El fin del criticado SENAME y la transición hacia una nueva institucionalidad han estado lejos de ofrecer la protección necesaria a los niños y adolescentes bajo el cuidado del Estado de Chile. A pesar de las promesas de grandes cambios y un discurso garantista, persiste una notoria discrepancia entre las declaraciones públicas y las prácticas institucionales, perpetuando una crisis histórica en la forma en que el Estado asume el cuidado de la niñez más vulnerable.
Trayectoria histórica y origen de la crisis
El sistema de protección estatal posee una trayectoria de larga data. A fines de los años veinte, se instaló un sistema «moderno» que pretendía reemplazar la caridad tradicional por metodologías racionales y científicas. Sin embargo, este entramado, consolidado por la Ley de Menores de 1968, mantuvo la inercia de prácticas asistencialistas y carcelarias.
La creación del Servicio Nacional de Menores (SENAME) en 1979, bajo la dictadura, profundizó la privatización del sistema. Este modelo privilegió la institucionalización y el fortalecimiento de centros de internación mediante un sistema de subvenciones a organismos privados, manteniendo al Estado en un rol subsidiario limitado a la supervisión y control financiero.
Desafíos en la implementación y el bienestar subjetivo
Diversos estudios, tanto nacionales como internacionales, han certificado una persistente vulneración de derechos. La evidencia indica que el sistema actual no ha logrado variar la estructura de protección, basándose aún en una lógica de subvenciones que no garantiza una atención integral.
- Bienestar subjetivo: Los niños institucionalizados reportan una baja satisfacción con sus condiciones de vida. Un estudio de Harry Ortúzar indica que el 48% de los menores se siente "poco o nada contento" en las residencias.
- Impacto emocional: El tiempo prolongado en recintos cerrados genera efectos nocivos, dañando el desarrollo afectivo y socioemocional necesario para formar vínculos de apego.
- Deficiencias técnicas: Existe una escasez de personal idóneo y una falta de infraestructura adecuada. La profesionalización de quienes trabajan en estos servicios especializados es una deuda pendiente que requiere tiempo y recursos.
La voz de los jóvenes: testimonios y superación
Más allá de las cifras, la realidad de los jóvenes que han egresado del sistema revela la soledad y el abandono tras la salida de las residencias. Muchos enfrentan la vida adulta sin una red de apoyo, debiendo superar traumas como el abuso, el abandono y la falta de estabilidad familiar. No obstante, existen ejemplos de resiliencia donde jóvenes logran acceder a la educación superior gracias al acompañamiento de programas específicos y la determinación personal.
Propuestas y necesidad de un nuevo paradigma
Expertos señalan que es urgente transitar desde un sistema asistencialista hacia uno de carácter integral. Las reformas deben enfocarse en:
- Formación especializada: Implementar una pedagogía que mire al sujeto y construya sobre sus necesidades individuales.
- Descentralización: Desarrollar dispositivos de carácter local que permitan una intervención real y situada en los territorios.
- Separación institucional: Desvincular totalmente la protección a la infancia del Ministerio de Justicia, para diferenciar las necesidades de protección de las de justicia juvenil.
Vanina Lanati / La importancia de educar en el enfoque de derechos
La protección de la infancia requiere una decisión de país. Mientras el Estado se concentre en números y subvenciones en lugar de una actuación debida y profesional, el sistema seguirá fallando. La sociedad en su conjunto debe preguntarse qué está dispuesta a hacer para garantizar que el interés superior del niño no sea solo un discurso, sino una realidad cotidiana.