El Contexto del Caso Sename y la Acusación
En agosto de 2014, un grupo transversal de diputados chilenos formalizó una acusación constitucional en contra de Héctor Carreño, ministro de la Corte Suprema. Esta acción se enmarcó en la grave crisis que afectaba al Servicio Nacional de Menores (Sename) y la presunta responsabilidad de Carreño en actos y omisiones que implicaron flagrantes violaciones de derechos de niños, niñas y adolescentes bajo la protección del Estado. Rodrigo Paz, líder de la corporación SOFINI y principal denunciante del Caso Sename, responsabilizó al magistrado Carreño de silencio y ocultamiento de información, especialmente en lo referente a doce denuncias de abuso sexual a niños del Sename. En un momento, una organización social logró presionar hasta conseguir la desvinculación del magistrado Carreño y preparaba recursos de protección contra Sename y la Subsecretaría de Prevención del Delito, generando un ambiente de celebración pública por lo que consideraban un hito.
El Informe de la Comisión Jeldres y la Vulneración de Derechos
La Investigación Conjunta del Poder Judicial y Unicef
La investigación que remeció el panorama de la protección infantil fue resultado de un convenio entre Unicef y el Poder Judicial. Este estudio, que se realizó en terreno y abordó las condiciones de vida de 6.500 niños atendidos en 10 regiones, identificó los principales nudos críticos que enfrenta el sistema de protección. El equipo de esta inédita investigación fue encabezado por la jueza Mónica Jeldres e integrado por las magistradas de tribunales de familia Patricia Rivera, Alejandra Valencia, Cecilia Ruiz y la doctora en derecho Paulina Gómez. En representación de Unicef participó la socióloga Carolina Bascuñán, quien diseñó muchos de los instrumentos aplicados.
Hallazgos Alarmantes de Abuso y Violencia
La Comisión Jeldres detectó la presencia constante del abuso sexual, delito que a veces cometían los propios guardadores, pero en su mayoría era perpetrado por otros jóvenes internos. Por ejemplo, en las Aldeas Infantiles SOS, "un 10% de todos los niños y niñas bajo el cuidado de esa institución participó de algún tipo de abuso sexual como víctima o agresor". También se registró la presencia masiva de la violencia física y verbal por parte de los guardadores o de niños mayores, así como castigos como el encierro o dejar a los menores sin comer. Como resultado, la Comisión identificó:
- 28 hogares con antecedentes de violencia de adultos contra niños.
- 45 hogares con datos de violencia entre menores.
- 9 hogares con antecedentes de abusos sexuales cometidos por un adulto contra un niño.
- 10 hogares con datos de abuso sexual entre niños internos.
Intervención y Controversia sobre el Informe
A fines de 2012, cuando los resultados de la Comisión Jeldres estaban por finalizar, el equipo fue intervenido por el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño. La jueza Jeldres renunció y su puesto fue ocupado por la magistrada Gloria Negroni. Administrado por Carreño y el Sename, el informe fue cuestionado metodológicamente y, según las acusaciones, olvidado. Se responsabilizó a Carreño de ocultar un informe que acreditaba la vulneración de derechos de los niños y adolescentes en hogares del Sename. Según la socióloga Carolina Bascuñán, Carreño se opuso a la difusión del trabajo de la comisión para proteger la identidad de los niños y evitar la alarma pública. Sin embargo, ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Carreño ofreció otra explicación para la no difusión. La vocera de Unicef, Francisca Palma, explicó que el Poder Judicial, como mandante del estudio, era quien decidía qué se hacía con la información. Lo que quedó fuera de duda es que fue Héctor Carreño quien decidió que los datos de la encuesta no fueran investigados por los Tribunales de Familia, a pesar de las amplias facultades de los jueces para intervenir hogares y terminar con los abusos.
Críticas al Poder Judicial y al Sename
Fallas Institucionales y Metas de Gestión Judicial
Las críticas más graves se dirigieron al Poder Judicial, coautor de la investigación e inversor de aproximadamente $200 millones, por su intento de mantener en reserva los resultados y, sobre todo, por no haber investigado los antecedentes constitutivos de delito. La abogada Paulina Gómez, miembro de la Comisión Jeldres, destacó que no solo se debía investigar la tardía reacción, sino buscar las razones del maltrato. Argumentó que, más allá de la falta de recursos, una lógica institucional lleva a los jueces a no preocuparse por la suerte de los niños que ingresan al sistema. Normalmente, los jueces cierran las causas cuando un niño es enviado a un hogar, como si el problema se hubiera solucionado, lo cual no es una solución definitiva. Esto se debe a que "se afectan las estadísticas de causas terminadas y las metas de gestión del Poder Judicial", las cuales fijan que el 85% de las causas deben terminarse en 120 días. Estas metas impulsan a los jueces de familia a cerrar casos, afectando principalmente las causas de protección de niños y violencia intrafamiliar donde las personas no tienen abogado. Gómez defendió que los jueces están obligados a exigir el cumplimiento de los derechos de los niños, según los convenios internacionales firmados por Chile. Las "jornadas de transferencia técnica" de la Comisión Jeldres, que transmitían este mensaje, fueron suspendidas cuando el ministro Carreño intervino la comisión.
Reacción Tardía y Contradictoria del Sename
El director del Sename, Rolando Melo, recibió los datos de la Comisión Jeldres a comienzos de marzo. Sin embargo, la acción se retrasó hasta la publicación de CIPER. Melo y Angélica Marín, jefa del departamento de Protección de Derechos, señalaron que la encuesta anónima de Unicef dificultó la identificación de los niños. Esta postura resultó contradictoria, ya que la encuesta de Unicef era una continuación de otra realizada por el propio Sename en 2011 con las mismas características de anonimato, donde surgieron más de 200 casos de abuso sexual. A pesar de que los documentos internos del Sename (Circular Nº 18) establecen la obligación de denunciar delitos en no más de 24 horas, la institución no manejaba las cifras sobre cuántas denuncias habían llegado a tribunales por parte de sus funcionarios. La reacción de Sename se constató como lenta e ineficaz, incluso después de que una comisión del Ministerio de Justicia ya hubiera entregado un duro informe sobre hogares supervisados por Sename meses antes de la visita de la Comisión Jeldres.
El Debate Legislativo y la Defensa de Carreño
Proceso de la Acusación Constitucional
Una vez ingresada la acusación, cinco diputados fueron sorteados en la Sala para estudiar la admisibilidad del texto. El diputado DC René Saffirio, expresidente de la comisión investigadora, explicó que se buscaba la destitución del ministro por su responsabilidad en "violaciones flagrantes de derechos de niños, niñas y adolescentes". El también DC Ricardo Rincón destacó la solidez jurídica de la acusación, citando "decenas de pruebas y casos que involucran la acción u omisión del ministro Carreño". Rodrigo Paz fue más allá, acusándolo de ser "un juez corrupto y que ocultó información".
Argumentos de la Defensa de Héctor Carreño
En su defensa, el ministro Carreño argumentó que estaba tranquilo, que "pienso haber hecho las cosas bien. He actuado dentro de la legalidad" y que no hubo "ocultamiento". Explicó que no presentó denuncias ante el Ministerio Público porque los antecedentes "no tenían mérito para ello", al haber sido recogidos en encuestas anónimas sin identificación de las víctimas. El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, defendió la actuación de la Corte Suprema, mientras que el profesor de Derecho UC Sebastián Zárate consideró que la acusación estaba en el camino correcto para un control de esta naturaleza.
Controversias durante el Proceso
Durante una sesión, el diputado René Saffirio se opuso a la intervención del abogado representante del ministro Carreño, Davor Harasic, considerándola "improcedente, ilegal e inconstitucional". Saffirio argumentó que no habría "igualdad de armas" si se le concedía la palabra, ya que el abogado no estaba invitado a la sesión y el acusado contaba con un plazo de 10 días para su defensa "personalmente o por escrito".
Resolución y Consecuencias Posteriores
Rechazo de la Acusación Constitucional y Reacciones
Finalmente, la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, fue rechazada. Rodrigo Paz, aunque valoró la exposición de Saffirio como "impecable", criticó la ausencia de Unicef en el proceso y anunció que el caso continuaría en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciando a "un Estado de Chile que ha abandonado a sus niños". Según Paz, la defensa de Carreño "reconoció todos los abandonos y se limitó a decir que la culpa no es de él, sino de quienes lo mandaron". Los abogados de Carreño, por su parte, calificaron la intención de los diputados como "un gran error".
VIDEO Reportajes T13 El negocio de los niños del Sename reportaje
Medidas y Reformas Propuestas
Tras la resolución, la directora del Sename, Marcela Labraña, y el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, concurrieron a la comisión de la Cámara para aclarar dudas, destacando que el gobierno trabajaba en seis ejes para evitar futuras vulneraciones. Entre las medidas, se propuso una pronta división del Sename en dos servicios: uno para menores infractores y otro para menores vulnerados, así como el proyecto de videograbaciones para víctimas de delitos sexuales para evitar la revictimización. Gómez aseguró que "se han desvinculado quienes fueron apuntados según el sumario interno", se han aumentado las fiscalizaciones y se ha readecuado la infraestructura de las residencias. Sin embargo, se enfatizó que es fundamental que previo a cualquier división del Servicio exista una ley marco de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. La preocupación se mantiene, ya que "si después de todo este despliegue la situación de los niños bajo protección del Estado no cambia real y profundamente, no quedará institución a la que acudir: sería un fracaso institucional de nivel nacional".
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