes, de su historial de vulneraciones y del estigma de su historia previa.
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